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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE CUANDO SE OMITA OBSERVAR UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE RESULTE DE APLICACIÓN EXACTA AL CASO CONCRETO, POR CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY, QUE DEJE SIN DEFENSA AL JUSTICIABLE, CONFORME A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 640/2016. · Registro digital (IUS): 28077
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-09-21
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Pág. 2223.

AMPARO DIRECTO 640/2016. 3 DE AGOSTO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MA. ELISA TEJADA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: SILVIA ELIZABETH BACA CARDOSO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo principal son infundados en una parte, inoperantes en otra, y esencialmente fundados aunque en suplencia de la queja, de conformidad con los argumentos que enseguida se exponen.

En el primer motivo de disenso, la impetrante se duele de lo resuelto por el Juez responsable respecto de la excepción de carencia de título fundatorio de la acción que opuso al dar contestación a la demanda instaurada en su contra.

Ahora bien, debe decirse que en torno a la excepción referida, el Juez de origen, en el fallo reclamado estableció:

"Por último la demandada sostiene que la parte actora debió previamente al juicio, solicitar los documentos base de la acción, en medios preparatorios, ya que si bien ofreció un escrito en el cual solicitaba a la demandada los documentos, ésta no estaba obligada a proporcionárselos, por lo que no aplica el artículo 1061 del Código de Comercio, ya que la demandada no es dependencia y no tiene protocolos en resguardo.—Además, aduce que la parte actora al celebrar el contrato, ella se quedó con una copia del mismo; sin embargo, aun en el supuesto de que no la tuviera, debió haber manifestado el motivo de ello, por tanto, no era procedente el requerimiento que le fue hecho.—En efecto, si bien los documentos que debe conservar el banco demandado acorde a la legislación aplicable, no pueden considerarse como existentes en un archivo público, para que, a su vez, exista la obligación de expedir copia en forma previa a la presentación de la demanda y cumplir con lo previsto en el artículo 1061, fracción III, del Código de Comercio, que establece la aplicación de medidas de apremio para el caso de que el responsable de la expedición de un documento que obre en sus archivos, se niegue a entregar copia certificada del mismo a alguna de las partes en el juicio, también lo es que la actora cumple con la exigencia de la carga de la prueba que le impone la disposición citada, cuando bajo protesta de decir verdad afirma en su demanda que los documentos originales se encuentran en poder de la institución financiera demandada; lo cual basta para que se requiera al banco la exhibición de los originales de los documentos que la parte actora describe en su demanda, ya que dicho artículo tampoco exige al actor que manifieste las razones por las cuales no las tiene, sino únicamente su manifestación bajo protesta de decir verdad de que no las tiene a su alcance.—Lo anterior, pues si bien es cierto que el titular de una cuenta bancaria debe tener libre acceso a la misma, cuando afirma que se trata de documentos que no están a su disposición, debe requerirse su exhibición mediante orden judicial, porque no hay regulación que obligue a los bancos a recibir un escrito de cualquier persona y darle contestación en breve término, aunque es una persona moral con la importante función del servicio público de banca que tiene una posición de mayor ventaja frente al usuario y que, a pesar de esa situación, no puede poner a disposición pública sus documentos(11).—[Tiene aplicación la tesis I.3o.C.5 C (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital: 2001122, Décima Época, que dice: ‘INSTITUCIONES DE CRÉDITO. DOCUMENTOS QUE EN RELACIÓN CON LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, NO ESTÁN A LA LIBRE DISPOSICIÓN NI SON PARTE DE ARCHIVO PÚBLICO. CARGA DE LA PRUEBA DE EXHIBIR DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN QUE DEBE CONSERVAR UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA. El artículo 1061, fracción III, del Código de Comercio establece la aplicación de medidas de apremio para el caso de que el responsable de la expedición de un documento que obre en sus archivos, se niegue a entregar copia certificada del mismo a alguna de las partes en un juicio. En tratándose de la acción de nulidad de pagaré, los documentos que debe conservar el banco demandado acorde a la legislación aplicable, no pueden considerarse como existentes en un archivo público, para que a su vez, exista la obligación de expedir copia en forma previa a la presentación de la demanda y cumplir