SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES FACTIBLE CONCEDERLA CONTRA LAS RESOLUCIONES SOBRE OTORGAMIENTO, NULIDAD, CANCELACIÓN O CADUCIDAD DE LOS REGISTROS MARCARIOS, EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PARA EL EFECTO DE QUE NO SE PUBLIQUEN EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CORRESPONDIENDO AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR, EN CADA CASO, SI LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL ES MAYOR A LA PRODUCIDA AL PARTICULAR O VICEVERSA, PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 370/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en amparo, que se suscitaron en asuntos en materia administrativa, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los tribunales mencionados o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis se hayan sustentado.
En este caso, la denuncia de contradicción la formuló el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por conducto de su Magistrado presidente y, dado que ese órgano emitió uno de los criterios presuntamente contradictorios, cabe concluir que la denuncia la efectuó quien cuenta con legitimación para ello.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se efectúan las transcripciones conducentes.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el incidente en revisión RI. 299/2009, en sesión de siete de septiembre de dos mil nueve, en lo que interesa, sostuvo:
"... en el caso concreto, el Juez de Distrito para negar la suspensión definitiva en cuanto a los efectos y consecuencias para los cuales la persona moral quejosa, hoy recurrente, solicitó la medida cautelar, específicamente respecto de la fracción II del artículo 124 la Ley de Amparo, dicho juzgador consideró, en lo sustancial, lo siguiente:
"Precisó que la peticionaria de garantías solicitó la suspensión del acto reclamado consistente en la resolución administrativa de veintiocho de mayo de dos mil nueve, folio 10537, dictada en el expediente PC. 2076/2007 (N-502) 17037, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y la misma no se publicara en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
"Estimó el juzgador constitucional que, conforme al análisis de la demanda, del acto reclamado y por lo manifestado por la propia promovente, en el caso concreto se advertía que no se cumplía con los requisitos exigidos por la hipótesis normativa invocada.
"En lo atinente a la fracción II del artículo 124 de la ley de la materia, estimó el juzgador constitucional que existía afectación al orden público, porque el artículo 127 de la Ley de la Propiedad Industrial, impone la obligación de publicar en su gaceta las resoluciones que se dicten sobre temas de registros de marcas y sus renovaciones, por lo que, dijo, de concederse la suspensión ameritaría incumplimiento a una disposición de observancia general.
"...
"La determinación del Juzgador de Distrito de negar la suspensión definitiva solicitada por la quejosa, se estima ajustada a derecho.
"Lo anterior es así, ya que la sociedad, incluyendo a los consumidores e, incluso, a las partes que intervienen en los procedimientos administrativos que se ventilan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, está interesada en que se publiquen en el medio de difusión respectivo (Gaceta de la Propiedad Industrial) las resoluciones que dicta la autoridad administrativa a cargo de la materia de propiedad industrial, pues la publicidad de ese tipo de determinaciones da certeza jurídica en esa materia, respecto de las resoluciones que emiten las autoridades del citado instituto, en cuanto al registro, nulidad, caducidad o cancelación de determinadas marcas.
"Esa certeza jurídica en materia de propiedad industrial no puede ser afectada con la suspensión de la publicación de la resolución correspondiente, pues de otorgarse la medida, se generaría incertidumbre entre los consumidores y las propias partes contendientes, respecto del contenido y alcances de las resoluciones que en materia de propiedad industrial emitan las autoridades administrativas correspondientes.
"En tales condiciones, debe ser considerada ajustada a derecho la parte analizada de la interlocutoria que se revisa y, por ende, este Tribunal Colegiado estima ocioso ocuparse de los restantes motivos de agravio, en razón que, aun suponiendo que fueran fundados, al no haber quedado acreditado el requisito en estudio, ello impide de cualquier forma la concesión de la medida cautelar solicitada, con independencia de lo que aduce la recurrente en cuanto a la inminencia de la publicación y de que en el caso no se estaría restituyendo ni constituyendo derecho alguno en su favor, pues, para ello, indefectiblemente se deben reunir todos los supuestos de procedencia que prevé el numeral 124 de la Ley de Amparo ya precisados.
"Ante la ineficacia de los agravios pues la parte quejosa, aquí recurrente, no logró demostrar el cumplimiento de la condición prevista por la fracción II de dicho precepto, lo procedente es, en la materia de la revisión, confirmar la interlocutoria sujeta a revisión y negar la suspensión definitiva solicitada. ..."
