COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON MOTIVO DE LA RETENCIÓN EFECTUADA POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, POR LA DISPOSICIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL O SUBCUENTAS QUE LA INTEGRAN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 316/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia administrativa, concretamente conflictos competenciales suscitados en relación a juicios de amparo en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial CCA-7/2009-84 en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil nueve, sostuvo:
"SEGUNDO. Con el propósito de determinar a qué Juez corresponde conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa conviene traer a colación lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ‘Artículo 107.’ (se transcribe su fracción VII). Ley de Amparo. ‘Artículo 36.’ (se transcribe). De conformidad con los preceptos transcritos, la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de demandas de amparo se fija atendiendo al lugar en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el primer acto de aplicación de una norma tributaria puede tener origen tanto en la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades, concretice la hipótesis normativa en perjuicio de un gobernado, como en la actuación que realice el propio contribuyente al cumplir con la obligación tributaria principal, o bien, aquel particular que en auxilio de la administración pública la aplique, como es el caso de los ciudadanos a quienes se encomienda la retención de una contribución a cargo de un tercero. Apoya la consideración anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 52/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 557, que establece: ‘IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL.’ (se transcribe). Así, cuando se reclama una ley con motivo de un acto concreto de aplicación, consistente en la retención de una contribución realizada por un tercero, debe considerarse competente para conocer del juicio al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se haya ejecutado el acto de aplicación, es decir, el lugar en donde se haya individualizado la norma, por ser ese el lugar donde tuvo ejecución y se producirán sus consecuencias de control y fiscalización. Tomando en cuenta que en el caso concreto se reclaman los artículos 109, fracción X, y 170, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con motivo de la aplicación efectuada mediante la retención hecha por la administradora de fondos para el retiro ********** por concepto de obtención de ingresos por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, a que se refieren los citados artículos, resulta que el Juez competente es aquel en cuya jurisdicción se hubiere llevado a cabo el acto de aplicación de la ley impugnada, es decir, el lugar en que la administradora de fondos para el retiro realizó la retención por concepto de obtención de ingresos por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, por ser donde tuvieron cumplimiento las normas y producirán sus primeras consecuencias. Entre las documentales del expediente se advierte que obra la constancia de pagos y retenciones del impuesto sobre la renta relativa a la retención que por concepto de obtención de ingresos por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, prevista por los artículos 109, fracción X, y 170, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, normas impugnadas en el juicio de amparo, realizó la administradora de fondos para el retiro ********** (folio 60 del juicio de amparo). El escrito de veintinueve de diciembre del dos mil ocho, a través del cual el titular de la unidad de atención a clientes de la institución financiera ********** remite a la directora general de Orientación, Supervisión y Unidades Especializadas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, información respecto a la retención de impuestos realizada a la quejosa, pone de manifiesto que la citada administradora de fondos para el retiro tiene su domicilio ubicado en ********** (folio 54 del expediente). Consecuentemente, toda vez que el domicilio del particular que en auxilio de la administración pública aplicó las normas impugnadas se ubica en el Distrito Federal, el Juez competente para conocer del juicio de amparo, es la Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en virtud de que es quien tiene jurisdicción en el lugar en que se efectuó el acto de aplicación de la ley impugnada, es decir, la retención por concepto de obtención de ingresos por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, prevista por los artículos 109, fracción X, y 170, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por ser el lugar en que tuvo ejecución material la ley a través del acto de aplicación. En ese orden de ideas, la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa se surte a favor de la Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal ..."
