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Modo: Corpus Pro

BOLETA DE INFRACCIÓN CAPTADA MEDIANTE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS, EMITIDA A NOMBRE DE LA PERSONA TITULAR DE LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN DEL VEHÍCULO. CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 139 BIS DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y VIALIDAD PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, VIGENTE HASTA EL 8 DE AGOSTO DE 2024.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 78/2025. · Registro digital (IUS): 33807
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-01-23
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Enero de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.99.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 78/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 23 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente sentencia:

I. Antecedentes

1. Presentación de la denuncia. Por escrito recibido vía interconexión el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco en este pleno, signado por ******* ****** ***** *****, representante legal de la persona quejosa en uno de los expedientes que dieron origen a los criterios contendientes.

2. Criterios denunciados. La posible de contradicción de criterios se denunció entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión 346/2024 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al fallar el amparo en revisión 325/2024.

3. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de veintitrés de mayo del año en curso, se radicó el asunto con el número de expediente 78/2025, con el tema: determinar si la boleta de infracción al propietario del vehículo, constituye el primer acto de aplicación al quejoso, respecto a los artículos 139, 139 bis, y 140 bis del Reglamento de Policía y Viabilidad para el Municipio de León, Guanajuato, y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; de igual forma se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su informe sobre la existencia de alguna contradicción radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda.

4. Informes. Los informes solicitados en el auto de radicación de la contradicción se recibieron de la siguiente manera:

• El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, mediante oficio 717/2025 de veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, informó que su criterio sigue vigente.

• La Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, por oficio DGCCST/X/353/06/2025 de diez de junio de dos mil veinticinco, informó que no hay contradicción de criterios radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el tema en disputa.

• No obra en el expediente el informe del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito —no sobra decir que si bien omitió informar sobre la vigencia del criterio que sostuvo al resolver el amparo en revisión 346/2024, lo cierto es que de las constancias que obran en el expediente de esta contradicción no se advierten elementos para estimar que ha sido abandonado o superado—.

5. Nueva integración del pleno regional y returno del asunto. Mediante acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes que el Magistrado Ernesto Martínez Andreu integra este pleno regional —en sustitución del Magistrado José Patricio González Loyola Pérez—.

6. Confirmación de turno. Por acuerdo de diez de julio de dos mil veinticinco, según constancia de autos.

7. Nueva integración del pleno regional. Por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinticinco se hizo del conocimiento de las partes que las Magistradas electas Mónica Saloma Palacios (presidenta), Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza integran este pleno regional;(1) además, en dicho proveído, se returnó este asunto a la Magistrada Mayra Sandoval Mendoza, quedando confirmado en esa misma fecha.

8. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se incluyó en la lista este asunto.

II. Competencia

9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(2) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(4) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés,(6) respectivamente, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.

III. Legitimación

10. La denuncia se realizó por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, pues fue presentada por ******* ****** ***** *****, en su calidad de representante legal de la persona quejosa en el juicio de amparo del que derivó el recurso de revisión radicado bajo el número 346/2024,(7) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, que contiene uno de los criterios denunciados como contradictorios.

IV. Criterios denunciados

11. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión 346/2024, en sesión de veinticuatro de abril de dos mil veinticinco. Derivó de un amparo indirecto en el que una persona física reclamó la aprobación y emisión de diversas normas de carácter general, entre ellas, el Acuerdo mediante el cual se aprueban diversas reformas, adiciones y derogaciones al Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato, así como la adición de la fracción XXIV al artículo 95 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, específicamente, los artículos 139, 139 bis y 140 bis del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato, con motivo de su primer acto de aplicación que hizo consistir en la emisión de cuatro boletas de infracción.

12. El juzgado de distrito celebró la audiencia constitucional el veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro y determinó sobreseer y conceder el amparo; inconforme, una de las autoridades responsables interpuso recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 346/2024, cuya resolución constituye el criterio denunciado como contradictorio, mismo que se emitió el veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, en lo que interesa, bajo las consideraciones siguientes:

En el considerando cuarto, la juzgadora advirtió oficiosamente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en cuanto a la falta de conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 2, fracción VII, 5, fracción I, inciso a), 64, fracción I y 248 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios.

