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AMPARO INDIRECTO. LA INFRACCIÓN DE TRÁNSITO DETECTADA MEDIANTE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE VERIFICACIÓN DE VELOCIDAD Y DE FOTOMULTA NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 86/2025. · Registro digital (IUS): 33835
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-02-06
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Febrero de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.199.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 86/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIA: ALBA SILVIA PÉREZ BRIBIESCA.

Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día seis de noviembre de dos mil veinticinco, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por escrito firmado electrónicamente y enviado a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el autorizado de los quejosos en los juicios de amparo indirecto ********** y **********, ambos del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver los amparos en revisión 248/2024 y 275/2024, respectivamente, a efecto de determinar si el acta de infracción detectada mediante dispositivos tecnológicos de verificación de velocidad y de foto multa, constituye una resolución definitiva y el primer acto de aplicación de los artículos 139, 139 bis, 140, último párrafo y 140 bis, del Reglamento de Policía y Vialidad para el municipio de León, Guanajuato.

2. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de once de junio de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional radicó el presente expediente en el índice de este órgano colegiado, registrándose como contradicción de criterios 86/2025; se ordenó formar el expediente electrónico; asimismo, solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para que informaran si los criterios emitidos que motivaron la contradicción de criterios seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados, en el entendido que el tema del presente asunto guarda relación con las diversas contradicciones 86/2025 y 90/2025 del índice de este Pleno Regional.

3. Por otra parte, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el alto tribunal, relacionada con el tema a dilucidar.

4. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.

5. TERCERO Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de diecisiete de junio de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/2192/2025 mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción informó que en sesión de once de junio dos mil veinticinco el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado Ernesto Martínez Andreu en la plaza que ocupaba su homólogo José Patricio González Loyola Pérez, con efectos a partir del dieciséis de junio del año en curso, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y Ernesto Martínez Andreu, así como por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata.

6. CUARTO. Informes. El magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, rindió el informe solicitado en el sentido de que el criterio materia de la contradicción se encontraba vigente, el cual se tuvo por recibido mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veinticinco.

7. Cabe destacar que no obstante que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, no rindió el informe requerido respecto del amparo en revisión 248/2024 de la consulta realizada por este Pleno Regional, al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que el amparo en revisión de referencia fue vinculado al expediente electrónico de la presente contradicción de criterios, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles(1) de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2º.(2)

8. De igual forma, en proveído de nueve de julio de dos mil veinticinco, se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema materia del presente asunto.

9. QUINTO. Confirmación de turno. Mediante acuerdo de presidencia de catorce de julio de dos mil veinticinco, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 44, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(3)

10. SEXTO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de treinta de septiembre de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio DGCSV/No. 007/2025 publicado por el Órgano de Adscripción Judicial, denominado "Adscripción de las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como demás movimientos que se indican para la integración de los órganos jurisdiccionales federales", del que se advierte que fueron designadas para integrar este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, las Magistradas Mónica Saloma Palacios, Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza, con efectos a partir del quince de septiembre de esta anualidad.

11. Returno. En dicho proveído se returnó el presente asunto a la magistrada Virginia Pétriz Herrera, para la formulación del proyecto de resolución; y al encontrarse debidamente integrado el asunto, se confirmó dicho turno.

12. Lista. La presente contradicción de criterios se listó por primera vez el quince de octubre de dos mil veinticinco, para discutirse en la sesión de veintitrés de octubre siguiente, en la cual las magistradas acordaron dejar en asunto en lista para discutirse en una sesión posterior.

13. SÉPTIMO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.

CONSIDERANDO:

14. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(4) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(5) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(6) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(7) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(8) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.

15. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.

16. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el autorizado de los quejosos en los juicios de amparo indirecto ********** y **********, ambos del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(9)

17. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.

18. Se precisa que no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige el dictado de las resoluciones que se emiten al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; esto es, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, ni se estima necesario para la resolución del caso, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que se resuelve.

19. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".(10)

A. Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 248/2024.

