MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SALA RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO O LA SOCIEDAD EN GENERAL, SALVO LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 16/2017. 18 DE OCTUBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ROSALÍA ISABEL MORENO RUIZ DE RIVAS. SECRETARIA: ANA VICTORIA CÁRDENAS MUÑOZ.
CONSIDERANDO:
IV.-Los agravios que anteceden, por una parte son inoperantes y, por otra, infundados.
En el acuerdo recurrido, el presidente de este órgano colegiado desechó de plano la demanda de amparo presentada por la agente del Ministerio Público adscrita a la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, contra la resolución definitiva dictada en el toca penal número ********** de su índice, que modificó la sentencia de primera instancia apelada, en la que, por una parte, declaró a ********** y a **********, penalmente responsables en la comisión del delito de homicidio simple intencional, en agravio de quien en vida llevara el nombre de ********** y, por otra, los absolvió de la acusación formulada en su contra por el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo; y su ejecución, por estimar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1o., 5o., 6o. y 7o., todos de la ley de la materia, ya que la representante social carece de legitimación para promover el juicio de amparo, porque el Ministerio Público, como institución del Poder Ejecutivo, no es titular ni goza de los derechos humanos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los particulares y, por ende, no cuenta con interés jurídico, ni legítimo.
En primer lugar, la agente del Ministerio Público recurrente solicita la inaplicación, por inconstitucional, del párrafo cuarto de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el que se sustenta el auto impugnado; tema que este tribunal analizará, en atención a los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2017 (10a.), aplicable por identidad jurídica, y por la Primera Sala de ese Alto Tribunal, en las tesis 1a. XLVI/2016 (10a.) y 1a. XLVII/2016 (10a.), esta última citada en los motivos de inconformidad, cuyos títulos, subtítulos y textos son:
"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, TANTO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN COMO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SON COMPETENTES PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO, CON BASE EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS ORIGINARIA Y DELEGADA, SIN ATENDER AL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES INTRODUCIDO EN ESA INSTANCIA. Respecto del recurso de revisión en amparo indirecto existe un sistema de competencias que distingue entre la originaria y la delegada, del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito, respectivamente. Por otra parte, el Pleno del Alto Tribunal ha reconocido la posibilidad de que en ese recurso se introduzcan agravios tendentes a reclamar la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley de Amparo aplicados en la actuación recurrida. Ante ello, cuando en el recurso de revisión en amparo indirecto se plantea la inconstitucionalidad de algún precepto de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia para conocer y resolver del recurso se determina en razón de las reglas previstas en el sistema competencial establecido para el recurso de revisión, con base en el acto reclamado en forma destacada, sin que deba atenderse al planteamiento de inconstitucionalidad de la Ley de Amparo para determinar la competencia del órgano que conocerá del recurso, porque ese aspecto es una cuestión adicional e introducida en la revisión, la cual tiene un alcance diferente al del acto reclamado en forma destacada, que no resulta apto para determinar la competencia del tribunal de alzada."(1)
"RECURSO DE RECLAMACIÓN. CONSTITUYE EL MEDIO IDÓNEO PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO PARA IMPUGNAR LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE UN ARTÍCULO DE ESE ORDENAMIENTO APLICADO DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO EN LA VÍA DIRECTA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 301/2013, determinó que procede el análisis constitucional de un artículo de la Ley de Amparo cuando se satisfacen tres requisitos: a) la existencia de un acto de aplicación de dicha ley al interior del juicio de amparo; b) la impugnación de ese acto de aplicación cuando trascienda al sentido de la decisión adoptada; y, c) la existencia de un recurso contra ese acto, en donde pueda analizarse tanto la regularidad del acto de aplicación, como la regularidad constitucional de la norma empleada. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que el quejoso no puede impugnar como acto reclamado destacado en la demanda inicial la Ley de Amparo, también lo es que el órgano de amparo, en ejercicio de sus facultades rectoras del procedimiento, puede emitir actos de aplicación de las normas reguladoras del juicio constitucional que pueden combatirse en los recursos relativos, pues es hasta ese momento procesal cuando dicho cuerpo legal puede generar un perjuicio al particular y, por tanto, estar en aptitud de oponerse a éste, cuya premisa normativa consiste en que si bien la Ley de Amparo es reglamentaria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo relevante es que no son normas equivalentes, por lo cual, al tratarse de una norma subordinada a los criterios de validez de la norma fundante del ordenamiento jurídico, no debe escapar al control constitucional que efectúan los órganos de amparo. En ese sentido, si durante el trámite de un juicio de amparo directo se aplica un precepto de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el recurso de reclamación es el medio de impugnación idóneo para combatir la regularidad constitucional de ese artículo, en términos de los preceptos 104 a 106 de la propia ley; de forma que si el quejoso interpone el referido recurso, deberá hacer valer, conjuntamente con los reclamos de legalidad, sus consideraciones en el sentido de que el numeral aplicado es inconstitucional para que el Tribunal Colegiado de circuito que conozca del recurso efectúe el análisis respectivo."(2)
"RECURSO DE RECLAMACIÓN. SI AL INTERPONERLO CONTRA UN ACUERDO DICTADO DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO NO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO DE LA LEY DE AMPARO APLICADO EN DICHO PROVEÍDO, PRECLUYE EL DERECHO DEL RECURRENTE PARA HACERLO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que procede el análisis constitucional de un artículo de la Ley de Amparo cuando se satisfacen tres requisitos: a) la existencia de un acto de aplicación de dicha ley al interior del juicio de amparo; b) la impugnación de ese acto de aplicación cuando trascienda al sentido de la decisión adoptada; y, c) la existencia de un recurso contra ese acto, en donde pueda analizarse tanto la regularidad del acto de aplicación, como la regularidad constitucional de la norma empleada. De esta forma, si se interpone el recurso de reclamación contra un proveído dictado durante el trámite del juicio de amparo directo en el que se reclame sólo la legalidad del acuerdo, pero no la constitucionalidad del precepto de la Ley de Amparo en que esa determinación se sustentó, precluye el derecho del quejoso para reclamar la regularidad constitucional de ese artículo, es decir, el quejoso no tendría una nueva oportunidad para reclamarla, en virtud de que no es viable proyectar el reclamo de inconstitucionalidad hasta la resolución del amparo directo en revisión, pues su análisis debió agotarse al sustanciarse el recurso de reclamación ante el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento."(3)
De conformidad con la jurisprudencia y las tesis transcritas, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los Tribunales Colegiados de Circuito, son competentes para conocer y resolver el recurso en el que se controvierta la constitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo, aplicado en la resolución impugnada, durante la tramitación de dicho juicio.
En la especie, el acto de aplicación del párrafo cuarto de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de la Amparo, norma tildada de inconstitucional en los agravios, es el acuerdo de presidencia recurrido, en el que precisamente con fundamento en lo dispuesto por dicho precepto, se desechó la demanda de amparo directo promovida por la representante social, aquí inconforme, por su falta de legitimación procesal activa, pues se consideró que no es titular de un derecho subjetivo afectado por la sentencia parcialmente absolutoria que reclama, emitida por un tribunal judicial.
Además, en su artículo 104, la ley de la materia(4) prevé el recurso de reclamación para impugnar ese proveído, y al interponerlo la agente del Ministerio Público controvierte la constitucionalidad de la citada norma del propio ordenamiento, por su aplicación en el auto recurrido.
Por tanto, en este medio de impugnación se satisfacen los requisitos indicados por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País -en las tesis previamente reproducidas-, para que proceda el análisis de la regularidad constitucional de la aplicación de uno de los preceptos de la Ley de Amparo en la actuación que aquí se recurre.
No obstante, los agravios expuestos con el propósito de evidenciar que el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, atenta contra el derecho de igualdad procesal entre las partes, por restringir el derecho de la víctima u ofendido a ser representados en el juicio de amparo, al no reconocer al Ministerio Público el carácter de quejoso cuando el acto reclamado proviene de un procedimiento penal, en tanto que el inculpado sí goza del derecho a ser representado por su defensor, son inoperantes.
