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Modo: Corpus Pro

ASIMETRÍA. DICHO PRINCIPIO ES APLICABLE, POR REGLA GENERAL, A CUALQUIER ACTO O MEDIDA REGULATORIA, TRATÁNDOSE DEL RÉGIMEN DE PREPONDERANCIA. CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS CONDICIONES NO CONVENIDAS ENTRE CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES, PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA. IGUALDAD. CONFIGURACIÓN DE ESE PRINCIPIO EN LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE REGULACIÓN ECONÓMICA. MODELO DE COSTOS DE INTERCONEXIÓN FIJO APROBADO POR EL PLENO DE LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. NO ES UNA NORMA GENERAL. ÓRGANOS REGULADORES DEL ESTADO. ALCANCES DEL CONTROL JUDICIAL DE SUS ACTOS. RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. PARA SU VALIDEZ NO REQUIEREN DE LA FIRMA DEL SECRETARIO TÉCNICO DE ESE ÓRGANO. TARIFAS ASIMÉTRICAS O DIFERENCIADAS POR LOS SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN. SU ESTABLECIMIENTO ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE JUNIO DE 2013, ESTABA SUJETA A LA DECISIÓN DE LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. TARIFAS DE INTERCONEXIÓN. SU DETERMINACIÓN QUEDA A LA DISCRECIONALIDAD DEL ÓRGANO REGULADOR.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 145/2015. · Registro digital (IUS): 26297
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-05-20
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, Pág. 2539.

ASIMETRÍA. DICHO PRINCIPIO ES APLICABLE, POR REGLA GENERAL, A CUALQUIER ACTO O MEDIDA REGULATORIA, TRATÁNDOSE DEL RÉGIMEN DE PREPONDERANCIA.

CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS CONDICIONES NO CONVENIDAS ENTRE CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES, PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA.

IGUALDAD. CONFIGURACIÓN DE ESE PRINCIPIO EN LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE REGULACIÓN ECONÓMICA.

MODELO DE COSTOS DE INTERCONEXIÓN FIJO APROBADO POR EL PLENO DE LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. NO ES UNA NORMA GENERAL.

ÓRGANOS REGULADORES DEL ESTADO. ALCANCES DEL CONTROL JUDICIAL DE SUS ACTOS.

RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. PARA SU VALIDEZ NO REQUIEREN DE LA FIRMA DEL SECRETARIO TÉCNICO DE ESE ÓRGANO.

TARIFAS ASIMÉTRICAS O DIFERENCIADAS POR LOS SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN. SU ESTABLECIMIENTO ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE JUNIO DE 2013, ESTABA SUJETA A LA DECISIÓN DE LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

TARIFAS DE INTERCONEXIÓN. SU DETERMINACIÓN QUEDA A LA DISCRECIONALIDAD DEL ÓRGANO REGULADOR.

AMPARO EN REVISIÓN 145/2015. 4 DE FEBRERO DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: JORGE ALBERTO RAMÍREZ HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-El estudio de los restantes agravios se hará en un orden distinto al planteado, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, iniciando con los propuestos en la revisión principal.

Estudio relacionado con la resolución y oficio reclamados, respecto de la caducidad del procedimiento de desacuerdo.

En la sentencia se resolvió lo siguiente:

• La caducidad de la instancia no encuentra cabida en los procedimientos instaurados, a efecto de resolver un desacuerdo de condiciones no convenidas en materia de interconexión -como es el caso-, en virtud de que la naturaleza de dicha institución resulta incompatible con la finalidad que persiguen los procedimientos en cita.

• La intervención del Instituto Federal de Telecomunicaciones en los desacuerdos en materia de interconexión suscitados entre operadores de redes públicas de telecomunicaciones, es el establecimiento de lineamientos respecto de los cuales no ha sido posible convenir, lo que evidencia que su fin es garantizar la interoperabilidad de las redes y los servicios de telecomunicaciones, y asegurar una eficiente y ágil prestación del servicio de interconexión, en beneficio del usuario final.

• No es factible que en esta clase de procedimientos se actualice la figura jurídica de la caducidad de la instancia, ante la falta de impulso procesal, en virtud de que lo que se pretende con su tramitación es, precisamente, el pronunciamiento por parte del regulador, sobre los parámetros bajo los cuales deben conducirse los concesionarios, en relación con las condiciones de interconexión no pactadas.

