RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO QUE NIEGA AL QUEJOSO, AL TERCERO INTERESADO, O A SUS REPRESENTANTES O AUTORIZADOS, LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, OCTAVO Y DÉCIMO SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 21 DE JUNIO DE 2016. MAYORÍA DE DIECISÉIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, EUGENIO REYES CONTRERAS, LUZ CUETO MARTÍNEZ, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, CARLOS AMADO YÁÑEZ, EMMA GASPAR SANTANA Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. DISIDENTES: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA Y ADRIANA ESCORZA CARRANZA. PONENTE: ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ. SECRETARIO: VALENTÍN OMAR GONZÁLEZ MÉNDEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de veintiuno de junio de dos mil dieciséis.
VISTOS; para resolver la contradicción de tesis PC01.I.A.17/2016.C, entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Cuarto, Octavo y Décimo Séptimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de contradicción. Por oficio S.T.1/2016 de once de abril del año en curso, el presidente del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados entre el Cuarto, Octavo y Décimo Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja QA. 154/2015, QA. 122/2015 y QA. 309/2015, respectivamente.
SEGUNDO.-Radicación. En auto de trece de abril de esta anualidad, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, radicó esa contradicción con el número PC01.I.A.17/2016.C, la admitió a trámite y dio la intervención correspondiente a los tribunales contendientes.
TERCERO.-Turno. Al estar debidamente integrado el expediente, por auto de dos de mayo del año en curso, se turnó el asunto al Magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y representante ante el Pleno en Materia Administrativa, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece, pues se trata de una posible contradicción de criterios suscitada entre dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, tal como lo establece el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el presidente del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que resolvió el recurso de queja QA. 309/2015.
TERCERO.-Criterios contendientes. En primer término debe resolverse si existe o no la contradicción de tesis denunciada, para lo cual se consideran los lineamientos que al respecto ha emitido el Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, aplicable conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, del texto siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible." (Primera Sala, página 122, Tomo XXXI, marzo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época)
Así, los dos elementos que deben considerarse para determinar si existe o no contradicción de criterios, son que los órganos jurisdiccionales en las ejecutorias contendientes:
1. Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.
2. Adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que los originan no sean exactamente iguales.
Para dilucidar si existe o no esa contradicción de tesis se tiene en cuenta que durante el trámite de juicio de amparo indirecto se emitieron acuerdos que a la postre se impugnaron a través de los recursos de queja aludidos, de cuyas ejecutorias el presidente del Tribunal Colegiado denunciante estima existen criterios opuestos.
Las consideraciones expuestas por los Tribunales Colegiados contendientes, en síntesis, son las siguientes:
1. Criterio del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QA. 309/2015.
En el considerando sexto declaró improcedente el recurso de queja interpuesto por el autorizado de la quejosa en el juicio de amparo 1989/2015 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, contra el auto de nueve de noviembre de dos mil quince, que negó a la quejosa su solicitud de consultar el expediente electrónico del referido juicio de amparo.
Las razones principales para arribar a esa conclusión fueron:
"Ahora bien, en el caso específico, la Juez de Distrito en el auto de nueve de noviembre de dos mil quince, determinó que en relación a la solicitud de la quejosa de consultar el expediente vía Internet no era posible acordar favorablemente su solicitud pues el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, el cual permite ingresar a los Sistemas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por medio de la firma electrónica avanzada (FIREL) no había sido implementado aún.
"Atento a lo anterior, resulta evidente para este tribunal que es improcedente el recurso de queja interpuesto contra el auto de mérito, en virtud de que si bien el mismo fue emitido por una Juez de Distrito durante la tramitación de un juicio de amparo indirecto y contra del mismo no procede recurso de revisión, lo cierto es que no se acredita el requisito marcado en el citado inciso e), toda vez que para que se colme el mismo es necesario que la resolución recurrida sea tal que, por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio grave a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, extremo que no se reúne porque el auto recurrido en queja en la parte que interesa, únicamente se refiere a lo determinado por la Juez en relación con la solicitud de la quejosa de consultar el expediente vía Internet, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (acuerdo que actualmente ha sido abrogado en términos del artículo tercero transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal).