Ello, pues de la lectura del escrito inicial de la demanda, se advertía que la quejosa realizó una impugnación genérica de la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, en específico, los artículos 2, fracción VII, 5, fracción I, inciso a), 64, fracción I y 248; sin embargo, no expuso concepto de violación alguno para controvertirlos de manera particular, pues de la lectura integral de la demanda únicamente se advierten razonamientos encaminados a demostrar la inconstitucionalidad de los diversos 139, 139 bis y 140 bis del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato.

Consecuentemente, estimó actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo y, posteriormente, decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que atañe a los artículos 2, fracción VII, 5, fracción I, inciso a), 64, fracción I y 248 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios.

(...)

En el quinto considerando, la juzgadora federal analizó y desestimó las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables.

Falta de interés jurídico.

En primer lugar, la resolutora refirió que de las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se reconoció pleno valor probatorio, se advierte la existencia de las infracciones reclamadas, impuestas al vehículo marca (...) en las que se indica el nombre de la quejosa en su carácter de propietaria del indicado vehículo.

Posteriormente, refirió que de la interpretación sistemática de los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.

Esto es, el interés jurídico, el cual representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si las normas generales o actos reclamados no lesionan de manera directa, la esfera jurídica del gobernado no existe legitimación para promover el juicio constitucional; de lo que se sigue que el peticionario debe acreditar en forma fehaciente que la norma general, el acto u omisión de autoridad, vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo; o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos contemplados en el artículo 1 de la ley de la materia, en relación con aquellos que son reconocidos y garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

Que el referido interés jurídico es un presupuesto procesal para la promoción del juicio de amparo, el cual debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/94, de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE”.

En ese orden, al estar acreditado que las foto multas reclamadas se emitieron a nombre de la quejosa en su carácter de propietaria del vehículo motivo de las mismas, es evidente que la impetrante tiene interés jurídico para acudir a esta vía constitucional.

Sin que asista razón a las responsables, en el sentido de que al no haber sido calificados los folios de infracción correspondientes en términos del artículo 5 del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato, no existe una individualización de la sanción y, por ende, que no constituye un acto concreto y definitivo de aplicación de los numerales 139, 139 bis y 140 bis del citado reglamento, toda vez que se trata de un acto intraprocesal que no afecta la esfera de derechos del impetrante.

Lo anterior, pues si bien es cierto que el último párrafo del numeral 139 bis del aludido reglamento, prevé que el titular de las placas de circulación del vehículo de motor con el cual se cometa la infracción, contará con cinco días hábiles para presentar escrito, ya sea inconformándose o acompañando los documentos que en su caso considere para demostrar su dicho, a efecto de que se reconsidere el monto de la multa (sic).

También lo es que con independencia de que el propietario de las placas de circulación del vehículo de motor con el cual se cometa la infracción, una vez notificado de la misma, tenga el término de cinco días, para acudir ante la autoridad a inconformarse con la multa impuesta o solicitar la reconsideración del monto de la misma; el sistema normativo reclamado, sí contiene consecuencias que, de manera inmediata, afectan la esfera jurídica de la parte quejosa.

También lo es que con independencia de que el propietario de las placas de circulación del vehículo de motor con el cual se cometa la infracción, una vez notificado de la misma, tenga el término de cinco días, para acudir ante la autoridad a inconformarse con la multa impuesta o solicitar la reconsideración del monto de la misma; el sistema normativo reclamado, sí contiene consecuencias que, de manera inmediata, afectan la esfera jurídica de la parte quejosa.

Es así, pues el artículo 140 bis del citado reglamento, establece que la autoridad podrá implementar acciones para identificar el vehículo con el que dispositivos tecnológicos de foto multa o de verificación de velocidad captaron la comisión de una conducta infractora para proceder a su respectiva notificación de la boleta de infracción y en su caso, la retención de la garantía a la que se refiere el artículo 142 del reglamento.

Mientras que, ese último numeral dispone que los agentes de vialidad estarán facultados para retener la placa o tarjeta de circulación o la licencia de conducir o el vehículo, a fin de garantizar la sanción administrativa correspondiente.

