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Modo: Corpus Pro

MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. DE SER PROCEDENTE SU IMPOSICIÓN EN LOS CASOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEA UNA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, TAL SANCIÓN DEBE SER IMPUESTA AL PRESIDENTE DE LA MISMA, NO A LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES OBRERO Y DEL CAPITAL QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. SU IMPOSICIÓN POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO ESTÁ CONDICIONADA A REQUERIMIENTO NI APERCIBIMIENTO PREVIOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. EL HECHO DE QUE QUEDE SIN MATERIA, NO ES OBSTÁCULO PARA QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO IMPONGA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA MULTA PREVISTA EN EL NUMERAL 260, FRACCIÓN IV, DEL MISMO ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 431/2013. · Registro digital (IUS): 25182
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-08-29
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL TERCER Y ELCUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Pág. 298.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 431/2013. SUSCITADA ENTRE EL TERCER Y ELCUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE MARZO DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HUGO ALBERTO MACÍAS BERAUD.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en atención a lo dispuesto en los numerales 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Carta Magna; 215, 216, segundo párrafo, 217, primero y último párrafos, así como 226, fracción II, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor a partir del día tres de abril de dos mil trece; en relación con los puntos segundo, fracción VII (en sentido contrario) y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis sobre materia común, entre Tribunales Colegiados que aunque comparten una misma materia, no todos tienen el mismo circuito, en un asunto en el que esta Sala considera innecesario emitir acuerdo para que el tema sea visto en Pleno. Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en virtud de que fue realizada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

a) Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Al resolver el recurso de queja 83/2013, el Órgano de Control Constitucional en comento, determinó imponer al presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a $6,476.00 (seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), al resultar fundado el recurso de queja en comento, hecho valer contra la omisión de dar trámite a la demanda de amparo directo que ante dicho órgano jurisdiccional se presentó, en la que se reclamó el laudo dictado dentro del juicio laboral 925/2011-A2, de su índice; lo anterior, en razón de las consideraciones siguientes:

"SEXTO. Análisis sobre la procedencia del estudio del fondo del asunto.

"Es fundado el presente recurso de queja.

"Esto es así, pues en el caso concreto, la recurrente impugna la omisión del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de dar trámite a la demanda de amparo directo que promovió en contra del laudo emitido el quince de julio de dos mil trece, en el expediente laboral número 925/2011-A2, de su índice.

"Al rendir el informe justificado la responsable, señaló que era cierto el acto materia de la queja, y al efecto adjuntó copias certificadas de los acuerdos dictados el veinte y veintiséis de agosto de dos mil trece, de los que se advierten que fue radicada la demanda, ordenó emplazar al tercero perjudicado, y en su oportunidad remitir en vía de informe dicha demanda y el cuaderno del juicio laboral de origen al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Tercer Circuito en turno (foja 15 ídem).

"No obstante que la responsable en el acuerdo de referencia ordenó remitir dicha demanda, de las constancias que anexó no se advierte que se haya cumplimentado tal remisión.

"Por tanto, como se adelantó, resulta que el recurso de queja planteado es fundado, debido a que, como lo refiere la recurrente, la autoridad responsable ha sido omisa en cumplir debidamente lo que al efecto dispone el numeral 178 de la vigente Ley de Amparo, que dice:

"‘Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá:

"‘I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas.

"‘Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente;

"‘II. Correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso; y

"‘III. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión.’

"Por tanto, si la demanda de amparo directo fue presentada, de acuerdo al señalamiento de la ahora recurrente y que el tribunal responsable no controvirtió al rendir su informe justificado, el cinco de agosto de dos mil trece, resulta que a la fecha de esta resolución ha transcurrido más de un mes sin que la autoridad del trabajo haya efectuado el trámite a que está obligada conforme al numeral transcrito, dado que aún no se ha recibido ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo de este Tercer Circuito, la demanda de amparo directo presentada por el ahora recurrente, además de los diversos anexos especificados.

"En esas condiciones, si el recurso de queja se hace valer en contra de la omisión del tribunal señalado, en cuanto a dar el trámite correspondiente a la demanda de amparo directo que ante ella se presentó, conforme lo previsto en el numeral 97, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, dicho recurso es fundado, porque la autoridad laboral no ha completado el trámite que establece el diverso artículo 178 de la misma ley, ello da lugar a que se requiera al presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que de inmediato observe el trámite a que se hizo mención.

