LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA JURISPRUDENCIA PLENARIA 9/96 OBLIGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA CONCESORIA, ASÍ COMO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIO: EDUARDO FERRER MAC GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracciones VIII y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 1/1997, punto tercero, fracción V, emitido por el Tribunal Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, toda vez que la misma se refiere a la aplicabilidad de un criterio ya establecido jurisprudencialmente por el Pleno de este Alto Tribunal en materia común, lo que hace innecesaria su intervención y actualiza la hipótesis a que se refiere el punto tercero, fracción V, del Acuerdo 1/1997 referido.
SEGUNDO.-La posible contradicción de tesis fue denunciada por persona legitimada para ello, de conformidad con lo siguiente:
Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establecen en la parte conducente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ... La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
Ley de Amparo:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.-La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.-La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Los preceptos antes reproducidos establecen los lineamientos para la integración de la jurisprudencia por el sistema de unificación, a través de la resolución de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Tanto el artículo 107, fracción XIII, del Código Político, como el 197-A de la Ley de Amparo, establecen que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes o los Magistrados que los integran o las partes que intervinieron en los asuntos en que tales tesis contradictorias hubieran sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios. Como se advierte, la enumeración de los órganos, servidores públicos o personas que pueden denunciar la contradicción es limitativa y se reduce a los supuestos anteriormente señalados.
En el presente caso, la contradicción de tesis es denunciada por parte legítima, al haberse formulado por la parte quejosa en el juicio de amparo en revisión número 1041/98, tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, ejecutoria que contiene uno de los criterios que se estiman contradictorios.
TERCERO.-A efecto de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, resulta procedente transcribir las consideraciones contenidas en las ejecutorias que contienen las tesis cuya contradicción se denuncia.
En el amparo en revisión número 1041/98, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"SEGUNDO.-La sentencia impugnada fue notificada a la tercera perjudicada María Martha Chaires Inostroza el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, y a la parte quejosa hoy también recurrente el uno de septiembre del mismo año y los escritos de revisión se presentaron el once y diecisiete del mismo mes y año, respectivamente, de donde se concluye que fueron interpuestos en tiempo.-TERCERO.-El Juez de Distrito fundó la sentencia recurrida en las consideraciones siguientes: ‘SEGUNDO.-Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, ya que así lo manifiestan en su informe justificado, remitiendo el Juez responsable diversas constancias certificadas como apoyo de su informe y justificación de sus actos.-TERCERO.-Los conceptos de violación expresados por los quejosos en torno de que los actos reclamados son violatorios de garantías en su perjuicio, porque no fueron emplazados legalmente al juicio ordinario civil del que provienen los actos reclamados, lo que les impidió ser oídos y vencidos en el procedimiento, resultan fundados.-En efecto, los quejosos sostienen que son propietarios del inmueble con superficie de un mil doscientos setenta y seis metros cuadrados, ubicado en la esquina formada por las calles Aldama y Lorenzo Barcelata, zona centro, de Pánuco, Veracruz, conocido como «Antiguo Cuartel», y exhibieron al efecto copia certificada del tercer testimonio de la escritura pública número doscientos sesenta y cinco mil trescientos treinta y seis, relativa a la protocolización y adjudicación a título de herencia, de bienes de la sucesión testamentaria de la finada Lorenza Isabel Maza Etienne de Autrey con la que acreditan tal derecho; que el inmueble se encuentra inscrito a su nombre en el Registro Público de la Propiedad; reclaman el emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ordinario civil número 293/97, (sic) prescripción positiva, seguido en su contra por María Martha Chaires Inostroza, que culminó con la sentencia definitiva donde se considera que operó en favor de la actora la prescripción positiva, deja sin efecto los derechos de propiedad de los demandados sobre el referido inmueble, condena al encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a la cancelación parcial de las inscripciones respectivas a favor de los demandados, así como la inscripción de ese fallo para que le sirva a la actora como título supletorio de dominio.