DILACIÓN EXCESIVA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO DEBE ATENDERSE AL PLAZO DE 120 DÍAS NATURALES PREVISTO POR LA LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE MÉXICO.
QUEJA 165/2022. 27 DE ABRIL DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CASIMIRO BARRÓN TORRES. SECRETARIA: MARCELA FLORES SERRANO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Estudio. Previamente al análisis de los agravios es necesario conocer algunos antecedentes que dieron origen al acuerdo impugnado, los que se obtienen de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto ********** que remitió en copia certificada el Juez de amparo al momento en que rindió el informe materia del presente medio de impugnación; sobre todo de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso narró en su demanda de amparo indirecto y son los siguientes:
Antecedentes.
1. **********, presentó demanda laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México el nueve de marzo de dos mil veintidós, en donde reclamó diversas prestaciones del **********, al que se le asignó el ordinal **********.
2. A partir de la fecha antes citada (nueve de marzo de dos mil veintidós) el tribunal responsable ha omitido pronunciarse respecto de la admisión de esa demanda, el emplazamiento del demandado y señalar fecha para la audiencia que contempla el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
3. El apoderado del actor acudió ante la responsable el veintisiete de junio de dos mil veintidós, a fin de solicitar informes sobre la radicación del expediente y el inicio del procedimiento, sin que a la fecha se haya radicado la misma, siendo el estado procesal que guarda el juicio laboral.
4. Inconforme con aquella omisión, el actor promovió juicio de amparo indirecto, del que por razón de turnó correspondió conocer al Juez Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, quien por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós determinó desecharla de plano, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues estimó que el acto reclamado no era de imposible reparación porque no habían transcurrido los 120 días naturales que contempla el artículo 204 A de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, a efecto de advertir una abierta demora del procedimiento o su paralización total. Éste es el acuerdo impugnado en el presente recurso.
Análisis de los agravios.
El quejoso expresa en sus agravios, que existe una abierta dilación en el juicio laboral, al no haberse emitido pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda laboral, el emplazamiento al demandado y el señalamiento de la audiencia de ley, incumpliéndose así con los principios de impartición de justicia pronta y expedita, por lo que es innegable que esta dilación provoca retraso en el procedimiento laboral, ocasionándole un perjuicio irreparable. El quejoso estima aplicable la tesis aislada XVII.2o.C.T.4 K (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE PROVEER SOBRE LA PRESENTACIÓN DE UNA DEMANDA, AL INVOLUCRAR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, EN SU VARIANTE DE TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. (INAPLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 48/2016 Y 2a./J. 33/2019)."
Lo así expuesto, suplido en su deficiente formulación como lo autoriza el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, es fundado.
En primer término, es necesario precisar que al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó lo siguiente:
1. Los actos de imposible reparación a que hace referencia el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, son aquellos que afectan materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
2. Sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo.
3. Por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, en ese caso, el juicio de amparo será improcedente.
4. El juicio de amparo indirecto será procedente, por excepción, cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento, o su paralización total, en ese caso el juicio de garantías será procedente.
Dichas consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, página 1086, con número de registro digital: 2011580, de rubro y texto siguientes:
"AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como ‘irreparables’ deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una ‘omisión’ autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente."
Posteriormente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la diversa contradicción de tesis 294/2018, en la que precisó la necesidad de determinar un lapso específico que debía transcurrir para estimar actualizada la abierta dilación procesal o paralización del juicio a que se refiere la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), por lo que concluyó lo que enseguida se sintetiza:
1. Dentro del juicio laboral existen múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales y servidores públicos que participan en ellos provean los diversos trámites que la secuela procesal exija, así como numerosas razones para que algunos de tales periodos no se observen a cabalidad, ya sea por la interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, entre otros.
