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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA SOLA POSIBILIDAD DE QUE PROCEDA UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHARLA DE PLANO.

Tipo de asunto: QUEJA 80/2023. · Registro digital (IUS): 31693
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-08-25
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo IV, Pág.4127.

QUEJA 80/2023. 17 DE MARZO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA. SECRETARIA: ERIKA ROXANA DZIB JASSO.

CONSIDERANDO:

NOVENO.—En primer término, resulta oportuno destacar que este Tribunal Colegiado en sesión de catorce de diciembre de dos mil veintidós resolvió el recurso de queja 428/2022, derivado del juicio de amparo de origen, en el sentido de declararlo fundado, en los términos siguientes:

"De ahí que se estima que el Juez de Distrito en el auto inicial del juicio de amparo no cuenta a su alcance con los elementos necesarios para, como sucede en el caso, determinar la oportunidad de la demanda de amparo, para concluir que debía desecharse la demanda de amparo de que se trata, por lo tanto, de sustentar dicha determinación se podría dejar en estado de indefensión al hoy recurrente; de ahí que se estime necesario que el a quo debe contar con todos los elementos posibles para determinar si efectivamente la demanda de amparo es extemporánea.

"En consecuencia, se considera que la causa de improcedencia invocada en el auto recurrido no es notoria ni manifiesta, por ende, no debe desecharse la demanda sino más bien admitirla a trámite, toda vez que no existen elementos suficientes para concluir que la causa de improcedencia invocada resulta notoria y manifiesta, lo que se estima suficiente para revocar el auto recurrido.

"Por lo tanto, lo conducente es que el Juez de Distrito provea lo que en derecho corresponda sobre la admisión de la demanda, en términos de los artículos 112 a 115 de la Ley de Amparo, de no advertir causas de improcedencia del juicio diversa a la analizada en este medio de defensa la admita a trámite, sin que ello impida que con posterioridad pueda estudiar ese aspecto con apoyo en las constancias allegadas al juicio.

"Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, agosto de 2014, Tomo II, página 901, de rubro y texto siguientes: ‘RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR.’

"Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 97, fracción I, inciso a), 101 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

"ÚNICO.—Es fundado el recurso de queja en los términos establecidos en el último considerando de esta resolución."

De la transcripción anterior se advierte que este tribunal determinó que el Juez proveyera lo conducente respecto de la admisión de la demanda, de no advertir una causa de improcedencia diversa a la que se analizó en ese medio de impugnación.

De ahí que se desestime el primer agravio en el que, en esencia, la parte quejosa aduce que la Jueza de Distrito no acató la ejecutoria dictada en el recurso de queja 428/2022, del índice de este órgano colegiado, ya que si bien en esa resolución se ordenó la admisión de la demanda, se precisó que ello podría ocurrir siempre y cuando no se advirtiera causa de improcedencia diversa a la analizada en ese medio de impugnación, por lo que la juzgadora federal tenía la atribución de prevenir a la quejosa de manera previa a proveer sobre la admisión, a efecto de integrar la litis constitucional.

Lo anterior en términos del precepto 115 de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión. Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días."

Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), registro digital: 2007069. Instancia: Segunda Sala, Décima Época, materia común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo II, página 901, de rubro y texto:

"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."

Por otra parte, para realizar el estudio del segundo agravio, es importante señalar que la facultad del juzgador de amparo para desechar la demanda de amparo se encuentra establecida en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece:

"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."

De la anterior disposición legal se observa que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto cuenta con atribuciones para desechar una demanda de amparo indirecto cuando encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia.

Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 4/2002-PL, determinó que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable" que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.

En estos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente probado, pues no requiere demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones.

Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables; de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.

Es de señalar que la certeza de que se haya actualizado la causa de improcedencia implica que el caso concreto se ubique en alguna de las hipótesis del artículo 61 de la Ley de Amparo.

Atento a lo expuesto, se tiene que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable que se ajuste a los supuestos fácticos, de ningún modo debe ser desechada la demanda, pues de lo contrario se estaría privando a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio, por lo tanto, debe admitirse a trámite con el fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.

De este modo, puede concluirse que si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea manifiesta y notoria, pues de lo contrario, esto es, en caso de surgir alguna duda sobre la procedencia o no del juicio, lo correcto es admitir a trámite la demanda, brindando con ello a la parte quejosa la oportunidad de desestimar las causas de improcedencia relativas y sólo en el caso de que no lo hiciere, entonces podrá decretarse el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

El criterio que derivó de esa contradicción de tesis se incorporó al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número 2a./J. 50/2002, registro digital: 186676. Instancia: Segunda Sala, Novena Época, materias constitucional y común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, página 64, de rubro y texto:

"AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad."