-Aducen los quejosos que el emplazamiento es ilegal, ya que es un contrasentido que la actora haya reclamado el bien inmueble referido, sobre la base de que tiene la posesión física y material de ese predio y al mismo tiempo, haya señalado como domicilio de los demandados el mismo bien inmueble materia de la prescripción, por lo que el Juez natural no debió ordenar emplazarlos en ese lugar, de donde resulta ilegal el referido emplazamiento, pues el «actuario» no pudo haberse cerciorado que los demandados tienen su domicilio en el bien inmueble materia de la prescripción, dado que la actora en el juicio de origen aduce que tiene la posesión física y material del mismo, máxime que el inmueble se encuentra desocupado.-Ahora bien, de las constancias remitidas por el Juez Mixto de Primera Instancia de Pánuco, Veracruz, en apoyo de su informe justificado, relativas al juicio ordinario civil número 293/997, promovido por María Martha Chaires Inostroza, contra Lorenza Maza Etienne de Autrey y otros, sobre prescripción positiva se advierte la diligencia de emplazamiento, que dice: «En la ciudad de Pánuco, Veracruz, siendo las 11:55 horas del día diecisiete del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete el suscrito, ciudadano licenciado Oliverio Hernández Grez, secretario de acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito Judicial en unión del Lic. Rafael Fernández Rojas, como abogado patrono de la parte actora, con las formalidades de ley, nos constituimos en el domicilio ubicado en calle Aldama esquina con calle Lorenzo Barcelata, zona centro de esta ciudad y cerciorado de que es el domicilio, por así manifestármelo la C. Marcela Vega quien se encuentra en este domicilio requiere la presencia de los CC. Adolfo Íñigo, Carlos Fco., (sic) Sergio Miguel, Javier Desiderio, Lorenza Emelia, Zita Luz y Gabriela Autrey Maza y Lorenza Maza de Autrey, por lo que procedo a darle lectura al auto de fecha dieciséis de octubre del año en curso, corriéndole traslado con la copia simple de la demanda, emplazándole para que conteste la demanda dentro del término de nueve días, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se le tendrá por confeso de los hechos de la demanda o de los que callare y por acusada su rebeldía, asimismo, le hago saber que en el término concedido deberá señalar domicilio en esta ciudad, dónde oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, las mismas, aun las de carácter personal, se le harán por los estrados del juzgado, dejándole instructivo de notificación del auto que se notifica y enterada dijo: Que lo oye, recibe la copia simple de la demanda así como el instructivo de notificación y que no firma por no estar autorizada para ello. Con lo que se da por terminada la presente, firmando al calce los que en ella intervinieron. Doy fe.». De lo supratranscrito se advierte que el diligenciario realmente no asentó elementos aptos y suficientes para el requisito previo de cercioramiento, respecto de si los demandados vivían en el domicilio señalado para la práctica de la diligencia del emplazamiento, para así estimar satisfecha la exigencia consignada en el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, consistente en que la persona que practique la primera notificación debe cerciorarse que en el lugar en que pretende llevar a cabo la misma, vive el demandado, pues dicho precepto legal, en lo conducente establece: « ...no encontrándose al que deba ser notificado o si está cerrada la casa, después de cerciorarse el notificador de que ahí vive, se le dejará instructivo ...», sin que sea obstáculo a lo anterior, que el diligenciario en el acta de emplazamiento haya asentado «... nos constituimos en el domicilio ...» ubicado en calle Aldama esquina con calle Lorenzo Barcelata, zona centro de esta ciudad, y cerciorado de que es el domicilio, por así manifestármelo la C. Marcela Vega quien se encuentra en este domicilio, pues es claro que con ello no se satisface la exigencia contenida en el numeral 