TERCERO. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto de competencia CCA. 12/2009 con fecha tres de junio de dos mil nueve, determinó:
"TERCERO. Con el propósito de determinar cuál de los Juzgados de Distrito en conflicto resulta competente para conocer del juicio de amparo indirecto de que se trata, es necesario precisar las consideraciones que cada uno expuso para sustentar su postura: El Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal señaló que la retención del impuesto tildado de inconstitucional se realizó en la ciudad de Campeche, pues sostuvo que de las constancias que se adjuntaron a la demanda de garantías se advierte que la quejosa prestaba sus servicios y tiene su domicilio en dicho lugar, por lo que afirmó que la ley reclamada se ejecutó en esa circunscripción territorial, precisando que en caso de una hipotética concesión del amparo tendrían que devolvérsele en la mencionada ciudad las cantidades que pagó por concepto del impuesto reclamado; razón por la que concluyó que la competencia para conocer del juicio de amparo corresponde al Juzgado de Distrito que tiene jurisdicción en el lugar donde se encuentra el domicilio fiscal de la impetrante de garantías, por considerar que en esa demarcación territorial se ejecutó el acto reclamado y se retuvo el impuesto reclamado; además, el aludido juzgador de amparo indicó que no es óbice que la empresa retenedora del tributo tenga su domicilio en el Distrito Federal, ya que al tratarse de la ejecución de una ley fiscal, es competente el órgano judicial donde se ubique el domicilio fiscal de la quejosa. Por su parte, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche no aceptó la competencia declinada a su favor, por considerar que el Juez competente para conocer del juicio de amparo es el del lugar en que la administradora de fondos realizó la retención por concepto de obtención de ingresos por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ya que es el acto de aplicación de las disposiciones tildadas de inconstitucionales; lo que adujo tiene singular relevancia, dado que de las constancias de autos se advierte que la administradora denominada ********** tiene su domicilio en el Distrito Federal, por lo que concluyó que el competente para conocer del juicio de amparo es un Juez de Distrito en Materia Administrativa en esta entidad federativa. Mediante proveído del trece de mayo de dos mil nueve, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal insistió en declarar que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de garantías, sobre la base de que la quejosa reclama los artículos 109, fracción X, y 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la retención que le realizó la persona moral denominada ********** respecto de dicho tributo, así como que aquélla tiene su domicilio fiscal en la ciudad de Campeche, precisando que la administradora de fondos únicamente determinó y recaudó el impuesto reclamado, pero que su actuación no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sobre tales bases, a efecto de verificar a cuál de los Juzgados de Distrito corresponde conocer del juicio de amparo en comento, se estima pertinente destacar que la jurisdicción, definida como el conjunto de poderes o funciones que ejerce cada uno de los órganos en que se distribuye la competencia del Poder Judicial de la Federación, implica a la vez un cúmulo de deberes; así, la función de los Jueces que tienen encomendada la administración de la justicia para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho, tiene límites señalados en sus atribuciones, es decir, esa potestad la ejercen por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso, y en esto radica justamente su competencia; por ende, si bien los órganos judiciales por el hecho de serlo son titulares de la función jurisdiccional, no pueden realizar ésta en cualquier tipo de negocios, sino únicamente en aquellos para los que están facultados en la ley, es decir, en los que sean competentes. En ese contexto, debe indicarse que dentro de la normatividad jurídica que rige el juicio de amparo, la competencia para conocer de un asunto implica reconocer en éste la nota distintiva en el acto que se reclama, de si amerita o no ejecución material, así como distinguir los supuestos en que ésta se encuentre; al respecto el artículo 36 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: ‘Artículo 36.’ (se transcribe). El examen del principio general contenido en ese precepto legal revela las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las premisas antes señaladas, por lo que es importante distinguir la operancia de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que esto ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que el juicio de amparo contra los actos de autoridad referidos en ese precepto se promoverá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución del acto motivo del reclamo de la protección de la Justicia Federal, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo. Además, cabe precisar que la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia estableció jurisprudencia en el sentido de que una ley federal autoaplicativa constituye un acto en sentido amplio que sí amerita ejecución material en los lugares o sitios en los que los gobernados deban dar cumplimiento a las obligaciones que imponga; la jurisprudencia de la que se ha dado noticia es la número 2a./J. 11 y aparece publicada en la página 193 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, que es del rubro y sinopsis del tenor siguientes: ‘LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS.’ (se transcribe). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que una ley federal heteroaplicativa constituye un acto en sentido amplio que sí amerita ejecución material en los lugares o sitios en los que los gobernados deban dar cumplimiento a las obligaciones que imponga; dicha jurisprudencia se identifica con el número 2a./J. 146/2002 y aparece publicada en la página 324 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, correspondiente a enero de dos mil tres, y es del tenor siguiente: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.’ (se transcribe). Los citados criterios resultan aplicables cuando se impugnen normas con motivo de su sola vigencia, puesto que desde que entraron en vigor obligan al gobernado a acatar sus disposiciones, o cuando se controviertan por virtud de su primer acto de aplicación, porque ambos casos se ubican en la misma regla competencial fijada en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a saber, la relativa a los actos reclamados que requieren ejecución material y, concretamente, dentro de la primera hipótesis de competencia consistente en que conocerá del asunto relativo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que fue reclamado en la demanda de garantías; por ende, para determinar el lugar en que los gobernados cumplirán con las obligaciones derivadas de las contribuciones impuestas por el legislador federal, con independencia de que la ley sea autoaplicativa o heteroaplicativa, no puede atenderse primordialmente al lugar donde realizaron el primer acto de aplicación de la ley a través de una declaración en la que pagaron el tributo, menos en el que el quejoso precise para cumplir con sus disposiciones relativas, ni al domicilio del tercero que actúe en auxilio de la autoridad fiscal, sino partiendo del lugar en donde legalmente tengan el deber de acatarla. En ese orden de ideas, debe decirse que en materia fiscal, los contribuyentes y demás obligados tributarios deben señalar un domicilio para los efectos de cumplir con la normatividad recaudatoria conocido como domicilio fiscal que el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación precisa de la forma siguiente: ‘Artículo 10.’ (se transcribe). Por su parte, los artículos 20, 27, párrafo primero, y 31, párrafos primero y décimo primero del Código Fiscal de la Federación, disponen: ‘Artículo 20.’ (se transcribe). ‘Artículo 27.’ (se transcribe). ‘Artículo 31.’ (se transcribe). La interpretación de los artículos transcritos evidencia que el lugar o sitio de vinculación de los contribuyentes al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es precisamente su domicilio fiscal, precisado en términos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación; puesto que la autoridad recaudadora correspondiente a dicho domicilio es ante quien deben presentar, en su caso, las declaraciones, avisos y demás documentos exigidos por las disposiciones fiscales para facilitar, teniendo en cuenta la cercanía con su domicilio, el cumplimiento de las referidas obligaciones. Entonces, el domicilio fiscal es el lugar señalado por el legislador para que el contribuyente y demás obligados cumplan con todos los deberes derivados de la relación tributaria sustantiva, especialmente, para que la autoridad fiscal lleve a cabo una mejor administración de los ingresos fiscales, bajo el criterio de facilitar la oportuna observancia de las leyes relativas, dentro de la circunscripción territorial que a cada sujeto pasivo corresponda. Así, el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación en cuanto a la definición y clasificación del domicilio fiscal dependiendo de si se trata de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, en el que se destaca como criterio prevaleciente de asignación, aquel lugar donde se encuentre el principal asiento de los negocios, o bien, aquel en el que se encuentre la administración principal del negocio (y en el caso de personas físicas que no realicen actividades empresariales, el local que utilicen o su casa habitación). Sobre tales premisas, es fácil concluir que será competente para conocer de un juicio de garantías en el que se reclame una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, de conformidad con el artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubica el domicilio fiscal del contribuyente por ser éste el lugar donde deberá acatar las obligaciones relativas. Establecido lo anterior, conviene precisar que en el expediente de amparo, obran, entre otras, las constancias que enseguida se mencionan: 1) Oficio del ********** signado por el titular de la Unidad de Servicios al Cliente de la administradora de fondos denominada ********** y dirigido a la quejosa **********, ********** mediante el cual le comunica que el saldo que tenía en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez lo puso a su disposición por medio de proceso judicial el **********, con la respectiva retención por concepto de impuesto sobre la renta. 2) Tres recibos expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los que aparecen diversos pagos efectuados a la quejosa ********** por prestar los servicios de ********** en la ciudad de Campeche. La adminiculación de los medios de prueba que constan en autos, valorados en términos de los artículos 129, 133, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite el artículo 2o. de esta última legislación, permite concluir que el domicilio fiscal de la solicitante del amparo se encuentra ubicado en la calle de ********** pues al parecer no realiza actividades empresariales, sino que es una persona física asalariada, habida cuenta que presta sus servicios o los prestaba en ********** con residencia en dicha demarcación territorial; de lo que se infiere que el mencionado domicilio es el que ha venido utilizando para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Asimismo, no se soslaya que en la demanda de amparo la quejosa señaló como domicilio el ubicado en ********** pues tal designación únicamente obedece al sitio convencional que la solicitante del amparo señaló a efecto de oír y recibir las notificaciones relativas a la sustanciación del juicio de garantías promovido, sin que por tal motivo deba pensarse que su domicilio fiscal sea éste, o se encuentre también en el Distrito Federal. Por tanto, es correcta la determinación del Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal de declinar su competencia para conocer del juicio de amparo en comento, puesto que al no ser ejecutable el acto reclamado en el Distrito Federal, es inconcuso que carece de competencia, dado que el Juez de Distrito competente para conocer de un juicio de garantías en el que se reclame una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, de