EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE PAGO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA, AL EVIDENCIAR UNA CARENCIA DE FUNDAMENTACIÓN QUE IMPIDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA.
QUEJA 769/2022. 26 DE ENERO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MÓNICA ALEJANDRA SOTO BUENO. SECRETARIO: JOSÉ REFUGIO GALLEGOS MORALES.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Estudio.
En términos del artículo 76 de la Ley de Amparo,(4) este Tribunal Colegiado examina en su conjunto los agravios:
El recurrente aduce, en síntesis, que la determinación del Juzgado de Distrito es incorrecta, porque no advirtió que la omisión reclamada carece de fundamentación y que ello constituye un caso de excepción al principio de definitividad.
La razón toral que estableció el Juez de Distrito en el acuerdo recurrido para desechar la demanda de amparo, la hizo consistir en que previo a promover el amparo indirecto, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México,(5) en virtud de que a través de tal medio de impugnación la omisión reclamada podría ser nulificada o revocada.
Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:
"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."
De la transcripción que antecede se desprende que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; luego, por manifiesto debe entenderse lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.
En esos términos, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones.
Además, expuso que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.
De esta manera, mencionó que para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables; de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.
Señaló que estimar lo contrario implicaría dejar al promovente en estado de indefensión, dado que a priori se le privaría de la oportunidad de allegar pruebas al juicio que justificaran dicho requisito de procedibilidad.
Expuso que ante esta hipótesis debe admitirse la demanda constitucional, porque el motivo aparente que en principio se advirtiera, aún no sería claro y evidente como para desechar de plano la demanda de amparo, por ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional.
Las consideraciones anteriores encuentran fundamento, en lo esencial, en la tesis 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de dos mil dos, página cuatrocientos cuarenta y ocho, registro digital: 186605, y en la diversa tesis emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LIX, página dos mil ochenta, registro digital: 356116, del tenor siguiente:
"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."
"IMPROCEDENCIA EN AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE. El artículo 145 de la Ley de Amparo no establece en que casos los Jueces de Distrito deben estimar que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que amerite que la demanda sea desechada de plano, y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, interpretando dicho artículo, ha resuelto que por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe reputarse aquel que, de la simple lectura de la demanda, aparezca comprendido en alguno de los casos de improcedencia que señala el artículo 73 de la propia ley, o bien, cuando el amparo, también por la simple lectura de la demanda, no se encuentre comprendido en el artículo 114 de la misma ley. Ahora bien, si el tercero perjudicado alega que una demanda de amparo debió ser desechada de plano, en virtud de que el mismo Juez de Distrito que le dio entrada, desechó otra demanda de amparo, promovida por la misma parte agraviada, contra varios actos, entre los cuales estaba comprendido el que en la nueva demanda se reclama, se necesita tener a la vista esas demandas y conocer los motivos por los que fue desechada la segunda, para establecer la comparación respectiva y poder inferir que se trata de un caso análogo en el que legalmente había sido procedente que fuera desechada; por tanto, la queja debe declararse infundada."
En ese sentido, es importante señalar que en el auto impugnado la Juez Federal desechó la demanda al estimar que se actualizaba la causal prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que debió agotarse el principio de definitividad, esto es, que previamente a la promoción del juicio de amparo la parte recurrente debió agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
La causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dice:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las misma leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
"Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior."
Ahora bien, se debe precisar que la sola procedencia de un medio ordinario de defensa contra el acto reclamado no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, sobre todo cuando se trata de determinar si se actualiza o no la excepción al principio de definitividad que involucre el examen completo de la demanda de amparo.
En efecto, tratándose de una demanda contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a interponer, previamente a su promoción, el juicio, recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las propias leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la o el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, el juicio constitucional se concibió como un medio extraordinario de impugnación, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales.
Lo anterior, siempre que conforme a la ley del acto se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o a petición de parte, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que en ésta se consignan, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
Además, la propia fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa cuando:
• El acto reclamado carece por completo de fundamentación.
• Sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución.
• El recurso o medio de defensa esté previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia.
• En el informe justificado la autoridad responsable señale la fundamentación y motivación del acto reclamado.
Aunado a las excepciones previstas en la fracción en comento, existen otras de tipo jurisprudencial,(6) tales como:
• Actos que afecten a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan.
• Leyes o disposiciones de observancia general, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación.
Así, teniendo en cuenta lo antes señalado, es importante volver a destacar que el quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el coordinador de Administración y Finanzas, el subdirector de Administración del Sistema para el Retiro, el director de Prestaciones y el jefe del Departamento de Pensiones, todos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por la omisión de pago de la pensión por jubilación, conforme al dictamen **********.
Lo que de ser cierto pudiera ser suficiente para actualizar un caso de excepción para no observar el principio de definitividad, por tratarse de una omisión que como lo destaca el recurrente, constituiría una "ausencia de conducta, de una falta de actuar de las responsables, de ejercer las funciones que por ley tiene encomendadas, por lo tanto, al haber una falta de actuar de las responsables, existe una carencia de fundamentación".