• Tampoco es exacto que en esta clase de procedimientos no sea posible su terminación sin que exista una resolución de fondo, pues la intención que tienen los operadores de redes públicas de telecomunicaciones al instar la participación del ente regulador, es que exista una determinación en relación con los términos no convenidos, que debe regir respecto de un periodo determinado.

• La resolución reclamada fue emitida fuera del plazo de sesenta días naturales, pero no es susceptible de imponer como sanción a la autoridad responsable la caducidad del procedimiento, en la medida en que en este tipo de procedimientos es imperante que se emita una determinación que solucione las desavenencias a que se enfrentan los operadores durante la prestación del servicio de interconexión; máxime, si se toma en consideración que en la gran mayoría de las ocasiones, la dilación en que se incurre para resolver tales discrepancias, obedece a la reunión de los elementos o herramientas que requiere el regulador para solucionar las condiciones de interconexión no pactadas.

• La caducidad no se actualiza en este tipo de procedimiento, pues se ocasionaría que el regulador dejara sin resolver las condiciones de interconexión no pactadas entre operadores, lo que depararía en una prestación ineficiente del servicio de interconexión de que se trate.

• El procedimiento del que deriva la resolución reclamada, contrario a lo expuesto por la quejosa, no es susceptible de caducar en términos del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En el agravio octavo se sostiene lo siguiente:

• La sentencia fue emitida en contra de lo dispuesto en los artículos 74 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con los preceptos 14 y 16 constitucionales, porque la Juez consideró que la figura de la caducidad no es aplicable a los procedimientos de desacuerdos de interconexión.

• No obstante, la finalidad de dicho procedimiento es que el regulador emita una determinación en relación con los términos no convenidos; el legislador no previó excepción alguna para no aplicar la figura de la caducidad, por lo que no hay razón válida para que ésta no surta efectos.

• El propio instituto ha establecido mecanismos para que en caso de que no se pacten tarifas y la autoridad no emita resolución o ésta sea declarada inconstitucional o ilegal, los concesionarios puedan devengar los pagos por dicho servicio; mecanismos que consisten en el trato no discriminatorio, la cláusula de aplicación continua y la aplicación de la tarifa determinada en una resolución previa.

Para estudiar estos agravios, importa considerar el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es del tenor siguiente:

"Artículo 60. En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo, la administración pública federal le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la administración pública federal acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en la presente ley.

"La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la administración pública federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción.

"Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución."

De acuerdo con este precepto, la figura jurídica de la caducidad opera en dos procedimientos: los iniciados a petición de parte interesada y los instruidos de oficio por la autoridad administrativa; en el primero de ellos opera la caducidad transcurridos tres meses, por la inacción del interesado (caducidad de la instancia), y en el segundo, la caducidad opera transcurridos treinta días contados a partir del plazo para emitir la resolución respectiva (caducidad de las facultades de la autoridad).

También deben tenerse presentes los artículos 9-A, fracción X y 42 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que dicen:

"Artículo 9-A. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es el órgano administrativo desconcentrado de la secretaría, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones. Para el logro de estos objetivos, corresponde a la citada comisión el ejercicio de las siguientes atribuciones:

"...

"X. Promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y redes públicas de telecomunicaciones, incluyendo la que se realice con redes extranjeras, y determinar las condiciones que, en materia de interconexión, no hayan podido convenirse entre los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones."

"Artículo 42. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, y a tal efecto suscribirán un convenio en un plazo no mayor de 60 días naturales contados a partir de que alguno de ellos lo solicite. Transcurrido dicho plazo sin que las partes hayan celebrado el convenio, o antes si así lo solicitan ambas partes, la secretaría, dentro de los 60 días naturales siguientes, resolverá sobre las condiciones que no hayan podido convenirse."

De acuerdo con los preceptos transcritos, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes y, para ello, deberán suscribir un convenio y, en caso de que no lo hagan dentro del plazo establecido para tal efecto, o bien, no lleguen a un acuerdo sobre alguna o algunas de las condiciones de interconexión, el órgano regulador resolverá sobre las condiciones que no hayan podido convenirse.

