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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2016. · Registro digital (IUS): 26803
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-11-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Pág. 1484.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ROCÍO BALDERAS FERNÁNDEZ.

III. Competencia y legitimación

6. Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que los criterios denunciados como contradictorios han sido sustentados por Tribunales Colegiados de diversos Circuitos y especialidades, y no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

7. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue denunciada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano colegiado que conoció de los recursos de queja ********** y **********, dos de las resoluciones que motivan la presente contradicción de tesis. Lo anterior con fundamento en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente desde el tres de abril de dos mil trece.

IV. Existencia de la contradicción de tesis

8. El Pleno de este Alto Tribunal ya definió que para abordar el análisis de las contradicciones de tesis, no es necesario pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la jurisprudencia P./J. 26/2001, cuyos título y subtítulo dicen: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", pues dicho criterio fue interrumpido.

9. Ahora bien, una nueva forma de aproximarse a los problemas jurídicos generados por la contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, debe radicar en la necesidad de unificar criterios, y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito.

10. En ese sentido, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis, es indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en su producto. De esta manera, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a. Que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuera.

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gira en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

11. El criterio expuesto resulta complementario del sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de título, subtítulo y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(6)

12. De la misma manera, aunque las posturas discrepantes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, dicha circunstancia no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción de tesis planteada, y en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, siendo aplicable la tesis P. L/94, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, de título, subtítulo y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIA.-Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."(7)

13. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Sala, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de utilizar su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:

A. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo las siguientes consideraciones en el recurso de queja **********:

1. El Tribunal Colegiado de Circuito estimó procedente el recurso de queja promovido por el **********, en contra del acuerdo que admitió la demanda de garantías promovida por **********, en contra de dicha autoridad por la omisión de respuesta en torno a la investigación de la Dirección General de Investigación Interna, a su escrito presentado el 3 de diciembre de 2014.

2. El Tribunal Colegiado de Circuito desestimó los planteamientos de la autoridad responsable, pues no se verificaba el supuesto del artículo 113 de la Ley de Amparo, donde se dispone que el Juez de Amparo podrá desechar la demanda cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

3. Se basó en las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de este Alto Tribunal para desentrañar el alcance y sentido de las palabras manifiesto e indudable, y concluyó que un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que está plenamente probado, pues no requiere de demostración alguna, y debe estarse al escrito de demanda y anexos que la acompañen.

4. Sostuvo que, de no actualizarse los anteriores supuestos, no puede desecharse la demanda, ya que privaría al quejoso de su derecho de instar al juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio, por tanto, debe admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.

5. Estimó que, en el caso concreto, lo correcto era admitir la demanda para analizar si había transcurrido o no el plazo con el que contaba la autoridad responsable para dar respuesta al escrito de petición presentado por el quejoso, pues resultaba importante que el juzgador examinara el fondo del asunto.

B. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito expuso en los recursos de queja **********, ********** y **********, las siguientes consideraciones:

1. **********, por propio derecho, y en su carácter de **********; **********, por su propio derecho y en su carácter de **********, **********, y **********, por conducto de representante legal y en su carácter de **********, interpusieron diversos recursos de queja en contra del auto de diecinueve de agosto de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo **********, por la Jueza Décimo Tercera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, donde se impusieron diversas multas por el incumplimiento del fallo protector.

2. Estimó innecesario analizar los motivos de agravio formulados por la recurrente, al resultar improcedente, pues a su parecer, no se impugnaba un acuerdo que por su naturaleza trascendental y grave pudiera causar un perjuicio no reparable, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.

3. Estimó que el acuerdo recurrido, donde se impuso a la recurrente una multa en cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al no haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, le generaba un perjuicio susceptible de repararse, ya sea por el Tribunal Colegiado de Circuito que conociera del incidente de inejecución de sentencia, o bien, por la Suprema Corte.

4. Sostuvo que al resolverse el incidente de inejecución resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte, según sea el caso, se debería determinar, en primer lugar, si el procedimiento de ejecución se realizó de manera correcta o incorrecta, lo que incluía la legalidad de los requerimientos formulados para tal efecto y, por tanto, las multas. Y sustentó sus consideraciones en la tesis de jurisprudencia P./J. 61/2014 (10a.), del Tribunal Pleno.