Esto es así, porque la norma impugnada textualmente dice:
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.
"El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.
"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;
"La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley."
Ahora bien, el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en realidad es una excepción constitucional contenida en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 107 de la Ley Fundamental, que establece:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ..."
Como puede apreciarse, en el dispositivo tildado de inconstitucional por la representante social recurrente, el legislador solamente trasladó a la Ley de Amparo -casi literalmente, pues agregó al supuesto jurídico a los tribunales agrarios-, la excepción regulada por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, que categóricamente determina que en el juicio de amparo promovido contra actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; y no es jurídicamente posible realizar un control constitucional de un precepto de la Ley de Amparo que reproduce una norma de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser ésta el origen de todo el ordenamiento jurídico.
Así lo explica la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 3/2014 (10a.).
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Los indicados preceptos no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante alguno de los recursos establecidos en la Ley de Amparo, pues las normas que componen la Constitución General de la República constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Además, porque ni en la Carta Magna ni en la ley citada se establece que, a través del juicio de amparo, aquélla pueda sujetarse a control constitucional, sino únicamente las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías establecidas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin que en el concepto ‘normas de carácter general’ puedan entenderse incluidos los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ésta es la Ley Suprema que da fundamento normativo al juicio de amparo; y aun cuando se aceptara que, en sentido lato, es una norma general, lo cierto es que no es posible, desde el punto de vista formal, considerar que viola derechos humanos, pues ello implicaría que la Norma Fundamental no es tal, en la medida en que el sistema de control constitucional que establece es capaz de invalidar su propio contenido, aunado a que no es jurídicamente admisible desarticular la interdependencia de las normas constitucionales, negando el principio de unidad de la Constitución."(5)
En este orden, por disposición de la propia Ley Fundamental, cuando se reclamen resoluciones de tribunales judiciales, únicamente pueden promover el juicio de amparo quienes tengan un interés jurídico debidamente reconocido, por lo que no es viable examinar la regularidad constitucional de la norma de la ley de la materia, que sólo reproduce tal excepción y, por ende, los agravios tendientes a impugnarla son inoperantes.
En este sentido se ha pronunciado también la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en la jurisprudencia 2a./J. 119/2014 (10a.), publicada con el título, subtítulo y texto siguientes:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN LA DESAPLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN, PROHIBICIÓN, LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL, CON APOYO EN UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER CONVENCIONAL. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel que los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conformando un mismo catálogo sin hacer referencia a una cuestión jerárquica; pero que cuando se esté en presencia de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional, prevalece o tiene aplicación directa el texto de la Ley Fundamental frente a cualquier norma de carácter internacional. En ese tenor, los agravios en los que se pretenda la desaplicación de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional con apoyo en una disposición de carácter convencional resultan inoperantes, al tratarse aquéllas de una expresión del Constituyente que prevalece, en todo caso y condición, frente a cualquier otra norma derivada, con independencia de que ésta tenga el mismo nivel que la Constitución Federal."(6)
Por otra parte, en cuanto a la legalidad del acuerdo impugnado, resultan infundados los motivos de inconformidad aducidos por la agente del Ministerio Público recurrente con el objeto de que se reconozca su legitimación para promover el juicio de amparo directo, como representante de la sociedad, agraviada por el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo -por el que se instruyó el proceso penal del que deriva la sentencia que reclama, en la que se absolvió a los acusados por ese ilícito-, en equiparación a las facultades que la Ley de Amparo otorga al defensor de los sentenciados, con base en los principios de igualdad procesal y de progresividad.
Como se puntualiza en el auto recurrido, los artículos 1o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en lo conducente, disponen:
"Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:
"I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;
"...
"El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley."
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"...
"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;
"La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley. ..."
"Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley.
"Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.
"Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes."
(El texto subrayado es de este tribunal).
