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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE INCONFORMIDAD. ES PROCEDENTE CONTRA LA MULTA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CUANDO LO HACE VALER LA PERSONA FÍSICA QUE FUE SANCIONADA Y YA NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 99/2024. · Registro digital (IUS): 32836
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-22
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.800.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 99/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTES: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

El problema jurídico a resolver consiste en determinar si es procedente el recurso de inconformidad contra el acuerdo emitido por el juez de distrito en el que impuso multa a una persona física que en su momento ostentó el cargo de autoridad responsable o vinculada al cumplimiento de la ejecutoria.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción de criterios. El cinco de abril de dos mil veinticuatro se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el oficio 583/2024 del Actuario judicial del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, registrado con número de folio 007202, por el cual se remitió el escrito suscrito por el licenciado Adrián Gilberto Sevilla Lizcano, quejoso y recurrente en el recurso de reclamación 1/2024, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (Región Centro–Sur), mediante el cual denunció la posible contradicción de criterios sustentados entre dicho tribunal y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (Región Centro–Norte) al resolver el recurso de inconformidad previsto en las fracciones I a III del artículo 201 de la Ley de Amparo 12/2019, del que derivó la tesis II.3o.P.18 K (10a.), de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD EN AMPARO INDIRECTO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LAS MULTAS IMPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PROTECTORA, SI NO SE DIRIGIERON A ELLA, SINO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE LA ANTECEDIERON Y QUE YA NO EJERCEN LOS CARGOS QUE LAS ORIGINARON".(1)

2. Lo anterior en razón de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, resolvió como infundado un recurso de reclamación en contra del acuerdo que desechó una inconformidad interpuesta en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dado que ésta tiene como origen controvertir el acuerdo por el que se le impuso una multa por no haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, actuación contra la que no procede este recurso, sino el recurso de queja de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, resolvió que el recurso de inconformidad es el medio de defensa idóneo para que la autoridad responsable impugne las multas impuestas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando lo interponga la persona a quien le fue impuesta dicha multa, porque esta medida sancionatoria no afecta los derechos patrimoniales de la persona moral oficial ni de los servidores públicos que en ese momento ejercen el cargo, sino que en realidad afecta a la persona física que le fue impuesta en su carácter de servidor público. Por ello, sólo este último tiene legitimación para controvertir esas decisiones. De ahí, que el tribunal determinó desechar por improcedente dicho medio de impugnación.

3. Trámite del asunto. Por acuerdo de once de abril de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo con el número 99/2024 y requirió a las Presidencias de los Tribunales Colegiados Tercero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito para que remitieran copia certificada de las ejecutorias materia de la contradicción, e informaran si los criterios se encontraban vigentes, superados o abandonados. En el mismo acuerdo se ordenó turnar los autos del expediente al Ministro Alberto Pérez Dayán para su estudio correspondiente.

4. El Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veinticuatro informó en el expediente de esta contradicción de criterios que remitía la versión digitalizada del original de la resolución dictada en el recurso de inconformidad previsto en las fracciones I a III del artículo 201 de la Ley de Amparo 12/2019 y, a su vez, comunicó que el criterio sustentado en dicho expediente se encontraba vigente y que era el origen de la tesis identificada con el número II.3o.P.18 K (10a.) referida en el párrafo uno de esta sentencia.

5. Por su parte, el Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, mediante auto de diecinueve de abril del mismo año, remitió la versión digitalizada de la ejecutoria dictada en el recurso de reclamación 1/2024, así como el voto aclaratorio de uno de los integrantes del tribunal y comunicó que el criterio sustentado se encontraba vigente.

6. Por auto de veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a los Tribunales Colegiados contendientes cumpliendo los requerimientos formulados y por integrado el expediente y lo remitió al Ministro Ponente. Previo dictamen del ponente, por auto de veintidós de agosto del año en curso se ordenó el envío del asunto para su radicación en la Segunda Sala, lo cual se acordó en proveído de veintisiete siguiente.

I. COMPETENCIA

7. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la contradicción de criterios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII,(2) de la Constitución Federal; 226, fracción II,(3) de la Ley de Amparo, y 21, fracción VII,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Primero, Segundo y Tercero del Acuerdo General 1/2023(5) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado el diez de abril del mismo año, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción entre los criterios sustentados entre plenos o tribunales colegiados de distintas regiones y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. LEGITIMACIÓN

8. La denuncia de la contradicción proviene de parte legítima al haber sido formulada por Adrián Gilberto Sevilla Lizcano, parte en uno de los juicios de donde derivaron los criterios materia de estudio, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(6)

III. CRITERIOS CONTENDIENTES

9. Para determinar si existe la contradicción denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es necesario conocer las particularidades de cada uno de los asuntos.

Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (Región Centro–Sur), al resolver el recurso de reclamación 1/2024.

10. Juicio de amparo indirecto. El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán resolvió el juicio de amparo 1035/2022, en el sentido de conceder el amparo solicitado por la parte quejosa, para los siguientes efectos:

En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que el Delegado del Registro Agrario Nacional en Michoacán realice lo siguiente:

Deberá continuar con celeridad el procedimiento de inscripción respecto a la solicitud de inscripción de sentencia planteada por el quejoso, respecto del expediente 944/2017 de derechos parcelarios, esto es, con libertad de jurisdicción resuelva sobre la calificación registral peticionada.

Hecho lo anterior, de ser lo procedente, continúen con el procedimiento hasta la entrega del título correspondiente, siempre y cuando no exista impedimento legal para ello.

11. Causa ejecutoria. El siete de febrero de dos mil veintitrés se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables.

12. Imposición de la multa. El nueve de mayo del mismo año el juez de amparo acordó que estaba transcurriendo el plazo concedido a la autoridad Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Morelia, Michoacán y la requirió para que acreditara el cumplimiento de la sentencia.

13. En virtud de que la autoridad responsable no acreditó el cumplimiento de la sentencia, el juez hizo efectivo el apercibimiento decretado e impuso una multa al señor Adrián Gilberto Sevilla Lizcano, como encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, mediante acuerdo de veintiséis de mayo siguiente.

14. Recurso de inconformidad. El veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, Adrián Gilberto Sevilla Lizcano se ostentó como tercero extraño a juicio del amparo indirecto 1035/2022 e interpuso un recurso de inconformidad en términos del artículo 202, segundo párrafo de la Ley de Amparo, por considerar que resultaba afectado por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo.

15. Resolución del recurso. El dieciocho de diciembre siguiente la Presidencia del Tribunal Colegiado desechó el recurso de inconformidad, en atención a que no se interpuso con base en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 201 de la Ley de Amparo.

16. La determinación anterior fue impugnada mediante el recurso de reclamación, materia de estudio en la resolución que ahora integra la presente contradicción de criterios y resuelta el quince de febrero de dos mil veinticuatro.

17. Las consideraciones expuestas por el Tribunal Colegiado en esencia son las siguientes:

• En el auto recurrido se desechó el recurso de inconformidad por considerar que no fue interpuesto en términos de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 201 de la Ley de Amparo.(7)

• El recurrente expuso en sus agravios, en esencia, que la Presidencia del tribunal dejó de atender que interpuso el recurso con el carácter de una persona extraña a juicio afectada por el cumplimiento o la ejecución de la sentencia de amparo; y que ya no estaba ejerciendo funciones de delegado de la autoridad responsable.

• Señaló que en ningún momento propició el incumplimiento de la sentencia de amparo, dado que mientras estaba en funciones de Encargado del Despacho y Subdelegado del Registro Agrario Nacional realizó e informó todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de la ejecutoria.

• Explicó que, cuando el juez dictó los acuerdos de nueve y veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en los que se le apercibió y se le impuso la multa, dejó de tomar en cuenta que ya no era funcionario público y responsable del Registro Agrario Nacional con sede en Morelia, Michoacán.

• Agregó que el tribunal resolvió conforme con los criterios relativos al supuesto en el que la autoridad responsable interpone el recurso de inconformidad, en contra de multas impuestas durante la ejecución de sentencia; y no es congruente con lo planteado inicialmente, en el sentido de que ya había presentado su renuncia al cargo de "Encargado del Despacho y de Subdirector de Registro" del Registro Agrario Nacional, razón por la que no acudió como autoridad responsable sino como persona extraña al juicio de amparo indirecto 1035/2022.

• Insistió en que interpuso el recurso de inconformidad en términos de lo previsto en el artículo 202, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.(8)

• Lo anterior, porque fue requerido del cumplimiento de la sentencia cuando ya no desempeñaba el cargo de Encargado del Despacho y Subdelegado del Registro Agrario Nacional con sede en Morelia, por lo que ya no resultaba exigible que cumpliera con lo ordenado en la sentencia.