"En razón de lo anterior, toda vez que la conducta de la autoridad responsable encuadra en el supuesto previsto por la fracción IV del artículo 260 de la vigente Ley de Amparo, con apoyo en el diverso artículo 238 de la referida legislación, se le impone una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a $6,476.00 pesos; ... la multa aludida deberá hacerla efectiva al presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de nombre ********** ...

"Justificación de la imposición de la multa.

"Sin que sea necesario que para la imposición de la multa, deban ponderarse aspectos relativos al previo apercibimiento o en su caso a las exigencias a que se refiere el artículo 236 de la Ley de Amparo, en la medida de lo siguiente.

"El supuesto que nos ocupa recoge las ideas sustanciales siguientes;

"a) Del artículo 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, que alberga diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial y que ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales. Principios cuyo cumplimiento también es imperativo para el Poder Judicial de la Federación, por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, en salvaguarda de las cuales no puede permitirse que el juicio de amparo se retarde en su trámite por la autoridad responsable;

"b) El imperativo contenido en el artículo 178 de la Ley de Amparo, consistente en remitir al Tribunal Colegiado correspondiente la demanda de garantías junto con las demás constancias necesarias dentro del término señalado por el precepto legal antes citado, que al transgredirse se incurre en el incumplimiento de la anotada obligación legal, lo cual es sancionable por sí mismo en términos de lo establecido en el artículo 260, fracción IV, del propio ordenamiento invocado, al no haberse respetado los plazos legalmente establecidos para la remisión de la demanda de garantías, situación que origina graves perjuicios a la parte quejosa, pues con el injustificado rezago en la remisión de aquélla, se obstaculiza la administración de justicia, con infracción al mandato contenido en el artículo 17 constitucional.

"Lo anterior se robustece con las tesis cuyo criterio se comparte y, que son del tenor siguiente:

"‘MULTA. ANTE LA EVIDENCIA DE QUE EL JUICIO DE GARANTÍAS SE PROMOVIÓ EN CONTRAVENCIÓN A ALGUNO DE LOS PRINCIPIOS QUE SALVAGUARDA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE AMPARO, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO TIENE LA FACULTAD, SINO QUE ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICACIÓN.’ (se transcribe)

"‘MULTA EN AMPARO DIRECTO. SU APLICACIÓN ES CONSECUENCIA LEGAL CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE OMITE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 169 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe)

"Debe ponderarse además, que el contenido de la fracción IV del artículo 260 de la Ley de Amparo, no debe confundirse con las medidas de apremio y disciplinarias a que se refiere el numeral 236 de la Ley de Amparo en vigor, porque debe distinguirse dos clases de multas que se pueden aplicar en el juicio de amparo:

"a) Unas, son aquellas que se imponen como consecuencia de la violación a alguna disposición de la Ley de Amparo, que aparecen desplegadas a partir del artículo 238 y finaliza en el 260 de la vigente normatividad.

"b) Otras, las que se imponen por desacato a un mandato con fundamento en lo dispuesto por los artículos 236 y 237 de la misma ley, que por cierto antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, se fundaba en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo derogada (sic), donde se contempla la multa hasta de mil pesos como medida de apremio tendente a garantizar el cumplimiento o efectividad de las resoluciones que emiten los Jueces o tribunales.

"Esa diferenciación obedece a sus fines, es decir, las primeras evitar la proliferación de conductas que transgredan directamente las disposiciones de la Ley de Amparo, en tanto las segundas como medio para lograr guardar el orden y respeto y, cumplir con los mandatos del Juez.

"Por eso las primeras se encuentran contenidas en el apartado de un sistema de sanciones que busca eliminar conductas transgresoras que violen las disposiciones que rigen la Ley de Amparo, lo que se puede identificar dentro del esquema del derecho administrativo sancionador, para diferenciarlo del sistema penal.

Ese sistema de sanciones no penal, busca lo siguiente:

"a) Garantizar el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados.

"b) En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida.

"c) En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos.

"Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.

