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Modo: Corpus Pro

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LOS AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO, ESTÁN FACULTADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN SU REPRESENTACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 109/2003-SS. · Registro digital (IUS): 18305
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y OCTAVO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 525.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 109/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y OCTAVO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el treinta y uno de mayo, tres de julio, veintitrés de agosto y ocho de noviembre de dos mil dos y treinta de mayo de dos mil tres, los recursos de revisión contenciosa administrativas 8/2002, 12/2002, 16/2002, 33/2002 y 6/2003, determinó en la parte relativa de dichas resoluciones:

Recurso de revisión contenciosa administrativa 8/2002.

"CUARTO. De una nueva reflexión de la mayoría de este Tribunal Colegiado respecto a la legitimación de las personas autorizadas por las autoridades demandadas en los juicios contencioso administrativos, en términos de lo establecido en el artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y atendiendo a lo dispuesto por el diverso numeral 88 de ese mismo ordenamiento legal, se llega a la siguiente determinación. Este Tribunal Colegiado estima que debe desecharse el recurso de revisión interpuesto por José Quezada Pérez, autorizado en términos del artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en contra de la sentencia dictada el ocho de noviembre de dos mil uno, por la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por carecer de legitimación procesal para interponerlo. Lo anterior es así, toda vez que debe tenerse presente lo dispuesto por los artículos 87 y 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que establecen: ‘Artículo 87. Las resoluciones de las Salas del tribunal que decreten o nieguen sobreseimiento, las que resuelvan el juicio o la cuestión planteada en el fondo, y las que pongan fin al procedimiento, serán apelables por cualquiera de las partes ante la Sala Superior. El recurso de apelación deberá ser interpuesto por escrito, dirigido a la Sala Superior, dentro del plazo de diez días siguientes al en que surta efecto la notificación de la resolución que se impugna. La Sala Superior, al admitir a trámite el recurso, designará a un Magistrado ponente y mandará correr traslado a las demás partes por el término de cinco días, para que expongan lo que a su derecho convenga. Vencido dicho término, el Magistrado ponente formulará proyecto y dará cuenta del mismo a la Sala Superior en un plazo de quince días.’. ‘Artículo 88. Contra las resoluciones de la Sala Superior a que se refiere el artículo anterior, las autoridades podrán interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente por conducto de la Sala Superior, mediante escrito dirigido a dicho tribunal dentro del término de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, independientemente del monto, en los casos siguientes: A) Cuando la resolución que se dicte afecte el interés fiscal o el patrimonio del Distrito Federal y sea de importancia a juicio de la autoridad fiscal; B) Cuando se trate de la interpretación de leyes o reglamentos; C) Cuando se trate de las formalidades esenciales del procedimiento; D) Cuando se fije el alcance de los elementos constitutivos de las contribuciones; y E) Por violaciones procesales cometidas durante el juicio siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo; o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, las autoridades podrán promover el recurso de revisión, siempre que el negocio sea de importancia y trascendencia, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso y el valor del negocio exceda de 20 veces el salario mínimo general vigente elevado al año en el Distrito Federal, al momento de emitirse la resolución de que se trate.’. En efecto, el referido autorizado no tiene legitimidad para interponer el recurso de revisión en términos del transcrito artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en la medida de que, como se advierte de la anterior transcripción, dicho recurso se estableció para que las autoridades combatan las resoluciones que dicte la Sala Superior del citado tribunal, al resolver el recurso de apelación que, en su caso, interponga cualquiera de las partes en contra de las resoluciones de las Salas de dicho tribunal que decreten o nieguen sobreseimiento, las que resuelvan el juicio o la cuestión planteada en el fondo y las que pongan fin al procedimiento. Esto es, conforme a lo establecido en el artículo 88 de la ley en comento, el recurso de revisión debe ser interpuesto por las autoridades, de lo que es dable concluir que son las autoridades demandadas en el juicio contencioso las legitimadas para interponerlo; sin embargo, de las constancias que integran el juicio contencioso, concretamente de la demanda, no se advierte que el actor le haya atribuido el carácter de autoridad demandada al recurrente. Consecuentemente, José