RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 220/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 3761/97, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, en la parte que interesa, sostuvo:
"QUINTO. Lo que se sostiene en los conceptos de agravios es infundado, por las siguientes consideraciones: El artículo 114 de la Ley de Amparo es el precepto que determina los casos de procedencia del juicio de garantías indirecto o biinstancial y dispone en sus seis fracciones lo siguiente: ‘Artículo 114.’ (se transcribe). Especial importancia para este estudio revisten las fracciones II y IV antes transcritas, estrechamente vinculadas para determinar la procedencia de un juicio de amparo en un caso como el que ahora se presenta. La fracción segunda dispone que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, tal acto sólo podrá impugnarse hasta que se dicte la resolución con que el procedimiento culmine. La cuarta fracción habla de actos dictados dentro de un juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Lo indicado en esta fracción se refiere únicamente a los actos dentro de un juicio; sin embargo, nuestro más Alto Tribunal resolvió ya que debe aplicarse también para aquellos actos emitidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio y cuya ejecución sea de imposible reparación, porque de otra manera el particular quedaría en completo estado de indefensión, si no tuviera acceso inmediato al juicio de amparo contra aquellos actos cuya ejecución fuera imposible reparar, ello de conformidad con la tesis que aparece publicada en la página 2511 de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: ‘PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Es por esto que ambas fracciones guardan íntima relación, y lo expresado en ellas nos permiten decir que si un acto dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, el único momento para impugnarlo será hasta que se dicte la resolución final, y por ello si el juicio de amparo se promueve antes de que esto suceda (como en el caso) debe declararse improcedente. También fue materia de estudio para los tribunales federales lo que debe entenderse por ejecución irreparable y se ha dicho que un acto tiene tal característica si sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Carta Magna, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. De tal forma se dijo en la tesis de jurisprudencia número 3, visible a fojas 314-316 del Informe de Labores de 1986, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, que textualmente dice: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107 FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL).’ (se transcribe). Ahora bien, el acto reclamado, respecto del que el Juez a quo sobreseyó el juicio, forma parte de un procedimiento seguido en forma de juicio, el cual tuvo su origen en la solicitud del registro de la marca KIST, por parte de la tercera perjudicada (fojas 36 a 39) ante la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la cual no constituye un tribunal, sino que funge como reguladora del otorgamiento de marcas, al tramitar las solicitudes de registro y resolver su procedencia; y es por ello que el procedimiento que ante dicha autoridad se desarrolla, no es un juicio, sin embargo, tal procedimiento se puede considerar seguido en forma de juicio, si se trata de un procedimiento administrativo, como en la especie, iniciado por un particular que pretende inscribir un registro marcario, ante la autoridad que legalmente puede conocer de dicha solicitud, y en donde después de practicados los exámenes de fondo y novedad respectivos, si existen anterioridades de registros que sean oponibles a la marca cuyo registro se pretende, se ofrecen pruebas a fin de acreditar la pretensión, antes de resolver en definitiva; en tales condiciones, si durante la tramitación del procedimiento se comete una violación que deje al agraviado en estado de indefensión o lo prive de un derecho que la ley de la materia le conceda, podrá reclamarse la infracción de mérito, en su caso, conjuntamente con las posibles violaciones de fondo que se hayan cometido en la resolución que ponga fin al procedimiento, sin que tal situación dé motivo a considerar que se trata de violaciones consentidas, por no haberse reclamado previa y destacadamente en otro juicio de amparo. Por otra parte, ese acto dentro del procedimiento en el que se citan como anterioridades a la marca KIST, los registros marcarios 244929, 333542 y 343664, y se requiere al solicitante del registro que tiene un plazo hasta el veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y uno, para que manifieste lo que a su derecho convenga, no afecta directamente sus derechos fundamentales y por ello sí es susceptible de repararse en el juicio que se promueva en contra de la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo, si ésta fuera adversa a los intereses del quejoso; es decir, no es de aquellos actos de imposible reparación, pues si es violatorio de la ley de la materia (Ley de Invenciones y Marcas), tal declaración podrá hacerse en el juicio de amparo, con lo que quedaría reparada la violación que señala la quejosa cometió la responsable en el oficio reclamado, tanto legal como fácticamente. Por ello, el único momento oportuno para impugnar el oficio reclamado, será hasta que el procedimiento administrativo culmine y la responsable pronuncie su resolución (que por lo demás pudiera ser acorde con los intereses del quejoso). En este orden de ideas al resultar infundados los agravios expuestos por la recurrente, lo que procede, en la materia del recurso, es confirmar la sentencia recurrida ..."