con lo previsto en el artículo 1061, fracción III, del Código de Comercio. En ese contexto, la actora cumple con la exigencia de la carga de la prueba que le impone la disposición citada cuando bajo protesta de decir verdad afirma en su demanda que los documentos originales se encuentran en poder de la institución financiera demandada; lo cual bastará para que se requiera al banco la exhibición de los originales de los documentos que la parte actora describe en su demanda. El requisito a que se refiere la fracción III del artículo 1061 del Código de Comercio, en cuanto a la previa acreditación de la solicitud de las documentales que no obren en su poder, mediante la copia sellada del escrito correspondiente para la admisión de su demanda regula un requisito para la recepción de prueba, cuando esta se conserva en un archivo público, pero la institución bancaria no tiene a disposición de cualquier persona la información de cada uno de sus cuentahabientes, sino que tiene un deber de secrecía en términos del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito que los rige. De ahí que aun cuando el titular de una cuenta bancaria debe tener libre acceso a la misma, cuando afirma que se trata de documentos que no están a su disposición, debe requerirse su exhibición mediante orden judicial, porque no hay regulación que obligue a los bancos a recibir un escrito de cualquier persona y darle contestación en breve término, aunque es una persona moral con la importante función del servicio de banca que tiene una posición de mayor ventaja frente al usuario y que a pesar de esa situación no puede poner a disposición pública sus documentos.’].—Aunado a lo anterior, tocante a que, en todo caso, la parte actora debió solicitar los documentos pagarés y contrato a través de medios preparatorios a juicio, lo cual no hizo.—Tal argumento deviene infundado, pues el supuesto a que alude la demandada no se encuentra previsto en el artículo 1151 del Código de Comercio, que regula lo relativo a los medios preparatorios a juicio.—En efecto, el artículo 1151 del Código de Comercio, establece lo siguiente: ‘Artículo 1151. El juicio podrá prepararse: (Reformada, D.O.F. 24 de mayo de 1996). I. Pidiendo declaración bajo protesta el que pretenda demandar, de aquel contra quien se propone dirigir la demanda acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia; II. Pidiendo la exhibición de la cosa mueble que, en su caso, haya de ser objeto de acción real que se trate de entablar; III. Pidiendo el comprador al vendedor, o el vendedor al comprador en el caso de evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida; IV. Pidiendo un socio o comunero la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad y comunidad, al consocio o condueño que los tenga en su poder. (Adicionada, D.O.F. 24 de mayo de 1996); V. Pidiendo el examen de testigos, cuando éstos sean de edad avanzada o se hallen en peligro inminente de perder la vida, o próximos a ausentarse a un lugar con el cual sean difíciles las comunicaciones y no sea posible intentar la acción, por depender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se haya cumplido todavía; (Adicionada, D.O.F. 24 de mayo de 1996). VI. Pidiendo el examen de testigos para probar alguna excepción, siempre que la prueba sea indispensable y los testigos se hallen en alguno de los casos señalados en la fracción anterior; (Adicionada, D.O.F. 24 de mayo de 1996). VII. Pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones que se requieran en un proceso extranjero, y (Adicionada, D.O.F. 24 de mayo de 1996). VIII. Pidiendo el juicio pericial o la inspección judicial cuando el estado de los bienes, salud de las personas, variaciones de las condiciones, estado del tiempo, o situaciones parecidas hagan temer al solicitante la pérdida de un derecho o la necesidad de preservarlo.’.—Así, se obtiene que la finalidad de los medios preparatorios es acreditar hechos o circunstancias que sirvan de fundamento para instaurar el juicio principal o fundar una excepción o reconvención, de tal manera que sirvan como documento fundatorio de una nueva acción en contra de quien se dirigió la diligencia en los medios preparatorios.—Sin embargo, no se aprecia que dentro de tales hipótesis, se contemple la de requerir al posible demandado o actor a futuro, la exhibición de alguna prueba documental, como lo pretende la demandada, de ahí que resulte infundado su argumento."

En tal tenor, debe decirse que no asiste razón al impetrante, al afirmar que los documentos base de la acción no pueden ser solicitados en términos de lo establecido en el artículo 1061 del Código de Comercio y que, por ello, los debió haber requerido a través de medios preparatorios a juicio en términos de lo dispuesto en el artículo 379 del Código Federal de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla (sic).