5. Reforzó sus consideraciones con base en la resolución del incidente de inejecución **********, relacionada con este recurso, donde se resolvió devolver los autos del juicio de amparo ********** a la Jueza Décimo Tercera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a efecto de que determinara si con las constancias exhibidas por la autoridad responsable, se acreditaba o no el cumplimiento a la sentencia de amparo.

C. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito resolvió el recurso de queja **********, donde expuso las siguientes consideraciones:

1. **********, en su carácter de **********, interpuso recurso de queja en contra del auto de dieciséis de junio de dos mil quince, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto **********, donde se le impuso una multa por el incumplimiento de la sentencia de amparo.

2. El Tribunal Colegiado de Circuito se declaró competente para resolver el recurso promovido por la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso e), de la actual Ley de Amparo y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los puntos primero, segundo y tercero, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, al recurrirse el auto a través del cual, se impuso multa como medida de apremio, por la autoridad responsable.

3. Estimó fundados los agravios expuestos donde la recurrente manifestaba que le causó agravio la multa impuesta pues, contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, acató los efectos concedidos en la sentencia de amparo, consistentes en el pronunciamiento que hiciera en un acuerdo donde dictara todas las medidas que a su juicio sirvieran para cumplir en forma total con el laudo.

4. Consideró que en el caso no resultaba procedente imponer la multa a la autoridad responsable por el incumplimiento injustificado de la sentencia de amparo, pues no existió una conducta contumaz para realizar el cumplimiento de la ejecución.

5. Por último, estimó que no pasaba desapercibido que la autoridad recurrente informara a ese órgano colegiado que en diversa diligencia se había ordenado archivar el expediente laboral, al haberse cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, pues esa cuestión sería materia de análisis al momento en que el Juez de Distrito dictara la resolución que en derecho correspondiera sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo.

6. En consecuencia, concluyó que al resultar fundados los agravios analizados, era fundado el recurso de queja y, por tanto, debía dejarse insubsistente la multa impuesta a la autoridad recurrente.

D. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió los recursos de queja ********** y **********, donde expuso las siguientes consideraciones:

1. **********, por propio derecho y como ********** y **********, por propio derecho y como ********** interpusieron diversos recursos de queja en contra el auto dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, donde se les impuso una sanción pecuniaria por no acatar el fallo constitucional.

2. El Tribunal Colegiado de Circuito estimó que resultaba innecesario el análisis de los agravios, toda vez que los recursos de queja eran improcedentes. Al respecto, citó el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, donde se dispone que el recurso de queja es procedente en dos supuestos: i) cuando se impugna una resolución dictada durante la tramitación del juicio o incidente de suspensión, siempre y cuando la resolución no admita expresamente el recurso de revisión, y los daños y perjuicios que aquélla pudiera ocasionar no sean susceptibles de reparación en la sentencia definitiva; o bien, ii) cuando se impugna una resolución dictada después de fallado el juicio. El segundo supuesto tiene por finalidad que en la etapa de ejecución de las sentencias de amparo, se tenga abierta la posibilidad de impugnar las violaciones que pudieran darse mediante el recurso de queja, en demérito del principio de celeridad que rige la etapa de cumplimiento del fallo protector.

3. Sostuvo que el recurso referido en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, sólo procede tratándose de resoluciones dictadas después de fallado el juicio, siempre y cuando las violaciones no sean reparables por las autoridades que de él conozcan, máxime cuando el auto recurrido esté vinculado con el cumplimiento de la sentencia de amparo.

4. Concluyó que la condición mencionada no se actualizaba en el asunto, pues en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo, todas las cuestiones relativas debían ventilarse a través de los procedimientos establecidos en los artículos 192 y 198 de la ley de la materia.

5. Al respecto, sostuvo que de los preceptos legales establecidos en el capítulo "Cumplimiento e inejecución", de la Ley de Amparo, se sigue que no resulta procedente el recurso de queja cuando se impugnaba un acuerdo dictado por el Juez de amparo, para lograr el cumplimiento de la sentencia y se planteen como agravios, que la multa impuesta por el Juez Federal es indebida, toda vez que, en ese supuesto, la litis en el recurso versaría sobre el procedimiento seguido por el Juez de Distrito para obtener el cumplimiento del fallo, lo cual constituía cuestiones propias de la materia reservada al conocimiento de los asuntos tramitados en la vía del incidente de inejecución.