La anterior resolución dio lugar a la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, junio de 1998, página 728, que señala:
"VIOLACIONES PROCESALES. LAS COMETIDAS EN RESOLUCIONES DE TRÁMITE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO SON IMPUGNABLES EN LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. Si en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, se comete una violación en una resolución, no definitiva, sino de trámite que deja al agraviado en estado de indefensión o le priva de un derecho que la ley de la materia le otorga, y no es un acto de imposible reparación; la infracción deberá reclamarse junto a las posibles violaciones de fondo que se hubiesen cometido en la resolución que pone fin al procedimiento; por lo que el momento oportuno para impugnar dicho acto será hasta que el procedimiento administrativo culmine y la responsable pronuncie su resolución definitiva."
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 539/2005, el veinticinco de noviembre de dos mil cinco, en la parte conducente, sostuvo:
"CUARTO. En el agravio que hace valer la parte recurrente, aduce en resumen lo siguiente: Que el Juez de Distrito en la sentencia recurrida incumple lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 114, fracciones II y IV, 80 y 145, todos de la Ley de Amparo, al determinar que se actualizaba una causa notoria y manifiesta de improcedencia, puesto que los actos reclamados en la demanda de amparo no constituyen actos cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que son de naturaleza procesal y no afectan derechos sustantivos, ya que en los mismos sólo se cita a comparecer a la quejosa, por lo que no ha sido privada de derecho alguno, pues aduce la recurrente que precisó en la demanda de amparo que las autoridades responsables no habían cumplido con la obligación constitucional de fundar su existencia y facultades legales para investigar, tramitar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas instaurados en su contra, por lo que cuando una autoridad cita a un servidor público para la celebración de la audiencia de ley y no funda su existencia y competencia, afecta sus derechos sustantivos, debido a que una sentencia favorable no restituye en forma alguna al quejoso de las cargas procesales de que fue objeto, durante el tiempo que se encontró sujeto al procedimiento viciado de origen, atento al criterio que refiere del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Que los oficios citatorios reclamados fueron emitidos para que la quejosa ahora recurrente compareciera a la audiencia prevista por la fracción I del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en los diversos procedimientos administrativos de responsabilidad instaurados en su contra, por lo que constituyen el inicio de tales procedimientos y dice que, consecuentemente, implica afectación de derechos sustantivos, como lo es la garantía de audiencia, ya que el particular debe tener la seguridad de que el procedimiento o juicio que se le siga, se efectúe ante las autoridades competentes, lo que constituye la garantía de legalidad, por lo que aduce que si en los oficios reclamados la autoridad no fundó su existencia ni su competencia, los mismos sí afectan derechos sustantivos de la quejosa y, por tanto, resultan actos de imposible reparación, debido a que la obtención de una resolución favorable no la restituye de las cargas procesales de que puede ser objeto durante el tiempo que se encuentre sujeta a un procedimiento viciado desde su origen. Que no se trata de violaciones procesales, pues dice la quejosa que para que existan las mismas, debe observarse que desde su origen tengan el carácter de procesal, por haberse causado precisamente durante la secuela del procedimiento. Por su parte, el Juez de Distrito en el proveído recurrido, determinó desechar de plano la demanda de garantías al estimar que existía una causa notoria y manifiesta de improcedencia, toda vez que los oficios reclamados no constituían un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, por tratarse de actos procesales y no afectar derechos sustantivos que protege la Constitución, ya que en los mismos únicamente se cita a la quejosa a comparecer, por lo que no había sido privada de derecho alguno. Son infundados los argumentos antes sintetizados, los cuales se analizan en forma conjunta atento lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, debido a su estrecha relación, como se verá a continuación. En principio, cabe precisar que, según se advierte de lo expuesto en la demanda de amparo que obra en el expediente a que este toca corresponde, la quejosa ahora recurrente señaló en forma destacada como actos reclamados del titular del órgano interno de control en la Procuraduría General de la República y titular del área de responsabilidades del citado órgano interno de control, la emisión de los oficios citatorios números AR/17/04035/2005 y AR/17/04119/2005 del treinta de agosto de dos mil cinco y ocho de septiembre del mismo año, respectivamente, así como las citaciones contenidas en dichos oficios para comparecer a las audiencias a que se refiere el artículo 21, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Al respecto, cabe señalar que los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). ‘Artículo 114.’ (se transcribe). De los preceptos legales anteriormente transcritos se desprende que, en el caso, el juicio de amparo sólo será procedente cuando se reclamen actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio y el juicio de garantías sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si en virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le concede o contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Lo anterior encuentra sustento jurídico en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 2a. XCIX/99, consultable en la página 367, Tomo X, julio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la cual se establece lo siguiente: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Así se tiene que si se comete una violación en un acto emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, actos los cuales no son definitivos sino de trámite, que pudieran dejar a la quejosa ahora recurrente en estado de indefensión, como lo es que de los preceptos legales invocados por las autoridades en los oficios citatorios a la audiencia de ley en los procedimientos administrativos de responsabilidades que se le instruyen, tal infracción deberá reclamarse junto a las posibles violaciones de fondo que se hubiesen cometido en la resolución que pone fin a dichos procedimientos, en el momento oportuno para impugnar dichos actos, que será hasta que el procedimiento administrativo culmine y las autoridades responsables pronuncien su resolución definitiva, por lo que en la especie, los actos reclamados no privan a la impetrante de garantías de un derecho que la ley de la materia le otorgue, además de que no es un acto de imposible reparación, puesto que tal violación, de existir, puede ser reparada cuando se controvierta la resolución definitiva que se dicte en los referidos procedimientos de responsabilidad que se le instruyen. Al respecto, este órgano colegiado comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis aislada número I.1o.A.19 A, consultable en la página 728, Tomo VII, junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor literal siguiente: ‘VIOLACIONES PROCESALES. LAS COMETIDAS EN RESOLUCIONES DE TRÁMITE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO SON IMPUGNABLES EN LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.’ (se transcribe). Además, debe decirse que si bien es cierto los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen respectivamente las garantías de seguridad jurídica relativas a la garantía de audiencia y que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente, lo cual constituye derechos sustantivos de todo gobernado; sin embargo, ello no implica que respecto de cada acto que se emita dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, como lo es el de responsabilidad de un servidor público, se pueda acudir al juicio de garantías alegando la incompetencia de la autoridad que lo emitió, pues sostener tal criterio traería como consecuencia, como lo determinó el Juez de Distrito del conocimiento, hacer nugatorio al propio juicio de garantía por la tardanza que pudiera representar resolver previamente todos aquellos juicios que se interpusieran contra actos dictados dentro de un procedimiento en los que se controvirtiera la fundamentación de la existencia y competencia de la autoridad que los emite, lo cual, sin duda, puede ser reparado en la sentencia definitiva que se dicte en tales procedimientos seguidos en forma de juicio y aún más mediante los medios de defensa ordinarios y extraordinarios que pudieran promoverse en contra de la misma, por lo que no existe el acto de imposible reparación que pretende la recurrente. No es óbice a la anterior determinación el hecho de que el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito haya sostenido un criterio contrario en la tesis aislada número I.13o.A.56 A, consultable en la página 1394, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’, toda vez que este órgano colegiado no comparte dicho criterio, pues si se estima que debe atenderse a la difícil o imposible reparación de las cargas procesales sufridas en un juicio que pudiera resultar viciado de origen, en ese supuesto todos los juicios de garantías promovidos en contra de cualquier acto dictado dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, resultarían ser procedentes lo que jurídicamente no es posible atendiendo a la naturaleza jurídica del mismo, el cual para