20. Juicio de amparo indirecto. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, el veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro, ********** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos siguientes:

Ver contenido

Las normas señaladas como Inconstitucionales se controvierten como normas heteroaplicativas con motivo de su primer acto de aplicación siendo este emisión a mi nombre del acta de infracción señalada como acto reclamado en este mismo apartado

21. Por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, la registró con el expediente ********** y admitió a trámite la demanda; ordenó tramitar el incidente de suspensión respectivo; requirió a las autoridades responsables los informes justificados correspondientes; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

22. Sentencia. Seguido el juicio por todas sus etapas procesales, el veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, se llevó a cabo la audiencia constitucional y se dictó la sentencia correspondiente, en la que se concedió al quejoso la protección constitucional solicitada.

23. Recurso de revisión. Inconforme, el Ayuntamiento de León, Guanajuato, por conducto del Director de lo Contencioso "A" adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y apoderado legal del municipio de León, interpuso recurso de revisión; del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato; quien por auto de presidencia de uno de julio de dos mil veinticuatro lo registró con el número 248/2024 y lo admitió a trámite.

24. Posteriormente, en sesión de diez de abril de dos mil veinticinco dictó sentencia, en la que por una parte, revocó la sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro en el amparo indirecto **********; y por otra, sobreseyó en el juicio promovido por el quejoso, respecto del acta de infracción de seis de febrero de dos mil veinticuatro, así como respecto de las normas reglamentarias controvertidas –artículos 139, 139-bis y 140-bis, del Reglamento de Policía y Vialidad en el municipio de León, Guanajuato-.

25. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, consideró:

25.1 • Determinó parcialmente fundados y fundados los agravios reseñados en los puntos denominados 2. Las actas de infracción no constituyen el primer acto de aplicación de los artículos 139, 139-bis, 140, último párrafo, y 140-bis, del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato, y 3. Falta de pronunciamiento respecto a que la emisión del acta de infracción constituye un acto intraprocesal, respectivamente, por lo que revocó la sentencia recurrida en términos del artículo 93, fracciones II y VI, de la Ley de Amparo.

25.2 • Primero, determinó parcialmente fundado el argumento consistente en que las actas de infracción no constituyen el primer acto de aplicación de los artículos 139, 139-bis, 140, último párrafo, y 140-bis, del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato.

25.3 • A fin de justificar esa calificativa, señaló que debía tenerse en cuenta que la fracción I del artículo 107 constitucional establece, como principio básico del juicio de amparo, que éste debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada.

25.4 • Indicó que dicho principio se reglamenta en el artículo 5°, fracción I de la Ley de Amparo al disponer, en lo conducente, que tiene el carácter de persona quejosa quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, siempre que la norma reclamada vulnere sus derechos humanos previstos por el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica.

25.5 • De esa manera, aseveró que como presupuesto básico del juicio de amparo se tiene que una persona únicamente podrá solicitar legítimamente la protección de la justicia federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad.

25.6 • Enfatizó que con tal afirmación se pueden desprender los supuestos que integran el interés jurídico: a) la existencia y titularidad de un derecho protegido por la ley; y, b) el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto de autoridad.

25.7 • Por consiguiente, aseveró que el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto autoritario, se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación.

25.8 •Mientras que en forma inversa, cuando un acto autoritario no afecte los intereses jurídicos de la persona quejosa, el amparo que se promueva será improcedente, según lo prevé la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

25.9 • Del contenido de dicho numeral señaló que para la improcedencia del juicio de amparo por falta de interés jurídico del impetrante, el legislador distinguió entre aquellas normas generales que causan perjuicio por su sola entrada en vigor y las que, para entrañar una afectación en la esfera de derechos del gobernado, requieran de un acto posterior de aplicación.

25.10 • Así, a partir de la clasificación dual explicada, analizó los distintos tipos de normas que pueden ser impugnadas en el amparo biinstancial.

25.11 • En ese contexto, precisó que los artículos 17, fracción I, 61, fracción XII, y 107, fracción I de la Ley de Amparo, establecen las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra leyes y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecidas las normas reclamadas, entre su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa.

25.12 • Del mismo modo, explicó que tales disposiciones ubican el instante en que una norma tildada de inconstitucional ocasiona al gobernado un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo cual conlleva a determinar a partir de qué momento y de qué plazo dispone el agraviado para ejercer la acción constitucional.