conformidad con el artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es aquel en cuya jurisdicción se ubica el domicilio fiscal del contribuyente por ser éste el lugar donde deberá acatar las obligaciones relativas. No representa obstáculo para la anterior determinación, lo expuesto por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en el sentido de que el Juez competente para conocer del juicio de amparo es el del lugar en que la administradora de fondos realizó la retención por concepto de obtención de ingresos por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, por considerar que es el acto de aplicación de las disposiciones tildadas de inconstitucionales; toda vez que debe entenderse que el pago que se realiza a través de la mencionada retención, se encuentra dirigido a la unidad administrativa que ejerce control sobre la contribuyente quejosa. Se expone tal aserto, en virtud de que las administradoras de fondos son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales de los trabajadores, en las que se depositan las cuotas obrero patronales y estatales, así como sus rendimientos, a efecto de canalizar los recursos de las subcuentas que las integran; de ahí que las retenciones que lleguen a realizar como auxiliares de la autoridad fiscal, por las disposiciones que se realicen de los saldos que tengan las referidas cuentas o subcuentas (si es que se encuentra gravada la obtención de los ingresos relativos), no puede servir de parámetro para fincar la competencia por razón de territorio, pues deben enterar el impuesto retenido a la autoridad fiscal que ejerce control sobre la contribuyente quejosa. Además, corrobora tal postura el hecho de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos precedentes, el criterio consistente en que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito, debe atenderse a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades y no a los particulares; lo que tiene singular relevancia, dado que si bien la retención que realiza un tercero en auxilio de las autoridades fiscales, como pueden ser las administradoras de fondos para el retiro (afores), puede constituir un acto de aplicación de los preceptos que establecen la obligación tributaria relativa, lo cierto es que tal situación no implica que la citada retención conlleve la aplicación o ejecución de la ley por parte de las autoridades fiscales, por lo que no es idónea para fincar la competencia por razón de territorio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la jurisprudencia número 2a./J. 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 107 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, junio de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, que es del rubro y sinopsis del tenor siguientes: ‘COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES.’ (se transcribe). Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 36/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 683 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, abril de dos mil ocho, Novena Época, del rubro y texto siguientes: ‘RENTA. LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONDUCE A TENER POR CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LEY ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES HACENDARIAS, PERO SÍ ES APTA PARA PROMOVER AMPARO CONTRA DICHA LEY.’ (se transcribe). Además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ésta el domicilio de la administradora de fondos que practicó la retención relativa sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales, pues la mayoría de esas administradoras tienen su matriz en esta demarcación territorial. Asimismo, cabe destacar que en la eventualidad de que se estimara inconstitucional el cobro del impuesto sobre la renta, respecto de la disposición del saldo de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en todo caso tendría por efecto que a quienes correspondería devolver a la solicitante del amparo el pago del citado impuesto, sería a las autoridades hacendarias de Campeche, por ser las que ejercen control sobre la contribuyente. Por los motivos expuestos en la presente resolución, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, invoca en el acuerdo del veintiocho de abril de dos mil nueve -en el que no aceptó la competencia que le fue declinada-, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución del treinta y uno de marzo de dos mil nueve, dictada en el conflicto competencial número CCA. 7/2009-84, en la que según lo afirmado por el mencionado juzgador de amparo, dicho órgano judicial determinó que es competente el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en que tiene su domicilio la administradora de fondos que aplicó los artículos tildados de inconstitucionales; pues como ya se apuntó, el Juez competente para conocer del juicio de garantías en el que se reclama una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, que se hizo consistir en una retención efectuada por una administradora de fondos para el retiro (afore), es aquel en cuya jurisdicción se ubica el domicilio fiscal del contribuyente. En las apuntadas condiciones, con fundamento en los artículos 37, fracción VI, y 52, fracción III, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en comento se surte a favor del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, por lo que deben remitirse a éste los autos del juicio de amparo para que se avoque al conocimiento del asunto ..."
CUARTO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual es uno de los tribunales participantes en la contradicción.
QUINTO. El análisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada porque mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial CCA. 7/2009-84 en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil nueve, por unanimidad de votos, sostuvo que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra los artículos 109, fracción X, y 107 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de ener
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21999-d1789bbd/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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