ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN Y/O PRESENTACIÓN. CUANDO SE IMPUGNE EN AMPARO INDIRECTO Y NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, ELLO NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE DEBE ADMITIRSE A TRÁMITE LA DEMANDA.
QUEJA 9/2024. 8 DE FEBRERO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HUMBERTO VENANCIO PINEDA. SECRETARIO: JUAN MANUEL PARRA CHÁVEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—Estudio del recurso de queja.
En el proveído impugnado, el juez de Distrito precisó que la quejosa promovió demanda de amparo contra el acto consistente en:
"La orden de aprehensión, presentación y/o detención, decretada en su contra y su ejecución."
Respecto de la cual estimó actualizada de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 5o., fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
Para arribar a dicha conclusión, el juez de Distrito sostuvo que de una interpretación a contrario sensu del indicado precepto 5o., fracción I, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Refirió que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, en el que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio y no simplemente ser eventual, aleatorio o hipotético.
Adujo que del contenido de los antecedentes que la quejosa narró bajo protesta de decir verdad, se observa que los actos que reclama constituyen actos futuros e inciertos, en tanto se hacen depender del hecho de que el once de julio de dos mil veintitrés se presentaron en su domicilio unas personas que dijeron ser miembros de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes mostraron un gafete y le informaron que acudían a negociar o que se atendría a las consecuencias; asimismo, que más tarde familiares le refirieron que se presentaron en su domicilio elementos policiacos buscando a la quejosa, refiriendo que en cualquier momento la podrían detener o presentarla ante el Ministerio Público, porque tenían una orden en su contra, además de que diversos vecinos le hicieron saber que al día siguiente había gente de la policía y la Fiscalía que preguntaban insistentemente por la quejosa y una de sus familiares, en virtud que contaban con una orden de aprehensión en su contra.
Al respecto, el resolutor estimó que dichas manifestaciones no generan una afectación actual, real y directa en su contra, tampoco pueden estimarse como actos inminentes de una orden de aprehensión, detención o presentación, pues conforme a los hechos es evidente que no existen elementos objetivos que acrediten su dicho, pues omitió precisar alguna carpeta de investigación o causa de control de la que pudieran derivar los actos reclamados, por lo que no existe indicio de que alguna de las autoridades hayan emitido una orden privativa de libertad.
Añadió el A quo, que el juicio de amparo no constituye un medio para investigar a las autoridades que pudieran haber dictado una orden privativa de libertad en contra de la quejosa, sin contar con datos objetivos, lo que resultaría contrario a la naturaleza del referido medio de control constitucional, en términos de los artículos 17 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por tanto, era evidente que lo reclamado por la promovente, tiene la naturaleza de actos futuros e inciertos, pues su eventual emisión por parte de las autoridades responsables, dependerá del hecho de que exista una carpeta de investigación o causa de control instruida en su contra por un hecho delictuoso.
Consideraciones que el juez constitucional apoyó con la tesis XX.308 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de contenido siguiente: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías."
Conforme a tales consideraciones, el juzgador de amparo con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, desechó de plano la demanda.
Tal determinación es incorrecta, pues en el caso, como lo aduce la recurrente en el escrito de expresión de agravios, contrario a lo considerado en el auto venido en queja, no se advierte se actualice de forma manifiesta e indudable la causa de inejercitabilidad de la acción de amparo a que alude, lo que conduce a declarar fundado el recurso de queja, al tenor de las consideraciones que a continuación se enuncian.
El numeral 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, al mencionar:
"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."
De esta manera, cobra relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable" que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.
Lo que implica que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado, pues no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, ya sea de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, o bien de los documentos que se anexan a esas promociones.
Por ello, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las constancias que hayan sido exhibidas y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el quejoso, o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.
Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, o bien de los documentos que se anexan a esas promociones, al grado tal que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, por lo que al momento de proveer sobre ella, sea innecesario realizar mayor análisis sobre la naturaleza del acto o sobre la aplicación de las reglas de excepción.
