CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONER EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 39 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y 71 DE SU REGLAMENTO, CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECLARA AGENTES ECONÓMICOS CON PODER SUSTANCIAL EN EL MERCADO RELEVANTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 290/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y QUINTO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS. 17 DE AGOSTO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto, del Acuerdo Plenario 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de la misma Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por **********, **********, **********, **********, ambas por conducto de su apoderado **********, quienes fungieron como recurrentes en los recursos de revisión materia de este expediente; asuntos en los que se reconoció la personalidad de la mencionada persona física.
TERCERO. Ante todo, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que las personas morales denunciantes estiman disímbolos.
Así, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, en apoyo del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el ********** el amparo en revisión número ********** (expediente auxiliar número **********), sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:
"SÉPTIMO. Son infundados los agravios esgrimidos por la autoridad recurrente, mismos que se estudian de manera conjunta en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues como lo refirió el a quo, las impetrantes recurrentes gozaban de interés jurídico para interponer el recurso de reconsideración en contra de la resolución de veintidós de octubre de dos mil nueve en la que se determinó que tenían poder sustancial en el mercado relevante. Previo a establecer las razones por las cuales se estiman fundados los agravios de referencia, resulta necesario referir que los artículos 25 y 28 de la Carta Magna establecen, en esencia, la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, el cual se verificará en los términos previstos en los propios preceptos constitucionales, mediante diversas acciones en que el Estado alienta la producción, concede subsidios, otorga facilidades a empresas de nueva creación, estimula la exportación de sus productos, concede facilidades para la importación de materias primas y prohíbe los monopolios, esto es, todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción industrial o comercial y, en general, todo lo que constituye una ventaja exclusiva e indebida en favor de una o varias personas, con perjuicio del pueblo en general o de una clase social. Ahora bien, la Ley Federal de Competencia Económica como norma reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto en términos de su artículo 2o., proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Luego, a fin de cumplir con el objetivo precitado, la legislación de referencia prevé la existencia de cuatro procedimientos diversos, a saber: 1. El procedimiento relativo a la concentración de agentes económicos previsto en el artículo 21, mismo que tiene como propósito autorizar o no por parte de la Comisión Federal de Competencia las concentraciones que se le notifiquen. 2. El procedimiento de investigación previsto en el artículo 31, que tiene como finalidad emitir un oficio de presunta responsabilidad en caso de que existan elementos suficientes para sustentar la existencia de prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas por la ley de la materia. 3. El procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 33 de la ley de la materia, que tiene lugar cuando concluida la fase de investigación, existan elementos para determinar la probable responsabilidad del agente económico investigado, y. 4. El procedimiento previsto en el artículo 33 bis, que tiene como finalidad resolver sobre cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otros términos análogos. El marco normativo que rige el último de los procedimientos citados está previsto tanto en la Ley Federal de Competencia Económica, como en el Reglamento de esa propia ley. Así, el artículo 33 bis de la Ley Federal de Competencia Económica a la letra establece: ‘Artículo 33 bis.’ (se transcribió). Por su parte, los artículos 53 a 55 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, a la letra establecen: ‘Artículo 53.’ (se transcribió). ‘Artículo 54.’ (se transcribió). ‘Artículo 55.’ (se transcribió). De los artículos precitados, se advierte que el procedimiento de declaratoria de poder sustancial en el mercado relevante, goza de las siguientes características: 1. Puede iniciar de oficio o a petición de parte afectada, en este último supuesto el solicitante deberá presentar la información que permita determinar el mercado relevante y el poder sustancial en términos de los artículos 12 y 13 de la ley, así como motivar la necesidad de emitir la resolución. 