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Modo: Corpus Pro

LAUDOS DICTADOS POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO. PARA SU CUMPLIMIENTO, ADEMÁS DEL AYUNTAMIENTO OBLIGADO, EL TRIBUNAL PUEDE VINCULAR A CUALQUIER AUTORIDAD QUE, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIAS, PUEDA REALIZAR LO NECESARIO PARA OBTENER LOS RECURSOS ECONÓMICOS INDISPENSABLES PARA ELLO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 44/2023. · Registro digital (IUS): 31502
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-06-09
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo VI, Pág.5526.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 44/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 26 DE ABRIL DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. DISIDENTE: MAGISTRADO JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. SECRETARIA: ANGÉLICA LADRÓN DE GUEVARA GÓMEZ.

II. COMPETENCIA

4. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.

III. LEGITIMACIÓN

5. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

6. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión ********** determinó otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, para el efecto de que la autoridad responsable vincule al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado al procedimiento de ejecución del laudo condenatorio, apoyándose, en lo que a este asunto interesa, en las siguientes consideraciones:

"CUARTO.—Análisis del sobreseimiento relacionado con la vinculación de la **********.

"Previamente, se atenderá a la parte del agravio, en que aduce el recurrente, el acto reclamado transgrede las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, dado que la responsable omite establecer el procedimiento para lograr la ejecución efectiva del laudo, estableciendo la forma y términos, ya que sólo procede en términos de los artículos 81, 95 y 97 de la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero.

"Abunda en que, del análisis de esos preceptos, se advierte que la legislación local carece de fundamentación efectiva que precise el procedimiento que debe seguirse para obligar a la demandada a cumplir el laudo, por ello el Juez debió advertir que, con base en los principios de supremacía constitucional, debe resolverse el juicio aplicando las normas que más favorezcan al desprotegido, sin limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también tratados y convenciones internacionales, de manera oficiosa, aun cuando se omitiera argumentarlo.

"Insiste en el hecho de que la ley que rige el acto reclamado carece de disposición legal precisa para ejecutar el laudo, específicamente, su artículo 95 no precisa el procedimiento a seguir, sólo se limita a fijar las multas que impondrá la responsable para hacer cumplir sus determinaciones, es decir, afirma que resulta deficiente porque existe un vacío legal, por lo que debe ser suplida, al no garantizar justicia pronta y expedita.

"Agrega el recurrente, de la exposición de motivos del legislador que dio lugar a la fijación de las medidas de apremio para que el tribunal haga cumplir sus determinaciones en la Ley 51, destaca que sólo se avocó en sancionar la conducta omisiva de la parte perdedora, lo cual no conlleva cumplir el laudo, pero nunca tuvo la finalidad de establecer el procedimiento a seguir para su ejecución.

"Que el legislador tampoco estableció expresamente posibilidad de suplir la deficiencia alguna que en su momento resultare, pues para ello debió precisar la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; ni precisó la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente, por tanto, esa omisión o vacío legislativo hace necesaria la aplicación supletoria de normas para ejecutar de manera efectiva el laudo ejecutoriado, lo cual hace obligatorio analizar tal circunstancia y determinar la supletoriedad de la ley y los términos en que deba ejecutarse el laudo.

"Invoca la aplicabilidad de los criterios: ‘SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO; EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. ANTE LA NO PREVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PARA LLEVARLO A CABO, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 150 Y 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.’ y ‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.’

"Los anteriores planteamientos en los cuales esencialmente controvierte que la autoridad responsable, para hacer cumplir el laudo, omitió aplicar oficiosa y supletoriamente normas para ejecutarlo de manera efectiva, toda vez que la Ley 51 carece de fundamentos que precisen el procedimiento que debe seguirse para obligar a la demandada a su cumplimiento, pues se limita a facultar a la responsable a imponer multas para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que la Junta debe aplicar normas que más favorezcan al desprotegido, sin limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también tratados y convenciones internacionales, resultan inoperantes.

"Es así, porque los planteamientos de disenso sobre la supletoriedad que la responsable debe aplicar de distintas normas que sí establezcan un procedimiento de ejecución efectivo, son novedosos, ya que no formaron parte de la litis constitucional, es decir, no los planteó ante el Juez de Distrito del conocimiento, lo que se torna en un impedimento para analizar su legalidad.

