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Modo: Corpus Pro

REVOCACIÓN. EL PLAZO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 129, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA AMPLIAR ESE RECURSO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LA QUE LA AUTORIDAD DÉ A CONOCER AL PARTICULAR EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE MANIFESTÓ DESCONOCER AL INTERPONERLO, ASÍ COMO SU NOTIFICACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2003-SS. · Registro digital (IUS): 17790
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRAT
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, , Pág. 429.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC-GREGOR POISOT.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al fallar la revisión fiscal 26/2002 el nueve de mayo de dos mil dos, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. Es fundado el único concepto de agravio formulado por la parte recurrente. De la lectura de la sentencia sujeta a revisión se advierte que la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa decretó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 325-SAT-R4-L33-V-02912, de fecha veinticinco de abril de dos mil uno, emitida por el administrador local jurídico de Aguascalientes, a través de la cual se sobreseyó el recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa resolución, en la que se impuso a Bordadora Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, una multa por la cantidad de veintiséis mil trescientos cincuenta y dos pesos. Para resolver en la forma en que lo hizo, la Sala Fiscal se apoyó en que el escrito de ampliación del recurso administrativo de revocación sí fue presentado dentro del término de cuarenta y cinco días previsto por la fracción II del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, ya que, según consideró, al efectuar el cómputo respectivo debe tomarse en cuenta que las notificaciones surten efectos al día siguiente en que se practican, conforme a lo establecido en el numeral 135 del citado código tributario; por lo que si el acto administrativo le fue dado a conocer a la parte actora el primero de noviembre de dos mil, entonces la notificación surtió efectos el día dos de noviembre de esa anualidad, y el término para la ampliación del recurso transcurrió del tres de noviembre de dos mil al veinticuatro de enero de dos mil uno, que fue la fecha de presentación del escrito respectivo. Ahora bien, en contra de tales determinaciones, el administrador local jurídico de Aguascalientes sostiene que la Sala Fiscal efectuó una interpretación incorrecta de la ley, toda vez que en el caso no debe atenderse a la regla general conforme a la cual surten efectos las notificaciones, sino a la regla especial prevista por el artículo 129, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que establece expresamente que el plazo para la ampliación del recurso administrativo de revocación inicia a partir del día siguiente al en que la autoridad da a conocer el acto al contribuyente, y no después de que la notificación surte sus efectos. Estos argumentos son esencialmente fundados. El artículo 129, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación establece textualmente: ‘Artículo 129. Cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los recurribles conforme al artículo 117, se estará a las reglas siguientes: I. Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la notificación se hará valer mediante la interposición del recurso administrativo que proceda contra dicho acto, en el que manifestará la fecha en que lo conoció. En caso de que también impugne el acto administrativo, los agravios se expresarán en el citado recurso, conjuntamente con los que se formulen contra la notificación. II. Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento interponiendo el recurso administrativo ante la autoridad fiscal competente para notificar dicho acto. La citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiera practicado, para lo cual el particular señalará en el escrito del propio recurso, el domicilio en que se le debe dar a conocer y el nombre de la persona facultada al efecto. Si no hace alguno de los señalamientos mencionados, la autoridad citada dará a conocer el acto y la notificación por estrados. El particular tendrá un plazo de cuarenta y cinco días a partir del siguiente al en que la autoridad se los haya dado a conocer para ampliar el recurso administrativo, impugnando el acto y su notificación o sólo la notificación.’. Como puede verse, cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, deben distinguirse dos situaciones, a saber: 1. Cuando el particular afirme conocer el acto administrativo, la impugnación de la notificación y, en su caso, del propio acto, se hará valer mediante la interposición del recurso administrativo que resulte procedente. 