Por su parte, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el incidente en revisión RA. 63/2009, en sesión de veintidós de abril de dos mil nueve, sostuvo:
"... el acto reclamado a la autoridad coordinadora departamental de Marcas ‘B’ de la Propiedad Industrial, en el juicio principal, es el oficio de veintitrés de septiembre de dos mil ocho, mediante el cual dicha autoridad le negó el registro de la marca **********; asimismo solicitó la suspensión del acto por cuanto a sus efectos y consecuencias para que:
"1. No se tenga por negado el registro de la solicitud
"2. No se otorgue el registro como marca a ninguna solicitud posterior a la suya y,
"3. No se publique la resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
"En primer lugar, conviene señalar que la Juez negó la suspensión definitiva solicitada respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, al considerar que al estar en presencia de un acto negativo, no procede conceder la medida suspensional, pues se sustituiría a las facultades propias de la autoridad administrativa, y traería en consecuencia que se le restituyera en el goce de la garantía violada, lo que es propio del fondo de la cuestión planteada y no del incidente de suspensión.
"Esto es, consideró negar la suspensión atendiendo a que al tratarse de un acto negativo, de concederse la medida se darían efectos restitutorios, lo que es propio del fondo de la cuestión planteada, circunstancia que en un aspecto y contra lo sostenido por el recurrente se ajusta a derecho, por las razones que en seguida se exponen: ...
"Sin embargo, asiste razón a la recurrente por cuanto hace a la consecuencia del acto consistente en que no se publique la determinación de la negativa de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, por las razones que a continuación se exponen:
"Así, conforme a la técnica del estudio que se está llevando a cabo, puede decirse primeramente que se cumple con lo dispuesto en el inciso a), como ya se vio, porque lo solicitó el quejoso en su escrito inicial de demanda.
"Asimismo, esta consecuencia del acto -publicación-, es un acto cuya naturaleza es suspendible ya que sí es posible paralizar la ejecución de la publicación con lo cual se colma lo dispuesto en el inciso b).
"También, se cumple el contenido del inciso c), esto es, sí se reúnen los requisitos dispuestos en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ya que con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de negarse, se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación.
"El numeral en comento señala: (transcribe el artículo 124 de la Ley de Amparo).
"Lo anterior, pues no se ve que con la falta de publicación de la resolución se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, toda vez que no todas las disposiciones referentes a la propiedad industrial tienen ese carácter y la falta de publicación de la negativa de un registro marcario, in genere, no afecta el orden señalado, habida cuenta que no se impide ni obstaculiza en forma alguna en las funciones que son competencia de la autoridad administrativa, pues tal medida cautelar en el caso, es para el efecto de que no se hiciera efectiva la publicación de negativa de registro; lo cual no va en detrimento de las facultades de la autoridad para vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de propiedad industrial, así como seguir con el procedimiento respectivo.
"Y, sí en cambio tiene efectos de difícil reparación para el quejoso por cuanto a que la publicación tiene consecuencias sobre terceros, de ahí que proceda su concesión, razón por la cual se debe modificar la interlocutoria en análisis por cuanto a este tema se refiere, en virtud de que el Juez nada mencionó sobre la suspensión de esta consecuencia.
"En este orden de ideas y al resultar parcialmente fundados los agravios propuestos, debe modificarse la interlocutoria a estudio en la materia de la revisión y, en consecuencia, confirmar la negativa de la suspensión por cuanto hace a las consecuencias que reclama consistentes en que no se tenga por negado el registro de la solicitud y que no se otorgue el registro como marca a ninguna solicitud posterior a la suya; y conceder la suspensión definitiva solicitada, por cuanto hace a la publicación de la negativa en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en la inteligencia de que la suspensión concedida, surtirá sus efectos siempre y cuando a la fecha de notificación de las autoridades del contenido de esta resolución, no hayan llevado a cabo la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial la negativa de la solicitud de marca. ..."
CUARTO. La circunstancia de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos no hayan sido expuestos formalmente como tesis y, por ende, no haya publicación de ellas, conforme a lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no obsta para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis, pues para que se determine su existencia basta que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios divergentes al resolver sobre el mismo punto de derecho.