Máxime que en términos de la propia fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia es necesario dar oportunidad a que la autoridad responsable rinda su informe justificado y comprobar hasta entonces si se surte o no la excepción al principio de definitividad contenida en el último párrafo de esa fracción.
Por lo que al no obrar en autos el informe justificado ni las constancias del acto reclamado, no es factible advertir su contenido con la finalidad de verificar de manera indudable la procedencia del juicio contencioso administrativo.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil cuarenta y tres, Tomo LXVIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, registro digital: 328203, que dice:
"DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA. La existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, motivo de un juicio de garantías, no es óbice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuestión; sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo, aparece realmente la existencia de alguna causa de improcedencia."
Asimismo, la tesis I.3o.A.6 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Tomo III, mayo de dos mil diecisiete, página mil ochocientos setenta, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes:
"AMPARO INDIRECTO. LA SOLA POSIBILIDAD DE LA PROCEDENCIA DE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. La sola posibilidad de que proceda un medio ordinario de defensa contra el acto reclamado, no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del amparo indirecto, con base en el principio de definitividad; sobre todo, cuando aún no obran en autos las constancias que contengan el acto reclamado y las demás que lo hayan originado. Ante tal circunstancia, el Juez de Distrito debe admitir y tramitar la demanda, sin perjuicio de que, una vez que tenga las constancias señaladas, verifique la actualización real de esa causa de improcedencia."
Es así que de forma alguna se actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia considerado por el Juez constitucional.
Por lo que las circunstancias precisadas ponen en evidencia que en el caso no se actualizan los supuestos de manifiesta e indudable improcedencia que exige el artículo 113 de la Ley de Amparo para desechar la demanda, por lo que procede darle trámite a fin de contar con los elementos necesarios que permitan advertir con certeza la improcedencia o no del juicio; estimar lo contrario implicaría dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, dado que a priori se le privaría de la oportunidad de allegar pruebas al sumario que justifiquen la procedencia del juicio.
Por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 103 de la Ley de Amparo, al haber resultado fundada la queja y atendiendo a la materia del presente recurso, no corresponde a este órgano colegiado dictar el auto inicial de la demanda de amparo en los términos previstos por el artículo 115(7) del mismo ordenamiento legal, porque esa actuación procesal debe llevarla a cabo el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo indirecto, por ser a quien corresponde la sustanciación de dicho juicio.
Esto es así, porque del contenido del primero de los artículos antes señalados deriva que se prevén dos formas de proceder para el caso de que resulte fundado el recurso de queja:
1) Dictar la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, siempre que ésta no implique la reposición del procedimiento; y,
2) Cuando la resolución implique la reposición del procedimiento, en este supuesto, quedará sin efecto la resolución recurrida y se ordenará al que la hubiere emitido dictar otra, debiendo precisar los efectos concretos a que deba sujetarse su cumplimiento.
De ahí que debe atenderse a la naturaleza y condiciones del caso concreto, el cual consiste en un recurso de queja por medio del cual se determinó que no se actualiza el supuesto que refiere el auto recurrido, por tanto, para efectos de la resolución emitida en el recurso de queja que se analiza, el Juez de Distrito deberá proveer lo conducente en relación con la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 112, 113, 114 y 115 del propio ordenamiento, sin que este Tribunal Colegiado asuma la jurisdicción que corresponde al Juez Federal.
Se apoya todo lo anterior en la tesis 2a./J. 73/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(8) de rubro y texto siguientes:
"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."
Corolario de lo anterior, ante lo fundado de los argumentos de la parte recurrente, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja sujeto a estudio.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 a 103 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.—Es fundado el recurso de queja.
Notifíquese; anótese en el libro de gobierno de este tribunal, con testimonio de esta resolución, intégrese la presente resolución al expediente físico y electrónico y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió en sesión ordinaria virtual el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por unanimidad de votos del Magistrado presidente Benjamín Rubio Chávez, del Magistrado Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz y de la licenciada Liliana Bueno Casales, secretaria en funciones de Magistrada, con fundamento en el oficio CCJ/ST/6415/2022, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, así como de conformidad con el artículo 174 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la Carrera Judicial, siendo ponente la última de los nombrados.
Con fundamento en el artículo 188, párrafo primero, de la Ley de Amparo, firman los integrantes de este Tribunal Colegiado ante el secretario de tribunal que autoriza y da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.) y aislada I.3o.A.6 K (10a.) citadas en esta sentencia, también aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas y 19 de mayo de 2017 a las 10:24 horas, con números de registro digital: 2007069 y 2014298, respectivamente.
________________
4. "Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda."
5. "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de:"
6. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 57/2000, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 106, Tomo XII, julio de 2000, registro digital: 191503, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS QUE PROCEDEN EN CONTRA DE ACTOS DE AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. EL TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO DEL CUAL EMANA EL ACTO RECLAMADO, NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS."
7. "Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión.
"Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días."
8. Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, Libro 9, agosto de dos mil catorce, página novecientos uno.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31838-972749c9/excepcion-al-principio-de-definitividad-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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