2. Dentro de los diez días siguientes, la comisión emitirá el acuerdo de inicio o prevendrá al solicitante para que presente la información faltante, lo que deberá cumplir en un plazo de quince días. 3. El secretario ejecutivo dictará el acuerdo de inicio y publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto del mismo, el cual deberá contener el mercado materia de la declaratoria, con el objeto de que cualquier persona pueda coadyuvar en dicha investigación. 4. Publicado el extracto del acuerdo de inicio, comenzará el periodo de investigación el cual no podrá ser inferior a quince ni exceder de cuarenta y cinco días, en la inteligencia de que la comisión requerirá los informes y documentos relevantes y citará a declarar a quienes tengan relación con el caso de que se trate; (sic). 5. Una vez concluida la etapa de investigación y sólo en el caso de que existan elementos para determinar la existencia de poder sustancial o que no hay condiciones de competencia efectiva, u otros términos análogos, la comisión emitirá un dictamen preliminar y publicará un extracto en los medios de difusión de la comisión y publicará (sic) los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. 6. Los agentes económicos que demuestren ante la comisión que tienen interés en el asunto podrán manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer los elementos de convicción que estimen pertinentes ante la comisión, dentro de los veinte días siguientes al de la publicación de los datos relevantes del dictamen preliminar en el Diario Oficial de la Federación. Se entiende que tienen interés en el asunto: a) Los solicitantes del procedimiento que demostraron ser parte afectada; b) Los agentes económicos a los cuales la autoridad competente les aplicaría o dejaría de aplicar la regulación respectiva, o, c) Los usuarios o consumidores del bien o servicio al que se aplicaría o dejaría de aplicar la regulación respectiva. 7. Una vez integrado el expediente en un plazo no mayor a treinta días, el Pleno de la comisión emitirá la resolución que corresponda, misma que se deberá notificar a la autoridad competente y publicará en los medios de difusión de la comisión y los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. 8. Con la resolución de la comisión, el regulador sectorial (telecomunicaciones en el caso concreto), puede establecer obligaciones específicas en materia de tarifas, calidad del servicio e información. El análisis del marco normativo de referencia, permite advertir que el procedimiento para emitir la declaratoria de poder sustancial en el mercado relevante previsto en el artículo 33 bis de la Ley Federal de Competencia Económica, constituye un procedimiento de investigación iniciado de oficio o a petición de parte, que tiene como finalidad hacer un estudio general de un determinado mercado o sector de la economía para determinar si los agentes económicos que participan en dicho sector tienen poder sustancial en el mercado relevante, y que a la postre constituye un requisito determinante para que el regulador sectorial establezca obligaciones específicas a los agentes económicos. Cierto, el procedimiento previsto en el artículo 33 bis de la ley de la materia se encuentra orientado hacia la investigación y declaración de cierta circunstancia, esto es, la determinación de los agentes económicos que tienen poder sustancial en el mercado relevante, para que en su caso y de estimarlo procedente, el órgano regulatorio imponga obligaciones específicas. Luego, con independencia de que el procedimiento en cita no resuelva una controversia propiamente dicha, goza de la naturaleza jurídica de un procedimiento seguido en forma de juicio, en virtud de que la autoridad preparó su resolución definitiva con intervención del particular (las impetrantes como agentes económicos específicos). En apoyo de lo expuesto, es aplicable al caso la jurisprudencia 22/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento noventa y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo diecisiete, abril de dos mil tres, que a la letra precisa: ‘PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR.’ (se transcribió). Se sostiene que en el caso concreto la autoridad preparó su resolución definitiva con intervención del particular, en razón de que una vez que concluyó la etapa de investigación y la consecuente emisión del dictamen preliminar, la Comisión Federal de Competencia Económica (sic) recibió las manifestaciones y las probanzas ofrecidas por los agentes económicos que tuvieron injerencia en el procedimiento respectivo, en el caso particular, recibió las probanzas ofrecidas por las directas quejosas (sic) **********, de entre las que destaca la pericial en materia de economía, ofertada con el propósito de mostrar que la determinación del mercado relevante debe considerar entre sus criterios, la estimación de la elasticidad del precio de la demanda y del servicio de terminación. No obstante las probanzas ofrecidas por las impetrantes recurrente (sic), al emitir la resolución prevista en la fracción VII del artículo 33 bis de la ley de la materia, la Comisión Federal de Competencia Económica (sic) determinó que las recurrentes tenían poder sustancial en el mercado relevante de servicios de TERMINACIÓN CONMUTADA en el ámbito geográfico de sus redes fijas prestados a los demás concesionarios del servicio local y a los concesionarios del servicio de larga distancia. Establecido como lo fue el marco regulatorio del procedimiento previsto en el artículo 33 bis de la Ley Federal de Competencia Económica, así como la naturaleza jurídica de la que goza, resulta pertinente aludir al medio de impugnación previsto en la ley de la materia denominado ‘recurso de reconsideración’, el cual se encuentra previsto en el artículo 39 de la citada ley y en el artículo 71 del reglamento respectivo, dispositivos que en lo conducente y respectivamente establecen: ‘Artículo 39.’ (se transcribió). ‘Artículo 71.’ (se transcribió). Ahora bien, el análisis de dichos dispositivos pone de manifiesto que para que resulte procedente el recurso de reconsideración, deben de cumplirse dos requisitos: 1. Que se trate de resoluciones dictadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (sic) que pongan fin a un procedimiento, que tengan por no presentada una denuncia; o por no notificada una concentración. 2. Que quien interponga el recurso respectivo tenga interés jurídico; refiriendo el propio artículo que tienen interés jurídico: a) Los agentes que haya (sic) participado directamente en un procedimiento ante la comisión, y b) Que dichos agentes se vean afectados por la resolución de la comisión. En el caso concreto, las autoridades recurrentes precisan que fue incorrecto el actuar del a quo al haber determinado que las
quejosas recurrentes gozaban de interés jurídico para recurrir la resolución de veintidós de octubre de dos mil nueve, en la que el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (sic) determinó que tenían poder sustancial en el mercado relevante, empero dicha afirmación resulta incorrecta a criterio de este órgano colegiado. Lo anterior es así, pues el interés jurídico con que cuentan las recurrentes tanto para participar, como en su caso para recurrir la resolución final dictada por la Comisión Federal de Competencia Económica (sic), se va desdoblando durante toda la tramitación del procedimiento previsto en el artículo 33 bis de la ley de la materia, en concordancia con el numeral 55 del reglamento respectivo. En efecto, a juicio de este órgano colegiado, desde el momento en que en términos de la fracción II del artículo 54 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica se reconoce que los agentes económicos interesados podrán manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer los elementos de convicción que estimen pertinentes dentro de los veinte días siguientes al de la publicación de los datos relevantes del dictamen preliminar en el Diario Oficial de la Federación, se pone de manifiesto el interés jurídico que asiste a las peticionarias recurrentes para combatir la resolución final emitida por la Comisión Federal de Competencia Económica (sic), en el caso de que resulte contrario (sic) a sus intereses. Se sostiene lo anterior, pues con independencia de que el referido procedimiento no vaya dirigido en contra de algún agente en particular y no se trate de una resolución de naturaleza privativa, es inconcuso que al permitir a los agentes económicos interesados ofrecer pruebas y formular alegatos, les reconoce la posibilidad de demostrar ante dicha comisión que no detentan poder sustancial en el mercado relevante, tan es así, que las peticionarias de garantías, ofrecieron entre otras probanzas la prueba pericial en materia de economía, con la finalidad de demostrar que para la determinación del mercado relevante debía considerarse entre sus criterios (sic), la estimación de la elasticidad de precio de la demanda y el servicio de terminación. Además, aun cuando como correctamente lo refiere la autoridad recurrente, el procedimiento previsto en el artículo 33 bis de la Ley Federal de Competencia Económica no se encuentra dirigido a algún agente económico en particular, no debe perderse de vista que dicha circunstancia se actualiza en la etapa de investigación, empero, en la resolución final de dicho procedimiento (misma contra la que se interpuso el recurso de reconsideración) la Comisión Federal de Competencia Económica (sic), sí realiza una individualización en la que se vieron involucradas las peticionarias de garantías, pues en sus resolutivos textualmente refirió: ‘PRIMERO. **********, tienen poder sustancial en el mercado relevante de servicios de TERMINACIÓN CONMUTADA en el ámbito geográficos (sic) de sus redes fijas prestados (sic) a los demás concesionarios del servicio local y a los concesionarios del servicio de larga distancia. SEGUNDO. No existen suficientes elementos para determinar la existencia de poder sustancial en el mercado correspondiente a sus respectivos servicios relevantes por parte de **********, **********, **********; **********; **********; **********; **********; **********; **********; **********; **********; **********; **********; **********, **********, **********; **********.’. Ahora bien, no se soslaya lo aducido por la autoridad recurrente, en el sentido de que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que en última instancia se encuentra facultada para imponer obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información, empero la actuación de dicha secretaría tiene como presupuesto, la declaratoria emitida por la Comisión Federal de Competencia Económica (sic). Cierto, conviene recordar que el artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones textualmente establece: ‘Artículo 63.’ (se transcribió). La lectura del artículo en cita, permite divisar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de un procedimiento especial y autónomo, estará facultada para establecer obligaciones específicas al concesionario de redes públicas de telecomunicaciones, que tenga poder sustancial en el mercado relevante de acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica. En ese tenor, se insiste, toda vez que la Comisión Federal de Competencia Económica (sic) es la única autoridad facultada para pronunciarse sobre el poder sustancial en el mercado relevante de los agentes económicos, y que dicha declaratoria constituye un presupuesto necesario para que en su caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejerza la facultad prevista en el artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, inconcuso resulta el interés jurídico que asiste a las impetrantes para impugnar vía reconsideración la declaratoria de veintidós de octubre de dos mil nueve, máxime cuando durante la tramitación del procedimiento previsto en el artículo 33 bis de la Ley Federal de Competencia Económica, ********** y **********, emitieron manifestaciones y ofrecieron probanzas tendentes a referir las diversas consideraciones que debía analizar la comisión a efecto de pronunciarse sobre el poder sustancial en el mercado relevante. Por otra parte, es infundada también la manifestación vertida por la autoridad recurrente, en la que precisa que el recurso de reconsideración no es el único medio de defensa con el que cuentan las impetrantes para inconformarse con la determinación de la Comisión Federal de Competencia, ya que de instaurarse el procedimiento ante el órgano regulador, la quejosa contaría con la garantía de audiencia y podría presentar los argumentos que considere convenientes e inclusive recurrir administrativamente dicha resolución. Se sostiene lo infundada de dicha manifestación pues la autoridad soslaya que el procedimiento previsto en el artículo 33 bis de la Ley Federal de Competencia Económica es autónomo e independiente del diverso previsto en las reglas del servicio local. Cierto, las reglas del servicio local trigésimo primera y trigésimo segunda, emitidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a la letra precisan: ‘Regla trigésimo primera.’ (se transcribió). De la lectura de las reglas transcritas se advierte que la Comisión Federal de Telecomunicaciones iniciará el procedimiento respectivo una vez que la Comisión Federal de Competencia Económica (sic) haya emitido una declaratoria de poder sustancial en el mercado relevante, de tal suerte que contrario a lo esgrimido por la recurrente, aun cuando las impetrantes alegaran ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones que no tienen poder sustancial en el mercado relevante, DICHA COMISIÓN NO PODRÍA PRONUNCIARSE SOBRE DICHO TÓPICO POR LA SENCILLA RAZÓN, DE QUE DICHA DECLARATORIA ES UN ASUNTO QUE QUEDA FUERA DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, tan es así, que inclusive la fracción VI de la regla trigésimo primera de las de Servicio Local, precisa que cuando el concesionario de servicio local estime que han concluido las circunstancias por las cuales se consideró que tenía poder sustancial en el mercado relevante, podrá solicitar a la Comisión Federal de