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ya que no se puede aceptar que el diligenciario se haya cerciorado de que los demandados vivían en el lugar señalado por la actora en la demanda por la sola manifestación de quien dijo llamarse Marcela Vega, a quien, según se dice se encontró en el domicilio, pues no se expresa cómo se cercioró el diligenciario, por sí, de que se constituía en el lugar correcto, máxime si se considera que la propia actora, en los hechos de la demanda original manifestó que tiene la posesión física y material de ese inmueble, pues si ella aseveró tener la posesión material del inmueble, es ilógico señalar que los demandados vivían en el mismo domicilio. Aunado a lo anterior, con la testimonial ofrecida por los quejosos rendida por Raúl Pazzi Seguera y José Luis García Mireles, demuestran que no tienen su domicilio en el lugar señalado por la actora, pues los testigos, quienes al contestar las preguntas tres, cuatro y cinco directas, fueron contestes al manifestar que los quejosos tienen su domicilio y viven en lugares diversos al en que se ubica el inmueble materia de la controversia, y que en dicho lugar no vive nadie ni ha vivido nadie, testimonios que fueron rendidos de acuerdo a lo establecido por el artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que sus emitentes convienen en lo esencial, del acto que refirieron, los hechos que narraron los conocieron por sí mismos, es decir, por medio de sus sentidos y no por inducciones ni por referencias de otros, sus declaraciones son claras y precisas y no aparece prueba alguna en el expediente de la que se advierta que hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno y dieron fundada razón de su dicho. Además consta en autos el primer testimonio de la escritura número veintisiete mil cuatrocientos noventa y siete, pasada ante la fe del notario público número diecisiete del Distrito Federal, relativa a la información testimonial aclaratoria de domicilio de los solicitantes de amparo, asistidos de sus testigos Patricia Cecilia Silvertz Casillas, Francisco Tulio Guerrero Domínguez y Raúl Quintanilla Ochoa, en donde se asienta que Sergio Miguel Ángel (sic) y Adolfo Íñigo Autrey Maza tienen su domicilio en calle Netzahualcóyotl, número setenta y nueve, colonia Centro, en México, Distrito Federal; Xavier Desiderio tiene su domicilio en Campos Elíseos número uno, primer piso, colonia Polanco, México, Distrito Federal; Zita Luz, Lorenza Emelia, Carlos Francisco (sic) y Gabriela Mercedes Autrey Maza, tienen su domicilio en calle de Rincón del Bosque, número sesenta y tres, en los pisos noveno, octavo, décimo y octavo respectivamente, colonia Rincón del Bosque, México, Distrito Federal, testimonio que, si bien fue objetado por la tercero perjudicado, merece valor indiciario al adminicularse con otros documentos exhibidos consistentes en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito Inverlat a nombre de Sergio Miguel, Xavier Desiderio, Zita Luz; estado de cuenta de cheques moneda nacional Banamex a nombre de Lorenza Emelia; estado de cuenta de socios de Jockey Club Mexicano a nombre de Carlos Francisco y estado de cuenta a nombre de Adolfo Íñigo, del Club de Banqueros de México, todos de apellidos Autrey Maza, así como copia certificada del estado de cuenta Banamex a nombre de Lorenza, y estado de cuenta Inverlat a nombre de Zita Luz de apellidos Autrey Maza, de los que se advierte que tienen un domicilio distinto al lugar donde se les emplazó al juicio ordinario civil de origen.-Por lo que, en la especie, se arriba a la convicción de que en el caso particular no se satisface la exigencia contenida en el numeral 76 del código adjetivo civil para el Estado, por cuanto al cercioramiento de que en el aludido domicilio vivieran los demandados, pues tal cercioramiento debe considerarse como esencial en toda notificación, ya que su objeto es el de que tenga la certeza de que se llegó al conocimiento de esa parte, el llamamiento a juicio, que a través de dicha diligencia se efectúa; consecuentemente debe decirse que la diligencia de emplazamiento reclamada se practicó en contravención a las formalidades consignadas en el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, lo que hace que el emplazamiento al juicio natural sea ilegal y por ende violatorio de las garantías de legalidad y audiencia contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.