su eficacia sólo procede en contra de actos definitivos o de imposible reparación, siendo que si bien es cierto que quien es sujeto a un procedimiento administrativo en forma de juicio, tiene cargas procesales, también debe decirse que es un derecho fundamental con que cuentan todos los gobernados, por lo que de ninguna manera puede estimarse un acto de imposible reparación, contrariamente a lo que se sostiene en el criterio aislado anteriormente transcrito, de donde deriva lo infundado de los argumentos en contrario que esgrime la recurrente. Finalmente, debe decirse que la indebida o falta de fundamentación de la existencia y competencia de la autoridad en los oficios citatorios efectuados a la ahora recurrente, para la audiencia de ley en los procedimientos administrativos, constituirían violaciones procesales, toda vez que, en su caso, el efecto de dicha violación traería como consecuencia que se repusiera dicho procedimiento y se fundara debidamente dicha competencia, por lo que es inexacto lo que aduce el quejoso en el sentido de que tal hecho constituye violaciones estrictamente a derechos sustantivos. Al respecto resulta aplicable en lo conducente, por analogía, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 52/2001, consultable en la página 32, Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor literal siguiente: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.’ (se transcribe). En las relacionadas circunstancias, al haber resultado infundados los argumentos esgrimidos en los agravios que hace valer la recurrente, procede confirmar la resolución materia de este recurso ..."
CUARTO. Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 496/2001, el quince de octubre de dos mil uno, sostuvo:
"QUINTO. Resulta fundado y suficiente para revocar el acuerdo recurrido, el cuarto agravio hecho valer por el recurrente, en el que aduce que la a quo no debió desechar la demanda de garantías promovida, toda vez que el acto reclamado se traduce en un perjuicio directo e inmediato, ya que se trata de un citatorio emitido por autoridad incompetente, con lo que es evidente que se violan en perjuicio del quejoso derechos sustantivos, pues la simple emisión del citatorio reclamado transgrede sus garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica. En efecto, el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone: ‘Artículo 114.’ (se transcribe). La exigencia contenida en el precepto transcrito, de que el amparo sólo se promueva contra la resolución definitiva que recaiga a los procedimientos seguidos en forma de juicio admite, como excepciones, el que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia, así como el hecho de que el acto reclamado sea de imposible reparación, en términos de lo que dispone la fracción IV del numeral en comento: ‘Artículo 114.’ (se transcribe). Si bien el precepto transcrito se refiere a actos en juicio, se ha considerado que dicha hipótesis de procedencia también debe privar, por igualdad de razón, respecto de los procedimientos seguidos en forma de juicio. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 133-138, Tercera Parte, página 81, que dice: ‘PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Bajo este orden de ideas, a efecto de determinar si un acto dictado dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, se hace necesario precisar si con dicho acto se afectan derechos sustantivos del particular y no derechos meramente procesales o adjetivos. Así lo dispone la jurisprudencia 244 de la Octava Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 164, bajo los siguientes rubro y texto: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’ (se transcribe). La jurisprudencia transcrita señala que para efectos de considerar que una resolución es de ejecución irreparable, es menester que con ella se afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En alcance a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la violación a los derechos sustantivos que permite la impugnación de un acto intraprocesal, requiere, además, que dicha violación no sea susceptible de repararse a través de la resolución definitiva que llegue a dictarse en el juicio o procedimiento. En efecto, la jurisprudencia 1a./J. 29/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 150, es del siguiente tenor literal: ‘AMPARO INDIRECTO. PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO SI EL QUEJOSO RECLAMA ÚNICAMENTE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS.’ (se transcribe). En congruencia con las jurisprudencias referidas, este Tribunal Colegiado ha sostenido en la tesis I.13o.A.3 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, marzo de 2001, página 1742, que por derechos sustantivos, debe entenderse los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado contenidos en las garantías individuales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; mientras que los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. En efecto, dicha tesis a la letra indica: ‘DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.’ (se transcribe). Conforme a lo hasta aquí expuesto, se llega a la conclusión de que se surte la excepción al artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado es de imposible reparación, lo cual supone: 1. Que se afecten derechos sustantivos y no adjetivos del gobernado, entendiendo por derechos sustantivos, los tutelados a través de las garantías individuales. 2. Que dicha afectación sea directa e inmediata. 3. Que la violación no pueda ser reparada en la sentencia o resolución definitiva que llegue a dictarse en el juicio o procedimiento. Sentadas las anteriores premisas, este órgano jurisdiccional colegiado advierte que, en el caso, el acto reclamado por el quejoso constituye un acto de imposible reparación que actualiza la procedencia del juicio de amparo en términos del artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia. Esto es así, porque la posible incompetencia de la autoridad responsable -invocada por la parte quejosa- implica en principio una violación directa de garantías, ya que el artículo 16 constitucional consagra la necesidad de que todo acto de molestia se lleve a cabo por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por tanto, el que se controvierta la emisión del citatorio a una audiencia por una autoridad que el gobernado estima incompetente, se traduce en un perjuicio directo e inmediato, pues aun en caso de obtener una resolución favorable de acreditarse la incompetencia se consumaría la transgresión al derecho fundamental consistente en que todo acto de molestia sea emitido por autoridad competente. En efecto, el comparecer a una audiencia, entraña la afectación a derechos sustantivos porque impone al quejoso cargas procesales. Por ende, sólo debe provenir de una autoridad que cuente con facultades para ello. No es óbice a lo anterior, el que pudiera argumentarse que el simple hecho de comparecer a un procedimiento, constituye un acto de naturaleza meramente procesal; ya que si bien es cierto que el citatorio reclamado constituye el inicio del procedimiento, éste reviste mayor trascendencia que otros actos dentro del procedimiento, porque es el que modifica en forma sustancial la situación del particular, quien con anterioridad no se encontraba sujeto a procedimiento alguno y a partir de ese momento adquiere cargas procesales, lo que no puede válidamente suceder si no es una autoridad competente quien así lo determine. Así, este tribunal considera que el citatorio a que se refiere el artículo 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en tanto que constituye el inicio del procedimiento de responsabilidades, puede resultar violatorio de derechos sustantivos y constituir, por ende, un acto de imposible reparación, cuando se reclama la incompetencia de la autoridad que la emitió, constituyéndose así en la reclamación a violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como sucede en el caso que nos ocupa. Esto es así, porque el efecto de someter a un particular a un procedimiento, entraña una afectación trascendente y no puede permitirse que se le impongan cargas procesales durante un tiempo que puede o no ser prolongado, si la autoridad que inició el procedimiento es incompetente. Además de que el hecho de que el particular sea sujeto a un procedimiento iniciado por autoridad incompetente, con todas las molestias e implicaciones económicas y de otra naturaleza que dicha situación conlleva, implica una consumación irreparable, pues la sujeción a cargas procesales ya no pueden ser retrotraídas materialmente. En esta tesitura, al resultar fundado el agravio esgrimido, lo procedente es revocar el acuerdo recurrido y ordenar que, de no advertir la a quo una causal de improcedencia diversa a la aquí analizada, proceda a admitir la demanda de garantías promovida por Juan José Paullada Figueroa ..."
El anterior criterio quedó reflejado en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, tesis I.13o.A.56 A, página 1394, que textualmente señala:
"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El citatorio a que se refiere el artículo 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en tanto que constituye el inicio del procedimiento de responsabilidades, puede resultar violatorio de derechos sustantivos y constituir, por ende, un acto de imposible reparación cuando se reclama la incompetencia de la autoridad que lo emitió, pues ello implica una violación directa al artículo 16 de la Constituc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19494-1a4a29b1/responsabilidades-administrativas-de-los-servidores-publicos-el-citatorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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