6. Alegó que la Segunda Sala determinó que cuando se estimara necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considerara dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para conocer lo conducente correspondía a las Salas, lo cual corroboraba con el sentido del asunto, y lo estimado por el Pleno de la Suprema Corte en los IIS 1618/2013, 55/2014, 1262/2013, 1858/2013 y 1566/2013, en los que se pronunció sobre las multas impuestas a las autoridades responsables correspondientes en cada uno de ellos, dejando en los tres primeros sin efectos las mismas por todas, y en los últimos dos, sólo por algunas.

7. Concluyó en que, al no satisfacerse el requisito de procedencia previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, procedía desechar el recurso de queja.

E. El Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito resolvió el recurso de queja **********, donde se expusieron las siguientes consideraciones:

1. El ********** y el ********** interpusieron recurso de queja en contra del auto de doce de junio de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo indirecto **********, específicamente, en contra de las multas impuestas como medida de apremio a la autoridad responsable y su superior jerárquico, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, por el incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo.

2. El Tribunal Colegiado de Circuito se declaró competente para resolver el recurso de queja, de conformidad con los artículos 97, fracción I, inciso e), 98 y 99 de la Ley de Amparo en vigor; 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

3. Declaró inoperantes los agravios de la autoridad responsable, pues la materia de estudio se vinculaba con la determinación de la legalidad de la imposición de la multa a las autoridades responsables en ejecución de sentencia que concedió amparo, y no como lo pretendían las recurrentes sobre la ilegalidad de la notificación del auto recurrido.

4. Además, sostuvo que no se advertía alguna afectación al recurrente pues, si bien, de la primera parte del auto recurrido se señalaba una inconsistencia al asentarse que los efectos de la concesión fueron que no se aplicara a la quejosa el precepto legal reclamado y que debía restituirse el numerario que hubiera pagado por concepto de alumbrado público, en lugar de apuntar impuesto predial, dicha imprecisión no le causaba agravio al recurrente

5. En cuanto al agravio de la autoridad responsable donde el tema a dilucidar se reducía a saber, si en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, procedía imponer una multa a las autoridades responsables que hubieran incurrido en una abstención total en el cumplimiento de la sentencia amparadora. Sobre dicha cuestión, el Tribunal Colegiado de Circuito adujo que se consideraba incumplimiento la imposición de una multa, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, el retraso por medio de evasivas o si se hubieran efectuado procedimientos ilegales que retardaran su incumplimiento, cuyo objetivo consistía en no cumplir con el mandato federal, y no la abstención total en el cumplimiento de la sentencia amparadora a que se refieren en sus escritos de agravios. Y se sustentó en la tesis P./J. 58/2014, del Pleno de este Alto Tribunal.

6. Estimó que la multa impuesta a las autoridades responsables era parte del procedimiento señalado en el artículo 193 de la Ley de Amparo, no obstante desde el proveído en que se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, se ha requerido a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria protectora, lo que también se hizo en acuerdos posteriores donde la responsable reiteró el incumplimiento de la ejecutoria amparadora.

7. Sostuvo que no resultaba suficiente con ordenar al inferior de la autoridad responsable que acatara la ejecutoria concesoria, sino que tenía el efecto de ejercer sobre ellos poder o mando para obligarlos a actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien, esta última por sí misma, ya que como superior jerárquico incurría en responsabilidad por falta de cumplimiento.

8. Evidenció que la autoridad responsable promovió recurso de queja con la finalidad de no cumplir con la sentencia de amparo, solicitó dos prórrogas, promovió dos incidentes innominados en donde retrasó el cumplimiento al requerir a la quejosa documentación innecesaria.

9. Por último, estimó que, al no haber combatido la autoridad responsable la totalidad de las consideraciones en las que se sustentó el acto impugnado, los agravios resultaban inoperantes, por lo cual, procedía declarar infundado el recurso.

10. De las consideraciones antes expuestas, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito hicieron uso de su arbitrio judicial para estimar procedente o improcedente el recurso de queja en contra de la imposición de una multa durante la etapa de cumplimiento de la sentencia.