Son aplicables a lo anterior, las tesis de jurisprudencia P./J. 27/2001 del Pleno y 2a./J. 94/2000 de esta Segunda Sala, publicadas respectivamente en la página 77, Tomo XIII, abril de 2001, y en la página 319, Tomo XII, noviembre de 2000, ambos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubros son: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES." y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."
QUINTO. Procede analizar ahora si existe la contradicción de tesis denunciada con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, en los términos establecidos en la tesis aislada P. XLVI/2009 del Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’)."(1)
Para estar en posibilidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el que habrá de prevalecer, es menester tomar en consideración los antecedentes y la conclusión a la que cada órgano colegiado arribó, como se expone a continuación:
A) El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conoció del recurso de revisión RI. 299/2009, interpuesto en contra de la sentencia de trece de julio de dos mil nueve, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 858/2009-IV, promovido por **********, contra: a) la resolución de veintiocho de mayo de dos mil nueve, dictada en el expediente PC. 2076/2007 (N-502) 17037, formado con motivo de la solicitud de la declaración administrativa de nulidad del registro de la marca **********, formulada por la quejosa, en la cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (por medio de la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual) negó la declaración administrativa de nulidad pretendida; b) el artículo 151, último párrafo, en relación con la fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, y c) la publicación de la resolución reclamada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, que conforme a los artículos 8o. y 127 de la Ley de la Propiedad Industrial, 15 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y 19, fracción VIII, del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le corresponde hacer a la Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información del instituto citado.
A través de la resolución recurrida, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que conoce del amparo referido, negó la suspensión definitiva de los actos reclamados.
Al conocer del recurso de revisión, el Tribunal Colegiado del conocimiento confirmó el fallo recurrido, al desestimar los agravios de la recurrente. Específicamente en torno a la negativa de la suspensión definitiva, por lo que hace al acto reclamado consistente en la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de la resolución reclamada denegatoria de la declaración de nulidad del registro marcario relativo, el tribunal revisor consideró legal la determinación del Juez de Distrito, porque en su opinión no se satisfacía el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la medida cautelar, toda vez que la sociedad, incluidos los consumidores y las partes que intervienen en los procedimientos administrativos tramitados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, está interesada en que se publiquen en el medio de difusión citado las resoluciones que dicta la autoridad administrativa a cargo de la materia de propiedad industrial, dado que la publicidad de ese tipo de determinaciones da certeza jurídica en esa materia, respecto de las resoluciones que emiten las autoridades del instituto mencionado, en cuanto al registro, nulidad, caducidad o cancelación de determinadas marcas y, de otorgarse la medida, se generaría incertidumbre entre los consumidores y las propias partes contendientes, respecto del contenido y alcances de tales resoluciones.
B) El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conoció del recurso de revisión RA. 63/2009 (incidente de suspensión) interpuesto por la quejosa, en contra de la resolución de catorce de enero de dos mil nueve, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2038/2008, promovido por **********, contra la orden de emisión y el dictado del oficio **********, de veintitrés de septiembre de dos mil ocho, atribuido al director general, al director divisional de Marcas, al subdirector divisional de Examen de Signos Distintivos "B" y a la coordinadora departamental de Examen de Marcas "B", todos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A través del oficio citado, se informó a la quejosa que se negó el registro de la solicitud de marca **********.
En la resolución recurrida en revisión, la Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a quien por turno correspondió el conocimiento del asunto, negó la suspensión definitiva del acto reclamado (solicitada, entre otros efectos, para que no se publicara la resolución combatida en la Gaceta de la Propiedad Industrial) por considerar que, al estar en presencia de un acto negativo, no procedía conceder la medida suspensional pues, de hacerlo, se darían efectos restitutorios, propios del fondo del asunto.
El Tribunal Colegiado del conocimiento, al resolver el recurso de revisión, estimó fundado el agravio orientado a impugnar la negativa de la suspensión, únicamente en relación con la publicación de la resolución reclamada, denegatoria de registro, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, porque la quejosa solicitó la medida, la publicación del acto es un acto cuya naturaleza es suspendible, pues sí es posible paralizar la ejecución de la publicación, y se reúnen los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de negarse la medida se causarían al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación.
