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CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ÉSTA NO RESULTA APLICABLE SUPLETORIAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DESACUERDOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2016. · Registro digital (IUS): 26736
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-10-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo II, Pág. 1275.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JEAN CLAUDE TRON PETIT, ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ, ARTURO ITURBE RIVAS, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. PONENTE: ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: JAZMÍN ROBLES CORTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia del Pleno de Circuito. El Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 6 y 45, fracción III, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, modificado por su similar 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por un integrante de un Tribunal Colegiado de Circuito, como lo es el presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quien además fue Magistrado relator de uno de los asuntos contendientes.

TERCERO.-Resoluciones que dan motivo a la contradicción.

Los datos del primer asunto son los siguientes:

Ver datos del primer asunto

Los datos del segundo asunto son los siguientes:

Ver datos del segundo asunto

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. En el presente asunto se satisfacen los requisitos que consideran la existencia de una contradicción de tesis en un punto jurídico determinado, en términos del artículo 225 de la Ley de Amparo,(3) y las tesis de jurisprudencia, de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD y CONCEPTO.",(4) "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.",(5) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(6) aplicables al caso por analogía, en tanto interpretan el texto del numeral 197 A,(7) de la ley abrogada, cuyo texto coincide en lo esencial con el primero de los citados.

De la reproducción de las partes relativas de las sentencias, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se pronunció sobre el tópico de la caducidad en los procedimientos de desacuerdo en materia de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones a partir de lo dispuesto en los artículos 8, fracciones II y V, de la Ley Federal de Telecomunicaciones,(8) 57, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo(9) y 373, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles;(10) mientras que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, de la misma especialización, se pronunció sobre la aplicabilidad de la caducidad en dichos procedimientos a partir de lo establecido en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.(11)

De lo anterior se sigue que, por lo que toca a la aplicabilidad de la caducidad a partir de lo establecido en los artículos 8, fracciones II y V, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 373, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles, no existe la contradicción de tesis, habida cuenta que solamente uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinó dicha normatividad para resolver el problema jurídico planteado, de modo que no se reúne uno de los presupuestos necesarios para la configuración de la contradicción.

Ahora, respecto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ambos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron su examen a partir de la misma figura y norma, es decir, la caducidad prevista en sus artículos 57, fracción IV, y 60, pues aunque el Primer Tribunal Colegiado de Circuito no se refirió expresamente al numeral 60 de la citada legislación, lo cierto es que sí se refirió al numeral 57, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que precisamente prevé a la caducidad regulada como una causa de terminación del procedimiento administrativo, en términos del artículo 60.

Asimismo, ambos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre la aplicabilidad de la figura de la caducidad en los procedimientos para la solución de desacuerdos entre concesionarios en materia de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones, a la luz -entre otras cuestiones- del concepto de "orden público".

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver el recurso de revisión R.A. 98/2015, sostuvo que:

• Los procedimientos para la solución de desacuerdos en materia de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones no son susceptibles de caducar, en términos de la fracción IV del artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (que se refiere a la caducidad del artículo 60), toda vez que ello implicaría sancionar a los concesionarios involucrados, al dejar de resolver la instancia propuesta, no obstante que no les corresponda la carga procesal de impulsar el procedimiento (en el supuesto de que ya se había declarado cerrada la instrucción), además de que se contravendría la finalidad de orden público, consistente en regular y supervisar el eficaz desarrollo de las telecomunicaciones para garantizar que los servicios relativos se presten bajo un régimen de sana competencia, con lo que se afectaría a los usuarios, al no procurarles las mejores condiciones de precio, calidad, tecnología y diversidad en la prestación del servicio relativo.

Y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver el recurso de revisión R.A. 145/2015, concluyó lo siguiente:

• Los procedimientos para la solución de desacuerdos en materia de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones sí son susceptibles de caducar, ya que del texto del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no se advierte alguna regla de excepción que permita sostener que a los referidos procedimientos no les resulta aplicable la figura de la caducidad de las facultades de la autoridad, aunado a que, aun admitiendo que el procedimiento para resolver los desacuerdos tarifarios en materia de interconexión persiga un interés público, no se advierte motivo para excluirlo del ámbito regulado por la figura de la caducidad, considerando que el propósito del ordenamiento es precisamente crear uniformidad en el régimen aplicable a los actos administrativos, con excepción de los dictados en las materias específicamente excluidos en términos del artículo 1 de la propia ley, dentro de los cuales no está incluida la materia de telecomunicaciones.