2. Si el gobernado niega conocer el acto administrativo, deberá interponer el recurso administrativo ante la autoridad que sea competente para notificar ese acto, la cual se lo comunicará conjuntamente con la notificación que del mismo se hubiere practicado, a fin de que el particular, si así lo desea, amplíe el recurso en un plazo de cuarenta y cinco días a partir de aquel en que se le hayan dado a conocer. Tratándose de la segunda de las hipótesis antes precisadas, podría pensarse, en principio, que la comunicación que la autoridad que conoce del recurso hace al particular, respecto del acto administrativo y su notificación, surte sus efectos hasta el día hábil siguiente, conforme a lo establecido en el numeral 135 del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, la lógica y sistemática interpretación del precepto legal en estudio, en relación con las demás disposiciones que rigen en materia de recursos administrativos, permite concluir que ello no es así. En efecto, tomando en consideración que los diversos artículos 121, 127 y 175 del código tributario disponen expresamente que los términos que en ellos se prevén para la interposición del recurso de revocación se contabilizarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación impugnada, resulta entonces que la fracción II del artículo 129 contiene un tratamiento especial para iniciar el cómputo del término para la ampliación del recurso administrativo, relativo a la impugnación de las notificaciones irregulares, al señalar que dicha ampliación debe interponerse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que la autoridad se lo haya dado a conocer; excepción de la regla general prevista en el citado numeral 135 del mismo ordenamiento legal, ya que además de que con ello no se da margen a que dicha comunicación surta efectos al día siguiente, es evidente que si la voluntad del legislador hubiera sido que para computar el plazo para la ampliación del recurso administrativo se tomara en cuenta la fecha en la que surte efectos la notificación del acto administrativo al particular, entonces así se habría establecido de manera expresa, al igual que en los preceptos anteriormente invocados. Esta conclusión es acorde con la naturaleza y características propias del procedimiento para la impugnación de las notificaciones fiscales, pues debe tenerse presente que éste tiene un trato especial que excluye la aplicación de las normas generales que rigen a las notificaciones, en razón de que la cuestión planteada versa sobre la legalidad de éstas y el momento en que el particular las conoció; de ahí que si la propia autoridad ante quien se promueve el medio de defensa le comunica al recurrente el contenido del acto administrativo y de su notificación, a fin de que decida si impugna conjuntamente ambos o sólo el último de ellos, entonces ya no hay necesidad de esperar a que surta efectos esa comunicación, y el término para formular la ampliación del recurso administrativo inicia a partir del día inmediato posterior, conforme a lo previsto en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que este dispositivo es claro y no admite otra interpretación. Consecuentemente, si en la especie la autoridad administrativa le comunicó a la empresa actora el contenido de la resolución determinante del crédito fiscal a su cargo el día primero de noviembre de dos mil, el término de cuarenta y cinco días para ampliar el recurso administrativo de revocación inició el dos de noviembre de esa misma anualidad y concluyó el veintitrés de enero de dos mil uno; por lo que la ampliación formulada, al haberse presentado hasta el día siguiente, resulta extemporánea."

Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis XXIII.3o.4 A del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 1379, que establece:

"RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN. PLAZO PARA SU AMPLIACIÓN, CUANDO LA AUTORIDAD DIO A CONOCER EL ACTO AL CONTRIBUYENTE. El artículo 129, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación contiene un tratamiento especial para iniciar el cómputo del término para la ampliación del recurso administrativo relativo a la impugnación de las notificaciones irregulares, al señalar que dicha ampliación debe interponerse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que la autoridad se lo haya dado a conocer, hipótesis normativa que constituye una excepción a la regla general prevista en el artículo 133 del mismo ordenamiento legal, pues además de que con ello no se da margen a que dicha comunicación surte efectos al día siguiente, es evidente que si la voluntad del legislador hubiera sido que para computar el plazo se tomara en cuenta la fecha en la que surte efectos la notificación del acto administrativo al particular, así lo habría establecido de manera expresa. Esta conclusión es acorde con la naturaleza y características propias del procedimiento para la impugnación de notificaciones fiscales, pues debe tenerse presente que éste tiene un trato especial que excluye la aplicación de las normas generales que rigen las notificaciones, en razón de que la cuestión planteada versa sobre la legalidad de éstas y el momento en que el particular las conoció; de ahí que si la autoridad ante quien se promueve el medio de defensa le comunica al recurrente el contenido del acto administrativo y de su notificación, a fin de que decida si impugna conjuntamente ambos o sólo el último de ellos, entonces ya no hay necesidad de esperar a que surta efectos esa comunicación y el término para formular la ampliación del recurso administrativo inicia a partir del día inmediato posterior, conforme a lo previsto por el primero de los preceptos citados."