En el caso, en la resolución impugnada se narran los siguientes antecedentes:

"Solicitud de resolución de condiciones de interconexión no convenidas. El 12 de diciembre de 2013, el representante legal de ********** presentó ante el instituto, un escrito mediante el cual solicitó su intervención para resolver los términos, condiciones y tarifas que no pudo convenir con ********** para la interconexión de sus respectivas redes públicas de telecomunicaciones (en lo sucesivo, las ‘Solicitudes de resolución’).-Para efectos de lo anterior, el representante legal de ********** manifestó que con fecha 21 de febrero de 2012, solicitó a ********** el inicio ‘de las negociaciones tendientes a acordar los nuevos términos, condiciones y tarifas para la interconexión de sus respectivas redes públicas de telecomunicaciones, aplicables al periodo que comprende del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014.-Para acreditar lo anterior, el representante legal de ********** ofreció, entre otras, la siguiente prueba documental pública: ...En las solicitud (sic) de resolución ********** solicitó al instituto pronunciarse sobre la tarifa de terminación fija, para el periodo comprendido del 1 de enero 2012 al 31 de diciembre de 2014, y que en el cobro de la tarifa de interconexión sea considerado el segundo como unidad de medida y sin redondeo.-Oficio de vista. El 22 de enero de 2014, el instituto notificó por instructivo a ********** el oficio **********, de 13 de enero de 2014, mediante el cual se le requirió para que en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos legales la notificación del oficio en comento, manifestara lo que a su derecho conviniera e informara si existían condiciones que no había podido convenir con ********** y, de ser el caso, señalara expresamente en qué consistían los desacuerdos, fijara su postura al respecto y ofreciera los elementos de prueba que estimara pertinentes (en lo sucesivo, el ‘oficio de vista’). ...VIII. Solicitud de ampliación del plazo. El 5 de febrero de 2014 el representante legal de **********, presentó ante el instituto un escrito mediante el cual solicitó una prórroga para dar debido cumplimiento al requerimiento formulado en el oficio de vista.-El 19 de febrero de 2014 el instituto notificó mediante instructivo a ********** el oficio **********, de 14 de febrero de 2014, a través del cual el instituto le otorgó una ampliación de cinco (5) días hábiles para que dieran respuesta al oficio de vista.-IX. Respuesta al oficio de vista. EI 25 de febrero de 2014 el representante legal de ********** presentó ante el instituto, un escrito mediante el cual dio contestación al oficio de vista. En dicho escrito, ********** manifestó lo que a su derecho convino, fijó su postura y ofreció pruebas (en lo sucesivo, la ‘respuesta de **********’).-X. Alegatos. El 7 de abril de 2014 el instituto notificó por instructivo a ********** y ********** el oficio **********, del 3 de abril de 2014, mediante el cual se acordó que el procedimiento administrativo en que se actúa guardaba estado para que las partes formularan alegatos, para lo cual se les concedió un plazo no mayor a diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos legales la notificación del oficio en comento (en lo sucesivo, el ‘oficio de alegatos’).-El 22 de abril de 2014 el representante legal de ********** presentó ante el instituto escrito por el que formuló sus correspondientes alegatos (en lo sucesivo, los ‘alegatos de **********’).-En esa misma fecha, el representante legal de ********** presentó ante el instituto un escrito mediante el cual solicitó una prórroga al plazo otorgado en el oficio de alegatos.-El 7 de mayo de 2014 el instituto notificó mediante instructivo el oficio ********** a **********, de fecha 29 de abril de 2014, mediante el cual el instituto otorgó a dicho concesionario una ampliación de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos legales la notificación de dicho oficio.-El 14 de mayo de 2014 el representante legal de ********** presentó ante el instituto un escrito por el que formuló sus correspondientes alegatos (en lo sucesivo, los ‘alegatos de **********’).-XI. Cierre de instrucción. El 25 y 30 de junio de 2014 el instituto notificó por instructivo a ********** y **********, el oficio **********, de 17 de junio de 2014, mediante el cual se acordó que toda vez que el plazo para formular alegatos había concluido, el procedimiento guardaba estado para que el Pleno del instituto dicte la resolución sobre las cuestiones planteadas por las partes."

Como se observa de esta reproducción, el procedimiento administrativo que dio origen a la resolución impugnada inició el doce de diciembre de dos mil trece, a solicitud de **********, a fin de que la autoridad fijara los términos y condiciones no convenidas con **********, respecto de la interconexión de sus redes de telecomunicaciones.