"Lo anterior tiene sustento en las jurisprudencias siguientes:

"‘DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.’ (se transcribe)

"‘TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.’ (se transcribe)

"‘RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.’ (se transcribe)

"En esa medida, si las conductas típicas previstas en el artículo 260 de la Ley de Amparo constituyen propiamente, mutatis mutandi, parte de ese objetivo del procedimiento sancionador, éste no debe confundirse, aun en una interpretación sistemática con las medidas de apremio a que se refiere el numeral 236 de la Ley de Amparo, pues debe atenderse al principio de interpretación estricta que permea en ese estado de sanciones por la comisión de conductas transgresoras como ocurre en la especie.

"Lo anterior se robustece con las tesis que dicen:

"‘DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL INCUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS TRÁMITES A QUE LA OBLIGA LA LEY DE AMPARO, ES SANCIONABLE CON MULTA.’ (se transcribe)

"La tesis que antecede incluso distingue perfectamente de la multa y las medidas de apremio, como mecanismos distintos, que avala lo antes señalado. Además, de ese criterio destaca que la violación al trámite de la demanda de amparo directo con motivo de la presentación de una demanda y ‘... que no sean combatibles a través de la queja establecida en la fracción VIII del artículo 95...’ da motivo a que la autoridad responsable sea requerida para que cumpla ‘... apercibiéndola con la imposición de una multa...’. Sin embargo, resulta palmario que esa posición adoptó la jurisprudencia para hacer frente a la omisión de dar trámite a la demanda de amparo directo, precisamente por no existir un medio ordinario de defensa en que el quejoso pudiera exponer su inconformidad y la autoridad dar respuesta a la misma; todo lo cual no sucede bajo la nueva legislación de amparo, pues existe el recurso de queja para combatir esa omisión, donde la autoridad podrá exponer que no ha incurrido en la conducta omisiva imputada, o bien, demostrar las causas legales que esgrime para no enviar la demanda de garantías, lo que en el caso no sucedió, ya que la responsable ninguna prueba aportó para justificar la imposibilidad de hacer esa remisión, pues sólo se concretó a manifestar que de inmediato sería enviado el informe justificado que procediera en torno a la demanda de garantías; de ahí, que el esquema legal de la nueva Ley de Amparo, al instituir el recurso de queja torna innecesario hacer apercibimiento alguno, en primer lugar, porque no lo contempla dicha legislación, en segundo, porque ya está instituido el recurso de queja, y en tercero, porque en este medio de defensa, se escucha a las partes y tienen oportunidad probatoria para demostrar la inexistencia de la omisión, o en su caso, para justificar legalmente la omisión imputada.

"‘MULTA EN AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. DEBE IMPONERSE SI SE DESECHA EL RECURSO POR NO CONTENER LA SENTENCIA IMPUGNADA DECISIÓN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY O NO ESTABLECER LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UNA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL.’." (se transcribe)

Ese mismo Tribunal Colegiado, en la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja número 90/2013, determinó imponer al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a $6,476.00 (seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.); ello, al resultar fundado el recurso mencionado, con base en las consideraciones que se transcriben a continuación:

"QUINTO. Es fundado el presente recurso de queja.

"Esto es así, pues en el caso concreto, la recurrente impugna la omisión del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de dar trámite a la demanda de amparo directo que promovió contra el laudo emitido el quince de julio de dos mil trece, en el expediente laboral número 1647/2010-G1, de su índice.

"Al rendir informe justificado, la responsable señaló que ni había sido omiso (foja 14) ya que la había admitido a trámite y remitió constancias sobre lo actuado al respecto (foja 15), que en esencia consiste en lo siguiente:

"• Auto de veinte de agosto de dos mil trece, que admite la demanda de amparo directo alegada y ordena el emplazamiento del tercero interesado (Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco), así como que en su oportunidad se remita, en vía de informe justificado al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Tercer Circuito en turno, la demanda original de amparo y copias restantes, así como los autos originales del juicio laboral y pruebas aportadas, así como constancia de emplazamiento de tercero interesado.

"No obstante que la responsable en el acuerdo de referencia ordenó remitir dicha demanda, de las constancias que anexó no se advierte que se haya cumplimentado tal remisión y emplazamiento de tercero perjudicado.