-Conclusión que debe hacerse extensiva a las diversas actuaciones habidas en el juicio natural, con posterioridad a ese ilegal emplazamiento pues no constituyen sino consecuencia de un acto violatorio de garantías. Es aplicable al caso la jurisprudencia 248, consultable en la página ciento sesenta y nueve, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: «EMPLAZAMIENTO. FALTA DE.», así como la jurisprudencia 251, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en las páginas de la ciento sesenta y ocho a la ciento setenta, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice antes citado, cuyo rubro es: «EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN.». En tales condiciones, es procedente conceder a los quejosos el amparo y protección que solicitan, para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia de Pánuco, Veracruz, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil número 293/997, promovido por María Martha Chaires Inostroza y sus consecuencias a partir del emplazamiento, única y exclusivamente por lo que a tales quejosos corresponde.-Vista la conclusión a que se arribó, la protección de la Justicia Federal se debe hacer extensiva por lo que hace a los actos de ejecución reclamados del encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Pánuco, Veracruz, al no constituir sino frutos de un acto inconstitucional.’.-CUARTO.-María Martha Chaires Inostroza, en su carácter de tercera perjudicada, señala como agravios los siguientes: ‘1. El veredicto por esta vía impugnado (sic) es violatorio de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, al resultar incongruente con las constancias de autos.-En efecto, de las constancias que por vía de informe justificado, remitió la autoridad responsable ordenadora, claramente se advierte que la diligencia que con fecha 17 de octubre del año próximo pasado, llevada a cabo por el secretario de acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Pánuco, Veracruz, cumplió cabalmente con lo preceptuado por el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles y resulta inexacta la aseveración del Juez a quo de que dicha diligencia no contiene elementos aptos y suficientes para lograr el cercioramiento de que los demandados viven en el domicilio señalado para la práctica de la diligencia de emplazamiento.-Resulta ilógico el criterio que en el sentido referido sostiene el juzgador de primer grado, habida cuenta que, el artículo 76 del invocado ordenamiento solamente requiere un cercioramiento del notificador de que en el domicilio en donde lleva a cabo la diligencia, viven los demandados y tal exigencia se colma en el presente caso, con el dicho de la persona llamada Marcela Vega, quien en el momento de la diligencia que se impugna, manifestó que los demandados ahí tienen su domicilio. El Juez a quo, contrario a la interpretación lógica y jurídica del citado numeral 76 del cuerpo de leyes invocado, adiciona requisitos que no contempla expresamente dicha disposición, por lo que, a juicio del suscrito, la conclusión a que llegó de que tal diligencia no cumple con los particulares del citado numeral, es contraria al invocado canon. El diligenciario se cercioró por sí de que el domicilio en donde realizaba la diligencia es el de los demandados, precisamente por el dicho de la persona que precisamente (sic) en dicho lugar se encontraba. Por lo que resulta errónea la aseveración del juzgador de primer grado, de que tal diligencia es contraria al multicitado artículo 76.-También resulta ilógico que el juzgador a quo, señale que, precisamente el domicilio de los demandados sea el mismo exactamente que el ubicado en el inmueble prescrito, porque si bien es cierto que así se señaló, no es menos cierto que, la diligencia señalada pudo llevarse a cabo en un anexo al sitio por prescribir en virtud de que, no existe prueba contundente que indique que el emplazamiento se llevó a efecto en el mismo lugar y en el inmueble, que prescribió la tercera perjudicada en este juicio, porque de haber sido así ¿cómo se explica que la C. Marcela Vega se haya encontrado en un inmueble desocupado? La presencia de dicha persona en el domicilio en donde se verificó el emplazamiento, pone de relieve que, dicha diligencia se verificó con las formalidades que para su realización señala el artículo 76 multicitado.