A juicio del Tribunal Colegiado, con la falta de publicación de la resolución combatida no se afecta el interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, pues no todas las disposiciones referentes a la propiedad industrial tienen ese carácter y la falta de publicación de la negativa de un registro marcario, in genere, no afecta el orden señalado, dado que no se impiden ni obstaculizan en forma alguna las funciones de la autoridad administrativa, ya que la medida cautelar, en el caso, era para el efecto de que no se hiciera efectiva la publicación de negativa de registro, lo cual no va en detrimento de las facultades de la autoridad para vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de propiedad industrial, y permite seguir con el procedimiento respectivo; en cambio, al tener consecuencias sobre terceros, la publicación tiene efectos de difícil reparación para el quejoso, de ahí que proceda su suspensión.
Los hechos y particularidades descritos evidencian que en el caso existe contradicción de tesis, pues los Tribunales Colegiados referidos analizaron cuestiones similares y adoptaron criterios divergentes, partiendo del examen de los mismos elementos.
En efecto, los Tribunales Colegiados de que se trata se pronunciaron en relación con casos concretos similares, en los que se planteó el mismo problema jurídico, consistente en determinar si cuando se combate una resolución emitida por los órganos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se satisface o no el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, a fin de que dicha resolución no se publique en la Gaceta de la Propiedad Industrial, como lo establecen los artículos 8 y 127 de la Ley de la Propiedad Industrial, 15 de su reglamento y 19, fracción VIII, del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Sobre el problema jurídico expresado, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó que no se satisfacía el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la medida cautelar, toda vez que la sociedad, incluidos los consumidores y las partes que intervienen en los procedimientos administrativos tramitados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, está interesada en que se publiquen en el medio de difusión citado las resoluciones que dicta la autoridad administrativa a cargo de la materia de propiedad industrial, pues la publicidad de ese tipo de determinaciones da certeza jurídica en esa materia, respecto de las resoluciones que emiten las autoridades del instituto, en cuanto al registro, nulidad, caducidad o cancelación de determinadas marcas y, de otorgarse la medida, se generaría incertidumbre entre los consumidores y las partes contendientes, respecto del contenido y alcances de tales resoluciones.
En cambio, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que sí se reúnen los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, porque con la falta de publicación de la resolución combatida no se afecta el interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, pues no todas las disposiciones referentes a la propiedad industrial tienen ese carácter y la falta de publicación de la negativa de un registro marcario no afecta el orden señalado, dado que no se impiden ni obstaculizan las funciones de la autoridad administrativa, pues la publicación de negativa de registro no va en detrimento de las facultades de la autoridad para vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de propiedad industrial, y permite seguir con el procedimiento respectivo; mientras que, al tener consecuencias sobre terceros, la publicación tiene efectos de difícil reparación para el quejoso, por lo cual la suspensión es procedente.
Tales posturas evidencian que los órganos colegiados de que se trata, al resolver los asuntos que participan en la presente contradicción, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales que partieron de elementos similares, pero adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes. Tal disparidad se dio en las consideraciones de las sentencias respectivas, lo cual conduce a concluir que existe la oposición de criterios denunciada.
No obsta a lo anterior que los casos examinados no hayan sido exactamente iguales, pues mientras en el primer supuesto el acto reclamado consistió en la resolución denegatoria de la declaración de nulidad de un registro marcario, en el segundo se combatió la diversa resolución que negó otorgar el registro de una marca, ambas resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues la diferencia enunciada no trasciende para el tema respecto del cual se sostuvieron conclusiones discrepantes, referente a la factibilidad o no de otorgar la suspensión, para el efecto de que las resoluciones mencionadas no sean publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
Incluso, como la publicación indicada está prevista para las resoluciones de registro, nulidad, caducidad o cancelación de marcas, el criterio que aquí se adopte resultará aplicable para las resoluciones que sobre tales actos relacionados con las marcas emita la autoridad administrativa de que se trata.
De manera que el punto concreto de contradicción, que a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde resolver, consiste en determinar si cuando se reclama en amparo alguna resolución sobre registro, nulidad, caducidad o cancelación de marcas, emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es factible otorgar la suspensión para que la resolución reclamada no se publique en el medio de difusión relativo, específicamente por la concurrencia o no del requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, consistente en que con el otorgamiento de la medida cautelar no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
SEXTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que habrá de sustentarse en el presente fallo.