Lo anterior encuentra sustento también en la tesis 2a. LXXI/2002, registro digital: 186605. Instancia: Segunda Sala, Novena Época, materia común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, de rubro y texto:

"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."

Atento a lo señalado, a continuación se verificará si la causa de improcedencia que consideró actualizada la Jueza de Distrito es notoria y manifiesta.

En el auto recurrido la Jueza de Distrito, en relación con el acto reclamado consistente en la resolución en la que se determinó la improcedencia del recurso de inconformidad interpuesto en contra del acuerdo que determinó la conclusión y archivo por falta de elementos del expediente **********, formado con motivo de la denuncia realizada por la parte quejosa, concluyó que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previo a promoverlo debió agotarse el juicio contencioso administrativo federal, en observancia al principio de definitividad, por no actualizarse excepción alguna.

El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece lo siguiente:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

"Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior."

Del citado precepto legal se observa que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales proceda algún medio de defensa, conforme a la ley del acto. Asimismo, del artículo en estudio se obtiene que no existe obligación de acatar el principio de definitividad en los casos siguientes:

a) Tratándose de actos administrativos, cuando conforme a las leyes que los rijan, la interposición del recurso, juicio o medio de defensa no se prevea la suspensión de los efectos del acto reclamado o sí la prevea, pero exija mayores requisitos o un plazo mayor del que prevé la Ley de Amparo para la suspensión definitiva o provisional.

b) En el caso de actos que carecen de fundamentación.

c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución.

d) En el supuesto de que el medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento y no en la ley aplicable.

e) Cuando en el informe justificado la autoridad señale la fundamentación y motivación del acto reclamado.

Al respecto, es importante precisar que además de las excepciones previstas en la ley de la materia, existen otras derivadas de la Constitución, así como de los criterios que ha emitido el Alto Tribunal y que son vinculantes.

Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 43/2020 (10a.), registro digital: 2021957. Instancia: Segunda Sala, Décima Época, materia constitucional. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, agosto de 2020, Tomo V, página 4331, de rubro y texto:

"ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA. EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE LOS REGULA, AL ESTABLECER UNA EXCEPCIÓN ADICIONAL AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE AL JUICIO DE AMPARO, VULNERA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.

"Hechos: Mediante amparo directo se cuestionó la regularidad constitucional del artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética que establece que las normas generales, actos u omisiones de esos órganos podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto, impidiendo acceder al medio de defensa ordinario mediante el cual se pueden cuestionar los actos de autoridades administrativas; lo anterior, al considerar que ese precepto legal desconoce las reglas y los principios rectores del juicio de amparo.

"Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la señalada porción normativa tiene por objeto establecer una excepción adicional al principio de definitividad que rige en materia de amparo, sin que ésta se encuentre prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún otro de sus preceptos o de los de su ley reglamentaria, lo cual vulnera el diverso principio de supremacía constitucional.

"Justificación: Ello es así, porque la procedencia del juicio de amparo, así como las excepciones al principio de definitividad que lo rigen no pueden estar previstas en un ordenamiento normativo distinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, pues al tratarse de un medio de defensa extraordinario de carácter constitucional, es indispensable que para acceder a ese juicio, previamente se agoten los medios de defensa ordinarios que resulten procedentes, a menos de que se actualice alguna de las excepciones a éste, las cuales sólo pueden derivar de lo constitucionalmente previsto, o bien, de lo desarrollado en la ley reglamentaria o interpretado en los criterios vinculantes. Considerar lo contrario, generaría no sólo que se desnaturalice ese juicio extraordinario al convertirlo (por disposición legal y no constitucional) en un medio de defensa ordinario, sino que adicionalmente se establezcan reglas de procedencia y excepciones al principio de definitividad que no están previstas en la regulación expresa y aplicable a ese juicio constitucional. (lo destacado es propio)."

En el caso, el quejoso en el agravio segundo refiere que no se encontraba en posibilidad de agotar el principio de definitividad, porque desconocía el acto reclamado, por la omisión de notificar el diverso oficio **********, por lo que al no resultar manifiesta e indudable la causa de improcedencia se debió admitir la demanda.

Es fundado dicho agravio, pues en el caso se tiene presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la mera posibilidad de que exista un recurso ordinario contra el acto que se pretenda reclamar, no constituye por sí misma una causa notoria y manifiesta de improcedencia que dé lugar al desechamiento de plano de la demanda, sino por el contrario, es conveniente admitirla a fin de estudiar debidamente esa cuestión.