Quezada Pérez no tiene legitimación para interponer el recurso de revisión, en virtud de que, por una parte, el citado precepto no señala que éste pueda ser interpuesto por conducto de diversa autoridad, o bien, por los autorizados en términos del artículo 35 de la propia Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues es específico al señalar que ‘las autoridades podrán interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente’; y por otro lado, no se advierte que el mencionado autorizado lo haya interpuesto con fundamento en algún precepto que le otorgue legitimación para tal efecto, tal como se desprende, tanto del oficio de presentación de dicho recurso como del propio oficio que contiene la expresión de agravios. Así es, el autorizado en los oficios antes precisados, en la parte que en este punto interesa, señaló lo siguiente: ‘José Quezada Pérez, autorizado en el presente asunto, en términos del artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ante esa H. Sala Superior con el debido respeto comparezco y expongo: El 23 de noviembre del presente año, se notificó la resolución del 8 de noviembre de 2001, emitida por la Sala Superior de ese Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, a través de la cual resuelve el recurso de apelación 2304/2001 y 2392/2001 (acumulados), hecho valer por la contraloría interna en contra de la sentencia de 14 de febrero de 2001, dictada por la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Con fundamento en lo establecido en el artículo 88, incisos C) y E), de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en relación con el 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estando en tiempo y forma, vengo a interponer, el presente recurso de revisión por causarme agravios, lo que se hace de su conocimiento para efecto de que se envíe al Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa en turno, con las copias simples que se adjuntan para la distribución entre las partes ...’. ‘José Quezada Pérez, autorizado en el presente asunto, en términos del artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ante esa H. Sala Superior con el debido respeto comparezco y expongo: Con fundamento en el artículo 88 de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en relación con el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estando en tiempo y forma vengo a interponer el presente recurso de revisión, en contra de la resolución de 8 de noviembre del presente año, dictada por la Sala Superior de este Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, expresando los siguientes: ...’. Cabe precisar que si bien José Quezada Pérez se encuentra autorizado en términos del artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que establece: ‘Artículo 35. Las partes podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, las personas autorizadas quedan facultadas para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas y alegar en la audiencia respectiva. Si son varios los actores, los terceros perjudicados o las autoridades, deberán designar a sus respectivos representantes comunes que estarán facultados para actuar en los términos del párrafo anterior. La representación en juicio terminará en el momento de la revocación del nombramiento respectivo, o en su caso, hasta que haya sido ejecutada la sentencia correspondiente.’. Lo cierto es que dicho precepto no le otorga legitimación para interponer el presente recurso de revisión, en tanto que éste se refiere a la autorización que las partes pueden otorgar a cualquier persona con capacidad legal, para que dentro del juicio contencioso puedan oír y recibir notificaciones, las cuales quedan también facultadas dentro de dicho procedimiento para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, y alegar en la audiencia; empero, no así para interponer el recurso de revisión como del que se trata. En este sentido, se debe concluir que evidentemente carece de legitimación para interponer el recurso que intenta, en términos del artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que lo procedente es desecharlo. No es óbice a la anterior conclusión, la circunstancia de que por auto de fecha dieciséis de abril de dos mil dos, se haya admitido el recurso de que se trata, toda vez que en relación con el Pleno del tribunal, dichos autos no causan estado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número VIII.2o. J/8, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 69, Número 54, junio de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AUTOS DE PRESIDENCIA NO CAUSAN ESTADO EN RELACIÓN CON EL TRIBUNAL COLEGIADO. De conformidad con los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados se integran con tres Magistrados y sus resoluciones deben tomarse por unanimidad o mayoría de votos. Por ende, los autos de presidencia, de dichos tribunales, respecto a la admisión del asunto, sólo corresponden a un examen preliminar del negocio, pues el estudio definitivo corresponde al órgano colegiado; de ahí que los referidos autos de presidencia no causen estado en relación con el Pleno del propio tribunal.’."

Recurso de revisión contenciosa administrativa 12/2002.