Y aunque ambos Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a la misma conclusión, en el sentido de que en cada caso no operó la caducidad, tuvieron coincidencias y desacuerdos.

Coincidencias, en cuanto aseveraron que la caducidad no podrá actualizarse cuando el asunto estaba en estado de resolución, pues, como se vio, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito Especializado consideró que en el asunto examinado no cabía la posibilidad de decretar la caducidad "porque con ello se sancionaría a las concesionarias involucradas, al dejarse de resolver la instancia propuesta, no obstante que no les correspondía la carga procesal de impulsar el procedimiento, al haberse cerrado la instrucción", y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito Especializado, en el asunto sometido a su consideración, estimó que no se actualizaba la caducidad porque "no está acreditado que el procedimiento haya estado paralizado por causas imputables a la parte tercero interesada (quien fue la que dio inicio al procedimiento), y que la autoridad la haya prevenido para que reanudara la actividad apercibida de la consumación de la caducidad", si no que "la dilación derivó de la inactividad de la propia administración en la tramitación y resolución del desacuerdo".

Y desacuerdos, en tanto mantuvieron puntos de vista opuestos en una de sus consideraciones sobre la aplicabilidad de la caducidad, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que su aplicación "contravendría la finalidad de orden público consistente en regular y supervisar el eficaz desarrollo de las telecomunicaciones para garantizar que los servicios relativos se presten bajo un régimen de sana competencia, con lo que se afectaría a los usuarios, al no procurarles las mejores condiciones de precio, calidad, tecnología y diversidad en la prestación del servicio relativo", el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que era aplicable pues "aun admitiendo que el procedimiento para resolver los desacuerdos tarifarios en materia de interconexión persiga un interés público", "no se advierte alguna regla de excepción que permita sostener que al procedimiento para resolver condiciones no convenidas sobre tarifas de interconexión no le es aplicable la figura de la caducidad de las facultades de la autoridad."

Por tanto:

1. Ambos Tribunales Colegiados de Circuito conocieron de la misma cuestión jurídica, esto es, determinar si es aplicable la figura jurídica de la caducidad en los procedimientos para la solución de desacuerdos entre concesionarios en materia de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones.

2. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo (de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo) para llegar a una solución determinada.

3. Los Tribunales Colegiados de Circuito resolvieron la cuestión jurídica de manera distinta, pues el Primer Tribunal Colegiado de Circuito Especializado, consideró que los procedimientos en comento no son susceptibles de caducar, porque con ello se contravendría la finalidad de orden público, consistente en regular y supervisar el eficaz desarrollo de las telecomunicaciones; y, por el contrario, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito Especializado estimó que dichos procedimientos, sí son susceptibles de caducar, porque el orden público no es motivo suficiente para excluirlos del ámbito regulado por la figura de la caducidad, ya que la finalidad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es crear uniformidad en el régimen aplicable a los actos administrativos, con excepción de los dictados en las materias específicamente excluidas en el artículo 1o. de la misma legislación, en las cuales no aparecen las telecomunicaciones.

En estas condiciones, el punto materia de la contradicción consiste en determinar si ¿la caducidad prevista en los artículos 57, fracción IV, y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplica al procedimiento para la solución de desacuerdos en materia de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones?

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010,(12) del Pleno de este Alto Tribunal, cuyo rubro dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

QUINTO.-Análisis de la contradicción de tesis. Para resolver la materia de la contradicción es preciso referir, primero, a la figura jurídica de la caducidad en los procedimientos administrativos federales y, después, a la naturaleza, origen y finalidad de los procedimientos para la solución de desacuerdos entre concesionarios en materia de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones.

I. CADUCIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES.

El concepto de caducidad en el sistema jurídico mexicano, se ha asociado a diversos fenómenos sustantivos y procesales.(13)

En el derecho procesal civil, la caducidad procesal consiste, en la pérdida de todos los derechos procesales,(14) generada por la inactividad de las partes en el proceso durante un periodo prolongado, esto es, constituye una forma extraordinaria de terminación del proceso, acogida por nuestro sistema jurídico con el propósito de dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos. De tal suerte, la caducidad se convierte en una institución procesal de interés público, cuya finalidad principal es que los procesos no permanezcan abandonados indefinidamente por la partes.(15)

Su justificación deriva de que, en tratándose de procesos civiles, predomina el principio dispositivo, de modo que incumbe a las partes no sólo la iniciación del proceso, sino también su posterior impulso hasta la fase previa al dictado del fallo, de manera que el incumplimiento de esa carga durante un periodo prolongado tiene como consecuencia la caducidad.

Este tipo de caducidad se identifica doctrinalmente como "caducidad de la instancia" y constituye la presunción legal de abandono de la acción, por lo que, ante ese desinterés de las partes, es que se impone la necesidad de concluir anticipadamente el proceso, a fin de que se dé cumplimiento a los principios de justicia pronta y expedita, y de seguridad jurídica, consagrados en los artículos 16 y 17 constitucionales, habida cuenta que los actos que integran el procedimiento judicial, tanto a cargo de las partes como del órgano jurisdiccional, deben estar sujetos a plazos o términos y no pueden prolongarse indefinidamente.

Por regla general, la terminación del proceso por caducidad, únicamente afecta a los actos procesales, no así a las pretensiones de fondo de las partes, las cuales pueden ser materia de reclamo en un proceso ulterior.(16)

También conviene apuntar que, la caducidad de la instancia sólo se actualiza mientras que exista una carga procesal para las partes, es decir, siempre que concurran actos del proceso en los que se requiera de su intervención, ya que a falta de dicha participación, el juicio no puede seguir adelante, puesto que el Juez no tendría elementos suficientes para emitir una resolución. En cambio, una vez que las partes aportaron al juicio todos los elementos que les corresponde (por ejemplo, pruebas y alegatos) la caducidad no puede operar en su perjuicio, pues sólo queda la obligación del juzgador de emitir la resolución correspondiente.

Al respecto, son ilustrativas las tesis de rubros siguientes:

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO OPERA MIENTRAS EXISTE UNA CARGA PROCESAL PARA LAS PARTES."(17)

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA CUANDO LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEPENDE DE QUE EL TRIBUNAL DEL TRABAJO PROVEA SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR)."(18)

"CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EN EL JUICIO LABORAL DEL CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS. ES IMPROCEDENTE DECRETARLA CUANDO SÓLO ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE EL LAUDO."(19)

"CADUCIDAD EN EL JUICIO AGRARIO. NO SE CONFIGURA POR INACTIVIDAD PROCESAL ATRIBUIBLE AL TRIBUNAL."(20)

"CADUCIDAD EN MATERIA AGRARIA. NO PUEDE DECRETARSE SI EN EL JUICIO YA SE CITÓ A LAS PARTES PARA OÍR SENTENCIA."(21)

En el ámbito del derecho administrativo, se ha adoptado la figura de la caducidad, aunque con ciertas variantes relacionadas con los sujetos involucrados en la relación jurídica (la administración pública y el particular) y el tipo de acto administrativo o procedimiento en cuestión.

Por una parte, ciertas legislaciones han adoptado la figura de la caducidad para sancionar con la extinción de ciertos derechos o facultades, su falta de ejercicio oportuno.

Por ejemplo, en materia de propiedad industrial (caducidad de registros marcarios y patentes),(22) en materia de concesiones (entre ellas, en materias de aguas nacionales(23) y telecomunicaciones),(24) en materia fiscal (facultades de las autoridades fiscales),(25) en materia de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores(26) y en materia aduanera.(27)

Otra modalidad de la caducidad, es la relativa a la conclusión anticipada de procedimientos administrativos por inactividad de la autoridad o de las partes interesadas, que es la establecida en los artículos 57, fracción IV, y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y que también puede estar prevista en otras leyes especiales. (28)

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo (materia de análisis en las resoluciones que dieron origen al presente asunto), en su artículo 1 establece su ámbito material de aplicación en los siguientes términos:

"Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte.