2. Por tanto, se estimó necesario instituir un plazo único a efecto de determinar cuándo la autoridad jurisdiccional laboral ha incurrido en una demora que constituya una interrupción arbitraria del proceso, que actualice una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, es decir, que no se trate sólo de una mera inobservancia de las normas que rigen el procedimiento, sino de una auténtica denegación de justicia, en cuanto a la obligación de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, de conformidad con el artículo 17 constitucional.
3. En ese tenor, el Alto Tribunal estimó que debía proporcionarse un estándar mínimo objetivo que ofreciera seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral; por tanto, definió que la demanda de amparo sería procedente cuando hubiesen transcurrido al menos 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo legal sobre los actos respecto de los cuales debía realizar o pronunciarse la responsable.
4. Por lo que tomó como parámetro el periodo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera como inactividad en el juicio natural.
Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, página 1643, con número de registro digital: 2019400, cuyo contenido es del tenor siguiente:
"AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio –por lo que hace a la materia laboral– a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador."
Así, de acuerdo con los argumentos hasta ahora vertidos, se pone de manifiesto lo siguiente:
I) En la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), se estimó que el juicio de amparo indirecto era procedente –por excepción– ante una abierta dilación procesal, o la paralización del procedimiento.
II) Más recientemente, se insiste, se emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), misma que tuvo su origen en la necesidad de precisar un parámetro único para estimar actualizada una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, por lo que se estatuyó el plazo de 45 días naturales.
Criterios jurisprudenciales que, a juicio de este Tribunal Colegiado de Circuito, son enteramente aplicables al caso concreto, aun cuando interpreten el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, y que la tramitación del asunto laboral burocrático que dio lugar al juicio de amparo que originó el recurso de queja en estudio, se regule conforme a las disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Ciertamente, al realizar una interpretación sistemática de los referidos criterios interpretativos, es válido concluir que resultan atendibles, por aplicación analógica en el caso particular, en estricta observación al derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que se advierte que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
Aunado a que los artículos 17 de la Constitución General y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho fundamental a un plazo razonable como una subgarantía judicial del debido proceso, cuya interpretación ha procurado agilizar el trámite y resolución de los procesos jurisdiccionales, pues de conformidad con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago, la "demora prolongada o la falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación de garantías judiciales."(1)
Con base en lo anterior, se estima que un plazo razonable es aquel que permite el desahogo del procedimiento en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales.
Por tanto, para determinar si en un juicio laboral sustanciado conforme a las reglas previstas de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, se ha o no incurrido en una abierta dilación o una demora procesal excesiva por parte de la autoridad responsable, no es posible considerar los ciento veinte días que prevé dicha legislación burocrática en el artículo 204 A(2) relativos a la caducidad de la instancia, como con desacierto lo hizo el Juez de Distrito, ya que si la caducidad se actualiza como una consecuencia de la inactividad procesal de las partes, no debe aplicarse en perjuicio de los promoventes.
Por tanto, si la omisión sobre la que versa el presente asunto es atribuible al órgano jurisdiccional de origen, entonces resulta necesaria la aplicación del plazo de cuarenta y cinco días impuesto por el Máximo Tribunal Constitucional de nuestra Nación, por ser acorde con el derecho fundamental al plazo razonable, como subgarantía integrante del debido proceso y del derecho humano de acceso a una justicia pronta y expedita, aunque la carga de trabajo de los tribunales laborales supere –en ocasiones– los recursos humanos con que cuentan para atender cada controversia.
Lo que justifica la aplicación analógica de los criterios jurisprudenciales invocados en párrafos precedentes.
Sirve de apoyo a esta consideración la tesis aislada II.2o.T.33 L (11a.), emitida por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, pendiente de publicarse, de rubro y texto siguientes:
"DILACIÓN EXCESIVA. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO DEBE ATENDERSE AL PLAZO DE 120 DÍAS NATURALES PREVISTO POR LA LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE MÉXICO.