"Se sostiene tal aserto, ya que en sus conceptos de violación, en la demanda principal, el acuerdo de diez de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ********** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que niega vincular al cumplimiento del laudo, a la **********, sin que de la lectura integral de la demanda de amparo y su ampliación, se advierta que haya debatido aspectos concernientes a que la Junta responsable debiera ejercer un control de convencionalidad para aplicar supletoriamente normas distintas a la ley local, en que se establezca el procedimiento a seguir para lograr la ejecución del laudo, debido al vacío legal que existe en la ley aplicable.

"Sirve de sustento a lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.’ (La transcribe)

"En vista de lo anterior, no se analiza ninguno de los criterios invocados por los solicitantes del amparo que recurren, toda vez que éstos inciden en apoyo del fondo de la pretensión cuestionada, empero, la inoperancia decretada, revela la falta de estudio en cuanto al fondo de la cuestión reclamada.

"En torno al acto reclamado consistente en el acuerdo de diez de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral ********** que niega vincular al cumplimiento del laudo a la **********, señalan los quejosos recurrentes, les causa agravio la resolución impugnada dictada por la secretaria en funciones de Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, dado que la misma no fue emitida con la debida fundamentación y motivación, careciendo de los requisitos de exhaustividad y congruencia, sin realizar una fijación clara y precisa del acto reclamado, ni un análisis sistemático de los conceptos de violación, realizando una valoración indebida de las pruebas aportadas para acreditar dicho acto, circunstancias que contravienen el artículo 74 de la ley de la materia.

"Dicen, el acto reclamado transgrede las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, dado que la responsable omite dictar las medidas eficaces para el cumplimiento del laudo, así como establecer el procedimiento a seguir para lograr su ejecución de manera efectiva y negarse a vincular al cumplimiento del mismo, como parte de su ejecución, sin que exista un recurso efectivo para combatir la dilación procesal en la ejecución del laudo.

"Aluden que la autoridad responsable omite considerar que la demandada, al resultar una institución pública, es solvente económicamente para cumplir el laudo, por lo cual debe tenérsele por no justificando el impedimento legal para cumplirlo y fijársele medidas de apremio más efectivas, incluso la ejecución forzada.

"Manifiestan, resulta violatorio de garantías la negativa de la autoridad responsable de vincular, debiéndoles requerir para proveer lo conducente para solicitar y proponer a la soberanía estatal la programación de una partida especial para hacer frente al fallo, así como realizar modificaciones presupuestarias sobre el recurso asignado a la demandada para el debido cumplimiento del laudo.

"Cita como aplicables los criterios de rubros: ‘JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE HACER CUMPLIR INTEGRALMENTE UN LAUDO FIRME, AUN CUANDO EN AUTOS OBRE CONSTANCIA DE HABERSE DICTADO DIVERSAS MEDIDAS PARA SU EJECUCIÓN, SIN LOGRARLO, AUTO DICTADO EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAUDO, QUE NIEGA PROVEER SOBRE UNA MEDIDA DE APREMIO O IMPONER UNA DE MAYOR ENTIDAD PARA EJECUTARLO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR AFECTAR EL DERECHO SUSTANTIVO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.’; ‘ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE SUS ÓRGANOS A LA CONDENA IMPUESTA EN UN JUICIO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, SIN QUE SEA NECESARIO EL DICTADO DE UNA RESOLUCIÓN QUE DECLARE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA CUMPLIRLA.’; ‘LAUDOS EMITIDOS POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. FACULTADES E INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN INTEGRAL.’; ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS. FORMA DE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO QUE ORDENA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A REALIZAR TODAS LAS ACCIONES TENDENTES A LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO QUE INVOLUCRA EL PAGO DE UNA CANTIDAD DE DINERO, Y ALGUNA DE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS MANIFIESTA ESTAR IMPOSIBILITADA POR FALTA DE FONDOS EN LAS ARCAS PÚBLICAS.’; y ‘SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN.’

"Son esencialmente fundados los argumentos sintetizados, suplidos en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.

"En primer término, es de precisarse que al ser considerada la demanda de amparo como un todo, debe examinarse en su integridad para determinar lo que constituye el acto reclamado, en el entendido de que no sólo debe reputarse con esa calidad el o los que se comprendan en la sección de la demanda que lleve ese rubro, sino también aquellos que se deduzcan del capítulo de antecedentes y/o respecto de los que expresen conceptos de violación, máxime si se manifiesta que la realización de dichos actos obliga a interponer el juicio constitucional.

"Ahora, del análisis de la demanda que dio origen al juicio de amparo indirecto del que emana la sentencia recurrida, se advierte que se establecieron como actos reclamados, antecedentes y se expuso en los conceptos de violación, lo siguiente:

"(Los transcribe)

"De la transcripción anterior, se advierte que en la demanda de amparo la parte quejosa señaló como actos reclamados, el auto de fecha 10 de febrero de 2020, que niega vincular al **********.