Para una mayor claridad, es dable transcribir el contenido del indicado numeral que establece:

"Artículo 1061. Al primer escrito se acompañarán precisamente: I. El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro; II. El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio en el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona; III. Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones. Si se tratare del actor, y carezca de algún documento, deberá acreditar en su demanda haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. Si se tratare del demandado deberá acreditar la solicitud de expedición del documento de que carezca, para lo cual la copia simple sellada por el archivo, protocolo o dependencia, deberá exhibirla con la contestación o dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del término para contestar la demanda.—Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos. Si las partes no tuvieren a su disposición o por cualquier otra causa no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, lo declararán al Juez, bajo protesta de decir verdad, el motivo por el que no pueden presentarlos. En vista a dicha manifestación, el Juez, ordenará al responsable de la expedición que el documento se expida a costa del interesado, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley.—Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, de no cumplirse por las partes con alguno de los requisitos anteriores, no se le recibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la demanda o contestación como tampoco si en esos escritos no se dejan de identificar las documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan por el tribunal y sean recibidas; IV. Además de lo señalado en la fracción III, con la demanda y contestación se acompañarán todos los documentos que las partes tengan en su poder y que deban de servir como pruebas de su parte; y, los que presentaren después, con violación de este precepto, no le serán admitidos, salvo que se trate de pruebas supervenientes, y V. Copia simple o fotostática siempre que sean legibles a simple vista, tanto del escrito de demanda como de los demás documentos referidos, incluyendo la de los que se exhiban como prueba según los párrafos procedentes para correr traslado a la contraria; así como del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de la Clave Única de Registro de Población (CURP) tratándose de personas físicas, en ambos casos cuando exista obligación legal para encontrarse inscrito en dichos registros, y de la identificación oficial del actor o demandado.—Lo dispuesto en la fracción anterior, se observará también respecto de los escritos en que se oponga la excepción de compensación o se promueva reconvención o algún incidente."

De la transcripción del referido precepto se aprecia que, efectivamente, prevé que al promover la demanda o al contestar la misma se deben exhibir los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones, lo que corresponde a la regla general.

Sin embargo, el propio numeral establece una salvedad cuando el actor carezca de algún documento, hipótesis en la cual se encuentra constreñido a acreditar en su demanda haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley.

Refiere dicho precepto que se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos.

Ahora bien, en el caso de que, acorde con lo anterior, las partes no tuvieren a su disposición o por cualquier otra causa no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, deberán declarar al Juez, bajo protesta de decir verdad, el motivo por el que no pueden presentarlos, y en vista de dicha manifestación, el Juez ordenará, al responsable de la expedición, que el documento se expida a costa del interesado, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley.

En ese orden de ideas, contrario a lo afirmado por el impetrante, el indicado numeral en ningún momento establece que las disposiciones en él contenidas se refieran sólo a los documentos probatorios que deben exhibir las partes, pues no excluye de manera expresa, ni tácita, a los documentos base de la acción, careciendo de sustento legal la interpretación realizada por el impetrante en el sentido de que no fue voluntad del legislador violentar el Estado de derecho para que el actor en cualquier momento del procedimiento requiera a la contraparte la exhibición del título fundatorio de la acción.

Y se establece que tal afirmación carece de sustento pues, incluso, el numeral indicado en la fracción IV inicia estableciendo la obligación de exhibir en el escrito inicial de demanda los documentos en que se funda la acción, y enseguida habla de las hipótesis en que éstos no pueden ser exhibidos y el procedimiento a seguir en cada caso; de ahí que no haya lugar a descartar la aplicación de dicho precepto cuando se trate de un documento en que se funda la acción, aunado a que no se trata de que la solicitud se realice en cualquier momento del procedimiento, pues el precepto que se analiza define en qué momento procesal es que debe hacer del conocimiento tal circunstancia para que se proceda en términos del propio precepto, y esto será desde la presentación de la demanda, previendo, además, que de no hacerlo así, salvo pruebas supervenientes, no se admitirán las probanzas respectivas, por lo que no impera la voluntad de las partes para solicitar en cualquier momento los documentos de los que carezcan, sino que debe hacerse cuando lo establece la propia ley, bajo pena de inadmisión del material probatorio.

Ahora bien, por cuanto hace al argumento de que los documentos fundatorios de la acción debieron requerirse a través de medios preparatorios, es acertada la afirmación del Juez de origen, relativa a que en el Código de Comercio, específicamente en el artículo 1151 que prevé los medios preparatorios, no se encuentra previsto tal supuesto.

Siendo infundado lo aseverado en el sentido de que el actor debió observar lo previsto en el artículo 379 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, para solicitar los básicos de la acción a través de una diligencia preparatoria.