"TERCERO. Resulta innecesario realizar la transcripción de los conceptos de agravio en atención a que respecto a la legitimación de las personas autorizadas por las autoridades demandadas en los juicios contencioso administrativos, en términos de lo establecido en el artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y atendiendo a lo dispuesto por el diverso numeral 88 de ese mismo ordenamiento legal, este Tribunal Colegiado llega a la siguiente determinación. Este Tribunal Colegiado estima que debe desecharse el recurso de revisión interpuesto por Emilio Soria Morales, quien se ostenta como autorizado en términos del artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en contra de la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil uno, por la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por carecer de legitimación procesal para interponerlo. Lo anterior es así, toda vez que debe tenerse presente lo dispuesto por los artículos 87 y 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que establecen: (se transcriben). De la transcripción anterior se observa que no se establece que las autoridades puedan interponer el recurso de revisión por conducto de sus autorizados, pues únicamente se establece que las autoridades podrán interponer ese medio de defensa. De ahí que el referido autorizado no tiene legitimidad para interponer el recurso de revisión en términos del artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en la medida de que, como se advierte de la anterior transcripción, dicho recurso se estableció para que las autoridades combatan las resoluciones que dicte la Sala Superior del citado tribunal, al resolver el recurso de apelación que, en su caso, interponga cualquiera de las partes en contra de las resoluciones de las Salas de dicho tribunal que decreten o nieguen sobreseimiento, las que resuelvan el juicio o la cuestión planteada en el fondo, y las que pongan fin al procedimiento. Esto es, conforme a lo establecido en el artículo 88 de la ley en comento, el recurso de revisión debe ser interpuesto por las autoridades, de lo que es dable concluir que son las autoridades demandadas en el juicio contencioso las legitimadas para interponerlo; sin embargo, de las constancias que integran el juicio contencioso, concretamente de la demanda, no se advierte que el actor le haya atribuido el carácter de autoridad demandada al recurrente. Consecuentemente, Emilio Soria Morales no tiene legitimación para interponer el recurso de revisión, en virtud de que, por una parte, el citado precepto no señala que éste pueda ser interpuesto por conducto de diversa autoridad, o bien, por los autorizados en términos del artículo 35 de la propia Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues es específico al señalar que ‘las autoridades podrán interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente’; y por otro lado, no se advierte que el mencionado autorizado lo haya interpuesto, con fundamento en algún precepto que le otorgue legitimación para tal efecto, tal como se desprende, tanto del oficio de presentación de dicho recurso como del propio oficio que contiene la expresión de agravios. Así es, el autorizado en los oficios antes precisados, en la parte que en este punto interesa, señaló lo siguiente: (se transcribe). Cabe precisar que Emilio Soria Morales, se ostenta como autorizado en términos del artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, del director general de Regulación y Gestión Ambiental de Agua, Suelo y Residuos, así como de Daniel Varela Moreno, Antonio Servín Castillo y Rogelio Jiménez Olivero, verificadores administrativos de la Dirección General de Regulación y Gestión Ambiental, de Agua, Suelo y Residuos del Distrito Federal, autoridades demandadas en el juicio de nulidad A-12961/2000. De las promociones glosadas al juicio de nulidad, se observa que efectivamente, tuvieron la calidad de demandados el director general de Regulación y Gestión Ambiental de Agua, Suelo y Residuos, y los verificadores administrativos de la Dirección General de Regulación y Gestión Ambiental, de Agua, Suelo y Residuos del Distrito Federal, Daniel Varela Moreno, Antonio Servín Castillo y Rogelio Jiménez Olivero, por los cuales contestó la demanda en su representación, el director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, autorizando para los efectos del artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, entre otras personas, al licenciado Emilio Soria Morales. Por su parte, el artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, señala lo siguiente: (se transcribe). Del primer párrafo de dicho numeral se aprecia que las partes pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír y recibir notificaciones en su nombre, y que éstas quedan facultadas para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas y alegar en la audiencia respectiva. Sin embargo, de la lectura integral del referido precepto puede desprenderse que se refiere únicamente a la representación en la sustanciación de los juicios ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues en él se establece que la referida representación legal concluirá con la revocación de la misma o con la terminación del juicio, y se refiere a las partes en dichos juicios, no únicamente a las autoridades. Por lo que si bien el artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal autoriza a las partes a nombrar personas para oír y recibir notificaciones, sin embargo, ello no implica que el autorizado a que se refiere dicho numeral esté facultado para interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado previsto por el artículo 88 de la propia ley. En este orden de ideas, dicho precepto no le otorga legitimación para interponer el presente recurso de revisión, en tanto que éste se refiere a la autorización que las partes pueden otorgar a cualquier persona con capacidad legal, para que dentro del juicio contencioso puedan oír y recibir notificaciones, las cuales quedan también facultadas dentro de dicho procedimiento para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas y alegar en la audiencia, empero, no así para interponer el recurso de revisión como del que se trata. Esto es, ni el artículo 35 ni el 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal facultan al autorizado a promover el recurso de revisión contenciosa administrativa en representación de las autoridades demandadas, pues es inexacto que del primero de los numerales invocados surja la facultad que pretende el recurrente. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el artículo 104, fracción I-B, constitucional establece: ‘Artículo 104. Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer: ... I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno.’. En ese precepto se establece la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de las revisiones contenciosas administrativas y dispone que su tramitación se sujetará a lo previsto por la Ley de Amparo para las revisiones en amparo indirecto. Asimismo, se tiene en consideración que el artículo 19 de la Ley de Amparo, sostiene que las autoridades no podrán ser representadas en el juicio. Ahora bien, como en este caso la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no establece la interposición del recurso de revisión contemplado en el artículo 88 de ese ordenamiento legal por conducto de un autorizado, conforme al artículo constitucional antes invocado, deberá la tramitación del recurso que nos ocupa sujetarse a las reglas establecidas en la Ley de Amparo para la revisión en amparo indirecto, y de acuerdo a ello las autoridades no pueden ser representadas, por lo que si bien es verdad Emilio Soria Morales fue autorizado por las demandadas en el juicio de nulidad, en términos del artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, lo cierto es que no puede acudir mediante esta revisión a defender los intereses del director general de Regulación y Gestión Ambiental de Agua, Suelo y Residuos del Distrito Federal, así como de los verificadores administrativos de la Dirección General de Regulación y Gestión Ambiental, de Agua, Suelo y Residuos del Distrito Federal citados con antelación, porque el artículo que regula la procedencia del recurso de revisión contenciosa administrativa no prevé tal situación, y en la revisión en amparo indirecto las autoridades no pueden ser representadas. Consecuentemente, se hace evidente que el mencionado autorizado carece de facultades para interponer el recurso que intenta, en términos del artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que lo procedente es desecharlo. Al efecto, se invoca la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 508, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, que a la letra dice: ‘AUTORIDAD RESPONSABLE. NO PUEDE SER REPRESENTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS LA. El artículo 19 de la Ley de Amparo establece: «Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo.» Por tanto, si quien interpone el recurso de revisión lo hace en representación de la autoridad señalada como responsable en la demanda de garantías, tal circunstancia pone de manifiesto que el recurso en cuestión fue interpuesto por quien carece de facultad legal para representar a la autoridad responsable en el juicio constitucional, en virtud de que la Ley de Amparo no contiene ningún precepto que faculte a la autoridad responsable para hacerse representar en el juicio de garantías.’. No es óbice a la anterior conclusión, la circunstancia de que por auto de fecha dieciséis de abril de dos mil dos, se haya tenido por interpuesto el recurso de que se trata, toda vez que en relación con el Pleno del tribunal dichos autos no causan estado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número VIII.2o. J/8, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 69, Número 54, junio de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AUTOS DE PRESIDENCIA NO CAUSAN ESTADO EN RELACIÓN CON EL TRIBUNAL COLEGIADO.’ (se transcribe). Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos el expediente RCA. 8/2002, siendo ponente la Magistrada Norma Lucía Piña Hernández, en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil dos ..."

Recurso de revisión contenciosa administrativa 16/2002.

"TERCERO. Resulta innecesario realizar la transcripción de los conceptos de agravio hechos valer, en atención a que respecto a la legitimación de las personas autorizadas por las autoridades demandadas en los juicios contenciosos administrativos, en términos de lo establecido en el artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y atendiendo a lo dispuesto por el diverso numeral 88 de ese mismo ordenamiento legal, este Tribunal Colegiado llega a la siguiente determinación. Este Tribunal Colegiado estima que debe desecharse el recurso de revisión interpuesto por Rubén Gallegos Gallegos, quien se ostenta como autorizado en términos del artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en contra de la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil uno, por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por carecer de legitimación procesal para interponerlo. Lo anterior es así, en atención a lo dispuesto por los artículos 87 y 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que establecen: (se transcriben). De la transcripción anterior se desprende que las disposiciones legales aplicables no establecen que las autoridades puedan interponer el recurso de revisión por conducto de sus autorizados, pues únicamente se refiere al hecho de que serán las autoridades quienes podrán interponer ese medio de defensa. De ahí que se estime que el referido autorizado no tiene legitimidad para interponer el recurso de revisión en términos del artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en la medida de que, como se advierte de la anterior transcripción, dicho recurso se estableció para que las autoridades demandadas combatan las resoluciones que dicte la Sala Superior del citado tribunal al resolver el recurso de apelación que, en su caso, interponga cualquiera de las partes en contra de las resoluciones de las Salas de dicho tribunal que decreten o nieguen sobreseimiento, las que resuelvan el juicio o la cuestión planteada en el fondo, y las que pongan fin al procedimiento. Esto es, conforme a lo establecido en el artículo 88 de la ley en comento, el recurso de revisión debe ser interpuesto por las autoridades, de lo que es dable concluir que son las autoridades demandadas en el juicio contencioso las legitimadas para interponerlo; sin embargo, de las constancias que integran el juicio contencioso, no se advierte que el actor le haya atribuido el carácter de autoridad demandada al recurrente. Consecuentemente, Rubén Gallegos Gallegos no tiene legitimación para interponer el recurso de revisión, en virtud de que, por una parte, el citado precepto no señala que éste pueda ser interpuesto por conducto de diversa autoridad, o bien, por los autorizados en términos del artículo 35 de la propia Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues es específico al señalar que ‘las autoridades podrán interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente’; y por otro lado, no se advierte que la mencionada autorizada lo haya interpuesto, con fundamento en algún precepto que le otorgue legitimación para tal efecto, tal como se desprende, tanto del oficio de presentación de dicho recurso como del propio oficio que contiene la expresión de agravios. Así es, el autorizado en los oficios antes precisados, en la parte que en este punto interesa, señaló lo siguiente: (se transcribe). Cabe precisar que Rubén Gallegos Gallegos se ostenta como autorizado en términos del artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, del delegado del Gobierno del Distrito Federal en Iztacalco, autoridad demandada en el juicio de nulidad 4242/99. De las promociones glosadas al juicio de nulidad, se observa que efectivamente tuvo la calidad de demandada la delegada del Gobierno del Distrito Federal en Iztacalco, quien contestó la demanda, autorizando para los efectos del artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, entre otras personas, al licenciado Rubén Gallegos Gallegos. Por su parte, el artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, señala lo siguiente: (se transcribe). Del primer párrafo de dicho numeral se aprecia que las partes pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír y recibir notificaciones en su nombre, y que éstas quedan facultadas para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas y alegar en la audiencia respectiva. Sin embargo, de la lectura integral del referido precepto puede desprenderse que se refiere únicamente a la representación en la sustanciación de los juicios ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues en él se establece que la referida representación legal concluirá con la revocación de la misma o con la terminación del juicio, y se refiere a las partes en dichos juicios, no únicamente a las autoridades. Por lo que si bien el artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal autoriza a las partes a nombrar personas para oír y recibir notificaciones; sin embargo, ello no implica que el autorizado a que se refiere dicho numeral, esté facultado para interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado previsto por el artículo 88 de la propia ley. En este orden de ideas, dicho precepto no le otorga legitimación para interponer el presente recurso de revisión, en tanto que éste se refiere a la autorización que las partes pueden otorgar a cualquier persona con capacidad legal, para que dentro del juicio contencioso puedan oír y recibir notificaciones, las cuales quedan también facultadas dentro de dicho procedimiento para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas y alegar en la audiencia, empero, no así para interponer el recurso de revisión como del que se trata. Esto es, ni el artículo 35 ni el 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal facultan a la autorizada a promover el recurso de revisión contencioso administrativo en representación de las autoridades demandadas, por lo que resulta inexacto que del primero de los numerales invocados surja la facultad que pretende la recurrente. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el artículo 104, fracción I-B, constitucional establece: (se transcribe). En este precepto, se establece la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de las revisiones contenciosas administrativas y dispone que su tramitación se sujetará a lo previsto por la Ley de Amparo para las revisiones en amparo indirecto. Asimismo, se tiene en consideración que el artículo 19 de la Ley de Amparo sostiene que las autoridades no podrán ser representadas en el juicio. Ahora bien, como en este caso, la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no establece la interposición del recurso de revisión contemplado en el artículo 88 de ese ordenamiento legal, por conducto de un autorizado, conforme al artículo constitucional antes invocado, la tramitación del recurso que nos ocupa deberá sujetarse a las reglas establecidas en la Ley de Amparo para la revisión en amparo indirecto, y de acuerdo a ello las autoridades no pueden ser representadas, por lo que si bien es verdad que el licenciado Rubén Gallegos Gallegos fue autorizado por las demandadas en el jui

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18305-706c174c/contencioso-administrativo-del-distrito-federal-los-autorizados-por-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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