25.13 • En ese sentido, razonó que de los numerales señalados se desprende que las disposiciones legales de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a su naturaleza propia, es decir:

a) Si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado (autoaplicativas); o bien,

b) Si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas).

25.14 • En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que, por su sola expedición, le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, se trata de leyes que al iniciar su vigencia generan obligaciones de hacer, dejar de hacer o de dar, para los gobernados a quienes están destinadas. Así, el plazo para impugnar las normas de tal naturaleza es de treinta días a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo.

25.15 • En el segundo supuesto, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa. Luego, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo, en este caso, será de quince días, según se advierte del artículo 17 de la ley citada.

25.16 • De lo expuesto, refirió que para la impugnación de normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (el cual puede provenir de la actuación de una autoridad, los propios particulares, o terceros auxiliares de la administración pública). 25.17 • Señaló aplicable la jurisprudencia 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo VI, Novena Época, julio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."

25.18 • En ese contexto, precisó que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, si el ciudadano reclama una ley heteroaplicativa, deberá ser en virtud de su primer acto concreto de aplicación y no a través del segundo o ulteriores, contrariamente, la vía constitucional será improcedente, pues la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación, por los motivos precisados, no le dan acción para volver a cuestionar la constitucionalidad de un ordenamiento legal.

25.19 • Cuestión que corroboró con los criterios contenidos en la jurisprudencia P. 30 y la tesis VI/89, sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles, en las páginas 227 y 162 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, enero-junio de 1989, Octava Época, con registros 205987 y 205968, de epígrafes: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACIÓN."; y "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN."

25.20 • De esa manera, refirió que si el amparo contra leyes heteroaplicativas sólo procede con motivo de su primer acto de aplicación, entonces, se actualiza la necesidad de señalar los elementos objetivos que se requieren para distinguir cuál debe ser considerado como tal, pues no basta la noticia, evidencia o, incluso, la prueba de la tramitación de un amparo anterior contra la misma norma, ya que puede suceder que por diversos motivos, el acto de aplicación cuestionado en un juicio previo no sea el primero que se emitió en perjuicio del quejoso y en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas, aunque sí el primero del que tuvo conocimiento y debió impugnar dentro del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo.

25.21 • Explicó que para considerar aplicada una ley es menester que de manera expresa o, incluso, tácita, se actualicen las hipótesis normativas correspondientes, esto es, que se generen en relación con el particular los efectos de la norma, regulando o sancionando una situación jurídica concreta; luego, el primer acto de aplicación será aquel en que por primera vez se actualice esa hipótesis normativa.

25.22 • Arguyó que para distinguir el primer acto de aplicación de una norma general, debe atenderse a la fecha de emisión del acto autoritario donde se actualice la hipótesis legal que se tilda de inconstitucional, con la aclaración de que para promover el amparo es también necesario que esa aplicación cause perjuicio al quejoso, de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción constitucional, conforme con el cual el juicio de amparo sólo puede promoverse cuando se afecte el interés jurídico del particular.

25.23 • De lo anterior se sigue que para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto, por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio del quejoso y con su conocimiento.

25.24 • El Tribunal Colegiado apoyó lo anterior en las consideraciones de la contradicción de tesis 4/2002-PL, que dieron lugar a la tesis 2a. LXX/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 445, con registro 186675, de epígrafe: "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO."

25.25 • Luego, el tribunal revisor de amparo detalló que de la demanda se apreciaba que el quejoso reclamó como inconstitucionales los artículos 139, 139-bis y 140-bis del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato, esto con motivo de su primer acto de aplicación el cual hizo consistir en "La emisión de la boleta de infracción, suscrita por la Policía Vial **********, con número de empleado adscrita a la Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial del Municipio de León, Guanajuato de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana del Municipio de León, Guanajuato, en fecha 06 de febrero de 2024."