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la revisión fiscal 469/2002 el catorce de marzo de dos mil tres, sostuvo:

"SÉPTIMO. Resulta fundado el único agravio hecho valer, en atención a las siguientes consideraciones: Aduce de manera esencial la recurrente, que la sentencia reclamada viola en su perjuicio el contenido de lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 129, fracción II, segundo párrafo y 135 de dicho ordenamiento legal, al haber determinado que los cómputos a que se refiere el artículo 135, debían prevalecer respecto de lo establecido en el artículo 129 del código tributario federal; sin embargo, aduce que en el primero de los preceptos en cuestión, únicamente se regula el momento en que deben surtir efectos las notificaciones, mas no el momento a partir del cual comenzará a correr el plazo para la ampliación de los recursos de revisión. Considera, además, que en el artículo 129, fracción II, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, se establece que el cómputo de los cuarenta y cinco días para la ampliación del recurso administrativo en cita, comienza a contar desde el día en que surte efectos la notificación correspondiente y no, como estimó la responsable, a partir del día siguiente. Al respecto, resulta necesario precisar lo que establecen los preceptos legales aplicables al caso, como son los artículos 129, fracción II, segundo párrafo y 135 del Código Fiscal de la Federación, que son del contenido literal siguiente: ‘Artículo 129. Cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los recurribles conforme al artículo 117, se estará a las reglas siguientes: ... II. Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento interponiendo el recurso administrativo ante la autoridad fiscal competente para notificar dicho acto. La citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiera practicado, para lo cual el particular señalará en el escrito del propio recurso, el domicilio en que se le debe dar a conocer y el nombre de la persona facultada al efecto. Si no hace alguno de los señalamientos mencionados, la autoridad citada dará a conocer el acto y la notificación por estrados. El particular tendrá un plazo de cuarenta y cinco días a partir del siguiente al en que la autoridad se los haya dado a conocer, para ampliar el recurso administrativo, impugnando el acto y su notificación o sólo la notificación.’. ‘Artículo 135. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación. La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior.’. De la lectura relacionada de los preceptos citados se desprende que por regla general, tratándose de la ampliación de los recursos administrativos, el plazo con que cuenta el particular para su interposición es de cuarenta y cinco días contados a partir del siguiente al en que la autoridad le dé a conocer el acto y su notificación, impugnando el acto y su notificación o sólo la notificación. Ahora bien, las notificaciones de carácter administrativo surten efectos en dos momentos, a saber: 1. Al día hábil siguiente a aquel en que es realizada formalmente. 2. El mismo día en que el interesado o su representante legal manifieste haber tenido conocimiento del acto o resolución administrativos, hipótesis que, a su vez, sólo es aplicable cuando no obren constancias de la notificación al particular o, de existir éstas, en la fecha de la manifestación en que se haya tenido conocimiento del acto o resolución impugnados mediante el recurso. La expresión ‘surtir efectos’ significa que en un determinado momento o fecha, aquella persona a quien va dirigida una notificación se le tiene por legalmente enterada de ésta, con independencia de que materialmente la conozca o no; esto es, se da por sentado que en una hora y día precisos un particular tiene conocimiento de un acto o resolución que puede o no ocasionarle perjuicio. En esa tesitura, partiendo de la premisa de que el conocimiento de las notificaciones tiene lugar al momento en que