AUTO DICTADO EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAUDO, QUE NIEGA PROVEER SOBRE UNA MEDIDA DE APREMIO O IMPONER UNA DE MAYOR ENTIDAD PARA EJECUTARLO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR AFECTAR EL DERECHO SUSTANTIVO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
AUTO DICTADO EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAUDO, QUE NIEGA PROVEER SOBRE UNA MEDIDA DE APREMIO O IMPONER UNA DE MAYOR ENTIDAD PARA EJECUTARLO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR AFECTAR EL DERECHO SUSTANTIVO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 27 DE JUNIO DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS TOMÁS MARTÍNEZ TEJEDA, GUILLERMO NÚÑEZ LOYO, LUCIO LEYVA NAVA, RAÚL ANGULO GARFIAS Y GABRIELA ELENA ORTIZ GONZÁLEZ. PONENTE: GABRIELA ELENA ORTIZ GONZÁLEZ. SECRETARIO: AQUINO BAUTISTA CRUZ.
Chilpancingo, Guerrero. El Pleno del Vigésimo Primer Circuito, en la sesión correspondiente al veintisiete de junio de dos mil dieciocho, emite la siguiente:
Resolución
Mediante la cual se dirimen los autos relativos a la contradicción de tesis 8/2017.
I. Antecedentes de la denuncia de contradicción de tesis
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Iliana Fabricia Contreras Perales, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero del Vigésimo Primer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis, que en su opinión existe entre lo determinado por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo, de este Circuito, con residencia en esta ciudad capital, al resolver los amparos en revisión 202/2017 y 159/2017, respectivamente.
La denuncia fue presentada mediante oficio 223/2017, el doce de diciembre de dos mil diecisiete, ante Abel Abarca Vargas, secretario del Pleno del Vigésimo Primer Circuito.
SEGUNDO.—Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. El presidente de este Pleno, mediante auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, admitió a trámite la denuncia y ordenó su registro como contradicción de tesis 8/2017; asimismo, requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes para que remitieran copia certificada de las ejecutorias que resolvieron, así como el envío de su versión electrónica, para la debida integración del expediente; también se ordenó informar si el criterio sustentado en los asuntos que dieron origen a la contradicción de tesis, respectivamente, se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
Cumplido lo anterior, el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho se ordenó el envío de los autos al Magistrado Jerónimo José Martínez Martínez, para la formulación del proyecto de resolución respectivo. En atención al oficio **********, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, en diverso auto de diez de abril del citado año, se ordenó el returno de los autos a la Magistrada Gabriela Elena Ortiz González, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDOS:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Primer Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atento a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo establecido en los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, porque la posible contradicción se suscita entre dos Tribunales Colegiados que pertenecen a este Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis fue realizada por Iliana Fabricia Contreras Perales, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero del Vigésimo Primer Circuito, quien se encuentra legitimada en términos de lo que dispone el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Para establecer que existe contradicción de tesis, es necesario precisar la existencia de dos criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodearon no fuesen exactamente iguales; por lo que el esfuerzo judicial no debe centrarse en detectar diferencias entre los asuntos, sea en la cuestión fáctica o en las consideraciones que dieron solución al caso concreto, ni a la forma específica en que fue abordado el tema esencial a decidir.
De modo que ha de prescindirse de las cuestiones fácticas y jurisdiccionales secundarias o accidentales, que no alteran la esencia del problema jurídico resuelto y, en su caso, la solución que se otorgó o se otorgaría por cada tribunal, acorde a la totalidad de las consideraciones que expresó, procurando su armonía en cuanto al aspecto esencial que presentaron ambos asuntos resueltos.
En ese sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010, consultable en la página 7 del Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Por tanto, la finalidad del sistema de jurisprudencia por contradicción de tesis o verificación de criterios, es que se salvaguarde la seguridad jurídica, y ante la duda o incertidumbre sobre la existencia de la contradicción, debe estarse a una actitud en pro de resolver la posible contradicción en cuanto al fondo.
Es la oposición en la solución de temas jurídicos que se extrae de asuntos que pueden ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo que configura la contradicción de tesis para que se cumpla el propósito por el que fue creada y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalles que impidan su resolución.
Sobre la base esencial anterior, se complementa con un método de análisis que deriva del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son los siguientes:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
d) El concepto contradictorio ha de extenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios encontrados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica.
e) La esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito.
f) Se debe procurar la seguridad jurídica y reducir al máximo, cuando no a eliminar ese margen de discreción creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."
Datos de identificación: Novena Época. Registro: 165076. Instancia: Primera Sala. Tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, materia común, tesis 1a./J. 23/2010, página 123.