La detenida lectura de estas normas jurídicas pone de manifiesto que en el proveído impugnado con toda razón se expuso:
a) Que una interpretación sistemática de los preceptos transcritos, así como de los artículos 103 y 107 constitucionales, permite establecer que el juicio de amparo es un medio de defensa que protege a las personas, físicas o jurídicas, contra normas generales o actos de autoridad -en sentido amplio- y, excepcionalmente, de particulares que transgredan en su perjuicio los derechos humanos tutelados por la Constitución, así como las garantías que la misma otorga para preservarlos.
b) Que tales derechos y garantías constituyen restricciones al poder público, en tanto que reconocen derechos fundamentales en favor de los gobernados y la correlativa obligación de todas las autoridades de adecuar a esas prerrogativas los actos que emitan en ejercicio de sus funciones.
c) Que como la finalidad de los derechos humanos y de las garantías individuales contemplados en la Carta Magna y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, es limitar al poder público y salvaguardar los derechos fundamentales del individuo, resulta incuestionable que el Ministerio Público, como institución perteneciente al Poder Ejecutivo y, por tanto, bajo la personalidad jurídica del Estado, no es titular ni goza de esos derechos y, por regla general, no está legitimado para promover el juicio de amparo, con excepción del supuesto previsto en el citado artículo 7o. de la ley de la materia; esto es, únicamente cuando una norma general, un acto o una omisión de autoridad afecten a dicha institución en su patrimonio, siempre que se trate de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares.
d) Que las tesis con las que la agente del Ministerio Público pretende justificar que está legitimada para promover el juicio de amparo directo en este caso, tituladas: "PROGRESIVIDAD. CÓMO DEBE INTERPRETARSE DICHO PRINCIPIO POR LAS AUTORIDADES A PARTIR DE LA REFORMA QUE SUFRIÓ EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011."(7) y "PRINCIPIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD). ORIENTAN LA INTERPRETACIÓN DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES EN ESA MATERIA Y SON DE INELUDIBLE OBSERVANCIA PARA TODAS LAS AUTORIDADES.",(8) apoyan el sentido de dicho proveído, porque el principio de progresividad introducido al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la reforma en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se refiere a que la tutela de esos derechos, que obedece a un contexto de necesidades pasadas y actuales, puede expandirse por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse en favor del individuo, es decir, del gobernado, y que las instituciones del poder público, como el Ministerio Público, no son sujetos de esos derechos.
e) Que si bien el agente del Ministerio Público tiene el carácter de parte en el juicio de amparo cuando el acto reclamado provenga de procedimientos penales y, por ello, tiene legitimación para interponer los recursos que la ley de la materia le concede, esa prerrogativa no es absoluta, ni llega al grado de facultarlo para promover el juicio de derechos humanos por sí y en representación de las víctimas del delito, como indebidamente pretende la representante social, por tratarse de un derecho reservado a los gobernados (personas físicas o morales) a quienes afecte la norma general o el acto de autoridad.
En otras palabras, el Ministerio Público carece de legitimación para promover el juicio de amparo, porque no es titular de derechos subjetivos públicos, con la salvedad previamente señalada, relativa a la afectación del patrimonio de dicha institución, siempre que se trate de una relación jurídica establecida en un plano de igualdad con los particulares.