"Esto es, el hecho de que el Juez Federal no haya acordado favorablemente su solicitud de consulta del expediente vía Internet, no le causa perjuicio a la recurrente ya que no se advierte que con dicha determinación pueda contener una posible afectación no reparable, pues la quejosa podrá acudir a las instalaciones del Juzgado de Distrito a consultar el expediente ya sea por sí o a través de sus autorizados, a los cuales la Juez de Distrito les reconoció su personalidad en el proveído que ahora se recurre.
"De ahí que se estime que el proveído impugnado en el recurso que nos ocupa no tiene la característica de trascendental ni grave, ni mucho menos la de causar algún daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva con que culmine el juicio; pues se reitera, la parte quejosa sí tendrá acceso para consultar el expediente. ..."
2. En la ejecutoria relativa al recurso de queja QA. 154/2015, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostuvo:
En el considerando cuarto declaró procedente el recurso de queja interpuesto por la quejosa en el juicio de amparo 898/2015 del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, contra el auto de treinta de abril de dos mil quince, que negó a la quejosa su solicitud de consultar el expediente electrónico del referido juicio de amparo.
Medio de defensa que consideró procedente, sin mayor explicación, porque se actualizaron los supuestos que prevé el inciso e), fracción I, del artículo 97 de la Ley de Amparo.
3. Criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QA. 122/2015.
En el considerando quinto declaró procedente el recurso de queja interpuesto por el autorizado del quejoso en el juicio de amparo 321/2015 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, contra el auto de trece de marzo de dos mil quince, que negó al agraviado la consulta del expediente electrónico del referido juicio de amparo.
Al respecto, el tribunal consideró:
"... En efecto, se actualiza dicho supuesto de procedencia, toda vez que, el auto recurrido se dictó durante la tramitación del amparo indirecto, no admite expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 81 de la ley de la materia y, por su naturaleza trascendental y grave, puede causar un daño o perjuicio al recurrente, no reparable en la sentencia definitiva.
"En este último aspecto, cabe destacar que el presente asunto, se ubica en la hipótesis de la fracción I, inciso e), del artículo 97 de la Ley de Amparo, respecto a la naturaleza trascendental y grave, en tanto que el acto reclamado puede causar un daño o perjuicio al recurrente, no reparable en la sentencia definitiva, dado que aun obteniendo un fallo favorable a sus intereses, la negativa que le decretó la Juez de Distrito de permitir a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, consultar el expediente vía electrónica, subsistiría, de modo irreparable, pues el lapso temporal en que no pudieran consultar el expediente no es factible retrotraerlo en el tiempo aun cuando obtuviera sentencia favorable.
"En consecuencia, se actualizan los supuestos de procedencia, toda vez que, el auto recurrido se dictó durante la tramitación del amparo indirecto, no admite expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 81 de la ley de la materia y, por su naturaleza trascendental y grave, puede causar un daño o perjuicio al recurrente, no reparable en la sentencia definitiva. ..."
De lo anterior, se advierte que los Colegiados contendientes resolvieron de forma diversa, pues el Cuarto -sin mayor explicación- y Octavo Tribunales Colegiados concluyeron que era procedente el recurso de queja contra el auto dictado en el juicio de amparo que negó a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico, por actualizarse los supuestos que prevé el inciso e), fracción I, del artículo 97 de la Ley de Amparo, esto es, porque el auto recurrido por su naturaleza trascendental y grave, puede causar daño o perjuicio al recurrente, no reparable en la sentencia definitiva, ya que no era factible retrotraer el lapso de tiempo en que la parte quejosa o sus autorizados no pudieron consultar el expediente electrónico, aun cuando obtuvieran sentencia favorable.
Mientras que el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado determinó que era improcedente el recurso de queja contra el proveído que negó a la quejosa la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo, por considerar que el auto recurrido no tenía la característica de trascendental ni grave, mucho menos causaba algún daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva con la que culminara el juicio, pues la parte quejosa o sus autorizados, podrían acudir a las instalaciones del Juzgado de Distrito a consultar físicamente el expediente.
Por tanto, los Tribunales Colegiados adoptaron criterios discrepantes en las consideraciones de sus resoluciones, ya que dos de ellos estimaron procedente el recurso de queja contra el auto que negó la consulta del expediente electrónico a la quejosa y a sus autorizados, por considerar que dicho proveído causaba por su naturaleza trascendental y grave, puede causar un daño o perjuicio a los recurrentes, no reparable en la sentencia definitiva; mientras que el otro el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado determinó improcedente el recurso de queja contra el acurdo (sic) que negó la consulta del expediente electrónico porque no se generaba a las partes un daño irreparable al dictarse la sentencia definitiva, sobre todo porque la quejosa o sus autorizados podrían acudir al Juzgado de Distrito a consultar físicamente el expediente de amparo.