• El tribunal resolvió que lo expuesto por el recurrente era fundado pero inoperante, y por ello, el recurso era infundado.

• Al respecto, sostuvo que contrario a lo resuelto por el juez de Distrito, le asistía la razón al recurrente, pues no ejerció el medio de impugnación en términos del artículo 201 de la Ley de Amparo, sino que lo hizo como persona extraña a juicio en contra del cumplimiento o ejecución de la sentencia, en términos del numeral 202 del mismo ordenamiento. Lo anterior, porque en la fecha en que se formularon los requerimientos para el cumplimiento de la sentencia ya no era parte en el juicio, pues había dejado de ocupar el cargo de "Encargado del Despacho y de Subdelegado de Registro", por lo que ya no tenía el carácter de responsable en el asunto. De ahí lo fundado del agravio.

• Sin embargo, el tribunal concluyó que a nada práctico conduciría lo fundado del agravio, porque el origen de su argumento es que en los acuerdos impugnados se le impuso una multa por no haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, en contra de esta actuación, no procede el recurso de inconformidad sino el recurso de queja, en términos de lo previsto por el artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo.(9)

• Con base en la jurisprudencia de rubro: "RECURSO DE QUEJA. ES PROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, MEDIANTE EL CUAL IMPONE MULTA A LA AUTORIDAD POR NO ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, Y NO EL DIVERSO DE INCONFORMIDAD".(10)

• Por tanto, el tribunal resolvió que ese medio de impugnación es infundado.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (Región Centro–Norte), al resolver el recurso de inconformidad previsto en las fracciones I a III del artículo 201 de la Ley de Amparo 12/2019.

18. Juicio de amparo indirecto. El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales del Estado de México resolvió el juicio de amparo indirecto 1282/2016-II y declaró cumplida la sentencia dictada mediante acuerdo de siete de enero de dos mil diecinueve.

19. En contra de esa determinación el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el Coordinador de Centros Federales del Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ambos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, interpusieron un recurso de inconformidad.

20. Recurso de inconformidad previsto en las fracciones I a III del artículo 201 de la Ley de Amparo. Este medio de impugnación fue registrado con el número 12/2019 en el Tribunal Colegiado, quien lo resolvió como improcedente por considerar que los promoventes del recurso carecen de legitimación para interponerlo.

21. Las consideraciones del tribunal colegiado para llegar a esa conclusión son las siguientes:

• El recurso de inconformidad es el medio idóneo para que la autoridad responsable pueda impugnar las multas impuestas por el Juez de Distrito en el procedimiento de ejecución de sentencia.(11)

• Tomó en cuenta que las responsables hicieron valer el recurso con el objeto de que se dejaran sin efecto las multas impuestas por el Juez de Distrito, en el trámite de ejecución de sentencia del juicio de amparo indirecto 1282/2016-II, pero, en el caso los recurrentes carecen de legitimación.

• Lo anterior, porque la multa impuesta a los servidores públicos en su actuar como titulares de las responsables, no afecta los derechos patrimoniales de la persona moral oficial ni de los actuales servidores públicos que ocupan los respectivos cargos.

• La multa debe ser cubierta por la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de funcionario público y es dicha persona quien cuenta con legitimación para controvertir esa decisión.(12)

• Es factible analizar la imposición de una multa impuesta a la responsable en el procedimiento de ejecución, cuando viene una persona distinta a aquél cuando reclama el cumplimiento tardío de la sentencia, pero no la multa en sí misma porque no le afecta al recurrente (sic).

• Para llegar a esa conclusión tomó en cuenta los antecedentes de la ejecutoria de amparo y refirió los siguientes.

• El dieciocho de enero de dos mil diecisiete el Juez de Distrito dictó sentencia en el sentido de conceder el amparo solicitado al señor Pedro Barragán González, para los siguientes efectos:

• Que la autoridad responsable deje insubsistente la orden en virtud de la cual Pedro Barragán González fue trasladado el dieciséis de noviembre de dos mil quince del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", y en caso de que decida reiterar esa determinación, obtenga la autorización de la autoridad judicial que corresponda; en caso contrario, ordene el reingreso del citado quejoso al Centro Penitenciario en que se encontraba interno con anterioridad de la ejecución de la citada orden.