Cabe enfatizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación ha definido con toda claridad que las víctimas u ofendidos de los delitos están legitimados para acudir al juicio de amparo directo, precisamente porque el representante social no puede hacerlo, en la jurisprudencia 1a./J. 77/2015 (10a.) y tesis que a continuación se reproducen:
"VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA UN FALLO ABSOLUTORIO CUANDO LA LEY NO LE RECONOCE EL CARÁCTER DE PARTE EN EL RECURSO DE APELACIÓN PARA INTERVENIR EN ÉL. Cuando el Ministerio Público, como parte en el proceso penal, es notificado de la sentencia de apelación que confirma un fallo absolutorio y la ley ordinaria no reconoce legitimación a la víctima u ofendido del delito para interponer dicho recurso contra una sentencia definitiva, el plazo para promover el juicio de amparo directo contra tal determinación no debe computarse a partir de su notificación al representante social, pues ello sería contrario al derecho fundamental de acceso a la justicia en detrimento de la víctima u ofendido, al generar el inicio de un término legal a partir de la notificación del acto reclamado a un ente que carece de facultades para instar el juicio uniinstancial en su favor, cuando quien podría hacerlo -el pasivo del delito-, no había sido impuesto de esa resolución, con independencia de la calidad de coadyuvante que le asiste en el proceso, ya que el fiscal, en términos generales, no podría representar sus intereses, por lo que debe desvincularse el efecto que produce la notificación del acto reclamado realizada al Ministerio Público que ejerce una representación en la causa penal, del interés jurídico y la legitimación que asiste a la parte quejosa para instar el juicio constitucional. Por tanto, para determinar el plazo con que cuenta la víctima u ofendido del delito para instar el juicio de amparo directo contra la sentencia aludida, cuando la ley no le reconoce el carácter de parte en el recurso de apelación para intervenir en él, debe atenderse a las reglas establecidas en la Ley de Amparo aplicable; de ahí que dicho término se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la sentencia, del día que tuvo conocimiento de ésta, o en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste haberse hecho sabedora de ella."(9)
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA EFECTUADA EN EL AMPARO DIRECTO A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA ÚNICAMENTE POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DEBIDO A QUE LA NORMA ADJETIVA NO LOS LEGITIMA PARA IMPUGNAR ESA RESOLUCIÓN, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA, DE ACCESO A LA JUSTICIA, NI DE IGUALDAD PROCESAL. La suplencia de la queja deficiente puede realizarse en el estudio constitucional de la sentencia definitiva impugnada a través del juicio de amparo directo promovido por la víctima u ofendido del delito a quien la norma ordinaria no legitima para interponer el recurso de apelación contra dicha determinación, en la inteligencia de que la resolución de segunda instancia versó sobre la calificación, en estricto derecho, de los agravios del representante social. Dicho análisis constitucional no violenta el principio de seguridad jurídica, porque revelará las condiciones terminantes en que habrá de resolverse el asunto, con lo que dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del proceso. El empleo de esa figura jurídica tampoco violenta el principio de acceso a la justicia, porque a través de la sustanciación del juicio de amparo, el Estado Mexicano cumple con la obligación de brindar un recurso efectivo y de fácil acceso a los pasivos del delito, libre de cualquier obstáculo que carezca de razonabilidad para resolver eficazmente el medio extraordinario de impugnación. Finalmente, el tratamiento de la suplencia efectuado en la acción constitucional a favor de la víctima u ofendido del delito no transgrede el principio de igualdad procesal, debido a que sus derechos y los de los acusados no son opuestos entre sí, por el contrario, el respeto a las prerrogativas de ambas partes constituye la vigencia del orden constitucional, de modo que no rompe con el equilibrio procesal de esos intereses el que el acto reclamado se analice en sede constitucional, aun cuando potencialmente el inculpado y su defensa hubieren superado conforme a las reglas del debido proceso la acción penal -y posteriormente la acusación- intentada por el Ministerio Público, pues la impugnación que en amparo directo haga la víctima u ofendido no genera un nuevo frente de imputación penal distinto a la pretensión punitiva estatal, por el contrario, al haber sido desvinculado el inculpado bajo la responsabilidad judicial de la acción penal que sigue siendo la condicionante o presupuesto lógico de cualquier tipo de reclamo constitucional, es que se justifica que los pasivos del delito tengan esa facultad ante la imposibilidad jurídica que existe para el fiscal, aunado a que se mantiene firme el papel del Estado como monopolizador del ejercicio de la acción penal, relativo a la carga de la prueba en materia penal y el expresar en proposiciones concretas la pretensión punitiva; de ahí que el referido método de aplicación de la figura de la suplencia de la queja se desarrolla en un claro plano de equilibrio entre los intereses de los sujetos pasivos del delito y los de los acusados."(10)
Así, es evidente que el Ministerio Público carece de leg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27617-1cac1538/ministerio-publico-adscrito-a-la-sala-responsable-carece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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