(Adicionado, D.O.F. 19 de abril de 2000)

"El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.

(Reformado, D.O.F. 19 de abril de 2000)

"Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A.

"Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas."

Como se puede advertir, la ley en comento no es aplicable en ciertas materias, pero entre ellas no está la relativa a las telecomunicaciones.

Además, el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé:

"Artículo 2. Esta Ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta Ley, en lo conducente."

Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones abrogada (examinada en las ejecutorias que dieron origen a la presente contradicción), en su artículo 8 dispone:

"Artículo 8. A falta de disposición expresa en esta Ley y en sus reglamentos o en los tratados internacionales, se aplicarán:

"I. La Ley de Vías Generales de Comunicación;

"II. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

"III. El Código de Comercio;

"IV. El Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal;

"V. El Código Federal de Procedimientos Civiles;

"VI. La Ley General de Bienes Nacionales, y

"VII. La Ley Federal de Radio y Televisión."

De lo anterior se sigue que, en principio, las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo son aplicables supletoriamente a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Entre esas disposiciones está la referente a la figura de la caducidad, que -como se adelantó- se encuentra prevista específicamente en los artículos 57, fracción IV, y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,(29) de los cuales se desprende que:

a) La figura de la caducidad tiene aplicación tanto en los procedimientos administrativos iniciados a instancia del particular (primer párrafo del artículo 60), como en los procedimientos iniciados de manera oficiosa por la autoridad (tercer párrafo del numeral 60).

b) Tratándose de procedimientos iniciados a instancia del interesado, la caducidad opera con motivo de la paralización del procedimiento por causas imputables al particular, durante un lapso de tres meses, que produce que la Administración Pública Federal acuerde el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.

En este supuesto, es claro que la caducidad se configura como una sanción por la inactividad del particular, pues se entiende que la continuación en el trámite del procedimiento está sujeta a que el interesado promovente realice determinados actos y que, debido a la falta del interés e impulso respectivo, es que no se puede alcanzar el estado procesal necesario para que la autoridad pueda emitir la resolución correspondiente.

c) En el caso de los procedimientos iniciados de oficio por la autoridad administrativa, la caducidad del procedimiento se produce por haber transcurrido treinta días contados a partir del plazo que la autoridad tenía para emitir la resolución correspondiente, y se formaliza mediante una declaración formulada a petición de parte o de oficio, que produce el fin del procedimiento administrativo.

d) La caducidad del procedimiento administrativo decretada en términos del artículo 60 de la ley relativa, no produce por sí misma la prescripción de las acciones del particular, ni las facultades de la Administración Pública Federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción.

La figura de la caducidad en examen, ha sido materia de análisis en diversos pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País. A continuación se refieren, de manera cronológica:

A. Contradicción de tesis 154/2002-SS, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de mayo de dos mil tres.

De esta contradicción de tesis, derivó la jurisprudencia 2a./J. 48/2003, de rubro y texto siguientes:

"CONTROL SANITARIO. LA CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD PARA CUMPLIMENTAR LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO DE REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA INTERPUESTO EN CONTRA DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESA MATERIA, OPERA DE PLENO DERECHO AL TRANSCURRIR LOS PLAZOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 60, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 92, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.-Cuando la resolución que pone fin al procedimiento administrativo de aplicación de medidas de seguridad y sanciones, contemplado en los artículos 428 a 437 de la Ley General de Salud, es impugnada mediante el recurso de revisión en sede administrativa previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y éste resulta fundado, lo resuelto por el superior jerárquico debe ser cumplido por el inferior, de modo que si tal cumplimiento requiere que éste emita un acto nuevo en el que se purguen los vicios del impugnado, dicha autoridad, con el objeto de no dejar el procedimiento sin una resolución que le ponga fin, deberá cumplir en el plazo de cuatro meses dispuesto en el artículo 92, último párrafo, de la ley adjetiva federal supletoria en materia administrativa y, en caso de que no lo haga y se actualicen las condiciones previstas en el artículo 60, último párrafo, de la ley adjetiva citada, es decir, que hayan transcurrido treinta días naturales a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, operará la caducidad de pleno derecho de las facultades de la autoridad para efectuar dicha cumplimentación, y el procedimiento relativo culminará sin una resolución que le ponga fin, en atención a que el fallo primigenio fue anulado."(30)

De la ejecutoria que dio lugar a la tesis reproducida se colige que el Máximo Tribunal sólo estudió el último párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y concluyó que:

• La caducidad prevista en el último párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sólo opera tratándose de procedimientos oficiosos, es decir, en aquellos en donde no se necesita la instancia o impulso del particular para llegar a una decisión definitiva.