En esa medida, sí existe contradicción de tesis.
CUARTO.-Estudio. Debe prevalecer el criterio que a continuación se desarrolla:
El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, dispone:
"Artículo 97. El recurso de queja procede:
"I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:
"...
"e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional."
Como se ve, el legislador estableció para la procedencia del recurso de queja -en el caso de que la resolución que se pretenda impugnar no admita expresamente el recurso de revisión señalado en el artículo 81 de la Ley de Amparo-, que la resolución dictada por el Juez de Distrito pudiera causar daño o perjuicio que fuese de imposible reparación, incluso con el dictado de la sentencia definitiva.
Del texto del inciso e), fracción I, del artículo 97 de la Ley de Amparo, se obtiene que el recurso de queja es procedente, cuando el auto impugnado tenga las particularidades siguientes:
a) Sea dictado durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión;
b) Que no admita expresamente el recurso de revisión;
c) Que, por su naturaleza trascendental y grave, pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en sentencia definitiva; y,
d) Que las mismas características tenga esa resolución después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional.
En el caso, el auto que negó la consulta del expediente electrónico a la parte quejosa o sus autorizados fue dictado durante la tramitación del juicio de amparo indirecto y no admite expresamente el recurso de revisión, y sobre ello no existe controversia.
En cambio, la divergencia se presenta con relación a si el auto recurrido en queja, por su naturaleza trascendental y grave, puede o no causar daños o perjuicios a las partes no reparable en sentencia definitiva.
Para conocer la naturaleza del auto controvertido en dichos recursos, es preciso reproducir los artículos 3o., 12, segundo párrafo, y 24 de la Ley de Amparo, que prevén la integración del expediente electrónico en el juicio de amparo, la implementación y uso de la firma electrónica avanzada, así como la consulta del expediente electrónico. Disposiciones que prevén lo siguiente:
"Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito.
"Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente.
"Las copias certificadas que se expidan para la sustanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna.
"Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.
"La firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.
"En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes.
"El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso.
"Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica.
"No se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta ley."
"Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero.
"En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior."
"Artículo 24. Las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera de procedimiento, en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución.
"El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esta ley.
"Cuando el quejoso y el tercero interesado cuenten con firma electrónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior, utilicen o hagan uso de ésta en su representación, deberán comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma."
El primer precepto legal reproducido prevé la implementación del expediente electrónico en el juicio de amparo. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. A su vez, los secretarios de Acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Finalmente, el Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica.
La firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.
Los dos últimos preceptos legales transcritos, en la parte que interesa, disponen que el quejoso o el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones aun las de carácter personal e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esa ley.
Sobre el particular, en la exposición de motivos de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente:
"Es pertinente apuntar que nuestra Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley de Amparo) entró en vigor mediante decreto publicado el 10 de enero de 1936 en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.).
"Sin embargo, las inexorables transformaciones políticas, sociales y culturales que el país ha vivido lo largo de las últimas décadas, hace necesario armonizar y adecuar las leyes y las instituciones a fin de garantizar que esos cambios se inscriban dentro del marco del Estado democrático de derecho.
"Un caso particular donde podemos advertir la importancia de la armonización de las instituciones y leyes se da con nuestro juicio de amparo.
"El juicio de amparo, como se ha señalado, es el instrumento jurídico de la mayor trascendencia en el Estado Mexicano y es por eso que se vuelve imperativo llevar a cabo una serie de cambios y modificaciones a la ley que lo regula a fin de modernizarlo y en consecuencia, fortalecerlo.
"Ello con el propósito firme de que se mantenga como el mecanismo jurisdiccional más importante dentro de nuestro orden jurídico.
"En fechas recientes fue aprobada una importante reforma a los artículos 94, 103, 104, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Esta reforma sin duda de suma importancia dado que ello conduce necesariamente a transformar nuestro juicio de amparo.
"El primero de los cambios más importantes contenidos en la reforma constitucional antes referida se refiere a la ampliación del objeto de protección del juicio de amparo.