Competencia que así lo resuelva, con el objeto de que la Comisión deje sin efectos las obligaciones específicas que haya establecido. En mérito de lo expuesto, es que este órgano colegiado sostiene en el interés jurídico (sic) que asiste a las recurrentes para controvertir a través del recurso de reconsideración la declaratoria de poder sustancial en el mercado relevante realizada por la Comisión Federal de Competencia Económica (sic), pues al ser este organismo el único legalmente facultado para pronunciarse sobre ese tópico, inconcuso resulta que cualquier desacuerdo sobre la resolución emitida debe ser analizada y resuelta (sic) por la propia comisión a través del recurso de reconsideración, máxime cuando como ya se asentó, durante la tramitación del procedimiento previsto en el artículo 33 bis de la ley de la materia, las impetrantes hicieron manifestaciones y ofertaron probanzas tendentes a referir las diversas consideraciones que debía evaluar la comisión para determinar la existencia de poder sustancial en el mercado relevante. Por otra parte, resulta infundada también la manifestación vertida por la autoridad recurrente, en la que precisa que la sola existencia de la resolución dictada en el expediente administrativo ********** no le irroga una afectación, pues dicha resolución sólo constituye un elemento más a ser analizado por la autoridad reguladora y como tal, puede ser cuestionada por los gobernados involucrados en tal procedimiento, por lo que la supuesta indefensión respecto a tal acto es inexistente. Se sostiene lo infundada de dicha afirmación, pues como se ha señalado, la declaratoria de poder sustancial en el mercado relevante no constituye sólo un elemento más a ser analizado por la autoridad reguladora como erróneamente lo plantea el amparista, sino que por el contrario, es el presupuesto básico, para que la Comisión Federal de Telecomunicaciones pueda imponer obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad e (sic) servicio e información, facultad que ejercerá a través del procedimiento se insiste específico y autónomo que prevé la normatividad aplicable. Luego, con independencia de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones pueda iniciar o no el procedimiento respectivo para imponer las obligaciones previstas en el artículo 63 de la ley de la materia, las impetrantes gozan de interés jurídico para reclamar la propia determinación emitida por la Comisión Federal de Competencia Económica (sic), al haber intervenido como partes en el procedimiento previsto en el artículo 33 bis de la ley de la materia y resolverse contrario a sus intereses, máxime cuando en el propio recurso de reconsideración hecho valer, las peticionarias de garantías reclamaron violaciones procesales cometidas durante la sustanciación del procedimiento previsto en el numeral de referencia. En ese propio tenor, deviene infundada también la manifestación vertida por la autoridad recurrente en la que refiere que los artículos 33 bis, fracción VI de la Ley Federal de Competencia Económica y 54, fracción II del reglamento respectivo (sic), hablan de ‘interés en el asunto’ e ‘interés’, empero el artículo 71 del propio reglamento se refiere al ‘interés jurídico’. Refieren que las quejosas reunían solamente uno de los dos requisitos previstos en el artículo 71 del reglamento, esto es, que hayan participado en el procedimiento, sin embargo, no conformaron el segundo requisito, a saber, que se vieran afectadas por la resolución emitida, reiterando que aun y cuando la resolución dictada por la comisión es un elemento trascendente para que la Cofetel pueda imponer obligaciones específicas, dicha decisión no obliga a aquélla y en todo caso, tampoco es determinante para iniciar el procedimiento respectivo y concluyen que las actuaciones que la Comisión Federal de Competencia realiza, son con la finalidad de emitir una determinación acerca de si el agente económico tiene poder sustancial en el mercado relevante, resolución que es de carácter declarativo que no tiene por objeto la disminución, menoscabo o supresión de los derechos de los entes examinados, sino que sólo podrá servir como una opinión ante la eventualidad de que la autoridad reguladora decida ejercer sus facultades de regulación tarifaria. Se sostiene lo infundadas de dichas manifestaciones, en virtud de que contrario a lo esgrimido por la autoridad recurrente, las peticionarias de amparo gozan de interés jurídico para reclamar la declaratoria de poder sustancial en el mercado relevante, pues si bien dicha circunstancia se limita a evidenciar una situación determinada, también lo es que el interés jurídico tiene su origen en el hecho de que la determinación adoptada fue adversa a las peticionarias de garantías, quienes tuvieron la calidad de partes en el procedimiento respectivo. Orienta sobre el particular la jurisprudencia 36 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página treinta y siete de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, que refiere: ‘INTERÉS JURÍDICO. PARTES EN UN PROCEDIMIENTO.’ (se transcribió). Además, tomando en consideración que la declaratoria de referencia constituye un presupuesto legal indispensable (y no una simple opinión como lo plantea la recurrente) para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en uso de la atribución conferida en el artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones proceda a determinar si impone o no obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información, dicha circunstancia por sí misma produce una afectación a la esfera de derechos de las impetrantes, pues lógico es que si tal resolución no existiera, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no podría ejercer la atribución legal mencionada. En ese tenor, contrario a lo que pretende demostrar la autoridad recurrente, la declaratoria de poder sustancial en el mercado relevante emitida por la Comisión Federal de Competencia Económica (sic) y la imposición de obligaciones específicas realizada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, no constituyen actos de un solo procedimiento, sino que como se refirió en párrafos que antecedentes (sic), resultan procedimientos autónomos e independientes tramitados por dichas autoridades en el ámbito de sus respectivas atribuciones, de lo que se colige que la declaratoria emitida por la Comisión de Competencia no es un acto preliminar ni una etapa más del procedimiento que puede instaurar la Comisión Federal Telecomunicaciones, sino se insiste, es un acto definitivo que con su sola existencia causa perjuicio a las impetrantes de garantías, con independencia de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones decida imponer obligaciones específicas, de ahí su legitimación para promover el recurso de reconsideración correspondiente, máxime cuando las recurrentes hicieron valer en dicho recurso, violaciones procedimentales cometidas en la secuela procesal. Finalmente, no pasa inadvertido para este órgano colegiado que el representante legal de las quejosas recurrentes hizo valer diversos alegatos; sin embargo, no son de tomarse en consideración en el presente controvertido al no formar aquéllos parte de la litis. En las narradas condiciones, ante lo fundados pero inoperante (sic) en parte e inoperante en otra de los agravios formulados por las quejosas recurrentes, así como ante lo infundado de los agravios esgrimidos por las autoridades recurrentes, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida con las precisiones anotadas en esta ejecutoria ..."
A su vez, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el ********** el amparo en revisión número ********** sostuvo, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:
"OCTAVO. En este considerando, el tribunal se ocupará de estudiar los agravios aducidos por la autoridades (sic) responsables presidente y secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia, en contra de la sentencia terminada de engrosar el **********, emitida por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, en auxilio de las labores del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. ... Los anteriores agravios son sustancialmente fundados, por los motivos que a continuación se expresan. A efecto de poner en evidencia el calificativo otorgado a lo expresados (sic) por la recurrente, resulta necesario precisar, en primer término, que en la demanda de garantías que dio lugar al juicio de amparo en el que se dictó la sentencia aquí recurrida, la parte quejosa combatió, entre otros actos, el acuerdo de veinte de noviembre de dos mil nueve, dictado en el recurso de reconsideración registrado con el número **********, a través del cual, el presidente y el secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia, desecharon dicho medio de defensa por notoriamente improcedente (fojas 591 y 592 del expediente de amparo relacionado, tomo II), con base en diversas consideraciones que se estima procedente reiterar a continuación: ‘... Con fundamento en los artículos 1o., 2o., 33 bis y 39, de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), así como en los artículos 71 y 72 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica (RLFCE), se desecha por notoriamente improcedente el escrito por el que se intenta inter
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23286-a1ba89ed/concesionarios-de-redes-publicas-de-telecomunicaciones-tienen-interes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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