• El once de agosto de dos mil diecisiete el juez declaró que la sentencia causó ejecutoria y solicitó a las responsables vinculadas a la sentencia, que acreditaran el cumplimiento correspondiente.

• Al respecto, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho se tuvo por acreditado que las responsables no habían dado cumplimiento a la sentencia, a pesar de los múltiples requerimientos y multas que les fueron impuestas, por lo que se inició el trámite de incidente de inejecución de sentencia y se remitieron los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno.

• Mediante auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho se hizo constar que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social fue omiso en dar cumplimiento al requerimiento, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se le impuso una multa de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos 00/100 m.n.) y actualización correspondiente.(13)

• El veinte de diciembre de dos mil dieciocho la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Hidalgo, informó al Juez de Distrito el seguimiento de la multa indicada en el párrafo anterior, impuesta a José Alberto Rodríguez Calderón como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, esto es, que a dicha persona física es a quien se le impuso la sanción pecuniaria en forma personalísima.

• Por otro lado, mediante auto de veinte de junio de dos mil dieciocho se hizo constar que el Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, no atendió el requerimiento de cumplimiento de sentencia y, por ello, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se le impuso multa a la persona física que ocupaba el cargo señalado, por lo que se ordenó girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de México "1" del Servicio de Administración Tributaria, para que hiciera efectiva la multa correspondiente.

• Mediante oficio de nueve de julio siguiente, el licenciado Antonio Molina Díaz en su carácter de Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, informó al Juez las gestiones realizadas para cumplir con la sentencia y solicitó la cancelación de la multa que le fue impuesta.

• En el caso concreto, las autoridades responsables hicieron valer el recurso de inconformidad con el objeto de dejar sin efecto las multas que fueron impuestas por el Juez de Distrito en el trámite de ejecución de sentencia. • De los escritos respectivos se advirtió que los funcionarios promoventes son el Doctor Francisco Garduño Yáñez, como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; y el General de Brigada Diplomado del Estado Mayor y Maestro en Seguridad Nacional Sergio Alberto Martínez Castuera, como Coordinador General de Centros Federales del citado órgano administrativo; esto es, quedó de manifiesto que eran personas distintas a las que el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, les impuso las multas por no atender los requerimientos para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.(14)

• En ese orden de ideas, concluyó que no existía duda de que las personas físicas a quienes les fueron impuestas las multas no eran las mismas que interpusieron el medio de impugnación que se resolvía, motivo por el cual carecían de legitimación para darle trámite.

• Lo anterior, porque la imposición de una multa al servidor público que, en su actuar como titular de la responsable omitió cumplir con la ejecutoria de amparo, no afecta los derechos patrimoniales de la persona moral oficial ni de los actuales servidores públicos que detenten el cargo, en virtud de que la multa debe ser cubierta por las personas físicas a quienes les fueron impuestas las multas, en su carácter de funcionarios públicos.

• Por ello, sólo esos funcionarios como personas físicas, contaban con legitimación para controvertir ese tipo de decisiones jurisdiccionales.

• Reiteró que la resolución que impone una multa al servidor público que en su actuar como titular de la autoridad responsable omitió cumplir con la ejecutoria, no afecta los derechos patrimoniales de la persona moral oficial, por lo que la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de funcionario público es quien cuenta con legitimación para controvertir las multas y no así, el servidor público que actualmente represente a la responsable.

• Al efecto, precisó que si bien se reconoce legitimación a la autoridad responsable que interponga el recurso de inconformidad, en contra de la resolución que declara cumplida una ejecutoria de amparo, para que se revise la legalidad de las multas impuestas durante el procedimiento de ejecución; lo cierto es que no se actualiza esa hipótesis en el caso concreto, porque los servidores públicos a quienes les fue impuesta la sanción pecuniaria no continúan en los cargos en los que fueron sancionados. Así, no es factible que la persona moral oficial por conducto de sus servidores públicos defienda el patrimonio de personas físicas en lo individual.

• Que en el caso, los servidores públicos a quienes se les impusieron las multas, no detentaban los cargos en los que fueron sancionados, por lo que no es factible que la persona moral oficial, por conducto de los servidores públicos que la representan defienda el patrimonio de las personas físicas en lo individual.