"Por tanto, como se adelantó, resulta que el recurso de queja planteado es fundado, debido a que, como lo refiere la recurrente, la autoridad responsable ha sido omisa en cumplir debidamente lo que al efecto dispone el numeral 178 de la vigente Ley de Amparo, que dice: (se transcribe)

"Por tanto, si la demanda de amparo directo fue presentada, de acuerdo al señalamiento de la ahora recurrente y que el tribunal responsable no controvirtió al rendir su informe justificado, el seis de agosto de dos mil trece, resulta que a la fecha de esta resolución ha transcurrido más de un mes sin que la autoridad del trabajo haya efectuado el trámite a que está obligada conforme al numeral transcrito, dado que aún no se ha recibido ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo de este Tercer Circuito, la demanda de amparo directo presentada por el ahora recurrente, además de los diversos anexos especificados.

"En esas condiciones, si el recurso de queja se hace valer en contra de la omisión del tribunal señalado, en cuanto a dar el trámite correspondiente a la demanda de amparo directo que ante ella se presentó, conforme a lo previsto en el numeral 97, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, dicho recurso es fundado porque la autoridad laboral no ha completado el trámite que establece el diverso artículo 178 de la misma ley, ello da lugar a que se requiera al presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que de inmediato observe el trámite a que se hizo mención.

"En razón de lo anterior, toda vez que la conducta de la autoridad responsable encuadra en el supuesto previsto por la fracción IV del artículo 260 de la vigente Ley de Amparo, con apoyo en el diverso artículo 238 de la referida legislación, se le impone una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a $6,476.00 (seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) ... la multa aludida deberá hacerla efectiva al presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de nombre ********** ...’

"Justificación de la imposición de la multa.

"Sin que sea necesario que para la imposición de la multa, deba ponderarse aspectos relativos al previo apercibimiento o en su caso a las exigencias a que se refiere el artículo 236 de la Ley de Amparo, en la medida de lo siguiente.

"El supuesto que nos ocupa recoge las ideas sustanciales siguientes:

"a) Del artículo 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, que agrega diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial y que ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales. Principios cuyo cumplimiento también es imperativo para el Poder Judicial de la Federación, por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, en salvaguarda de las cuales no puede permitirse que el juicio de amparo se retarde en su trámite por la autoridad responsable.

"b) El imperativo contenido en el artículo 178 de la Ley de Amparo, consiste en remitir al Tribunal Colegiado correspondiente la demanda de garantías junto con las demás constancias necesarias dentro del término señalado por el precepto legal antes citado, que al transgredirse se incurre en el incumplimiento de la anotada obligación legal, lo cual es sancionable por sí mismo en términos de lo establecido en el artículo 260, fracción IV, del propio ordenamiento invocado, al no haberse respetado los plazos legalmente establecidos para la remisión de la demanda de garantías, situación que origina graves perjuicios a la parte quejosa, pues con el injustificado rezago en la remisión de aquélla, se obstaculiza la administración de justicia, con infracción al mandato contenido en el artículo 17 constitucional.

"Lo anterior, se robustece con las tesis cuyo criterio se comparte y, que son del tenor siguiente:

"‘MULTA. ANTE LA EVIDENCIA DE QUE EL JUICIO DE GARANTÍAS SE PROMOVIÓ EN CONTRAVENCIÓN A ALGUNO DE LOS PRINCIPIOS QUE SALVAGUARDA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE AMPARO, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO TIENE LA FACULTAD, SINO QUE ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICACIÓN.’ (se transcribe)

"‘MULTA EN AMPARO DIRECTO. SU APLICACIÓN ES CONSECUENCIA LEGAL CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE OMITE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 169 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe)

"Debe ponderarse además que el contenido de la fracción IV del artículo 260 de la Ley de Amparo no debe confundirse con las medidas de apremio y disciplinarias a que se refiere el numeral 236 de la Ley de Amparo en vigor, porque debe distinguirse dos clases de multas que se pueden aplicar en el juicio de amparo:

"a) Unas, son aquellas que se imponen como consecuencia de la violación a alguna disposición de la Ley de Amparo, que aparecen desplegadas a partir del artículo 238 y finaliza en el 260 de la vigente normatividad.