El criterio del cual se hizo mención tiene sustento en la tesis aislada de la Quinta Época, de rubro, texto y datos de identificación siguientes:

"DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA. La existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, motivo de un juicio de garantías, no es óbice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuestión; sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo, aparece realmente la existencia de alguna causa de improcedencia." (Registro digital: 328203. Instancia: Segunda Sala, Quinta Época, materia común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXVIII, página 1043. Tipo: Aislada).

También resulta aplicable la tesis aislada I.3o.A.6 K (10a.), emitida por este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, mayo de 2017, Tomo III, página 1870, registro digital: 2014298, cuyos rubro y texto señalan:

"AMPARO INDIRECTO. LA SOLA POSIBILIDAD DE LA PROCEDENCIA DE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. La sola posibilidad de que proceda un medio ordinario de defensa contra el acto reclamado, no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del amparo indirecto, con base en el principio de definitividad; sobre todo, cuando aún no obran en autos las constancias que contengan el acto reclamado y las demás que lo hayan originado. Ante tal circunstancia, el Juez de Distrito debe admitir y tramitar la demanda, sin perjuicio de que, una vez que tenga las constancias señaladas, verifique la actualización real de esa causa de improcedencia."

De ahí que es inexacto que la juzgadora, en el auto que desechó la demanda de amparo contra el acto reclamado, advirtiera de manera notoria y manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; máxime que en el momento procesal en que se actúa no se cuenta con mayores constancias que permitan conocer elementos suficientes del acto reclamado en el juicio de amparo, ni la trascendencia de la omisión de notificar el oficio ********** (el que en la resolución reclamada se observa es el relativo a la radicación de la investigación), en contra del que la quejosa formuló conceptos de violación.

De manera que no es el momento procesal oportuno para determinar fehacientemente la calidad del quejoso en el procedimiento de origen ni la fundamentación del acto, las que son excepciones al principio de definitividad, como se advierte en la tesis aislada 2a. LVI/2000, registro digital: 191539. Instancia: Segunda Sala, Novena Época, materia común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, página 156, de rubro y texto:

"DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." (énfasis añadido).

Es por las razones expuestas que la afirmación de que procede un juicio o medio ordinario de defensa contra el acto reclamado no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, sobre todo cuando se trata de determinar si se actualiza o no una excepción al principio de definitividad que involucra el examen completo e integral de la demanda de amparo y de las constancias del procedimiento de origen; máxime que el denunciante tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto contra la determinación de no iniciar la investigación relativa de actualizarse alguna excepción al principio de definitividad.

Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 33/2021 (10a.), registro digital: 2023419. Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, materia común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, agosto de 2021, Tomo IV, página 3856, de rubro y texto:

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE NO INICIAR LA INVESTIGACIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 2016).

"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el denunciante cuenta con interés necesario para promover amparo indirecto contra la decisión de la autoridad de no iniciar la investigación de responsabilidad administrativa llegaron a conclusiones distintas, toda vez que uno de ellos determinó que el quejoso carece de interés, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre esta cuestión en las jurisprudencias 2a./J. 1/2006, 2a./J. 124/2008 y 2a./J. 41/2019 (10a.), mientras que el otro determinó que el denunciante sí cuenta con interés en el amparo.

"Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el denunciante sí cuenta con interés jurídico para impugnar en amparo indirecto las determinaciones de la autoridad investigadora de no iniciar la investigación de responsabilidad administrativa.

"Justificación: Lo anterior, ya que conforme al nuevo régimen de responsabilidades, el denunciante ha dejado de ser un simple vigilante para convertirse ahora en un actor central del control de la acción pública y combate a la corrupción; de ahí que se le otorgó una participación activa tanto en la etapa de investigación, como en el procedimiento de responsabilidad administrativa, al grado tal que cuenta con la posibilidad de alegar en audiencias, aportar pruebas, interponer medios de defensa y, en general, realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de sus pretensiones. Por tanto, al constituirse como una figura fundamental en el control de la acción administrativa, el denunciante está legitimado para promover amparo indirecto contra la determinación de no iniciar la investigación relativa. De ahí que las razones que daban sustento a las jurisprudencias 2a./J. 1/2006, 2a./J. 124/2008 y 2a./J. 41/2019 (10a.), resultan inaplicables bajo el nuevo régimen de responsabilidades administrativas. Finalmente, se precisa que para acudir al amparo indirecto resulta necesario, además, que se actualice alguna excepción al principio de definitividad que así lo permita."

Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional determina que la causa de improcedencia que se consideró actualizada para desechar la demanda de amparo no es manifiesta e indudable y, por ende, no puede aplicarse, en aras del derecho constitucional de acceso a la justicia pronta, imparcial y completa prevista en el artículo 17

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31693-6106b51a/demanda-de-amparo-indirecto-la-sola-posibilidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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