surten efectos, por considerarse que se encuentran realizadas por el notificador en los términos que dispone la ley, si el artículo 129, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación prevé que tratándose de la ampliación de los recursos administrativos, el plazo con que cuenta el particular para su interposición es de cuarenta y cinco días contados a partir del siguiente al en que la autoridad se los haya dado a conocer, luego, el plazo de los cuarenta y cinco días a que se refiere el citado numeral, debe contarse a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de éstos, ya que dicho plazo se refiere a una excepción a la regla general que rige las notificaciones. En efecto, debe precisarse que el artículo 129, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación establece que el plazo correrá a partir del día siguiente al en que se haya dado a conocer al particular, ello implica que, en el caso, se trata de una excepción a la regla general a que se refiere el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, en el que se precisa que las notificaciones en general surten sus efectos al día siguiente de aquel en que fueron hechas. Así las cosas, contrariamente a lo sostenido por la Sala Fiscal, debe decirse que el supuesto establecido en al artículo 129 del código tributario federal, constituye una excepción a la regla general, de tal forma que en el presente caso no debía tomarse en cuenta cuándo surten efectos las notificaciones conforme a lo establecido en el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, ya que el legislador fue claro al establecer un supuesto distinto respecto del cómputo del plazo a que se refiere el primero de los preceptos citados. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que si en el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación se señala a partir de cuándo corre el plazo respectivo, ello se refiere a una regulación especial, por lo que, en el caso, no resulta adecuado realizar el cómputo del plazo conforme a lo dispuesto en el capítulo respectivo, esto es, con lo dispuesto por el artículo 135 antes citado, ya que como se ha establecido, se trata de una excepción a la regla, atendiendo a una interpretación literal de lo establecido en el primero de los preceptos citados. Por tanto, si en la sentencia recurrida se decidió que el plazo de los cuarenta y cinco días a que se refiere el artículo 129, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación debía iniciarse a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acto impugnado, por disponerlo así el artículo 135 de dicho ordenamiento legal, la Sala responsable realizó una indebida interpretación y aplicación de los preceptos legales citados, por lo que resulta fundado el agravio que se analiza. Sirve de apoyo a la anterior determinación, por analogía, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia identificada con el número 1a./J. 75/99, visible a página 395, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto: ‘REVOCACIÓN, RECURSO DE. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO. EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL, EL TÉRMINO PARA INTERPONERLO FENECE AL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. El artículo 420 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establece una excepción a la regla general de las notificaciones contenida en el artículo 201 del mismo ordenamiento legal, que señala que toda notificación surtirá efectos al día siguiente en que se practique, toda vez que de su redacción se desprende, que el recurso de revocación puede interponerse en el mismo acto en que se notifica el auto de que se trata, dando una segunda opción de que si esto no sucede en ese acto, se tendrá la oportunidad de interponerlo al día siguiente en que se llevó a cabo dicha notificación. Por tanto, no da margen a que surta efectos la notificación al día siguiente conforme lo establece el precepto legal citado en último término.’."

QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al fallar la revisión fiscal 462/2002 el treinta de enero de dos mil tres, textualmente sostuvo:

"SÉPTIMO. El agravio antes transcrito resulta infundado. En efecto, resultan infundados los argumentos de la recurrente, ya que con la emisión de la sentencia recurrida, la Sala a quo no vulnera lo establecido en los artículos 129, fracción II, segundo párrafo y 135 del Código Fiscal de la Federación. Ello es así, en virtud de que como bien lo determinó la Sala a quo, las notificaciones de los actos administrativos se rigen por lo dispuesto en el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, mismo que debió tomar en cuenta la autoridad al momento de emitir la resolución impugnada, por lo que al aplicarlo actuó en forma contraria a derecho, ya que al momento de decretar el sobreseimiento del recurso administrativo de revocación, parte de una premisa equivocada de que el plazo de 45 días hábiles que tenía el recurrente para ampliar su medio de defensa comenzó a correr a partir del día siguiente al en que la autoridad le dio a conocer los actos, esto es, a partir del cuatro de junio de dos mil uno, sustentando su dicho en lo establecido por el artículo 129, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Para dejar plenamente acreditada la ilegalidad en la que incurrió la recurrente, se hace necesario transcribir el texto del artículo 129, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, mismo que a la letra señala: ‘Artículo 129. Cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los recurribles conforme al artículo 117, se estará a las reglas siguientes: ... II. Si el particular niega conocer el acto manifestará tal desconocimiento interponiendo el recurso administrativo ante la autoridad fiscal competente para notificar dicho acto. La citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado, para lo cual el particular señalará en el escrito del propio recurso, el domicilio en que se le debe dar a conocer y el nombre de la persona facultada al efecto. Si no hace alguno de los señalamientos mencionados, la autoridad citada dará a conocer el acto y las notificaciones por estrados. El particular tendrá un plazo de cuarenta y cinco días a partir del siguiente al en que la autoridad se los haya dado a conocer, para ampliar el recurso administrativo, impugnando el acto y su notificación o sólo la notificación.’. Del contenido del precepto transcrito se advierte que si el particular niega conocer el acto y manifiesta tal desconocimiento interponiendo el recurso administrativo ante la autoridad fiscal competente para notificar dicho acto, es obligación de la citada autoridad una vez contestado dicho recurso, dar a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado, en tal virtud, el particular tendrá un plazo de cuarenta y cinco días a partir del siguiente al en que la autoridad se los haya dado a conocer, para ampliar el recurso administrativo, impugnando el acto y su notificación o sólo la notificación. Una interpretación literal del precepto mencionado conduciría a este Tribunal Colegiado a considerar que el cómputo de cuarenta y cinco días para la ampliación del recurso de revocación, debe hacerse a partir del día siguiente al en que la autoridad dé a conocer el acto; sin embargo, tratándose de disposiciones de orden público, como las que en el caso acontecen, el método de interpretación no debe ser literal, restrictivo y aislado, sino relacionado con el conjunto de preceptos que integran el cuerpo normativo y, en el caso concreto, con las disposiciones que regulan lo concerniente al momento en que surten efectos las notificaciones, así como las relacionadas con el cómputo de los términos que deben concederse a las partes para la interposición de los medios de defensa que establece el Código Fiscal de la Federación. Esto es así, en virtud de que para entender el pensamiento del legislador es necesario armonizar o concordar todos los artículos relativos a la cuestión que se trate de resolver para, de esa forma, conocer su naturaleza, ya sea para decidir entre los diferentes sentidos que la letra de la ley pueda ofrecer, ya sea para limitar la disposición, o bien, para extenderla a los casos que el legislador no incluyó, pero que se encuentran evidenciados, pues no debe olvidarse que el órgano legislativo regula de una manera general, mediante las leyes que expide, el conjunto de situaciones jurídicas, y delega en el juzgador la facultad de encajar los casos imprevistos dentro de esas normas generales, valiéndose para ello de los procedimientos de la analogía o de la inducción, o del criterio existente dentro de las normas que de una manera general integran y orientan al orden jurídico vigente, pues de otra manera, esto es, de atender únicamente a la simple interpretación literal de la ley, se restringiría en perjuicio de los gobernados el ejercicio eficaz de su derecho de defensa. En este orden de ideas, dado que el Código Fiscal de la Federación contiene normas generales que regulan lo concerniente a las notificaciones, es con tales preceptos con los que debe armonizarse la interpretación del artículo 129, fracción II, segundo párrafo, del propio ordenamiento, sin que obste para ello que este último dispositivo contemple lo concerniente al término de ampliación del recurso administrativo, pues el artículo que establece las reglas generales de las notificaciones y cómputos, son aplicables a todos los procedimientos que en él se incluyen, incluso, el respectivo a los recursos administrativos, haciéndose necesario, a su vez, transcribir el texto del artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, que dice: ‘Artículo 135. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. ...’. El precepto antes reproducido establece, en forma general, el supuesto en el que las notificaciones surten efectos, esto es, el artículo 135 establece que las notificaciones surten efectos al día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas. La interpretación sistemática del artículo 129, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 135 del mismo ordenamiento, lleva a este Tribunal Colegiado a sostener que el término de cuarenta y cinco días para que el particular amplíe su recurso de revocación, debe computarse a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que le fue dado a conocer por la autoridad en la resolución respectiva, dado que las notificaciones afectan a las partes desde el momento en que surten efectos, y de acuerdo con el artículo 135, antes transcrito, las notificaciones surten efectos al día hábil siguiente en que se realizan; luego, si conforme al artículo 135, ya citado, el cómputo de los términos comienza a correr desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, es claro que en las ampliaciones del recurso de revocación, el término de cuarenta y cinco días para su interposición debe computarse a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del acto respectivo. Conviene añadir que para resolver el conflicto de redacción que existe entre los artículos 135, por un lado, y 129, fracción II, segundo párrafo, por otro, del Código Fiscal de la Federación, se deben interpretar de manera que ambos se coordinen y mantengan su vigencia y aplicación al caso concreto, a fin de que el orden jurídico sea coherente en sus diversas disposiciones y se ajuste a los preceptos que tienden a salvaguardar el exacto cumplimiento de las sentencias fiscales. Los textos de los citados artículos, que difieren en cuanto a su expresión literal, deben interpretarse en el sentido de que habiendo una disposición general, la establecida en el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, ésta debe regir en el cómputo de todos los términos en el procedimiento administrativo y, por consiguiente, si en el artículo 129, fracción II, segundo párrafo, del mismo ordenamiento legal, se indica que el término de cuarenta y cinco días debe contarse a partir del siguiente al de la notificación del acto, dicho texto debe interpretarse en concordancia con la disposición general citada, en el sentido de que la palabra ‘notificación’ se refiere tanto a su realización como a su validez y eficacia, es decir, que en todo caso debe tomarse en consideración que toda notificación se perfecciona y surte sus efectos al día siguiente al en que se practica. Contrariamente a lo alegado por la recurrente, no puede interpretarse que lo dispuesto en el mencionado artículo 129, fracción II, segundo párrafo, constituye una excepción a la regla general, porque falta la razón y la necesidad de hacer el cómputo aludido en forma distinta a lo previsto en el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, pues tratándose, en el citado artículo 129, del término para la ampliación al recurso de revocación, no hay razón para que se suprima el día en que debe surtir efectos la notificación. No es obstáculo a lo anterior, el argumento de la recurrente en el sentido de que el artículo 135 únicamente regula cuándo surten efectos las notificaciones, pero no cuándo empiezan a correr los plazos, puesto que un aspecto no puede ser desligado del otro, ya que para que empiece a correr un plazo, es necesario que, en primer lugar, la notificación del acto haya surtido sus efectos. Amén de que la anterior circunstancia no debe limitar al intérprete de la ley para unificar el ordenamiento legal en aquellos casos en que el legislador estimó innecesario reiterar una disposición general, dirigida a todos aquellos casos en que la misma pueda y deba ser aplicada, sin que pueda considerarse que la misión del intérprete de la ley se limite invariablemente a aplicar el texto ateniéndose al sentido literal de la norma, pues está obligado a desprender la regla jurídica que esté conforme con el sistema normativo. Por otro lado, el argumento de la recurrente en el sentido de que en el Código Fiscal de la Federación existen diversos plazos para la realización de determinados actos, con motivo de la notificación de un acto de autorid

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17790-8dc0e6ca/revocacion-el-plazo-que-preve-el-articulo-129 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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