En tal tenor, debe decirse que en el caso no es aplicable la supletoriedad, pues el Código de Comercio prevé las hipótesis de procedencia de los medios preparatorios, a saber en el artículo 1151 y si entre ellas no figura la exhibición de documentos no puede acudirse a la legislación supletoria, pues esta figura –supletoriedad–, constituye un sistema que reviste carácter excepcional o extraordinario para la corrección de vacíos legislativos o el complemento de la legislación especial en aquello que resulte necesario para resolver la cuestión puesta a consideración del Juez y, en el caso, implicaría introducir una cuestión ajena a las ahí contempladas, lo que va más allá de la aplicación supletoria; pues ésta sólo procede en defecto de las normas del Código de Comercio y únicamente respecto de aquellas instituciones establecidas por este ordenamiento, pero no reglamentadas o en forma deficiente, lo que no acontece en el caso a estudio, en el que lo que se pretende es introducir, al amparo de la supletoriedad, una hipótesis no prevista en el Código de Comercio, esto es, implicaría adicionar una hipótesis que no fue intención del legislador regular.

Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 389/2009, con registro digital: 2003161, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1065, de rubro y texto:

"SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.—La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate."

Ahora bien, el diverso concepto de violación se estima inoperante.

Es así, en la medida en que, en el mismo, el impetrante afirma que en el fallo reclamado no se realizó un verdadero estudio de lo establecido en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues estima que la alteración que se atribuye a los básicos de la acción no es notoria.

Ahora bien, debe decirse que en torno a la alteración de los básicos de la acción, que fue el objeto de la litis, el Juez de origen estableció:

"Por lo que hace al cheque número **********, este juzgador, considera que a simple vista se percibe la alteración en la cantidad asentada con letra, en primer lugar, los espacios que existen entre cada letra que forman la cantidad ‘(Ochenta y Dos mil cuarenta y nueve pesos 60/100 M.N.)’, son iguales, salvo, la existente entre la letra ‘y’ que antecede a la ‘o’, por lo que se advierte que la palabra ‘Ochenta y’ fueron adicionadas a la cantidad original que lo era de ‘Dos mil cuarenta y nueve pesos’, tan es así, que es regla general que al comenzar el renglón y/o la oración sea con mayúsculas, siendo que en la cantidad que obra a letra, se encuentran dos mayúsculas, una en la palabra ‘Ochenta y’ otra en la palabra ‘Dos mil cuarenta y nueve pesos’, que es la cantidad original, incluso, la palabra ‘Dos mil’, se encuentra a la misma altura que el nombre del beneficiario que se encuentra en el renglón de arriba, lo que resulta lógico si se parte del hecho de que el cheque fue llenado con máquina, por lo que el margen izquierdo es el mismo.—De igual manera, por lo que hace al cheque número **********, este juzgador, considera que a simple vista se percibe la alteración en la cantidad, en primer lugar, los espacios que existen entre cada letra que forman la cantidad (‘Treinta mil Novecientos sesenta y cuatro pesos 60/100 M.N.’), son iguales, salvo, la existente entre la letra ‘l’ que forma la palabra ‘mil’ que antecede a la ‘N’, que forma la palabra ‘Novecientos’ por lo que se advierte que la palabra ‘Treinta mil’ fueron adicionadas a la cantidad original que lo era de ‘Novecientos sesenta y cuatro pesos’, tan es así, que es regla general que al comenzar el renglón y/o la oración sea con mayúsculas, siendo que en la cantidad que obra a letra, se encuentran dos mayúsculas, una en la palabra ‘Treinta’ otra en la palabra ‘Novecientos sesenta y cuatro’, que es la cantidad original, ya que, incluso, la palabra ‘Novecientos’, se encuentra a la misma altura que el nombre del beneficiario, lo que resulta lógico si se parte del hecho de que el cheque fue llenado con máquina; de ahí que la alteración resulte evidente a simple vista.—En ese orden de ideas, el cuarto elemento de la acción ejercitada también debe tenerse por acreditado, en virtud de que resulta evidente la alteración de la cantidad puesta en letra por la que fueron expedidos los cheques materia de la objeción de pago."