"Hechos: Un Juzgado de Distrito desechó una demanda de amparo promovida contra la omisión de un tribunal burocrático de acordar oportunamente una promoción, al estimar que no habían transcurrido más de 120 días naturales desde la fecha en que se presentó el escrito, por considerar que ese plazo es el tiempo máximo que el legislador local estableció en el artículo 204 A de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, para que los procedimientos burocráticos permanecieran inmóviles.
"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para pronunciarse sobre la procedencia del amparo promovido contra una presunta dilación en un procedimiento laboral burocrático sustanciado conforme a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, debe atenderse únicamente a los lineamientos impuestos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 48/2016 (10a.) y 2a./J. 33/2019 (10a.); y no a cualquier otra interpretación que resulte contraria al derecho humano a la tutela jurisdiccional pronta y efectiva.
"Justificación: Los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el citado derecho fundamental que, entre las diversas subgarantías judiciales que contiene, comprende el derecho fundamental al ‘plazo razonable’ como parte del debido proceso, cuya interpretación ha procurado agilizar el trámite y resolución de los procesos jurisdiccionales; pues de conformidad con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago, la ‘demora prolongada o la falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación de garantías judiciales’. En ese tenor, una interpretación sistemática de los precedentes que dieron origen a las jurisprudencias citadas en el párrafo anterior (contradicciones de tesis 325/2015 y 294/2018), permite inferir que los parámetros proporcionados por la Segunda Sala como un estándar mínimo objetivo que ofrezcan seguridad jurídica para fijar la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en los procedimientos laborales, no se limitaron al contenido del artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, que tolera un plazo de 45 días naturales para que el juicio permanezca inmóvil, sino en función de la discrecionalidad de los órganos de amparo para ponderar en cada caso concreto, si se está en presencia o no de una abierta dilación atribuible a la propia autoridad encargada de impartir justicia, pues en este supuesto pudiera hablarse de una auténtica denegación de justicia. Por ello, se determina que al juzgar la procedencia de la demanda constitucional, los tribunales de amparo al recibirla, deben examinar: (i) la complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal de las partes; (iii) la conducta asumida por la autoridad judicial; y, (iv) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; para decidir si la omisión reclamada se encuentra dentro de un plazo razonable y coherente con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva."
Con esta idea en mente, debemos ahora reproducir el contenido del artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que dispone lo siguiente:
"Artículo 229. El Tribunal o la Sala dentro de tres días siguientes a la presentación de la demanda, prevendrá al actor para que en el plazo de tres días corrija su demanda por ser oscura e imprecisa, en caso de que no lo haga se tendrá por ratificada. Asimismo, cuando el actor sea el servidor público o sus beneficiarios podrá aclarar, modificar o enderezar la demanda por una sola vez en un término de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la demanda, para el caso de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las pruebas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, emplazándola para que la conteste dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del emplazamiento, ésta deberá contener copia cotejada de la demanda y de los acuerdos que le recayeron, apercibiéndolo que para el caso de no contestarla en el término señalado se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrezca pruebas en contrario con las que acredite que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda.
"El Tribunal o la Sala dentro de los tres días hábiles siguientes que reciba la contestación de demanda o hubiera transcurrido el término para contestarla, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo; apercibiéndolos de tenerlos por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia.
"Durante la tramitación de los conflictos individuales y colectivos bastará la presencia del Presidente del Tribunal o de la Sala o del auxiliar, quien llevará a cabo la audiencia hasta su terminación y dictará las resoluciones que procedan, salvo los laudos, caso en que citará a los integrantes del Tribunal o de la Sala para dictar la resolución correspondiente."
De lo que se advierte que el referido ordenamiento legal prevé que una vez admitida la demanda y el escrito de pruebas, se correrá traslado al demandado en un plazo no mayor a cinco días hábiles, y se le emplazará a juicio.