Asimismo, que el procedimiento siguió sus etapas procesales a impulso de las partes involucradas, hasta dejar el asunto en estado de resolución el diecisiete de junio de dos mil catorce, de modo que la resolución que dio fin al procedimiento de desacuerdo se emitió hasta el trece de marzo de dos mil quince.

De acuerdo con lo expuesto, es parcialmente fundado el agravio en estudio pues, en efecto, del texto del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no se advierte alguna regla de excepción que permita sostener que al procedimiento para resolver condiciones no convenidas sobre tarifas de interconexión no le es aplicable la figura de la caducidad de las facultades de la autoridad.

En efecto, como se vio, la caducidad sanciona la inactividad de la parte interesada que haya instado un procedimiento, tratándose de procedimientos seguidos a instancia de parte, y de la autoridad administrativa por su inacción para emitir la resolución respectiva, en tratándose de procedimientos iniciados de oficio, de modo que aun admitiendo que el procedimiento para resolver los desacuerdos tarifarios en materia de interconexión persiga un interés público, no se advierte motivo para excluirlo del ámbito regulado por la figura de la caducidad, considerando que el propósito del ordenamiento es, precisamente, crear uniformidad en el régimen aplicable a los actos administrativos, con excepción de los dictados en las materias, específicamente excluidas en términos del artículo 1 del propio ordenamiento citado,(7) dentro de los cuales no está incluida la materia de telecomunicaciones.

Por estas razones, es inexacta la conclusión alcanzada en la sentencia sobre la inaplicabilidad al caso de la regla de la caducidad y, consecuentemente, infundado el agravio adhesivo propuesto por la tercero interesada, en donde sostiene que la caducidad sólo opera para un procedimiento administrativo de sanción, y no para uno de desacuerdo, por lo que no expira la facultad de la autoridad en razón de que se trata de la regulación de materias de orden público e interés social, por lo que se excepciona de su aplicación este tipo de procedimiento; razones por las cuales, afirma que no puede haber sanción para el órgano regulador, pues lo que se busca es que los operadores lleguen a un consenso.

Es infundado este agravio adhesivo pues, como se dijo, la caducidad sanciona la inactividad de la parte interesada que haya instado un procedimiento, tratándose de procedimientos seguidos a instancia de parte, y de la autoridad administrativa por su inacción para emitir la resolución respectiva, en tratándose de procedimientos iniciados de oficio, por lo que el interés público que pudiera concurrir al procedimiento para resolver los desacuerdos tarifarios en materia de interconexión, no es motivo de excepción para que opere la caducidad, pues su propósito es crear certidumbre en el régimen aplicable a los actos administrativos, con excepción de los dictados en las materias específicamente excluidas en términos del citado artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dentro de los cuales, ya se dijo, no está incluida la materia de telecomunicaciones.

No sobra señalar que la autoridad responsable no expone agravio sobre el particular en su recurso adhesivo.

Sin embargo, es infundada la parte restante del agravio de la revisión principal en estudio, pues es claro que de los antecedentes narrados se observa que no se actualizó la caducidad en el procedimiento, pues no está acreditado que el procedimiento haya estado paralizado por causas imputables a la tercero interesada (quien fue la que dio inicio al procedimiento), y que la autoridad la haya prevenido para que reanudara la actividad, apercibida de la consumación de la caducidad.

De la información proporcionada se advierte que la dilación derivó de la inactividad de la propia administración en la tramitación y resolución del desacuerdo, de modo que, al no estar demostrado el supuesto del artículo 60 en examen, resulta infundada la pretensión de la quejosa.

Por estas razones, aunque es parcialmente fundado el agravio en estudio, resulta ineficaz para revocar la sentencia, motivo por el cual es innecesario analizar los restantes argumentos de los agravios adhesivos.

Estudio relacionado con la personalidad de la tercero interesada en el procedimiento de desacuerdo.

En la sentencia, la Juez de amparo resolvió lo siguiente:

• La quejosa aduce que en el procedimiento de desacuerdo de interconexión se actualizó una violación procesal, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones fue omiso en requerir a la persona que signó el escrito de solicitud de resolución de condiciones de interconexión no pactadas, la exhibición del documento con el que acreditara su personalidad, no obstante que el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo así lo dispone, lo que redunda en una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento, y que la resolución es ilegal, en la medida en que derivó de la solicitud efectuada por una persona que no acreditó ser representante legal de la sociedad tercera interesada.