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
Datos de identificación: Novena Época. Registro: 165077. Instancia: Primera Sala. Tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, materia común, tesis 1a./J. 22/2010, página 122.
En el siguiente considerando, se precisan los datos y razones por las cuales se considera que, en el caso concreto, sí existe la necesidad de crear seguridad jurídica, diferenciando cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia a una situación de hecho idéntica que concretiza a un acto reclamado dictado en el periodo de ejecución de laudo, y que consiste en negar dictar una medida de apremio eficaz que logre vencer la contumacia del demandado a cumplir con lo condenado, porque tal negativa incide en el derecho sustantivo a que el laudo se ejecute y se haga efectiva la condena que es cosa juzgada y que es la esencia fáctica en los casos resueltos por los tribunales contendientes.
CUARTO.—Coincidencia de la naturaleza del acto reclamado, porque en ambos asuntos se dictaron en el periodo de ejecución de laudo y dan respuesta a la solicitud del vencedor de dictar una medida de apremio más eficaz para vencer la resistencia del demandado a cumplir el laudo.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 202/2017, señaló que los actos reclamados se hicieron consistir en:
"El auto de fecha 30 de marzo del 2017, mediante el cual la autoridad responsable se niega a aplicar las medidas de apremio de 200 a 500 días de salario a la demandada por la contumacia de cumplir el laudo, como parte de la eficaz e inmediata ejecución del laudo de fecha 24 de abril de 2015; así como la omisión de dictar todas las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo, en términos de los artículos 81, 95, 96, 97 y 98 de la Ley Número 51: Estatuto de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero ..."
En la sentencia del Juez de Distrito se concedió el amparo solicitado. En la revisión, el tercero interesado planteó como agravio que lo procedente era declarar la improcedencia del juicio de amparo, ya que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo (sic) 61, fracción XXIII, 63, fracción V, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado, al ser una actuación intermedia emitida dentro del periodo de ejecución del laudo, por ende, no constituye la última resolución, ni tampoco lo es la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo condenado, o bien, que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ordene el archivo definitivo o, en su caso, la entrega de los bienes reclamados.
En relación con esa causa de improcedencia, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito consideró, esencialmente:
Que cada asunto sujeto a la jurisdicción constitucional debe ser analizado desde su óptica particular, por tanto, aun cuando en el caso de la negativa de imposición de multa pudiera pensarse que se debe reclamar en la última resolución que se dicte en juicio (sic), puede llegarse a consentir la actitud contumaz de la responsable, porque podría indefinidamente negarse a imponer multas como medidas de apremio sin que el justiciable tuviera manera de hacer efectivos sus derechos a la tutela judicial, de tal suerte que, en el particular, consideró que sí es posible analizar la negativa de la responsable para la imposición de la multa solicitada por el quejoso contra el Ayuntamiento demandado, por lo que determinó que no se actualizó la causa de improcedencia establecida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por las mismas razones jurídicas tampoco estimó aplicables los criterios citados por el recurrente.
La decisión asumida por el citado Tribunal Colegiado se basó en las consideraciones siguientes:
"SEXTO.—Estudio. El análisis de los conceptos de agravios expresados por la parte inconforme, a la luz de la sentencia constitucional recurrida y las constancias que integran el juicio de amparo indirecto, arrojan el siguiente resultado.
"Como se indicó, el quejoso señaló en su demanda de amparo, como acto reclamado, el siguiente:
"‘• El auto de fecha 30 de marzo del 2017, mediante el cual la responsable se niega a aplicar las medidas de apremio de 200 a 500 días de salario a la demandada por la contumacia de cumplir el laudo, como parte de la eficaz e inmediata ejecución del laudo de fecha 24 de abril del 2015 ...’
"Por su parte, la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, precisó como acto reclamado el siguiente:
"‘• El auto de treinta de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente laboral **********, en la etapa de ejecución.’
"Luego, la parte quejosa refirió que la autoridad responsable no acordó favorable las medidas solicitadas, consistentes en el embargo y la multa establecida en el artículo 95 reformado de la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, consistente en doscientos a quinientos días de salario, por incumplir el requerimiento de pago, como medidas necesarias para obtener el cumplimiento del Ayuntamiento demandado y la **********.
"Al respecto, la Juez de Distrito determinó que era fundado el motivo de inconformidad esgrimido por el impetrante, en relación con el hecho de que la responsable se negara aplicar la medida de apremio establecida en la ley de la materia, como lo es la multa de doscientos a quinientos días de salario.
"Lo anterior, en razón de que el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, fue garantizado por el Constituyente, a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendentes a hacerla pronta y expedita.