"Igualmente, se advierte que en el capítulo de antecedentes los promoventes del amparo refirieron, entre otras cosas, que la responsable determinó improcedente vincular al ********** cumplimiento al laudo.

"A su vez, los inconformes hicieron valer en el primer concepto de violación de la propia demanda, que el acto reclamado es violatorio de derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, porque la responsable no está respetando el procedimiento de ejecución establecido en la Ley 51 burocrática municipal y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como también, omite hacer efectiva la multa y vincular al ********** y ********** al cumplimiento al laudo, sin que exista un recurso efectivo para combatir la dilación.

"Ahora, en la sentencia recurrida el juzgado federal determinó que, respecto de la negativa de vincular al ********** y ********** al cumplimiento al laudo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, pues para que el amparo indirecto sea procedente tratándose de actos dentro de un juicio, éstos deben tener efectos de imposible reparación (que afecten materialmente derechos sustantivos) y que la negativa a vincular al cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral **********, al no traer aparejada ejecución no lesiona de manera real y efectiva los derechos sustantivos del quejoso, ni lo deja sin defensa; por tanto, concluyó sobreseer en relación con este acto.

"Es fundado, suplido en su deficiencia, el agravio relativo a que indebidamente la juzgadora federal decretara el sobreseimiento del juicio bajo el argumento de que no es un acto de imposible reparación y para explicar tal aserto, cabe citar la jurisprudencia PC.XXI. J/14 L (10a.) del Pleno de este Vigésimo Primer Circuito, registro: 2017787, publicada en la página 1379, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice:

"‘AUTO DICTADO EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAUDO, QUE NIEGA PROVEER SOBRE UNA MEDIDA DE APREMIO O IMPONER UNA DE MAYOR ENTIDAD PARA EJECUTARLO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR AFECTAR EL DERECHO SUSTANTIVO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.’ (La transcribe)

"Al respecto, el Pleno de este Circuito consideró que sí es procedente el juicio de control constitucional indirecto contra la negativa del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en la etapa de ejecución de laudo de imponer una medida de apremio o una de mayor entidad para vencer la contumacia del demandado.

"En esa tesitura, se tuvo presente que el acto reclamado (origen de los criterios contendientes) se había dictado en el periodo de ejecución de laudo y consistía esencialmente en la resolución que recayó (en sentido negativo) a la solicitud de la parte vencedora de imponer al demandado una medida de apremio eficaz y, en su caso, de mayor entidad, a fin de vencer la contumacia del demandado a cumplir con lo condenado en laudo emitido en su contra.

"Por tanto, que se trató de un acto de carácter negativo, el cual tiene la consecuencia de no procurar dictar una medida eficaz para lograr el cabal cumplimiento del laudo que constituye cosa juzgada.

"De igual manera, los Magistrados integrantes del Pleno de Circuito consideraron que el acto reclamado no encuadra de manera natural en alguna de las hipótesis establecidas en la Ley de Amparo, en su precepto 107, fracción IV, porque si bien se está en el periodo de ejecución, es evidente que no se trata de la última resolución, al no aprobar ni reconocer el cumplimiento total de lo decidido en el laudo, asimismo no declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, pero sí es un acto en el cual, al negar proveer sobre una medida de apremio solicitada o la imposición de una medida de apremio de mayor entidad para lograr el cabal cumplimiento del laudo, tiene un efecto procesal grave, pues obstaculiza su materialización.

"En esa medida, se trata de una resolución con autonomía propia de la materia resuelta en el laudo, el cual constituye cosa juzgada y a la vez, afecta de manera directa, inmediata y materialmente el derecho de la parte vencedora a que el laudo se ejecute de manera eficaz y, por ende, se afecta el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva reconocida por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Por tanto, si el acto que se analiza, que niega vincular a diversas autoridades al cumplimiento del laudo, que constituye una medida más para vencer la contumacia del demandado a cumplir con lo condenado, la consecuencia de no dictar una medida eficaz para lograr su acatamiento, que constituye cosa juzgada, es una resolución que tiene una autonomía propia de la materia resuelta en el laudo, que es cosa juzgada y a la vez afecta de manera directa, inmediata y materialmente el derecho de la parte vencedora a que el laudo se ejecute de manera eficaz y, por ende, afecta el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Por tanto, esa claro que, adverso a lo sostenido por la juzgadora de amparo, el acto reclamado consistente en el acuerdo de diez de febrero de dos mil veinte, que niega vincular al ********** y ********** es procedente el juicio de amparo indirecto, pues afecta el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva.