25.26 • Asimismo, tanto el quejoso como el Encargado de la Dirección de Policía Vial de León, Guanajuato, allegaron al juicio de amparo la referida acta de infracción, de la cual se aprecia que el seis de febrero de dos mil veinticuatro, la Policía Vial **********, de la Delegación **********, Sector 8, Turno D, adscrita a la Dirección de Policía Vial de León, Guanajuato, levantó el acta de infracción captada a través de dispositivos tecnológicos de foto multas, con folio ********** a **********, como propietario del vehículo con placas de circulación **********, marca **********, línea **********, año **********, color **********, debido a que:

"El día VIERNES 05 DE ENERO DE 2024 siendo las 05:40 PM, el vehículo de motor con el cual se cometió la infracción, circulaba sobre Blvd. **********, altura Frente al No, **********, Fracc, ********** Sentido Sur Norte de esta ciudad de León, Guanajuato, en dicha vialidad la velocidad máxima permitida es de 50 km por hora, de acuerdo al señalamiento vial oficial instalado en dicha vialidad en poste metálico que se encuentra en el camellón central, circulando el vehículo una velocidad de 87 km por hora, captada por el dispositivo tecnológico con número 2207377 el cual muestra que el conductor infringió el Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato; el hecho anterior queda registrado como antecedente en la presente fotografía impresa.".

25.27 • Asimismo, como fundamento de la infracción la autoridad responsable citó los artículos 16 párrafo primero, 21 cuarto párrafo, 115 fracción III Inciso H) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; I y 4 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 1, 2 fracción l, 3 fracción II, 89, 90, 93 fracción X y XI, 103, fracciones XII y XIII, 139, 139 Bis, 140 y 140 Bis del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato.

25.28 • Además, en el acta de infracción se estableció que:

"los datos del titular de las placas de circulación y del vehículo de motor con el cual se cometió la infracción, fueron adquiridos del registro del padrón vehicular de conformidad al Acuerdo Interinstitucional de Colaboración Administrativa para Proporcionar Información en materia del Registro Estatal Vehicular, publicado el 14 de noviembre del 2023, en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado de Guanajuato, número 227 segunda parte, así como el Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo Interinstitucional de Colaboración Administrativa para Proporcionar Información en materia del Registro Estatal Vehicular, publicado el 29 de diciembre 2023, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 260 tercera parte, celebrados entre el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato y el Municipio de León, Guanajuato, los cuales corresponden a las características propias del vehículo, así como el número de placas visibles en la fotografía impresa en la presente Infracción".

25.29 • Que del escrito de demanda, se obtiene que el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el veinte de marzo de dos mil veinticuatro, conoció el acta de infracción descrita, hecho que no fue controvertido en el juicio de amparo ni de los autos se advierte algún dato o información en sentido contrario.

25.30 • De acuerdo a lo anterior, en términos de la ejecutoria de la Contradicción de tesis 4/2002-PL, para determinar el primer acto de aplicación de las disposiciones normativas, debe atenderse a la plena evidencia de que se trata del primer acto, por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio del quejoso y con su conocimiento.

25.31 • Por lo que, si esa acta de infracción se emitió y firmó electrónicamente el seis de febrero de dos mil veinticuatro, y se conoció por el quejoso el veinte de marzo posterior, sin que en el expediente obre alguna manifestación, dato o información en sentido contrario, puede concluirse que el acta de infracción con constituye en primer orden la expresión de la voluntad de la autoridad responsable.

25.32 • El órgano colegiado destacó, que en la referida acta de infracción se citaron como fundamento, entre otros numerales, los artículos 139, 139 bis, y 140 bis del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato; y del análisis de los mismos, es dable arribar a las siguientes premisas normativas:

• Las infracciones detectadas mediante dispositivos tecnológicos de foto multa se harán constar en las actas de infracción seriadas y autorizadas por la Secretaría, las cuales para su validez requieren satisfacer los requisitos señalados en las fracciones I a VI del artículo 139.

• El acta de infracción se remitirá al domicilio del titular de las placas de circulación del vehículo de motor con el cual se cometió la infracción; quien, una vez notificado, contará con cinco días hábiles a partir de la notificación para presentar escrito dirigido a la Dirección General de Tránsito, en el que manifestará lo que a su interés convenga, ya sea inconformándose o acompañando los documentos que en su caso considere para demostrar su

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33835-d05f5d58/amparo-indirecto-la-infraccion-de-transito-detectada-mediante · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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