"b) Otras, las que se imponen por desacato a un mandato con fundamento en lo dispuesto por el artículo (sic) 236 y 237 de la misma ley, que por cierto antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, se fundaba en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo derogada (sic), donde se contempla la multa hasta de mil pesos como medida de apremio tendente a garantizar el cumplimiento o efectividad de las resoluciones que emiten los Jueces o tribunales.

"Esa diferenciación obedece a sus fines, es decir, las primeras evitar la proliferación de conductas que transgredan directamente las disposiciones de la Ley de Amparo, en tanto las segundas como medio para lograr guardar el orden y respecto (sic) y, cumplir con los mandatos del Juez.

"Por eso las primeras se encuentran contenidas en el apartado de un sistema de sanciones que busca eliminar conductas transgresoras que violen las disposiciones que rigen la Ley de Amparo, lo que se puede identificar dentro del esquema del derecho administrativo sancionador, para diferenciarlo del sistema penal.

"Ese sistema de sanciones no penal, busca lo siguiente:

"a) Garantizar el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados.

"b) En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida.

"c) En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos.

"Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.

"Lo anterior tiene sustento, en las jurisprudencias siguientes:

"‘DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.’ (se transcribe)

"‘TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.’ (se transcribe)

"‘RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.’ (se transcribe)

"En esa medida, si las conductas típicas previstas en el artículo 260 de la Ley de Amparo constituyen propiamente, mutatis mutandi, parte de ese objetivo del procedimiento sancionador, éste no debe confundirse, aun en una interpretación sistemática con las medidas de apremio a que se refiere el numeral 236 de la Ley de Amparo, pues debe atenderse al principio de interpretación estricta que permea en ese estado de sanciones por la comisión de conductas transgresoras como ocurre en la especie.

"Lo anterior se robustece con las tesis que dicen:

"‘DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL INCUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS TRÁMITES A QUE LA OBLIGA LA LEY DE AMPARO, ES SANCIONABLE CON MULTA.’ (se transcribe)

"La tesis que antecede incluso distingue perfectamente de la multa y las medidas de apremio, como mecanismos distintos, que avala lo antes señalado.

"Además, de ese criterio destaca que la violación al trámite de la demanda de amparo directo con motivo de la presentación de una demanda y ‘... que no sean combatibles a través de la queja establecida en la fracción VIII del artículo 95...’ da motivo a que la autoridad responsable sea requerida para que cumpla ‘... apercibiéndola con la imposición de una multa...’. Sin embargo, resulta palmario que esa posición adoptó la jurisprudencia para hacer frente a la omisión de dar trámite a la demanda de amparo directo, precisamente por no existir un medio ordinario de defensa en que el quejoso pudiera exponer su inconformidad y la autoridad dar respuesta a la misma; todo lo cual no sucede bajo la nueva legislación de amparo, pues existe el recurso de queja para combatir esa omisión, donde la autoridad podrá exponer que no ha incurrido en la conducta omisiva imputada, o bien, demostrar las causas legales que esgrime para no enviar la demanda de garantías, lo que en el caso no sucedió, ya que la responsable ninguna prueba aportó para justificar la imposibilidad de hacer esa remisión, pues sólo argumentó en el auto de treinta de agosto de dos mil trece, que la demanda estaba con el actuario notificador para hacer el emplazamiento y notificar a la quejosa, pero sin ofrecer medio de convicción que lo avale; de ahí, que el esquema legal de la nueva Ley de Amparo, al instituir el recurso de queja torna innecesario hacer apercibimiento alguno, en primer lugar, porque no lo contempla dicha legislación, en segundo, porque ya está instituido el recurso de queja, y en tercero, porque en este medio de defensa, se escucha a las partes y tienen oportunidad probatoria para demostrar la inexistencia de la omisión, o en su caso, para justificar legalmente la omisión imputada.

"‘MULTA EN AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. DEBE IMPONERSE SI SE DESECHA EL RECURSO POR NO CONTENER LA SENTENCIA IMPUGNADA DECISIÓN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY O NO ESTABLECER LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UNA DISPOSICIÓN

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25182-8302c5a0/multa-prevista-en-el-articulo-260-fraccion-iv · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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