• Es inoperante el concepto, en virtud de que del análisis efectuado a las constancias que integran el procedimiento de desacuerdo de interconexión del que derivó la resolución reclamada, se advierte que la ahora quejosa fue omisa en expresar la cuestión de mérito ante la autoridad responsable, siendo que la falta de personalidad, al tratarse de un presupuesto procesal, debe ser examinada, en primer lugar, por la autoridad que conoció de su tramitación, por lo que si la justiciable consideró que no se actualizaba el mismo, se encontraba constreñida a formular el argumento de mérito ante la responsable, a efecto de que hubiese estado en posibilidad de emitir el pronunciamiento respectivo.

• El motivo de disenso se trata de una cuestión que conoció desde el momento en que se le notificó la solicitud de intervención del regulador que efectuó la tercero interesada, lo que significa que tuvo oportunidad legal para hacerlo valer durante la tramitación del procedimiento de origen. Cita la jurisprudencia VI.1o. J/5, de rubro: "PERSONALIDAD. PARA QUE PROCEDA EL ANÁLISIS DE ESE PRESUPUESTO EN EL AMPARO, REQUIERE SU IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO NATURAL."

• El artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo -legislación adjetiva conforme a la cual se sustanció el procedimiento de desacuerdo de interconexión de mérito- prevé los requisitos que deben observar las promociones o solicitudes que se eleven ante la autoridad administrativa, dentro de los cuales se encuentra que cuando una persona actúe en nombre de otro debe adjuntar a su escrito el documento con el cual acredite su personalidad.

• Por su parte, el numeral 17-A de la ley en cita dispone que cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la autoridad correspondiente deberá prevenirlos por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro de un término que no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación.

• Cuando una persona no gestione en nombre propio, sino en favor de otra -ya física, ya jurídica-, debe acreditar su personalidad pues, de no hacerlo así, la autoridad administrativa debe requerirle para que subsane tal deficiencia; lo que obedece al hecho de que la personalidad constituye un presupuesto procesal que debe ser examinado de oficio, en la medida en que se debe tener certeza de que quien actúe en nombre de otro tenga conferida la facultad legal para tal efecto.

• De las constancias que integran el expediente administrativo, exhibidas al juicio en copia certificada, se desprende que mediante escrito ingresado en la oficialía de partes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el once de diciembre de dos mil trece, ********** promovió, en su carácter de representante legal de **********, la solicitud de intervención de dicho instituto para la resolución de condiciones de interconexión no convenidas entre esa concesionaria y la ahora quejosa, manifestando que su personalidad la tenía debidamente acreditada ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

• Por oficio **********, de trece de enero de dos mil catorce, el instituto sostuvo que dado que el doce de diciembre de dos mil trece se había recibido el escrito signado por el representante legal de **********, resultaba procedente dar vista a la quejosa para que realizara las manifestaciones que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que estimara conducentes, a efecto de estar en aptitud de resolver sobre las condiciones de interconexión no pactadas entre las referidas concesionarias.

• Asiste razón a la quejosa cuando afirma que no fue adjuntado al escrito de solicitud, el documento con el cual se acreditó la personalidad de quien lo signó, pero dicha circunstancia no lleva a estimar que la solicitante careciera de facultades para realizarlo, en razón de que desde el momento de su presentación indicó que su personalidad se encontraba debidamente reconocida ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, circunstancia que fue aceptada y corroborada por este organismo al tenerle por presentado en su escrito el carácter de representante legal de la tercero interesada.

• Si el instituto fue omiso en realizar requerimiento alguno sobre tal aspecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 17-A antes referido, ello no se traduce en una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento, sino más bien a que su falta de pronunciamiento en ese sentido, simplemente fue indicativo de que estimó acreditada su personalidad.

En el agravio décimo primero se plantea que:

• La sentencia fue emitida en contra de lo dispuesto por los artículos 74 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no se fundó ni motivó por qué no era necesario que la autoridad se pronunciara expresamente sobre la personalidad de **********, en el procedimiento administrativo, para tenerla por acreditada, siendo que tal omisión impidió a la quejosa inconformarse en su contra; además, la Juez debió analizarla de oficio.

Para examinar la eficacia de este agravio, es necesario decir que de autos se advierte que:

1) Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil trece, la tercero interesada **********, por conducto de quien dijo ser "**********, en mi carácter de representante legal de la concesionaria de servicio local **********", compareció ante la autoridad responsable solicitando se resolviera el desacuerdo con la hoy quejosa sobre las tarifas de interconexión.