Así, expuso la jueza, a pesar que de conformidad con el último párrafo del precitado numeral 139, al momento en el que se notifica la infracción al propietario de las placas del vehículo respecto, aún no se encuentra individualizada la sanción correspondiente, por no haber transcurrido el plazo de cinco días que tiene para inconformarse con la misma o solicitar la reconsideración del monto de la multa que corresponda, desde el momento en que los dispositivos tecnológicos de foto multa o de verificación de velocidad captaron la comisión de una conducta infractora, la autoridad podrá implementar acciones para proceder a la retención de la garantía retener la placa o tarjeta de circulación o la licencia de conducir o el vehículo, a fin de garantizar la sanción administrativa correspondiente.

De ahí lo infundado de la causal de improcedencia en estudio.

Definitividad.

Asimismo, la resolutora federal desestimó que en el caso se actualizara la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

Ello, pues el amparo se promovió con motivo del primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales en perjuicio de la quejosa, de ahí que de conformidad con el párrafo tercero de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que cuando en contra del primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo.

Por tanto, la quejosa no estaba obligada a agotar los recursos previstos por la ley ordinaria, de ahí que resultara infundada la causal de improcedencia propuesta por las autoridades responsables.

En apoyo a lo anterior, invocó la tesis I.6o.C.86 K, de rubro: “AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO SE RECLAMA PRINCIPALMENTE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTAR RECURSO ALGUNO”.

En el considerando sexto, la jueza de distrito calificó de fundados los argumentos de la quejosa en el sentido de que los artículos 139, 139 bis y 140 bis, del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato, son inconstitucionales porque transgreden en su perjuicio los derechos de legalidad, seguridad y certeza jurídica, en atención a que disponen que las multas impuestas con motivo de las infracciones captadas a través de cualquier dispositivo o medio tecnológico, serán dirigidas al propietario del vehículo con el que se cometió la infracción, sin tomar en consideración que: El vehículo puede ser conducido por el propietario o por otra persona y se hace responsable solidario al propietario del vehículo, aun cuando este no haya infringido disposición legal alguna.

Por tanto, al considerarse al propietario del vehículo como responsable solidario respecto del cobro de las infracciones captadas por medios o dispositivos tecnológicos, se infringe en su perjuicio el derecho de seguridad jurídica, porque se impone una pena que puede recaer en terceras personas (propietario del vehículo) y no en la persona que infringió la ley (conductor del vehículo).

Precisó que los artículos 139, 139 bis y 140 bis del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato, se advierte que tratándose de conductas que violen disposiciones de la ley y su reglamento, captadas por cualquier dispositivo o medio tecnológico, las actas de infracción contendrán el nombre y domicilio del propietario del vehículo de conformidad con el registro vehicular correspondiente (exclusivamente se dirigen a este), a quien serán notificadas, es decir, dicho propietario, en todo caso, será, responsable solidario para efectos del cobro de la infracción.

Sin embargo, de la redacción de los citados preceptos no se desprende que impongan la obligación a los propietarios de los vehículos de motor de velar por el debido uso de su automóvil, o que no deban permitir, tolerar o autorizar la infracción de las normas de vialidad cuando encomiendan la utilidad de su vehículo a un tercero.

De ahí que no puede estimarse que la sanción se imponga por una conducta que corresponda directamente a dichos propietarios.

Por el contrario, acotó la juzgadora, conforme a la normativa reclamada, la notificación de la infracción al aludido propietario se realiza atribuyéndole el carácter de responsable solidario para efectos de su cobro, lo que implica que la sanción no se impone por lo hecho o lo omitido por el propietario del vehículo de manera directa, sino tan solo por ser propietario del vehículo con el que se cometió la infracción.

Aunado a que, a diferencia de otras legislaciones, la normativa no impone de manera expresa a los particulares la obligación de coadyuvar con las autoridades en la supervisión o cumplimiento de las obligaciones a cargo de terceros, de ahí que tampoco puede estimarse que la atribución de responsabilidad administrativa derive del incumplimiento de esa obligación.

De acuerdo con lo anterior, la juzgadora precisó que la norma impugnada fue construida de manera que se sancione al propietario del vehículo y no al conductor que verdaderamente incurrió en la infracción de tránsito.

