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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD. LA PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO OPERA RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DIVERSAS LEYES DE LA MATERIA, AUN CUANDO ÉSTAS NO LA PREVEAN.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 110/2005. · Registro digital (IUS): 19070
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FEDERALES CONTRA EL AMBIENTE Y LITIGIO DE LA SUBPROCURADURÍA JURÍDICA DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN REPRESENTACIÓN DEL PROCURADOR FEDERAL DE PROT
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, , Pág. 2098.

REVISIÓN FISCAL 110/2005. DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FEDERALES CONTRA EL AMBIENTE Y LITIGIO DE LA SUBPROCURADURÍA JURÍDICA DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN REPRESENTACIÓN DEL PROCURADOR FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

CONSIDERANDO:

SEXTO. La autoridad recurrente sostiene que se violan en su perjuicio los principios contenidos en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que refiere que las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se fundarán en derecho, lo cual no ocurre en la especie en relación con los artículos 160 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo:

La autoridad recurrente señala que se aplicó de forma indebida la figura jurídica de la caducidad, ya que se encuentra prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, siendo que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ordenamiento que rige sus actos, no prevé la figura en cuestión; por tanto, dicha figura no es aplicable ni siquiera de manera supletoria.

Lo anterior, ya que de acuerdo a los requisitos de la supletoriedad, para poder incorporarla al artículo 168 de la ley antes citada, en dicho ordenamiento debe encontrarse prevista y al no ser así, no puede incorporarse de manera supletoria tal institución.

En este sentido, la recurrente manifiesta que las reglas para que opere la supletoriedad de un ordenamiento a otro, consisten en que la ley que se pretenda suplir lo admita expresamente y se contemple la figura jurídica correspondiente; no obstante, las normas existentes resulten ser insuficientes para su aplicación por carencia total o parcial de reglamentación; y, que la disposición con la que se llene la deficiencia, no contraríe las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida, siendo que ante la falta de alguno de estos requisitos, es imposible que opere la supletoriedad.

Así las cosas, la recurrente refiere que el artículo 168 de la ley ya señalada, no establece la aplicación de la caducidad, para el caso de que la respectiva resolución no sea emitida dentro del término señalado por el mismo, por lo que la suplencia no puede llegar a tal grado de traer una figura no prevista en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que se contraviene el proceso legislativo, pues por alguna razón el legislador no la quiso incluir para los procedimientos en materia ambiental, de ahí que resulte intrascendente que haya existido en la especie algún periodo prolongado de inactividad procesal, situación que por ende, no daba pauta para caducar el procedimiento.

Por otra parte, la recurrente señala que el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en ningún momento se pronunció respecto de lo expuesto en el juicio contencioso, en el sentido de que la caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no es aplicable a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de conformidad con los mismos motivos que ya fueron expuestos en el presente recurso, ni tampoco atendió los criterios jurisprudenciales sostenidos por el Poder Judicial, que se invocaron al contestarse la demanda.

A fin de emitir el pronunciamiento correspondiente, se considera necesario precisar los términos en los que dentro del cuarto considerando de la sentencia recurrida, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada una vez que analizó la figura de la caducidad invocada dentro del primer concepto de impugnación, en los siguientes términos:

· Una vez que el Pleno de la Sala Superior se remitió a los argumentos expuestos por la parte actora en el concepto de impugnación en estudio, así como a lo señalado por las autoridades al contestar la ampliación de la demanda y los alegatos formulados por ambas partes, precisó que si la resolución impugnada es la negativa ficta recaída al recurso de revisión, la cual no satisfizo el interés jurídico de la actora, se entiende que simultáneamente está impugnando la resolución recurrida, de ahí que pueda hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso o inclusive ya planteados en el mismo, pero resueltos incorrectamente por la autoridad administrativa; lo anterior, en términos del artículo 197 y 237 del Código Fiscal de la Federación.

· Precisado lo anterior, se señaló que la litis en el juicio se centra en determinar si en el caso concreto resulta aplicable, ya sea supletoriamente o de manera directa, la figura de la caducidad prevista por el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por haber transcurrido el plazo que tenía la citada autoridad para dictar la resolución originalmente recurrida.

· Para determinar lo anterior, el Pleno de la Sala Superior se remitió a la exposición de motivos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en vigor a partir del diez de junio de mil novecientos noventa y cinco.

· Asimismo, se remitió al contenido de los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

· A partir de los dos primeros preceptos y el último de ellos, señaló que a todas las materias que no sean las relativas a las de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, les es aplicable lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como lo es la materia de la resolución recurrida, consistente en una multa por violaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, emitida por un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, configurándose con ello el supuesto de aplicación que señala el artículo 2o. de la referida Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

· En tal virtud, el Pleno de la Sala Superior concluyó que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debe ser aplicada supletoriamente a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tratándose de infracciones y en el caso de la materia de impacto ambiental, ya que el artículo 2o. de la citada Ley Federal de Procedimiento Administrativo, expresamente establece que esta ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas reguladas por la misma, a excepción de las materias de carácter fiscal, responsabilidad de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, que no es el caso de la materia de equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

· Que lo anterior, se corrobora con el contenido del artículo 160 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues a los actos, procedimientos y resoluciones que realiza y emite la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le son aplicables supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues la materia ecológica y de protección al ambiente no se encuentra excluida expresamente de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyo artículo 1o. en forma limitativa únicamente excluye las materias fiscal, responsabilidad de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales y en relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, éstas últimas a las cuales únicamente será aplicable el título tercero A.

· En estas condiciones, tomando en cuenta los argumentos anteriores, se consideró que siendo aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a los actos, procedimientos y resoluciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, contrario a lo que sostiene la autoridad demandada, resulta también aplicable la figura jurídica de la caducidad del procedimiento que la misma regula en su artículo 60.