"Añadió, que la autoridad responsable desestimó aplicar como medida de apremio la multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo vigente, y en su defecto aplicó y apercibió a la demandada con multa de **********; no obstante, que en la fecha de la emisión del acuerdo en comento (treinta de marzo de dos mil diecisiete), ya se encontraba reformado y vigente el numeral 95 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, reforma que, por Decreto 851, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el veinticinco de agosto de dos mil quince, se reformó el numeral citado en primer término.
"Además, la Juez señaló que la determinación de la responsable, en aplicar como medida de apremio la multa de **********, y no la diversa (multa de doscientos a quinientos días), resultaba ser incorrecta, en razón de que al encontrarse actualmente reformado y vigente el aludido precepto legal, transgredía en perjuicio del solicitante del amparo su derecho contemplado en el artículo 16 constitucional, pues el auto impugnado carecía de la debida fundamentación y motivación, dado que no indican que en lo concerniente a las multas no deba aplicarse a juicios laborales iniciados antes de esas reformas, toda vez que las multas son susceptibles de imponerse a la fecha del incumplimiento, por lo que no se trataba de un derecho adquirido, donde fuera factible aducir una aplicación retroactiva.
"Aunado a lo anterior, la resolutora federal refirió que el apercibimiento de imposición de multa, no es un derecho adquirido sino que sólo constituye una expectativa de derecho, traducida en una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta.
"En esa tesitura, dicha juzgadora también consideró fundado lo manifestado por el quejoso en relación con declarar procedente el embargo de bienes al Ayuntamiento demandado; ello, ante el incumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral **********, ya que la responsable omitió expresar pronunciamiento colmado de los requisitos que todo acto de autoridad debe contener, como lo es la debida fundamentación y motivación, es decir, dicha autoridad, no vertió algún argumento debidamente razonado en relación a la procedencia o improcedencia del embargo de bienes.
"Asimismo, que no debió perderse de vista que la pretensión del impetrante de amparo, era la de obtener el cumplimiento del laudo; de ahí que fuera necesario que la responsable emitiera un acuerdo en el que cumpliendo con los requisitos esenciales proveyera al respecto y así poder verificar y determinar las razones que pudo tener la autoridad responsable para no trabar embargo en el juicio natural.
"Que con dicho actuar, la responsable evadió la obligación de pronunciarse razonadamente bajo los argumentos que estimara conducentes, atendiendo con ello, lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual precisa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado.
"Por su parte, el recurrente expresó los argumentos que enseguida se exponen:
"Que lo procedente era declarar la improcedencia del juicio de amparo, ya que se actualizaba la causal de sobreseimiento prevista en el artículo (sic) 61, fracción XXIII, 63, fracción V, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado, al ser una actuación intermedia emitida dentro del periodo de ejecución del laudo, por ende, no constituye la última resolución, ni tampoco lo es la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo condenado, o bien, que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ordene el archivo definitivo o en su caso, la entrega de los bienes reclamados.
"Que con la aplicación del artículo 95 de la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, reformado mediante Decreto Número 851, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinticinco de agosto de dos mil quince, se vulnera en perjuicio del disidente lo previsto en el artículo 14 constitucional, ya que se le está aplicando una ley de manera retroactiva, lo cual considera inconstitucional.
"Es infundado lo alegado, atento a las razones que se expondrán a continuación:
"Ahora bien, contrario a lo argumentado por el inconforme, es importante destacar que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente en la etapa de ejecución de sentencias, ya que, en términos del artículo 107, fracción IV, las cuestiones atinentes a la etapa de ejecución tendrían que reclamarse en la última resolución que se dicte dentro del procedimiento de ejecución, esto es, aquella que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o que declara la imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento.
"Además de que, en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo, se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva.
"La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia y, por tanto, no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente del procedimiento de ejecución.
"La segunda, que opera como regla específica, cuya finalidad es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que goza de firmeza al adquirir carácter de cosa juzgada, y que sólo permite el trámite de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; esto conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"Lo que es así, porque de lo contrario, esto es, de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo la razón se vieran denegadas o retardadas en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto.
"Es por ello, que el legislador estableció que respecto a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo debe prosperar sólo si se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que, se reitera, tratándose de los referidos procedimientos, por cuestión de orden público, la sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
"No obstante, es importante destacar que el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, literalmente, establece lo siguiente:
"‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:
"‘I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.’
"Del dispositivo en mención se advierte, para lo que aquí interesa, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de omisión de las autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Carta Magna y los tratados internacionales.
"Por su parte, el numeral 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, textualmente, prevé:
"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"‘...
"‘IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.
"‘Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese proce
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28040-c87d9657/auto-dictado-en-el-periodo-de-ejecucion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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