11. Cabe destacar, que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito basaron la procedencia de los recursos de queja resueltos esencialmente en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo vigente, sin hacer un ejercicio interpretativo para llegar a la conclusión de que dicho fundamento hacía procedente los recursos promovidos, no obstante, dicho fundamento fue el mismo para que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimaran la improcedencia de los recursos de queja resueltos.

12. Por tanto, esta Sala estima que existen puntos de contradicción entre los Tribunales Colegiados de Circuito antes referidos, pues, por una parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja **********, ********** y **********, determinó que eran improcedentes, pues no se impugnaba un acto que por su naturaleza trascendental y grave pudiera causar un perjuicio no reparable, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.

13. Además, estimó que la imposición de la multa a la recurrente, por no haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, le generaba un perjuicio susceptible de repararse en el incidente de inejecución que conociera el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte, donde se determinara, en primer lugar, si el procedimiento de ejecución se realizó de manera correcta o incorrecta, lo que incluye la legalidad de los requerimientos formulados para tales efectos y, por tanto, las multas.

14. En similares consideraciones resolvió los recursos de queja ********** y **********, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y los declaró improcedentes, pues, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, el recurso de queja sólo procede tratándose de resoluciones dictadas después de fallado el juicio, siempre y cuando las violaciones no sean reparables por las autoridades que de él conozcan, máxime cuando el auto recurrido está vinculado con el cumplimiento de la sentencia de amparo.

15. En el caso concreto, estimó que la imposición de la multa a la autoridad responsable no se actualizaba en el asunto, pues, en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo, todas las cuestiones relativas deben ventilarse a través de los procedimientos establecidos en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo.

16. Agregó que de resultar procedente dicho recurso, la litis versaría sobre el procedimiento seguido por el Juez de Distrito para obtener el cumplimiento del fallo, lo cual es materia reservada al conocimiento de los asuntos tramitados en vía de incidente de inejecución. Y sustentó dicha consideración en los incidentes de inejecución de sentencia 1618/2013, 55/2014, 1262/2013, 1858/2013 y 1566/2013, en los que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre las multas impuestas a las autoridades responsables en cada uno de ellos.

17. Por otro lado, tanto el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, como el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito estimaron procedente el recurso de queja, y la fundamentaron en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.

18. Segundo requisito: Razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. Esta Segunda Sala estima que también se reúne este requisito, pues de las consideraciones antes expuestas se advierte que las interpretaciones realizadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes giraron sobre el mismo problema jurídico, y dicha circunstancia se hizo de manera diferente por cada uno de ellos.

19. Lo anterior es así, pues, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja **********, ********** y **********, los estimó improcedentes, al no impugnarse un acto que por su naturaleza trascendental y grave pudiera ocasionar un perjuicio no reparable, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.

20. Además, agregó que el perjuicio que se le ocasionara sería impugnable en el incidente de inejecución que conociera el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte, donde se determinara, si el procedimiento de ejecución se realizó de manera correcta, lo cual incluye la legalidad de los requerimientos formulados para tales efectos y, por tanto, las multas.

21. En similar sentido, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió los recursos de queja ********** y **********, y los declaró improcedentes, al no verificarse los supuestos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, pues la imposición de la multa a la autoridad responsable debe estudiarse en el incidente de inejecución de sentencia, consagrado en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo vigente.

22. En diverso sentido, tanto el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, como el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito estimaron procedentes los recursos de queja y la fundamentaron en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.

23. Por tanto, esta Sala advierte dos posturas diversas en torno al mismo problema jurídico, relacionado con la procedencia del recurso de queja en contra de la imposición de multa a la autoridad responsable en la etapa de cumplimiento de la sentencia de amparo.

24. Dicha cuestión se resolvió de manera diversa por los Tribunales Colegiados de Circuito, pues se observan dos posturas contradictorias, a saber: el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito estimaron que resultaba procedente el recurso de queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; mientras que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimaron la improcedencia del recurso de queja en relación con el mismo precepto legal pero dándole un alcance distinto, a través de un ejercicio interpretativo diferente que logra una postura opuesta a la de los anteriores órganos jurisdiccionales.

25. Cabe destacar que las consideraciones expuestas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26803-e7ad0c1d/recurso-de-queja-es-improcedente-contra-la-imposicion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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