"En consecuencia, ante lo fundado del agravio en estudio, suplido en su deficiencia, en la materia de la revisión debe revocarse la sentencia recurrida, por lo que, con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Amparo, al no existir reenvío para que el Juez de Distrito subsane las ilegalidades advertidas, se reasume jurisdicción para emitir pronunciamiento sobre la legalidad del acuerdo reclamado de diez de febrero de dos mil veinte, que niega vincular al **********.

"En sus conceptos de violación, sobre ese acto, los quejosos expusieron que les causa agravio la negativa de la autoridad responsable de vincular, pues ello tiene como finalidad se les requiera para proveer lo conducente para solicitar y proponer a la soberanía estatal la programación de una partida especial para hacer frente al fallo, así como realizar modificaciones presupuestarias sobre el recurso asignado a la demandada para el debido cumplimiento del laudo.

"Son esencialmente fundados los argumentos sintetizados, suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, suficientes para conceder la protección constitucional solicitada.

"En el acuerdo reclamado, una vez que la autoridad responsable multó al Ayuntamiento demandado, lo apercibió una vez más con una multa y le requirió nuevamente el cumplimiento del laudo, en la parte que interesa, que es la negativa a vincular, dijo:

"(Lo transcribe)

"Resulta desacertado lo así considerado por la autoridad responsable, en razón de que el **********, sí pueden ser vinculadas al cumplimiento del laudo, por las siguientes razones. "El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que las leyes federales y locales establezcan los medios necesarios para que garanticen la plena ejecución de las resoluciones que emitan los tribunales del Estado Mexicano.

"Esta obligación de ejecutar de manera eficaz las sentencias o laudos que decidan una controversia en cualquier materia, queda comprendido en lo que se denomina el derecho a la administración de justicia o tutela judicial efectiva, en tanto que no basta el dictado de una sentencia o laudo y que causen ejecutoria para restablecer el orden legal, sino hasta que lo condenado y decidido quede plenamente ejecutado, porque es hasta ese momento en que el gobernado materialmente puede beneficiarse de la justicia impartida por los tribunales del Estado.

"Esto es, la ejecución de una sentencia o laudo que constituye cosa juzgada es un derecho a la jurisdicción de carácter sustantivo, porque es inherente al derecho a que se le administre justicia, en el entendido de que una sentencia o laudo con calidad de cosa juzgada solamente tiene eficacia para el gobernado cuando materialmente el derecho reconocido, constituido, declarado o restituido, ingresa a su patrimonio de manera total y plena.

"Por su parte, el precepto 197 de la Ley de Amparo establece que todas las autoridades del país que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento.

"Ahora, de conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, la Secretaría y Administración del Gobierno de la propia entidad, tiene como función primordial la de administrar la Hacienda Pública Estatal, con la correlativa obligación de proporcionar los recursos necesarios a los Ayuntamientos para hacer frente a sus obligaciones; también refiere que la secretaría de mérito presta el apoyo administrativo al Ejecutivo Estatal en materia de finanzas públicas elaborando los presupuestos de egresos y autorizando las órdenes de pago, además es a quien corresponde hacer efectivas las multas fijadas al Ayuntamiento demandado por no cumplir con los requerimientos pago (sic) realizados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

"Máxime que conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 51, relativa al Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, las resoluciones emitidas por el tribunal laboral deben ser cumplidas por las autoridades, disposición que a pesar de que no especifica a cuáles se refieren, debe interpretarse en el sentido de que deben ser entes públicos idóneos para lograr el pago de las indemnizaciones obtenidas mediante la ejecución del laudo, de ahí que es factible considerar que las autoridades a las que se refiere el citado artículo 94, sean precisamente ********** y ********* previamente reseñadas.

"Es así, porque si el Ayuntamiento demandado no estuviera en condiciones financieras de dar cumplimiento al laudo a través del Presupuesto de Egresos, con la partida especial a que se refiere el artículo 146 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, también tiene facultades para solicitar empréstitos al Gobierno del Estado, con la previa autorización del Congreso del Estado, así como requerir el apoyo económico necesario al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Finanzas y Administración, con el objeto de dar cumplimiento al laudo condenatorio de mérito.