2) Por acuerdo de trece de enero de dos mil catorce, la autoridad admitió a trámite la instancia sin hacer pronunciamiento expreso sobre la personalidad de la persona promovente, pues se limitó a proveer lo siguiente:

"...este Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, el ‘instituto’) está facultado para conocer y realizar el trámite del procedimiento de condiciones de interconexión no convenidas, iniciado mediante escrito de once de diciembre de dos mil trece, el cual fue presentado el día doce del mismo mes y año, en la oficialía de partes de este instituto, por el representante legal de ********** (en lo sucesivo **********), de acuerdo con el artículo 42 de la ley Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo ‘LFT’)."

3) Al comparecer al procedimiento, la quejosa no planteó cuestión alguna sobre la personalidad de su contraria.

Con estos elementos, se estima correcta la conclusión alcanzada por la Juez, pues es claro que aunque la autoridad no hizo un pronunciamiento expreso sobre la personalidad de la parte promovente, tácitamente la tuvo por reconocida al dar trámite a la solicitud y, por ello, la hoy quejosa estuvo en aptitud legal de cuestionarla, al hacer valer sus intereses en el procedimiento.

Además, no era necesario que la Juez fundara y motivara mayormente su decisión pues, en opinión de este tribunal, expresó de manera suficiente el sustento de su determinación, cuando señaló que la quejosa estuvo en aptitud de combatir la personalidad del representante de la otra parte en el procedimiento administrativo, desde el momento en que el órgano regulador le notificó la intervención de ésta, pues ello supuso que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tuvo por acreditada su personalidad; y citó la tesis VI.1o. J/5, de rubro: "PERSONALIDAD. PARA QUE PROCEDA EL ANÁLISIS DE ESE PRESUPUESTO EN EL AMPARO, REQUIERE SU IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO NATURAL.", así como los artículos 15 y 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que facultan a la autoridad para requerir al promovente en caso de que advirtiera una irregularidad en su representación.

En otro aspecto, es ineficaz la aseveración de la quejosa en el sentido de que la Juez de amparo debió examinar de oficio la personalidad del representante de **********, porque si la autoridad estimó (tácitamente) que el promovente tenía acreditada su personalidad ante ella, entonces no estaba en aptitud legal de cuestionar esa decisión de manera oficiosa, considerando que la quejosa estuvo en aptitud de impugnarla oportunamente en sede administrativa, y de esta manera plantear en el juicio de amparo su oposición a lo que resolviera la autoridad sobre el particular.

Por estas razones es ineficaz el agravio en examen e innecesario los agravios adhesivos.

Estudio relacionado con la falta de firma en la resolución impugnada del secretario técnico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

En la sentencia se resolvió lo siguiente:

• Debe desestimar el concepto en donde la quejosa manifiesta que la resolución reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no cuenta con la firma del secretario ejecutivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 60, 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues de acuerdo con el marco jurídico aplicable, para la validez de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sólo es necesaria la firma de los integrantes que hayan concurrido a la sesión, no de un secretario o testigos de asistencia para que den fe de dicha actuación.

• Los artículos 8 y 13 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones disponen que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones resolverá los asuntos de su competencia de forma colegiada y, por regla general, por mayoría de votos, debiendo existir cuando menos cuatro comisionados de manera física o virtual para sesionar válidamente; sesiones en las que se deberá levantar un acta para hacer constar las resoluciones o acuerdos que hubieren sido aprobados, así como el número asignado a cada una de ellas, la cual deberá ser firmada por los integrantes del Pleno que hubieren concurrido a la sesión.

• Los requisitos mencionados están acatados en la resolución de desacuerdo contenida en el Acuerdo **********, de trece de marzo de dos mil quince, pues se asentó que dicha resolución fue aprobada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por unanimidad de votos, firmando al calce la totalidad de sus integrantes.

En el agravio noveno se expone que:

• La sentencia es contraria a los artículos 74 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con los preceptos 14 y 16 constitucionales, porque la Juez valoró indebidamente el marco jurídico aplicable al caso, toda vez que de los artículos 8 y 13 del Estatuto Orgá

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26297-449e3852/asimetria-dicho-principio-es-aplicable-por-regla-general · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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