-Respecto a la valorización de las declaraciones de los testigos Raúl Pazzi Seguera y José Luis García Mireles es incierto que hayan sido contestes y uniformes en sus declaraciones y que hayan dado fundada razón de su dicho. Veamos en primer término lo declarado por el primero de los citados testigos: Si lo declarado en las preguntas tres, cuatro y cinco directas, al testigo le consta porque toda su vida ha vivido en Pánuco y que ahí nació y que ese lugar ha estado vacío y que ha sido siempre de los Autrey, obvio es que, dicha razón de su dicho resulta insuficiente para fundar lo atestado porque el hecho y la circunstancia de que una persona haya vivido toda su vida en Pánuco y que ahí haya nacido, no implica necesariamente que conozca las circunstancias y los particulares de su declaración; si lo anterior es así, es obvio que dicho testimonio se encuentra en desacuerdo con el numeral 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles y carece de importancia que los testigos hayan coincidido en lo esencial en sus respectivos atestados, si de la razón de sus respectivos dichos, no crea convicción de que conocen lo declarado por sí, y que resultan ajenos (sic) a que hayan sido inducidos por algún interés. El testigo José Luis García Mireles, da como razón de su dicho el que: «porque yo tengo más de diez años laborando en Pánuco, por medio de mi trabajo conozco lo que es gran parte de la población de la ciudad y eso me ayuda a identificar y conocer a la gente, ya que el trato que tengo la mayor parte es hacia el público en general». Resulta realmente infundada la razón del dicho del referido testigo porque, el que tenga diez años de trabajar en Pánuco y que por medio de su trabajo conozca a gran parte de la población de la ciudad y que eso le ayude a identificar y conocer a la gente, no implica que conozca por ciencia propia lo declarado en el cuestionario que se le presentó, porque lo declarado se circunscribió a personas concretamente identificadas y no al público en general y no existe una clara vinculación entre el supuesto trabajo que dicho testigo desempeña con el conocimiento que particularmente tenga de los quejosos en este juicio de amparo, siendo así esta situación, es claro que este testigo debe descalificarse al igual que el anterior por no estar conforme con el artículo 215 de la ley federal de enjuiciamiento civil (sic) lo que lógicamente supone, la inducción del (sic) que fueron objeto, dichos testigos. Si a lo anterior aunamos que a la pregunta número tres, el testigo mencionó que: «tiene conocimiento que ellos viven actualmente en la Ciudad de México, en la colonia Polanco, calle Campos Elíseos.». De esta respuesta y la razón de su dicho, deriva que el testigo José Luis García Mireles, no es digno de fe, por las consideraciones expuestas y que al testigo no le consta lo declarado por ciencia propia. Por lo antes expuesto y muy contrariamente a lo aseverado por el Juez a quo, los testigos mencionados no son dignos de fe, por lo tanto, deben descalificarse sus respectivos atestados.-Los instrumentos exhibidos por los quejosos y por el que pretenden acreditar su domicilio, por ser declaraciones unilaterales, sin la intervención de mi representada por lo que de modo alguno le puede parar perjuicio, dado que dicha información fue realizada ante funcionario incompetente legalmente para recibir dicha información con efectos jurídicos perjudiciales para mi representada por no haberse recibido con las formalidades de ley, así como los demás documentos como son estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito, son documentos impropios para acreditar el domicilio de los quejosos quienes obviamente no exhibieron su credencial para votar con fotografía, porque resulta inverosímil que dichos quejosos carecen de dicho documento que resulta contundente para justificar el domicilio de cada uno de ellos. Esa información testimonial ante notario, estados de cuenta bancarios y constancias de tarjetas de crédito, no tienen ni valor de indicio porque fueron oportunamente objetadas por parte interesada, por lo que carecen de valor probatorio. Si de lo declarado por los testigos se advierte que carecen de fe y crédito sus atestados, si los documentos exhibidos por los quejosos, por ser de elaboración unilateral sin la participación de mi representada, es obvio que tales documentos carecen de valor probatorio y si a lo anterior aunamos que el funcionario que practicó el emplazamiento se cercioró de que en el lugar donde llevó a cabo dicha diligencia, viven los ahora quejosos por el dicho de la C. Marcela Vega, ante la ausencia de pruebas contundentes que justifiquen que los quejosos tienen su domicilio en lugar diferente o viven en distinto lugar al que en donde se llevó a cabo la diligencia por ellos impugnada, huelga (sic) decir que, carecen de razón para atacar la referida diligencia y como ésta se verificó con estricto apego y conforme a los lineamientos del numeral que rige su realización, la sentencia definitiva por esta vía impugnada y combatida, debe revocarse para emitir en su lugar, la que conforme a derecho debe prevalecer, que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos.’