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Modo: Corpus Pro

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN QUE SE DEMANDE A UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE) LA ENTREGA DEL SALDO DE LA CUENTA INDIVIDUAL DE UN TRABAJADOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19711
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, , Pág. 954.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver conflictos competenciales suscitados entre órganos jurisdiccionales laborales en asuntos en dicha materia, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el conflicto de competencia 48/2005, el once de enero de dos mil seis, en la parte que interesa, sostuvo:

"SEGUNDO. Ahora bien, a juicio de este Tribunal Colegiado debe declararse competente a la Junta Especial Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, atendiendo a las siguientes consideraciones: Según aparece de los antecedentes señalados, la Junta Federal que primero conoció del juicio laboral, se declaró incompetente y remitió los autos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de que se trata, argumentando sustancialmente que la empresa demandada, Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, no actuaba a través de una concesión federal, sino mediante una autorización administrativa, por lo que no se actualizaba el supuesto previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 2, de la Constitución, por lo que en términos de lo previsto en los artículos 702 y 703 de la Ley Federal del Trabajo se declaraba incompetente para conocer del conflicto laboral y ordenó la remisión de los autos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Por su parte, la Junta Especial Número Doce de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, rechazó la competencia declinada con base en que, aun cuando no fue demandado expresamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, directa o indirectamente se vería afectado su patrimonio. Ahora, del estudio de las demandas, destaca que de la empresa Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, los actores Juan Ricardo López Cano, Jesús Ángel Rodríguez Ruiz y María de la Luz Aguilar López demandaron la devolución de las cantidades de $149,000.00 (ciento cuarenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y $54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), respectivamente, más la actualización de sus intereses que aparecen en su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como la diversa de vivienda. En principio, se estima procedente puntualizar que atendiendo a la naturaleza jurídica de la persona moral demandada, en el caso una administradora de fondos para el retiro, la competencia para conocer del juicio laboral entre ella y sus trabajadores recaería indudablemente en la Junta Local de Conciliación de Arbitraje, pues así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis por reiteración número 105/99, publicada en la página 106, Tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SURGIDOS ENTRE UNA EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO Y SUS TRABAJADORES.’ (se transcribe). Las consideraciones que sustentan las ejecutorias que dieron origen a la jurisprudencia anterior, en lo que aquí interesa, son las siguientes: (se transcriben). De las consideraciones y tesis de jurisprudencia transcritas deriva, en esencia, que en virtud de que una administradora de fondos para el retiro, en términos del artículo 19 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, requiere para su organización y operación, únicamente una autorización de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no una concesión federal; entonces, respecto de dicha entidad financiera, no se actualizaba el supuesto establecido en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, la competencia para conocer del conflicto laboral entre dicha administradora de fondos para el retiro y ‘sus trabajadores’, recaía en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Sea de paso señalar que el anterior criterio fue sustentado por la Segunda Sala, al resolver los conflictos competenciales 9/99, 47/99, 229/99, 261/99 y 244/99, suscitados todos ellos entre una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y otra del orden local, con sede en esta entidad federativa, y de las ejecutorias emitidas en cada uno de esos conflictos, destaca la peculiaridad de que las demandas laborales que dieron origen a cada uno de los asuntos, ciertamente fueron presentados por trabajadores que prestaban sus servicios en las administradoras de fondos para el retiro demandadas, reclamando diversas prestaciones derivadas de la relación laboral trabajador patrón, es decir, la Afore señalada como demandada, en todos los casos figuró como parte patronal. Asimismo, que en la diversa tesis aislada CXXXI/99, que aparece publicada en la página 585, Tomo X, octubre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal reiteró el anterior criterio, aclarando que en el caso de las administradoras de fondo para el retiro, tampoco se actualizaba el supuesto previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso a), subinciso 22, de la Constitución General de la República, que contempla la competencia federal cuando se trata de servicios de banca y crédito, por las razones que sustentan en la misma, la cual es del rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA LABORAL. RESIDE EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EL CONOCIMIENTO DE LAS DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES), POR SUS TRABAJADORES.’ (se transcribe). Siendo preciso indicar que dicho criterio fue sustentado al resolver los conflictos competenciales 242/99 y 306/99, en los que igualmente destaca que la administradora de fondos para el retiro fue demandada como patrón por sus trabajadores, de quien reclamaron diversas prestaciones labores derivadas precisamente del nexo jurídico laboral. Lo antes expuesto conlleva a concluir que, atendiendo a la naturaleza jurídica de las administradoras de fondo para el retiro, la competencia para conocer de los conflictos laborales existentes entre dicha entidad financiera en su calidad de patrón y sus trabajadores recae evidentemente en una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por no actualizarse ninguno de los supuestos previstos en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, se estima que los anteriores criterios no resultan aplicables para determinar, en el caso concreto, la competencia para conocer del juicio laboral de origen, por las siguientes razones: 1. La administradora de fondos para el retiro no fue demandada en su calidad de patrón sino como entidad financiera, encargada del manejo de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, de la que es titular el trabajador actor. 2. De la demanda laboral se advierte que el actor reclama la devolución de las aportaciones que en su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, aparecen en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como en la diversa de vivienda. Por tanto, a fin de dilucidar a qué autoridad laboral corresponde conocer de la controversia laboral es menester tener en cuenta que, aun cuando haya sido demandada exclusivamente la administradora de fondos para el retiro que maneja la cuenta individual del SAR de los actores y que por tal motivo, deba concluirse que dicha competencia recae en principio en la Junta Local contendiente, debe analizarse la naturaleza de la prestación reclamada a fin de determinar si quien está obligado a otorgar dicha prestación es únicamente la Afore demandada o, bien, aun cuando no fueron demandados los organismos descentralizados Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, necesariamente para el otorgamiento de esa prestación habrán de intervenir tales organismos, por estimarse que resultarán afectados en su patrimonio, caso en el cual la competencia se surtiría a favor de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, siguiendo los criterios emitidos por la propia Segunda Sala, cuyos rubros, textos y datos de publicación son los siguientes: ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DEL JUICIO, AUNQUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO HAYA SIDO SEÑALADO EXPRESAMENTE COMO CODEMANDADO, SI LAS PRESTACIONES SOLICITADAS LAS DEBE OTORGAR ESE ORGANISMO CONFORME A LA LEY QUE LO RIGE.’ (se transcribe). ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DEL JUICIO CUANDO UN TRABAJADOR DE UNA DEPENDENCIA LOCAL DEMANDA EL PAGO DE UNA PRESTACIÓN PRINCIPAL AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AUN CUANDO NO HAYA SEÑALADO A ÉSTE COMO CODEMANDADO.’ (se transcribe). Pues bien, de la valoración de los anteriores elementos y para el único efecto de resolver el presente conflicto competencial, conviene reiterar que la prestación laboral que pretenden obtener los actores, Ricardo López Cano, Jesús Ángel Rodríguez Ruiz y María de la Luz Aguilar López, lo constituye la devolución y entrega de las aportaciones que en su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro aparecen en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como en la diversa de vivienda. Ahora, tanto de los numerales 1o., 3o., fracción III bis y XIII, 18, fracciones I, II y III y 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, como el 35 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deriva que la ley citada en primer término es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes previstos en dicho ordenamiento, como en las Leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Que la cuenta individual, para efecto de dicha ley, es aquella de la que sea titular un trabajador en la cual se depositen las cuotas obrero patronales y estatales y sus rendimientos, y aquellas en las que se registren los fondos de vivienda, y demás recursos que en términos de dicha ley puedan ser aportadas a las mismas. Por trabajador afiliado se entiende aquel trabajador que se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, que las administradoras de fondos para el retiro son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran, así como administrar sociedades de inversión. Que tratándose de trabajadores afiliados, sus cuentas individuales se sujetarán a las disposiciones de las leyes de seguridad social aplicables y sus reglamentos, así como a las previstas en dicho ordenamiento, las cuales se integran por las siguientes subcuentas: I. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; II. Vivienda; III. Aportaciones voluntarias, y IV. Aportaciones complementarias de retiro. Así, la subcuenta relativa al rubro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se regirá por lo previsto en la Ley del Seguro Social, mientras que la diversa subcuenta de vivienda, por lo dispuesto en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ahora, en relación con la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, cuya devolución reclaman los actores en el juicio de origen, es pertinente determinar que de los numerales 152, 154, 157, 158, 159, 160, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 172 A, 173, 174, 175, 176, 188, 190 y 195, así como de los transitorios primero, tercero, undécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo sexto, décimo séptimo, vigésimo octavo, todos de la Ley del Seguro Social, se desprende que: 1. Se protegen los riesgos: a) De retiro; b) De cesantía en edad avanzada y la vejez del asegurado; y, c) De muerte, en la inteligencia de que el artículo 154 precisa cuándo existe cesantía en edad avanzada y los requisitos para gozar de las prestaciones inherentes. 2. El derecho de los trabajadores de disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada, mediante dos alternativas: I. Contratar con la institución de seguros de su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, y II. Mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro y efectuar, con cargo a éste, retiros programados. Ello sujeto a lo establecido en esa ley y de conformidad con las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 3. El derecho del asegurado de pensionarse antes de cumplir las edades establecidas, siempre y cuando la pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del treinta por ciento de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. 4. El derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su cuenta individual en una o varias exhibiciones, solamente si la pensión que se le otorgue es superior en más del treinta por ciento de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios; derecho que también tiene el asegurado cuando se pensione por vejez. 5. La cuenta individual es aquella que se abrirá para cada asegurado en las administradoras de fondos para el retiro, para que se depositen en ella las cuotas obrero patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. 6. Esa cuenta individual se integrará por las subcuentas de: 1. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; 2. De vivienda y, 3. De aportaciones voluntarias. En el entendido de que respecto de la subcuenta de vivienda las administradoras de fondos para el retiro deberán hacer entrega de los recursos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en los términos de su propia ley. 7. Se debe individualizar el proceso mediante el cual se identifica la parte que se abona a las subcuentas correspondientes a cada trabajador de los pagos efectuados por el patrón y el Estado, así como los rendimientos financieros que se generen. 8. La pensión puede ser de dos formas: Mediante renta vitalicia, o retiro programado. Aquélla deriva del contrato por el cual la aseguradora, a cambio de recibir los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. La segunda consiste en la modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total de los recursos de la cuenta individual, para lo cual se tomará en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos. Se prevé también un seguro de sobrevivencia, que es el que se contrata por los pensionados, por riesgos de trabajo, por invalidez, por cesantía en edad avanzada o por vejez, con cargo a los recursos de la suma asegurada, adicionada a los recursos de la cuenta individual a favor de sus beneficiarios para otorgarles la pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones en dinero previstas en los respectivos seguros, mediante la renta que se les asignará después del fallecimiento del pensionado, hasta la extinción legal de las pensiones. 9. La incompatibilidad entre las pensiones de cesantía en edad avanzada con las de vejez o de invalidez. 10. El derecho de los trabajadores de disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de vejez, mediante dos alternativas: I. Contratar con una compañía de seguros pública, social o privada de su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, y II. Mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro y efectuar con cargo a ésta, retiros programados, con la posibilidad de contratar en cualquier momento, una renta vitalicia de acuerdo a lo dispuesto en la fracción I, salvo si la renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la pensión garantizada. Ello, igualmente sujeto a lo establecido en esa ley y de conformidad con las disposiciones administrativas que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 11. El derecho a una pensión garantizada, que es aquella que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos señalados en los artículos 154 y 162 de la ley, y su monto mensual será el equivalente a un salario mínimo general para el Distrito Federal, en el momento en que entró en vigor la propia ley, cantidad que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión. 12. La obligación de los patrones y el Gobierno Federal, en la parte que les corresponde, de enterar al instituto el importe de las cuotas obrero patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, mediante el depósito en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (que fue abrogada en el segundo transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro). 13. En el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al dos por ciento del salario base de cotización del trabajador. 14. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del tres punto ciento cincuenta por ciento y uno punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente. 15. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez la contribución del Estado será igual al siete punto ciento cuarenta y tres por ciento del total de las cuotas patronales de estos ramos, y una aportación mensual, por parte del Gobierno Federal, por concepto de cuota social, una cantidad inicial equivalente al cinco punto cinco por ciento del salario mínimo general para el Distrito Federal, por cada día de salario cotizado, la que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador asegurado. Estas cuotas y aportaciones al destinarse, en su caso, al otorgamiento de pensiones, se entenderán destinadas al gasto público en materia de seguridad social. 16. Los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador son propiedad de éste con las modalidades que se establecen en esta ley y demás disposiciones aplicables, con el carácter de inembargables y no podrán otorgarse como garantía. Lo anterior no será aplicable para los recursos depositados en la subcuenta de aportaciones voluntarias. 17. El trabajador o sus beneficiarios que adquieran el derecho a disfrutar de una pensión proveniente de algún plan establecido por su patrón o derivado de contratación colectiva, que haya sido autorizado y registrado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, debiendo cumplir los requisitos establecidos por ésta, tendrá derecho a que la administradora de fondos para el retiro, que opere su cuenta individual, le entregue los recursos que lo integran, situándolos en la entidad financiera que el trabajador designe, a fin de adquirir una pensión en los términos del artículo 157 o bien entregándoselos en una sola exhibición, cuando la pensión de que disfrute sea mayor en un treinta por ciento a la garantizada. 18. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro atendiendo a consideraciones técnicas y asegurando los intereses de los trabajadores, mediante la expedición de disposiciones administrativas podrá autorizar mecanismos, procedimientos, formas y términos relacionados con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, conforme a lo establecido en esta ley y la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 19. El derecho de los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esa nueva ley, al momento de cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo que, para el disfrute de las pensiones de vejez, cesantía en edad avanzada o riesgos de trabajo, se encontraban previstos por la Ley del Seguro Social que se deroga, podrán optar por acogerse a los beneficios por ella contemplados o a los que establece la presente ley. 20. El derecho de los trabajadores que se pensionen a recibir los fondos acumulados en las subcuentas de retiro, de dos formas: a) Los sujetos que se encuentren en conservación de derechos y que se pensionen bajo el régimen de la ley anterior, recibirán además de la pensión que corresponda, sus fondos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro en una sola exhibición; y, b) Los sujetos que lleguen a la edad de pensionarse por cesantía en edad avanzada y vejez bajo la vigencia de esta ley pero que opten por los beneficios de pensiones regulados por la ley anterior, recibirán: 1. La pensión indicada bajo los supuestos de la ley abrogada y además los fondos que se hubieran acumulado en su subcuenta de seguro de retiro; y 2. Los acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez serán entregados por las administradoras de fondos para el retiro al Gobierno Federal (artículo décimo tercero transitorio). Por otra parte, del artículo noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y tres, vigente a partir del siguiente (sic) se desprende que: a) El derecho de los trabajadores que opten por pensionarse conforme al régimen establecido en la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, consiste en: a) retirar en una sola exhibición los recursos que se hayan acumulado hasta esa fecha en las subcuentas del seguro de retiro y del Fondo Nacional de la Vivienda; b) retirar los recursos correspondientes al ramo de retiro que se hayan acumulado en la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, vigente a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y siete, incluyendo los rendimientos que se hayan generado por dichos conceptos. Derecho que también se otorga a los beneficiarios que elijan acogerse a los beneficios de pensiones establecidos en la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997. b) La obligación de las administradoras de entregar al Gobierno Federal, los restantes recursos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previsto en la Ley del Seguro Social vigente a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y siete, o sea, las cuotas y aportaciones por los ramos de cesantía y edad avanzada o vejez. De manera que si el trabajador obtuvo una pensión por la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, o bien optó por acogerse a esa ley, tendrá derecho a disponer de los recursos de retiro y vivienda en una sola exhibición, mientras que los recursos acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez serán entregados por las administradoras de fondos para el retiro al Gobierno Federal, para