De lo anterior se colige que el Juez de origen estimó que la alteración de los cheques, base de la acción, era evidente pues advirtió diferencia de espacio en la cantidad escrita con letra, especificando en qué parte encontró tales diferencias y que resultó coincidente con las letras, cantidad que adujo el actor fueron adicionadas, además, estableció que es regla general que al comenzar el renglón de una oración se inicie con el uso de mayúsculas, y que, en el caso, se apreciaban dos mayúsculas una inicial y otra intermedia, esta última coincidente con la cantidad por la que el actor adujo haber suscrito originalmente los cheques y agregó que en ambos casos la alineación del lado izquierdo de la escritura de la cantidad y nombre del beneficiario es igual en el texto que se reconoció como original, lo que estimó lógico por tratarse del llenado a máquina que hace que se conserve el mismo margen, elementos que concatenados sustentaron la determinación de considerar notoria la alteración de los básicos de la acción.

Ahora bien, en el motivo de inconformidad que se analiza la parte quejosa además de hacer una amplia reflexión respecto al elemento conceptual de notoriedad, únicamente concluye que, el mismo, no puede tenerse por acreditado sólo por considerar que existió una "mala redacción" de las cantidades escritas con letra, con la que hizo referencia al uso de letras mayúsculas y minúsculas.

Sin embargo, tal argumento no controvierte la totalidad de las razones expuestas por la Sala responsable para estimar la notoria alteración como elemento de la acción intentada, pues como se reseñó ello lo determinó a partir de tres elementos, a saber: el espacio entre las letras, el uso de mayúsculas y la alineación del texto que se reconoce como original, argumentos que no son controvertidos por la impetrante; de ahí su inoperancia.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.4o.A. J/48, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con registro digital: 173593, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, enero de 2007, página 2121, Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.—Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez."

Son aplicables al caso, las jurisprudencias 599, 601 y VI.2o.36, con registros digitales: 394555, 394557 y 227588, de este Tribunal Colegiado, antes de su especialización en materia civil, publicadas las dos primeras, en las páginas 398 y 399 del Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 y la tercera, a foja 593 del Tomo IV, Segunda Parte-2, julio-diciembre de 1989, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que respectivamente dicen:

"AGRAVIOS INSUFICIENTES.—Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios."

"AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN.—No puede considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado."; y,

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN.—Resultan inoperantes los agravios hechos valer cuando se aprecia que no se hace un razonamiento lógico jurídico concreto para desvirtuar las estimaciones del Juez de Distrito, las que llevan a establecer que el acto reclamado no existe en la forma planteada; o sea, que en la revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la consecuencia de una violación de la ley, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, este tribunal no podría remediarlo mientras no se advierta que tal sentencia ha sido dictada con infracción de un precepto legal."

No obstante lo anterior, en el caso procede la suplencia de la queja deficiente, conforme al artículo 79, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto a la condena en costas decretada en la sentencia reclamada, al existir jurisprudencia firme emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aborda tal hipótesis, a saber, la identificada con la clave de publicación 1a./J. 1/2018 (10a.), de título y subtítulo: "COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE ALGÚN ORDENAMIENTO PROCESAL PARA SU IMPOSICIÓN.", que más adelante se citará.

Resulta aplicable al caso, el criterio VI.2o.C.26 K (10a.), sustentado por este órgano colegiado, publicado el viernes 1 de junio de 2018, a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo IV, junio de 2018, página 3221, con registro digital: 2017090, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE CUANDO SE OMITA OBSERVAR UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE RESULTE DE APLICACIÓN EXACTA AL CASO CONCRETO, POR CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY QUE DEJE SIN DEFENSA AL JUSTICIABLE, CONFORME A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 217 de la Ley de Amparo establece un sistema de observancia obligatoria de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando tanto en Pleno como en Salas. Por lo que todos los juzgadores resultan vinculados con los criterios interpretativos del Máximo Tribunal del País, pues tienen la obligación ineludible de acatarlos a partir del día hábil siguiente a aquel en que son publicados en el Semanario Judicial de la Federación, debiendo hacerlo en todas las resoluciones que dicten en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, cuando se advierta la falta de observancia e inaplicación de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulten ser conducentes al caso concreto, ya sea porque definan o resuelvan el punto medular sometido a la competencia de los tribunales, ese proceder constituye una violación manifiesta de la ley que deja sin defensa al justiciable, cuando se comete en la emisión de la resolución revisada. Por lo que, en ese supuesto, procede suplir la queja deficiente, conforme a la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo."

Ahora bien, respecto al tema de las costas se advierte que el Juez responsable condenó a la parte demandada, aquí quejosa, al pago de las mi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28077-324e194c/suplencia-de-la-queja-deficiente-procede-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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