• Por tanto, como ya se dijo, el tribunal resolvió como improcedente el recurso de inconformidad.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

22. Este Alto Tribunal ha determinado que para que una contradicción de criterios sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:(15)

a) Los Tribunales contendientes resuelvan alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos debe encontrarse algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Primer Requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial

23. A juicio de esta Segunda Sala, los órganos colegiados contendientes, al resolver los recursos de inconformidad y de reclamación, respectivamente, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

24. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito consideró que el recurso de inconformidad interpuesto por la recurrente no es procedente, porque sus agravios están dirigidos a controvertir una multa que le fue impuesta por no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, en ese caso, el recurso que procede es la queja, en términos de lo previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo.

25. El tribunal sustentó esa conclusión con la jurisprudencia P./J. 5/2020 (10a.) del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente:

RECURSO DE QUEJA. ES PROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, MEDIANTE EL CUAL IMPONE MULTA A LA AUTORIDAD POR NO ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, Y NO EL DIVERSO DE INCONFORMIDAD.

Hechos: Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizaron qué recurso procede contra el acuerdo en el que un Juez de Distrito le impone una multa a la autoridad responsable por no acreditar el cumplimiento de una sentencia de amparo y al respecto llegaron a soluciones contrarias, pues para la Primera Sala procede el recurso de queja, en tanto que para la Segunda Sala el recurso de inconformidad.

Criterio jurídico: Procede el recurso de queja en contra del acuerdo en el que un Juez de Distrito impone una multa a la autoridad que es contumaz en el cumplimiento de una sentencia de amparo.

Justificación: El recurso de inconformidad no resulta ser la vía idónea para combatir la multa impuesta a la autoridad por el incumplimiento de la sentencia al no actualizar sus requisitos de procedencia establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el medio idóneo para controvertir la multa impuesta a la autoridad que interviene en el cumplimiento de una sentencia de amparo, es el recurso de queja ya que en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, procede contra la resolución que se emita después de dictada la sentencia en audiencia constitucional, que no admita expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. En ese sentido, si la multa impuesta a la autoridad responsable o vinculada al fallo se dicta después de emitida la ejecutoria y, por ende, puede causar una carga económica que impacta en el patrimonio de la persona física que ostenta el cargo y que no podría directamente combatir por otra vía, para garantizar un medio efectivo para impugnarla, se considera que en este supuesto se actualizan los referidos requisitos de procedencia del recurso de queja.(16)

26. En principio, el tribunal advirtió que el recurrente interpuso el medio de impugnación como persona extraña a juicio en contra de la multa que se le impuso en el cumplimiento o ejecución de la sentencia; porque esa multa le causaba afectación, en términos de lo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dado que en la fecha en que se efectuaron los requerimientos para el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio 1035/2022 ya no era autoridad en el asunto, pues ya no ocupaba el cargo de Encargado de Despacho y Subdelegado de Registro del Registro Agrario Nacional; así que ya no tenía el carácter de autoridad responsable en el juicio.

27. En ese orden de ideas, aunque en esa parte dio la razón al recurrente, el tribunal consideró que a nada práctico conduciría declarar fundado el recurso, porque los agravios estaban dirigidos a controvertir una multa por no haber dado cumplimiento a la sentencia; y en contra de esa determinación lo procedente es el recurso de queja en términos de lo previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo.

28. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito determinó que el recurso de inconformidad es improcedente porque los promoventes carecen de legitimación.

29. Lo anterior, porque fueron interpuestos por las personas físicas que ocupaban los cargos de las autoridades responsables en el juicio de amparo del que derivó el recurso de inconformidad, en el caso, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el de Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; esto es, por Francisco Garduño Yáñez y Sergio Alberto Martínez Castuera, respectivamente; y en el caso concreto, las multas fueron impuestas a las personas físicas José Alberto Rodríguez Calderón y Antonio Molina Díaz.(17)

30. En ese orden de ideas, el tribunal concluyó que las personas físicas a quienes les fueron impuestas las multas no son las mismas que interpusieron el recurso y, por ello, carecen de legitimación. Al respecto, explicó que sólo las personas físicas a quienes les fueron impuestas las multas en su carácter de servidores públicos contaban con legitimación para controvertirlas; y que no era factible que la persona moral oficial por conducto de sus servidores públicos pudiera defender el patrimonio de personas físicas en lo individual.

31. Por ello, el tribunal resolvió como improcedente el recurso de inconformidad.

32. Ahora bien, de lo expuesto anteriormente esta Segunda Sala confirma que cada órgano colegiado contendiente, forjó

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32836-64e60084/recurso-de-inconformidad-es-procedente-contra-la-multa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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