Si no se actualizan esos requisitos, es decir, si inexiste la causa de improcedencia manifiesta e indudable o se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues de lo contrario se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo en contra de un acto que estima le causa perjuicio; por tanto, debe admitirse a trámite aquélla a fin de estudiar la cuestión planteada.
Ilustra lo expuesto la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) de rubro y texto siguientes:
"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."
También la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,(3) que se comparte, que es del tenor siguiente:
"DEMANDA DE AMPARO. REQUISITOS PARA SU DESECHAMIENTO DE PLANO. De la lectura del artículo 177 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo directo sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, y b) que dicho motivo sea manifiesto; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación, cuando los haya, y de los documentos que se anexen a tales promociones."
Precisado lo anterior, como se anticipó, hasta este momento no se cuenta con los elementos necesarios para establecer que se actualiza de forma manifiesta e indudable la alegada causa de inejercitabilidad de la acción de amparo.
Esto es así, porque el auto inicial (que decide sobre la admisión o no de la demanda de amparo) no es la actuación procesal oportuna para arribar a la afirmación razonable de que la orden de aprehensión y su ejecución, como la reclama la quejosa, no le causa una afectación real y actual a su esfera jurídica -interés jurídico-.
Ciertamente, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) así como el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo,(5) contemplan el principio consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, es decir, en los preceptos invocados se prevé que para instar la acción constitucional el amparista deberá aducir ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo y alegar que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de Carta Magna, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de lo contrario el juicio de amparo resulta improcedente
En efecto, en términos de las disposiciones de orden constitucional y legal de referencia es patente que para promover el juicio de amparo es suficiente que la parte quejosa aduzca que la titularidad de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo y que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos fundamentales, pues la acreditación de la afectación real y actual a la esfera jurídica del accionante deberá ser materia de prueba en el juicio, o bien advertirse de los informes justificados que rindan las autoridades, lo cual podrá acreditarse hasta la audiencia constitucional.
Estimar lo contrario implicaría dejar al promovente en estado de indefensión dado que se le estaría privando de la oportunidad de allegar pruebas al juicio que justificaran dicho requisito de procedibilidad.
En ese contexto, es incorrecto que el juez de Distrito afirme que a la fecha de presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del promovente, pues refiere se está en presencia de un futuro, incierto e inexistente al momento de la promoción del juicio, al no aportarse datos objetivos sobre una posible privación de la libertad, ni de un acto real y actual que se pretenda materializar en su contra, y del cual la accionante haya tenido conocimiento en forma cierta y concreta.
Adverso a lo indicado en el auto recurrido, no puede sostenerse de manera concluyente la inexistencia de la orden reclamada y que por tanto no se produce afectación real y actual en los intereses de la peticionaria, virtud que en el escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, indicó que:
"1. Con fecha 11 de julio del presente, año, me encontraba en mi domicilio particular ubicado en **********, colonia **********, Estado de México, cuando siendo aproximadamente las 15:00 horas tocaron a mi puerta de forma muy fuerte, salí a atender la llamada a la puerta, y eran dos personas del sexo masculino, que me comentaron venían por parte de la Fiscalía General de Justicia a intentar negociar conmigo, porque tenían orden de presentarme ante la Fiscalía de Atizapán ‘por un problema choncho, que negociara o me atuviera a las consecuencias’, estas personas, mencionaron que tenían carpetas en contra mía y demás familiares, pero que querían negociar, por lo cual, no se presentaban uniformadas, sino con ropa casual y muy rápidamente me mostraron una credencial de gobierno la cual no logré identificar correctamente, les mencioné que no tenía idea de lo que estaba sucediendo, que no he cometido delito alguno, y que su deber era hacerme sabedora de los hechos que presumiblemente se me imputaban.
"A lo cual, estas personas, me manifestaron que ya había perdido mi oportunidad de negociar, por lo cual me atuviera a las consecuencias, que no anduviera de chillona cuando estuviera en el bote.