Por su parte, conforme al derecho constitucional de legalidad en materia penal, prevista en el artículo 14, párrafo tercero, de la Ley Fundamental, en específico en relación con el principio de culpabilidad, la responsabilidad se debe limitar a los autores y partícipes del hecho ilícito. Ello es aplicable, en principio, a la materia penal; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, tratándose del derecho administrativo sancionador, que para la construcción de sus propios principios constitucionales es válido acudir de manera prudente a las técnicas garantistas del derecho penal, en tanto ambas ramas del derecho son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado.

Lo anterior, con la precisión de que la traslación de los principios penales sustantivos, en cuanto a grados de exigencia, no puede hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo solo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. En apoyo invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 99/2006, de rubro: “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO”.

Por otra parte, expuso que al imponer una multa en materia de vialidad, el Estado desempeña un papel de policía, es decir, se ubica en el contexto de una relación entre los ciudadanos y la administración pública en donde aquel tiene encomendado sancionar una conducta irregular por el incumplimiento de disposiciones en materia administrativa.

En cuanto a la responsabilidad solidaria, la jueza destacó que dicha figura es común en el derecho administrativo, en particular en el fiscal; sin embargo, la razón de ser de dicha figura responde a la necesidad de hacer más fácil y segura la recaudación de lo determinado a cargo de un obligado principal; siendo relevante mencionar que los ordenamientos de esas materias excluyen de la responsabilidad solidaria lo relativo al pago de las multas impuestas a dicho obligado principal, como se aprecia, por ejemplo, en el artículo 26, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Bajo ese contexto, concluyó que el derecho constitucional de legalidad en materia penal, previsto en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico en relación con el principio de culpabilidad, conforme al cual la responsabilidad por un hecho no puede trascender a los autores y partícipes del hecho ilícito, es acorde y atendible con el derecho administrativo sancionador, pues inclusive existe regulación secundaria en esa materia que prevé límites expresos a la potestad punitiva del Estado para sancionar a quien no ha sido autor de la conducta, precisamente porque mientras la finalidad de la responsabilidad solidaria es facilitar y asegurar la recaudación, por el contrario, las multas administrativas atienden más bien a un objetivo distinto, que es sancionar una conducta irregular; de ahí lo importante de que estas sean exigidas a la persona que directamente incurrió en la infracción y no a un tercero.

Inclusive lo anterior así se desprende de los artículos 6, 89, 102, 103 y 104 del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato, al imponer las reglas de señalizaciones viales y las obligaciones y prohibiciones al conducir vehículos de motor, se refiere en todo momento al conductor del vehículo; y no a algún tercero solidario.

De ahí que, por diseño constitucional y normativo, si la conducta infractora la comete el conductor del vehículo, es este quien debe responder por la sanción a que el Estado lo haga acreedor.

Pese a ello, expuso la resolutora de amparo, los preceptos reclamados 139, 139 bis y 140 bis del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato, señalan que tratándose de conductas que violen disposiciones del citado reglamento, captadas por cualquier dispositivo o medio tecnológico, las actas de infracción contendrán el nombre y domicilio del propietario del vehículo de conformidad con el registro vehicular correspondiente (exclusivamente se dirigen a este), a quien serán notificadas, y que este será, en todo caso, responsable solidario para efectos del cobro de la infracción.

Lo anterior, refirió, pone en evidencia que, pese a que el conductor del vehículo es quien comete la conducta infractora y quien, por ello, es responsable del actuar antijurídico, el Estado opta por trasladar esa responsabilidad a una tercera persona (inclusive de manera inmediata) atribuyéndole un carácter de responsable solidario para efectos del cobro.

De ahí que, si la Constitución Federal prohíbe imputar responsabilidad a persona distinta a los autores y partícipes del hecho ilícito, y dicho principio es trasladable tratándose de los responsables solidarios en el ámbito del derecho administrativo sancionador; entonces, los artículos reclamados transgreden el derecho constitucional de legalidad, previsto en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio de culpabilidad, porque fincan a un tercero (propietario del vehículo) el carácter de responsable solidario para efectos del cobro de la infracción, pese a que no es autor ni partícipe del hecho ilícito.

Aunado a lo anterior, precisó, en el caso la autoridad responsable no acreditó con prueba objetiva que la persona conductora del vehículo al momento de la comisión de la infracción a la norma de tránsito, se tratara de la misma persona de la quejosa, de ahí que no pueda partirse de esa premisa fundamental para la resolución del asunto.