• La génesis de la caducidad de los procedimientos iniciados oficiosamente radica en evitar actos arbitrarios de la autoridad, habida cuenta que las autoridades administrativas están obligadas a evitar situaciones inciertas que sean contrarias a los principios de seguridad jurídica, al interés público y a la certidumbre sobre la esfera jurídica de los gobernados; de ahí que la caducidad sea la consecuencia legal que se genera cuando la autoridad no ejerció oportunamente su atribución afectatoria de la esfera jurídica del administrado, por lo que la actualización de esa figura en un procedimiento conlleva a que se defina el derecho del particular y se rompa el estado de incertidumbre e inseguridad jurídica que se generó con el inicio y tramitación del procedimiento administrativo.

B. Amparo en revisión 1256/2006, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de seis de septiembre de dos mil seis.

De la resolución de dicho expediente derivó la tesis 1a. CLXI/2006, que se lee:

"CADUCIDAD DE FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.-El artículo 60, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al disponer que: ‘La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la Administración Pública Federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción.’, no transgrede la garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el citado precepto legal no genera incertidumbre a los gobernados ni permite actuaciones arbitrarias de la autoridad, ya que la figura jurídica de la caducidad tiene como efecto fundamental anular todo lo actuado en el procedimiento administrativo respectivo, dejando las cosas como si éste no se hubiere efectuado, pues su función es poner fin a la instancia, es decir, causar la extinción anticipada de dicho procedimiento y, por ende, el archivo de las actuaciones; de ahí que el procedimiento caducado no produzca el efecto de interrumpir o suspender los plazos de prescripción. Además, la caducidad tiene su fundamento en razones de seguridad jurídica en tanto que evita la incertidumbre que supone un procedimiento."(31)

De la ejecutoria que dio lugar a la tesis reproducida, se sigue que el propósito de la caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es evitar incertidumbre al particular respecto de alguna pretensión o derecho, de modo que se busca que los procedimientos no estén paralizados por falta de impulso procesal de las partes interesadas y que tampoco constituyan un medio para la actuación arbitraria del ente estatal.

Además, la caducidad sólo trasciende al procedimiento administrativo y no a las pretensiones de fondo de las partes, es decir, la declaración sobre la caducidad no impide que vuelvan a plantearse las mismas pretensiones en otro procedimiento, y tampoco que la autoridad pueda ejercer sus facultades sancionadoras, pues estas últimas sólo están sujetas al plazo legal de la prescripción.

C. Contradicción de tesis 165/2007-SS, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil siete.

De la resolución de la mencionada contradicción de tesis, derivó la jurisprudencia 2a./J. 187/2007, de rubro y texto siguientes:

"PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE PREVÉ LA CADUCIDAD, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL PROCEDIMIENTO POR INFRACCIONES A LA LEY E IMPOSICIÓN DE SANCIONES QUE AQUÉLLA LLEVA A CABO.-De los artículos 124 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como 1o. y 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se advierte que es aplicable supletoriamente lo dispuesto en esa legislación adjetiva al procedimiento por infracciones a la ley e imposición de sanciones llevado a cabo por la Procuraduría Federal del Consumidor; consecuentemente, el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo puede aplicarse válidamente al referido procedimiento sancionador, y la consecuencia será que la autoridad deberá decretar su caducidad, a solicitud de parte interesada o de oficio, dentro de los 30 días contados a partir del vencimiento del plazo para que la Procuraduría Federal del Consumidor emita su resolución (15 días hábiles siguientes a la presentación de los alegatos por el infractor)."(32)

De la ejecutoria que dio origen a la tesis reproducida se colige, en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26736-caf8f1e3/caducidad-prevista-en-el-articulo-60-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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