"2. Ese mismo día, más tarde se presentaron dos elementos policiacos en mi domicilio pero yo no me encontraba, me comunicó la madre de mi pareja, quien responde al nombre de **********, que me habían ido a buscar a mi domicilio, y que no le quisieron decir el motivo, sin embargo, también a ella le comunicaron que estaban buscándola, y que o se negociaba en corto o tanto ella como yo, nos atuviéramos a las consecuencias, que en cualquier momento nos podían detener y presentarnos ante el Ministerio Público, que tenían una orden en nuestra contra, pero que ellos querían negociar.
"3. Posteriormente, el día 12 de julio de este año, mis vecinos me comunicaron, que había gente de la Policía y de la Fiscalía que preguntaba insistentemente por mí y por la mamá de mi pareja, que andábamos metidas en un problema fuerte, que nos anduviéramos con cuidado, y que preguntaban a qué hora nos podían localizar, que no nos encubrieran, porque había una orden de aprehensión en nuestra contra, por un problema en el Ministerio Publico, relacionado con un familiar, que nos presentarían al ‘AMPEVSYG’ o a la Agencia que está junto al Palacio Municipal, que nos iría barato, porque podíamos caer en Barrientos.
"4. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto como Quejosa, QUE NO HE INCURRIDO EN CONDUCTA DELICTIVA ALGUNA, y que no he sido notificada con anterioridad con hechos relacionados a una supuesta investigación, que de cometerse un acto de dicha magnitud, se consumaría una arbitrariedad en mi contra.
"5. Temiendo se consume una arbitrariedad en mi contra, misma que pudiese vulnerar mi esfera jurídica de forma arbitraria e irreparable, acudo a usted en Demanda de Amparo para obtener la protección de la JUSTICIA FEDERAL."
Lo que implica que la quejosa manifiesta un temor fundado de ser aprehendida, lo que resulta suficiente hasta este momento para admitir la demanda de amparo; lo anterior, en virtud de que la existencia o no del acto reclamado se debe dilucidar y clarificar con la información que se obtenga de los informes justificados y constancias que se aporten al juicio, con base en las cuales se resolverá lo conducente.
En ese sentido, no resulta exigible para la procedencia del juicio constitucional que se hubieren aportado datos objetivos sobre la orden reclamada, pues en su caso, el conocimiento detallado del mandato de autoridad se obtendrá de los informes justificados y pruebas que la inconforme allegue al juicio.
En esa tesitura, se itera, la afectación al interés jurídico que pueda irrogarse a la quejosa con motivo de la emisión y ejecución de la orden reclamada deberá ser materia de análisis durante la sustanciación del asunto; máxime que el sigilo inherente a la emisión y cumplimentación de ese tipo de mandatos, torna poco razonable exigir a quien es destinario de la misma cuente con mayores elementos que denoten de manera "fehaciente" su existencia.
Ante ese panorama, no fue apropiado se hubiese inadmitido la demanda de amparo con base en el argumento de que los actos reclamados que se hicieron consistir en una orden de aprehensión, detención o presentación, así como su ejecución, no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la promovente al ser inexistentes al momento de la presentación de la demanda.
De manera adicional, respecto a los pronunciamientos del juzgador de amparo relativos a que los actos reclamados son futuros e inciertos, cabe atender lo manifestado por la quejosa bajo protesta de decir verdad; en tanto que la inminencia o no de su realización debe verificarse con los elementos probatorios que se aporten durante la secuela del juicio y en audiencia constitucional, sin perjuicio de que durante su sustanciación quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se advierta la existencia de alguna otra causa de improcedencia.
Por ende, tratándose de actos futuros de los que no se tenga conocimiento certero si es inminente o si se llegará o no a materializarse, no constituye por sí motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por ello debe admitirse a trámite la demanda.
Es aplicable la jurisprudencia 1a/J. 25/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(6) del tenor siguiente:
"DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral."