.-QUINTO.-La parte quejosa expresa como agravios los siguientes: ‘1. Reconoce usted que el emplazamiento a los demandados en el juicio del que provienen los actos reclamados se llevó a cabo en forma irregular y por ello determina conceder a mis autorizantes el amparo y protección de la Justicia Federal.-Ahora bien, en el juicio natural fueron demandados tanto los quejosos Adolfo Íñigo, Carlos Francisco, Sergio Miguel, Xavier Desiderio, Lorenza Emelia, Zita Luz y Gabriela, todos de apellidos Autrey Maza, así como la señora Lorenza Maza de Autrey.-Todos fueron emplazados en la misma diligencia cuya inconstitucionalidad ha sido declarada.-En el curso del amparo, se justificó que la señora Lorenza Maza de Autrey, falleció antes de que se realizara el emplazamiento reclamado.-Y no obstante lo anterior, su señoría otorga el amparo a la parte que represento precisando: «Para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia de Pánuco, Veracruz, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio civil No. 293/97, promovido por Martha Chaires Inostroza y sus consecuencias a partir del emplazamiento, única y exclusivamente por lo que a tales quejosos corresponde.». O sea, no extiende los efectos de la protección constitucional a la señora Lorenza Maza de Autrey, en
virtud de que el amparo no lo promovió el albacea o albaceas de su sucesión.-No estoy conforme con esa conclusión, porque pasa usted por alto la jurisprudencia que se invoca en el amparo en revisión No. 1018/97, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: «SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.», (jurisprudencia No. J. 9/96, consultable a fojas 78, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, febrero de 1996).-En consecuencia, los efectos de la sentencia amparadora deben extenderse al emplazamiento hecho también en forma irregular a la finada Lorenza Maza de Autrey.-Y esto es así, porque precisamente existe litisconsorcio pasivo necesario entre ella y los demás quejosos en este amparo.-Resultaría imposible jurídicamente hablando, que prevalezca el emplazamiento respecto a dicha finada y que se declare insubsistente la diligencia por cuanto hace a los demás codemandados, si todos fueron emplazados mediante una misma acta y por el mismo funcionario.-Al no apreciarlo así su Señoría, violó en perjuicio de la parte que represento los artículos 78 y 183 de la Ley de Amparo, en virtud de que no apreció el acto reclamado tal y como aparece probado, ni acató la jurisprudencia invocada por su superior jerárquico el H. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, misma que le acompañé en copia certificada en la audiencia de derecho.’.-SEXTO.-Los agravios que expresa la tercera perjudicada María Martha Chaires Inostroza son infundados.-La recurrente aduce, en síntesis, que el Juez de Distrito consideró inexactamente que la diligencia de emplazamiento no reúne los requisitos del artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, porque no contiene elementos suficientes para determinar que la persona que efectuó la aludida diligencia, se hubiera cerciorado que los demandados viven en el domicilio que se señaló para tal efecto, siendo que esa exigencia se cumplió con el dicho de Marcela Vega, quien precisó que los demandados ahí tienen su domicilio; que es ilógico que determine que es ilegal porque señaló para efectuar el emplazamiento el mismo sitio donde se ubica el inmueble en litigio, toda vez que si bien esto es cierto, también lo es que la diligencia pudo llevarse a cabo en un anexo al sitio ‘por prescribir’, en virtud de que no existe prueba que indique que se realizó en el mismo inmueble, ya que no se podría explicar el hecho de que en esa casa se encontrara a Marcela Vega, por lo que su presencia en el lugar pone de manifiesto que el referido emplazamiento se verificó con las formalidades de ley.-No asiste razón a la recurrente. En efecto, de las constancias de autos se advierte que por escrito presentado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6283-830c627b/litisconsorcio-pasivo-necesario-la-jurisprudencia-plenaria-9-96 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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