Para tal efecto, deben tenerse en consideración los fines y supuestos de procedencia de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, a fin de determinar si la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de las resoluciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sobre registro, nulidad, caducidad o cancelación de marcas, es susceptible de suspenderse o no.
En ese sentido, conviene examinar ciertas generalidades de la medida precautoria precisada y algunas disposiciones de la Ley de Amparo que la regulan, contenidas en el libro primero, título segundo, capítulo III, que comprende los preceptos del 122 al 144 del ordenamiento citado.
En principio, las medidas cautelares, en general, son los instrumentos que el juzgador puede decretar, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un daño grave irreparable a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso.
El lapso relativamente prolongado que el proceso tarda hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de medidas precautorias, a fin de evitar que la sentencia de fondo sea inútil o ilusoria y, por el contrario, tal decisión tenga eficacia práctica.
Tales medidas tienden a garantizar el acceso efectivo a la jurisdicción, previsto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal.
En efecto, el derecho citado se ha concebido como predominantemente formal que, en principio, no afecta el fondo del asunto, sino que su contenido únicamente implica que quien se considere titular de un derecho que estima violado o menoscabado, o bien, que tal derecho no se le ha querido reconocer en forma extrajudicial, esté en aptitud de acudir a los tribunales previamente establecidos por el Estado, a fin de que el litigio respectivo sea sometido a la potestad jurisdiccional de los juzgadores competentes y éstos emitan la decisión correspondiente; sin embargo, la tendencia actual está orientada a asignarle también un contenido material, al considerar que la efectividad del acceso a la jurisdicción comprende el hecho de que la decisión correspondiente solucione el problema planteado, conforme a la legislación aplicable y que la decisión del juzgador se encuentre debidamente motivada, además de que tal decisión se ejecute, pues éste es el fin último de la impartición de justicia, en la medida que una sentencia favorable sólo tendrá eficacia para el particular, hasta en tanto se materialice la condena decretada en ella.
De manera que para el debido acatamiento de la garantía precisada, no basta que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso debe ser efectivo, en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos exigidos constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado y, en su oportunidad, tal decisión sea ejecutada materialmente, a cuyo efecto debe procurarse la eliminación de obstáculos que surjan durante la secuela procesal y que impidan dicha ejecución. Además, debe tenerse en cuenta que el párrafo tercero del propio artículo 17 de la Constitución Federal dispone que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales.
Sin embargo, como todo derecho fundamental, el acceso efectivo a la justicia que imparten los tribunales del Estado no es absoluto, por lo que su ejercicio debe someterse a cauces que, al limitarlo justificadamente, posibiliten su prestación adecuada, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan.
Se afirma lo anterior, porque el propio Texto Constitucional reserva al legislador la facultad de fijar los plazos y términos con base en los cuales se desarrollará la actividad jurisdiccional; por ende, la prerrogativa fundamental de que se trata puede ser limitada, siempre y cuando en la ley no se establezcan obstáculos o presupuestos procesales que no encuentren justificación constitucional, pues esto último implicaría hacer nugatorio el derecho de acceso a la jurisdicción.
Así, en función de la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, las medidas cautelares tienen la finalidad de impedir que surjan posibles obstáculos que, llegado el momento, dificulten u obstaculicen la ejecución de la sentencia que resuelva la controversia, pues debe tenerse en cuenta que aun cuando se obtenga la declaración pretendida acerca del derecho litigado, si por cualquier motivo aquélla no puede materializarse o existe dificultad para ello, en realidad no habría acceso efectivo a la jurisdicción, pues la acción ejercida finalmente se tornaría nugatoria.
Ahora bien, tratándose de la suspensión del acto reclamado, que es la medida cautelar prevista en la Ley de Amparo, cabe apuntar, en cuanto a su naturaleza, que ese vocablo deriva del latín suspendio.
Gramaticalmente, suspender es impedir, paralizar lo que está en actividad; transformar temporalmente en inacción una actividad cualquiera. Es impedir o detener el nacimiento de algo, de una conducta, de un acto, de un suceso. O si éstos se han iniciado, detener temporalmente su continuación, paralizar los efectos o consecuencias aún no producidos, pero que están por realizarse.
De mane
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22258-6888d51d/suspension-en-el-amparo-es-factible-concederla-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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