Ello, porque sólo así se otorgaría a la quejosa la oportunidad de ofrecer las pruebas que estime necesarias para acreditar la afectación que le irroga el acto reclamado, pues de lo contrario se privaría al peticionario del derecho de instar la acción constitucional contra un acto que estima le causa perjuicio, como sucede en el caso concreto.
En ese sentido, en el auto inicial en que se provee sobre la admisión o no de la demanda, por regla general no se está en posibilidad jurídica ni material de precisar si la parte quejosa tiene interés jurídico, o bien, si le genera perjuicio el acto reclamado, ya que en esa etapa del procedimiento no constan elementos suficientes para pronunciarse en tal sentido, pues para ello debe analizarse el acto reclamado de manera completa atendiendo a los principios que rigen al juicio de amparo, por lo cual, hasta este momento, se estima que no está actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, al tenor de las exigencias que prevé el artículo 113 de la propia legislación, con lo que se priva a la quejosa de su derecho de instar un juicio constitucional contra una actuación que pudiera causarle menoscabo a sus derechos humanos.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) cuyos rubro y texto son los siguientes:
"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."
En tal virtud, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, ha lugar a declarar fundado el recurso de queja e instruir al A quo para que de no advertir diverso motivo manifiesto e indudable de improcedencia, o algún motivo que amerite prevención a la amparista, provea lo conducente sobre la admisión de la demanda en comento.
Al respecto, se precisa que este tribunal no puede asumir la jurisdicción que corresponde al juez de Distrito, porque la naturaleza del auto recurrido limita la litis sometida a su consideración, esto es, sólo puede pronunciarse en lo que es materia de impugnación, en la especie, analizar si es correcto o no el desechamiento de la demanda, por la probable existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, porque al ser revocada la determinación impugnada provoca que el juzgador de amparo proceda en los términos aquí precisados y después acuerde lo que en derecho procede.
Aplica la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(8) cuyos rubro y texto son:
"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."
Cabe precisar que la decisión adoptada no es impedimento para que durante la tramitación del juicio de amparo, el juez de Distrito pueda tener por actualizada alguna causa de improcedencia de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, incluso aquella en la que sustentó el auto aquí recurrido; siempre y cuando se cuente con las constancias conducentes que permitan tenerlas por actualizadas de forma inobjetable.
Similar criterio al aquí adoptado se sostuvo al resolver los recursos de queja 101/2023, 133/2023 y 166/2023, en sesiones ordinarias virtuales de ocho de junio, veintiocho de septiembre y diecisiete de agosto, todas de dos mil veintitrés, así como en el recurso de queja 117/2021, resuelto en sesión ordinaria de ocho de julio de dos mil veintiuno, ejecutoria esta última que dio origen a la tesis II.3o.P.3 P (11a.),(9) sustentada por este tribunal, de rubro:
""
Por lo expuesto y fundado, se:
RESUELVE
ÚNICO.—Es fundado el recurso de queja.
Notifíquese como corresponda, con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al Juzgado de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia deberá estar disponible en versión pública. En la mencionada versión pública deberán suprimirse los datos personales de las partes, al no constar en actuaciones consentimiento expreso para su tratamiento, en términos de lo que estatuyen los numerales 7 y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Raúl Valerio Ramírez (presidente), Ricardo Paredes Calderón y Humberto Venancio Pineda (ponente); quienes firman electrónicamente con el secretario de tribunal Juan Manuel Parra Chávez, que da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás aplicables, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La tesis aislada XX.308 K citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-1, febrero de 1995, página 138, con número de registro digital: 209001.
Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.) y aislada II.3o.P.3 P (11a.) citadas en esta sentencia, también aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas y 26 de noviembre de 2021 a las 10:37 horas, respectivamente.
_____________________________________________
2. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, Materia Común, página 448.
3. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Abril de 1991, Materia Común, página 173.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32275-db325654/orden-de-aprehension-detencion-y-o-presentacion-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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