"En las condiciones anotadas, contrario a lo estimado en el acuerdo reclamado, de conformidad con las funciones y atribuciones de el (sic) ********** y **********, resulta procedente vincularlas al cumplimiento del laudo condenatorio emitido en el juicio laboral **********, en razón de que, dentro de los límites de su competencia, pueden realizar todos los actos necesarios para lograr el acatamiento íntegro del laudo; de no ser así, se afectaría el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva en perjuicio del trabajador que reconoce el artículo 17 de la Constitución Federal.

"Consecuentemente, ante lo fundado del motivo de disenso analizado en último término, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, para el efecto de que la autoridad responsable vincule al ********** al procedimiento de ejecución del laudo condenatorio, dictado en el juicio laboral **********.

"Similar criterio sostuvo este tribunal, al resolver los amparos en revisión laborales ********** y **********, en sesiones ordinarias virtuales de veintisiete de noviembre de dos mil veinte."

7. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión ********** determinó revocar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado, apoyándose en las siguientes consideraciones:

"CUARTO.—Estudio. Son infundados en una parte, inoperantes en otra y fundados en otra parte más los agravios.

"El examen de los motivos de inconformidad se hará bajo el principio de estricto derecho, dado que en el asunto no hay razón para suplir la queja deficiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el carácter del tercero interesado recae sobre la parte patronal, de la controversia laboral de origen.

"El Ayuntamiento recurrente expone que se actualizan las causas de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones IV y V del numeral 107 de la misma codificación, interpretados en sentido contrario, ya que el acto reclamado no es de imposible reparación.

"Refiere que los actos de imposible reparación a que se hace referencia en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, son aquellos que dentro de juicio afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución. Cita en apoyo a su argumento, la jurisprudencia P./J. 108/2010.

"Los argumentos sintetizados son infundados, porque contrario a lo que arguye el recurrente, no se actualiza la causa de improcedencia que invoca. Ello, en razón de que el acto reclamado por los quejosos no se trata de un acto cometido dentro de juicio, sino después de concluido éste, por lo que la procedencia del presente juicio de amparo no se regula en términos de la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, como erróneamente lo sostiene.

"Lo anterior, ya que el referido artículo 107, en sus fracciones IV y V, dispone reglas específicas de procedencia del juicio constitucional contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, haciendo una determinada distinción entre los realizados fuera de juicio o después de concluido y los que se dictan en él.

"En el caso, el procedimiento laboral de origen se encuentra en etapa de ejecución de laudo y se reclama en esta instancia constitucional el auto que negó vincular a diversas autoridades para su cumplimiento; de modo que la procedencia del presente juicio se sujeta a las reglas generales establecidas en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y sus casos de excepción establecidos jurisprudencialmente. De ahí que, contrario a lo que sostiene el Ayuntamiento recurrente, no se puede actualizar la causa de improcedencia que invoca, siendo que no se reclamó un acto dictado dentro del juicio, por lo que no se puede considerar que la procedencia del amparo indirecto de que se trata esté sujeta a que se actualice un acto de imposible reparación en los términos que precisa la fracción V del citado precepto.

"En ese sentido, resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 108/2010, porque en la misma, el Pleno del Alto Tribunal no pasa por alto que existen reglas autónomas que permiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos después de concluido el juicio; por el contrario, para permitir el acceso a la instancia constitucional contra actos dictados en esa etapa y que pudieran causar una afectación de imposible reparación, dio pauta para interpretar la procedencia del amparo biinstancial cuando se cause una afectación de esta especie, siempre que sea ajena a la cosa juzgada, enfatizando que dicha interpretación no puede ser a la inversa.

"Lo que de ninguna manera implicó condicionar la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra actos cometidos en la etapa de ejecución de sentencia, a una afectación de imposible reparación, ya que se insiste, en su contenido no se inadvierten los presupuestos para que proceda el juicio constitucional contra actuaciones cometidas después de juicio.

"Aunado a lo anterior, no debe soslayarse que el acto reclamado deriva de un procedimiento de ejecución de laudo y no se trata de la última resolución dictada en juicio; pero contrario a lo que argumenta, el juicio de amparo indirecto en un procedimiento de ejecución de sentencia no es únicamente procedente contra la última resolución dictada en el proceso respectivo.

"Es cierto que por regla general en etapa de ejecución de sentencia el juicio constitucional es procedente, en términos del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, contra la última resolución pronunciada en el periodo de ejecución de sentencia; es decir, contra la que: (I) aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; (II) la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, (III) la que ordena el archivo definitivo del expediente.

"Incluso, la Primera Sala del Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, pues en estos casos también debe promoverse

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31502-b2ca066e/laudos-dictados-por-el-tribunal-de-conciliacion-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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