"Hasta hoy, como es evidente, el mismo se ha limitado a las denominadas garantías individuales que, básicamente, quedaron establecidas desde la Constitución de 1857 y fueron repetidas, en lo sustancial, en la de 1917.
"La extensión del juicio de amparo se ha dado, ante todo, por las interpretaciones que se dan a las garantías de legalidad y de seguridad jurídica de los artículos 14 y 16 constitucionales, así como a las reinterpretaciones a ciertos preceptos de la Constitución.
"Se pretende en consecuencia, afines a la lógica internacional que ha extendido el espectro de protección en materia de derechos humanos y dada la necesidad de constituir al juicio de amparo en un medio más eficiente de control de las actuaciones de las autoridades públicas, ampliar el marco de protección de ese proceso extendiendo la materia del control.
"Es en ese sentido de que mediante el juicio de amparo se protegerán de manera directa, además de las garantías que actualmente prevé nuestra Constitución, los derechos humanos reconocidos por ésta así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
"...
"Es oportuno destacar que dada la trascendencia de las modificaciones que se proponen, se considera necesaria la expedición de una nueva Ley de Amparo.
"De esta forma, se prevé además que exista claridad, congruencia y armonía entre todas las disposiciones que conforman la misma.
"La introducción de cambios relevantes en la ley vigente corría el riesgo de ser incompatible con la estructura actual del juicio de amparo o de hacerla en extremo de difícil entendimiento.
"Así, la creación de una nueva Ley de Amparo brinda la certeza de que se obtenga un nuevo ordenamiento inteligible.
"Ahora bien, con el propósito de hacer más comprensible el conjunto de reformas que se proponen en esta iniciativa, se ha decidido integrarlas por temas.
"De esta forma, su entendimiento y posterior discusión serán más sencillos.
"...
"Modernización en la tramitación del juicio de amparo (firma electrónica).
"Hoy en día los dispositivos digitales ocupan un lugar central en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana.
"Su presencia ha tenido enormes repercusiones en los campos de la comunicación, el gobierno, la investigación científica y la organización del trabajo.
"Es un hecho incontrovertible que el uso de la computadora y el acceso a las redes globales de información está alterando las pautas de comportamiento de los individuos y sus familias, y el funcionamiento de la sociedad, los gobiernos y las empresas.
"Estos avances tecnológicos han permeado prácticamente todas las actividades del ser humano y han permitido el desarrollo de la sociedad mediante la sistematización de datos que anteriormente requerían para su consecución de largos periodos y de considerables esfuerzos, ya que tanto las bases de datos, como el manejo de los mismos, han adoptado procesos de naturaleza muy expedita que facilitan a los usuarios el envío, manejo, recepción y control de la información que es de su interés.
"En México existen muchas instancias, tanto del sector público como del privado, que ya utilizan diversos medios electrónicos, y cuya aplicación ha simplificado por mucho el desarrollo de sus actividades.
"Así, es cada vez más frecuente la realización de actos jurídicos y de numerosas negociaciones a través de medios electrónicos, los cuales se han constituido en el mecanismo fundamental para el intercambio de información, no siendo la excepción el ejercicio en la aplicación de políticas públicas.
"Uno de estos medios tecnológicos es la llamada firma electrónica, utilizada en cuestiones bancarias, fiscales, comerciales, informáticas, entre otras, con gran aceptación por la seguridad que brinda a los usuarios.
"La regulación de estos medios electrónicos se ha realizado conforme ha ido avanzando su utilización.
"Así por ejemplo, debido a los efectos positivos que ha generado, la firma electrónica ha cobrado carta de naturalización en nuestro sistema jurídico en las siguientes materias:
"A) En el ámbito de la función pública, se ha demostrado que la utilización de la firma electrónica ha contado con resultados muy satisfactorios y con altos niveles de eficiencia en el cumplimiento -por parte de los servidores públicos- de la presentación de declaración patrimonial.
"B) En el ámbito del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se ha empleado el mecanismo conocido como firma electrónica avanzada, que es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa.
"Ambos mecanismos representan importantes avances en la perspectiva de gobierno electrónico, el cual, debe permitir a la postre la minimización de trámites, tiempos de espera y reducción de requisitos y la maximización de la transparencia, produciendo además procesos muy ágiles de la interacción entre la autoridad y los gobernados.
"Las tecnologías de la información en el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26471-bf7ade80/recurso-de-queja-procede-contra-el-acuerdo-dictado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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