Asimismo, destacó que la responsabilidad solidaria prevista en la norma impugnada, ni siquiera opera auténticamente como tal, pues de acuerdo a su diseño, en ningún momento impone el deber a la autoridad de informar al conductor del vehículo la imposición de la sanción o de exigir a este su pago, sino lo que ordena es que directamente se notifique al propietario del vehículo el contenido del acta y se proceda con este al cobro de la multa; lo que revela que inexiste tal esquema de solidaridad, ya que el propietario termina siendo el único responsable y el único notificado respecto de la infracción, y al final, el único que afrontará la carga impuesta.

Lo anterior, porque de acuerdo con el sistema normativo impugnado la sanción se dirige directamente al propietario, el acta se emite a su nombre y se notifica en su domicilio, lo que de suyo implica que la sanción se impone al dueño del vehículo y lo vincula directamente al cumplimiento, sin notificación ni intervención alguna del conductor; lo que desde luego, no cambia ni se remedia aun con la posibilidad que tiene de defenderse con posterioridad, de conformidad con el último párrafo del artículo 139.

Máxime, que en el citado reglamento no hay previsión alguna que busque indagar, notificar y compeler al cobro al verdadero infractor, que es el conductor, de ahí que la supuesta responsabilidad solidaria no es una figura auténtica, sino un traslado absoluto de la responsabilidad administrativa.

En apoyo a lo anterior, invoca la tesis VI.1o.A.106 A (10a.), de rubro: “FOTOMULTAS EN EL ESTADO DE PUEBLA. LOS ARTÍCULOS 53 DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y 58 DE SU REGLAMENTO, CONFORME A LOS CUALES LA SANCIÓN SE IMPONE AL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO Y NO AL CONDUCTOR, QUIEN ES EL QUE COMETE LA CONDUCTA INFRACTORA, SON INCONSTITUCIONALES”.

Por último, en el séptimo considerando, la jueza federal determinó que los artículos 139, 139 bis y 140 bis del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato, transgreden el principio de seguridad jurídica previsto en el párrafo tercero del artículo 14, de la Constitución Federal y, por ende, procedía conceder el amparo y protección de la justicia de la unión para los efectos siguientes:

1. Que las autoridades responsables se abstuvieran de aplicar en perjuicio de la quejosa, (...), los preceptos declarados inconstitucionales; en el entendido de que las consecuencias de dicha protección no comprenden las reformas del ordenamiento ni su traslado a uno posterior que reproduzca su contenido, mucho menos a actos pasados.

2. En el ámbito de su competencia, las autoridades responsables debían dejar insubsistente los actos de aplicación de los citados preceptos, contenidos en las boletas de infracción folios (...), (...), (...) y (...), respecto del vehículo marca (...), línea (...), modelo (...), con placas de circulación (...) del Estado de Guanajuato, por tener como fundamento las disposiciones de observancia general contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarto. Delimitación del recurso. No es materia del recurso que se resuelve, el sobreseimiento en el juicio de amparo decretado en el considerando cuarto, respecto de los artículos 2, fracción VII, 5, fracción I, inciso a), 64, fracción I y 248 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios.

Ello, pues el presente medio de defensa no fue interpuesto por la quejosa a la que perjudica.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 3a./J. 20/91, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: “REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR”.

Quinto. Síntesis y estudio de los agravios. Los agravios de la recurrente son sustancialmente fundados y, por ende, suficientes para modificar la sentencia recurrida.

Las actas de infracción no constituyen el primer acto de aplicación de los artículos 139, 139-bis y 140-bis, del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato.

La recurrente manifiesta, que el acto reclamado no incidió en la esfera de derechos de la quejosa, pues no quedó materializado ningún acto de aplicación concreto y definitivo respecto de las normas reglamentarias impugnadas.

De modo que, asegura, el acta de infracción de ningún modo es el primer acto de aplicación de los artículos reclamados ni priva a la quejosa de algún derecho.

Como se adelantó, esa disidenci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33807-0e155065/boleta-de-infraccion-captada-mediante-dispositivos-tecnologicos-emitida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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