En consecuencia, para calificar como excesiva la omisión del órgano jurisdiccional responsable de emitir el acuerdo respectivo a esas demandas que presenten las partes, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales a partir de la fecha en que concluyó el plazo aludido en el párrafo anterior.
Bajo este panorama, en el caso particular, de la lectura íntegra de la demanda de amparo indirecto se advierte que el acto reclamado, conforme al contenido del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, consiste en la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México de acordar la demanda laboral que presentó el actor-quejoso el nueve de marzo de dos mil veintidós, la que se radicó con el ordinal **********.
En tal virtud, el plazo de cuarenta y cinco días naturales a que se refiere la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, feneció el treinta de abril dos mil veintidós, como se evidencia en el cuadro que se inserta a continuación:
Ver cuadro
Como se puede apreciar, si la justiciable, bajo protesta de decir verdad, señaló que le acusaron recibo por la presentación de su demanda laboral el nueve de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable tenía hasta el dieciséis de marzo de ese mismo año para dictar el acuerdo respectivo, sin que en autos obre que así hubiese sucedido.
Motivo por el cual el plazo de cuarenta y cinco días naturales para considerar excesiva la dilación de la responsable en emitir el proveído correspondiente, transcurrió del diecisiete de marzo al treinta de abril de dos mil veintidós.
Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el veintinueve de junio de dos mil veintidós –tal como se advierte de la boleta de recibo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México–, es inconcuso que se promovió después de cuarenta y cinco días naturales a la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse el acuerdo respectivo.
De ahí que, contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, el lapso acontecido sí debe ser considerado como una abierta demora del procedimiento laboral que da lugar a la procedencia del juicio de amparo de que se trata, al superar los cuarenta y cinco días naturales impuestos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el citado criterio interpretativo.
En tal virtud, no debió desecharse la demanda de amparo, al reclamarse una dilación excesiva que se traduce en una auténtica paralización del procedimiento laboral de origen, que hace procedente el juicio de amparo indirecto.
En esas condiciones, procede revocar el acuerdo dictado el treinta de junio de dos mil veintidós por el Juez Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a efecto de que, de no advertir causa diversa de improcedencia, dicte otro en el que provea sobre la admisión de la demanda de amparo.
Sirve de sustento la tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 901, Libro 9, agosto de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital: 2007069.
"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."
Decisión.
Por las razones expuestas, lo que procede es declarar fundado el recurso de queja.
Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo y 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.—Es fundado el recurso de queja interpuesto por **********, contra el acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós, dictado por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el juicio de amparo indirecto **********.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución al Juez de Distrito, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Así lo resolvió este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidente Raúl Valerio Ramírez, Casimiro Barrón Torres y Enrique Munguía Padilla, siendo ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 11, fracción VI, 108, 113, 118 y demás aplicables en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), 2a./J. 33/2019 (10a.) y 2a./J. 73/2014 (10a.) citadas en esta sentencia, también aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas, 1 de marzo de 2019 a las 10:04 horas y 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas, respectivamente.
La parte conducente de las ejecutorias relativas a las contradicciones de tesis 325/2015 y 294/2018 citadas en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y 1 de marzo de 2019 a las 10:04 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1053 y 64, Tomo II, marzo de 2019, página 1621, con números de registro digital: 26269 y 28374, respectivamente.
La tesis aislada II.2o.T.33 L (11a.) citada en esta sentencia, aparece publicada con el rubro: "", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de junio de 2023 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 26, Tomo VII, junio de 2023, página 6768, con número de registro digital: 2026634.
________________
1. Visible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_94_esp.pdf
2. "Artículo 204 A. Operará la declaratoria de la caducidad de la instancia, cualquiera que sea el estado del procedimiento desde el primer auto que se dicte en el mismo hasta la emisión del laudo, si transcurridos ciento veinte días contados a partir de la notificación de la última determinación del tribunal o Sala no hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento por la parte actora, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31881-40c2bb96/dilacion-excesiva-en-materia-laboral-para-determinar-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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