sufragar los gastos de dicha pensión. Mientras que si el trabajador obtuvo una pensión en términos de la vigente Ley del Seguro Social, los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, serán utilizados precisamente para sufragar dicha pensión mediante la contratación de una renta vitalicia a través de una aseguradora o bien, con la misma Afore a través de retiros programados. Asimismo, en caso de que el trabajador haya adquirido una pensión en función de un plan de pensiones establecido por su patrón o derivado de contratación colectiva, podrá disponer del total de los recursos de su cuenta individual, siempre que se encuentre registrado dicho plan de pensiones ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Igualmente, en caso de negativa de pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, podrá disponer de la totalidad de los recursos en una sola exhibición. Luego, si en cualquiera de los casos, salvo que el trabajador haya adquirido una pensión en función de un plan privado de pensiones, se requiere necesariamente la intervención del Instituto Mexicano del Seguro Social en el juicio laboral de origen, cuyo patrimonio se verá afectado ya que los fondos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, cuya devolución reclaman los actores, están destinados a sufragar el otorgamiento de las pensiones establecidas en la Ley del Seguro Social, las que se entienden destinadas al gasto público en materia de seguridad social, conforme lo prevé el artículo 168 de la Ley del Seguro Social. Entonces atendiendo a que la prestación principal que materialmente se reclama es la devolución de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vivienda, en caso de prosperar, afectaría el patrimonio de un organismo descentralizado de carácter federal, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe estimarse que en el caso resulta aplicable el principio que informa lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde a las autoridades federales aplicar las leyes del trabajo en los asuntos relativos a organismos descentralizados de carácter federal. Este último precepto constitucional dispone: ‘Artículo 123.’ (se transcribe). Siendo aplicable al respecto, la siguiente tesis jurisprudencial: ‘COMPETENCIA LABORAL. CUANDO EL DEMANDADO ES EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ES DE ORDEN FEDERAL SI SE LE DEMANDA EL CUMPLIMIENTO DE UNA PRESTACIÓN PRINCIPAL, PERO ES LOCAL SI SÓLO SE LE DEMANDA LA INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR.’ (se transcribe). No es óbice a la anterior conclusión, la circunstancia de que en la demanda laboral se haya señalado como demandada a la administradora de fondos para el retiro, y que la competencia para conocer sobre el juicio laboral -atendiendo a la naturaleza jurídica de dicha persona moral- recaiga en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje toda vez que, conforme a los razonamientos antes expuestos, es evidente que se verá afectado el patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que al no poder dividirse la continencia de la causa, la competencia se surte a favor de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Tienen aplicación al caso, las siguientes tesis jurisprudenciales: ‘COMPETENCIA LABORAL, TRATÁNDOSE DE PLURALIDAD DE DEMANDADOS, NO DEBE DIVIDIRSE LA CONTINENCIA DE LA CAUSA.’ (se transcribe). ‘DEMANDADOS, PLURALIDAD DE. COMPETENCIA DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’ (se transcribe). Debiendo considerarse, inclusive, que aun cuando en el escrito de demanda la parte actora no señaló como parte demandada al Instituto Mexicano del Seguro Social, la prestación principal que se demanda, consistente en la devolución de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, corresponde autorizarlo exclusivamente a dicho organismo, ya que conforme al artículo 168 de la Ley del Seguro Social, tales recursos están destinados al otorgamiento de las pensiones que prevé dicho ordenamiento legal y, por tanto, destinados al gasto público en materia de seguridad social; por lo que conforme a los diferentes supuestos previstos en el citado cuerpo de normas, es dicho organismo quien determinará si se reúnen los requisitos legales para su otorgamiento o no, cuestiones que escapan a la materia de esta resolución; por lo que deberá tenerse como parte demandada al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, por analogía y en lo conducente, la siguiente tesis aislada: ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DEL JUICIO, AUNQUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO HAYA SIDO SEÑALADO EXPRESAMENTE COMO CODEMANDADO, SI LAS PRESTACIONES SOLICITADAS LAS DEBE OTORGAR ESE ORGANISMO CONFORME A LA LEY QUE LO RIGE.’ (se transcribe). Máxime que en el caso particular, también se advierte que los actores demandaron la devolución de los recursos acumulados en la diversa subcuenta de vivienda, de su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, la que si bien tampoco fue demandada expresamente, es evidente que su patrimonio se verá afectado, por lo que igualmente deberá integrarse a la relación procesal, por las razones que a continuación se exponen: Para tal e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19711-a724d4e9/sistema-de-ahorro-para-el-retiro-la-junta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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