· Por ende, el Pleno de la Sala Superior consideró que en efecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o., 2o. y 12 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el procedimiento administrativo regulado en el título tercero de la citada ley, es de aplicación supletoria a los actos, procedimientos y resoluciones, a través de los cuales se desenvuelve la función de la administración pública federal, incluyendo los procedimientos oficiosos sancionadores y de defensa administrativos, así como a las diversas leyes administrativas; por tanto, tal supletoriedad opera respecto del procedimiento administrativo sancionador, iniciado de oficio, previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues en el caso no se surte ninguna de las excepciones establecidas por materia, en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y no existe norma expresa al respecto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

· Por tanto, el Pleno de la Sala Superior concluyó que la regla de la caducidad prevista por el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tratándose de procedimientos sancionadores, iniciados de oficio por la autoridad, es aplicable supletoriamente, cuando la litis en juicio exige decidir si tal figura opera respecto de procedimientos de esta índole, en materia federal de ecología y protección al ambiente, citando como apoyo la jurisprudencia V-J-SS-45 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuyo rubro es: "CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ES APLICABLE A LAS LEYES ADMINISTRATIVAS QUE NO ESTÁN EXCLUIDAS EN ELLA."

· Así, los Magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior de ese Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consideraron que la resolución impugnada en el juicio, es ilegal al haberse dictado dejando de aplicar las disposiciones legales que resultan aplicables, específicamente el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

· Posteriormente, el Pleno de la Sala Superior, señaló que una vez que se quedó determinado que al caso concreto le son aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; por tanto, que resulta aplicable la figura jurídica de la caducidad del procedimiento regulada por el artículo 60 de dicha ley, analizó el contenido de dicho precepto, considerando que en atención al término con que contaba la parte actora para formular alegatos en el procedimiento administrativo, el plazo con el que contaba la autoridad para dictar la resolución definitiva en la que en su caso impusiera alguna sanción, había fenecido el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

· En esas condiciones, resultó obvio que a partir de dicha fecha inició el cómputo de treinta días a que se refiere el último párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que operara la caducidad, de ahí que si la resolución recurrida fue emitida cuando ya había transcurrido dicho plazo, la misma es ilegal pues proviene de un procedimiento que ya había caducado; en consecuencia, el Pleno de la Sala Superior consideró que en la resolución recurrida se actualizó la causal de anulación prevista en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y estimó que también era ilegal la resolución negativa ficta impugnada al confirmar una resolución ilegal, aunado a que en su caso, se trata de una resolución que es fruto de un acto viciado de origen.

Ahora bien, para resolver el agravio de la recurrente, resulta conveniente remitirnos al contenido del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como el 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, vigentes a la fecha en que se dio inicio al procedimiento del cual derivó la resolución confirmada a través de la resolución negativa ficta impugnada a través del juicio contencioso administrativo federal y en los cuales se apoyó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para emitir la resolución recurrida, son del tenor siguiente:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

"Artículo 168. Una vez oído al presunto infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que ofreciere, o en caso de que el interesado no haya hecho uso del derecho que le concede el artículo anterior dentro del plazo mencionado, se procederá a dictar la resolución administrativa que corresponda, dentro de los treinta días hábiles siguientes, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado."

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

"Artículo 60. En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo, la administración pública federal le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la administración pública federal acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en la presente ley. La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la administración pública federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción. Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución."

Ahora bien, conviene de igual forma remitirnos al contenido de los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, también vigentes a la fecha de inicio del procedimiento administrativo tramitado por la hoy recurrente, mismos que prevén lo siguiente:

"Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, financiero, responsabilidades de los servidores públicos, electoral, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica y prácticas desleales de comercio internacional, únicamente les será aplicable el artículo 4 A de esta ley. Para los efectos de esta ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas."

"Artículo 2o. Esta ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas reguladas por la misma. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta ley en lo conducente."

De los artículos antes transcritos, se puede afirmar lo siguiente:

- Las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se aplicarán de forma supletoria a las leyes que regulen los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, con excepción de las que versen sobre materias de carácter fiscal, financiero, responsabilidades de los servidores públicos, electoral, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, y en el caso de materias de competencia económica y prácticas desleales de comercio internacional, únicamente les será aplicable el artículo 4 A de esa ley.

- En los procedimientos iniciados de oficio, se entenderán caducos y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución.

- En el caso del procedimiento regulado por el artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la autoridad procederá, una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, a dictar dentro de los veinte días siguientes, la resolución respectiva.

- A fin de interpretar debidamente el alcance de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se considera conveniente remitirnos a la exposición de motivos de la iniciativa que dio lugar a su expedición, que en la parte que nos interesa se lee lo siguiente:

"En abril de 1992, la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, por conducto de la Subcomisión de Justicia Administrativa, acordó integrar un grupo plural de trabajo formado por representantes de los tres poderes de la Unión, con el propósito de preparar un proyecto de Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El documento inicial, producto del trabajo de dicho grupo plural, fue sometido a una amplia y profunda revisión por parte de las direcciones jurídicas de las dependencias del propio Ejecutivo Federal y de la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, así como en diferentes foros profesionales y académicos, que ha culminado con esta iniciativa que someto a la consideración de esta soberanía. ... Todo Estado democrático que se precie de serlo, tiene la obligación ineludible de dar certeza y seguridad jurídica a sus relaciones con los particulares. ... Las múltiples leyes administrativas que regulan la actividad de los administrados; el aparato burocrático para hacer cumplir tales leyes; la lentitud de muchos de los trámites que hay que agotar ante la administración; ineficiencias; en muchos casos duplicidad de funciones; inseguridad e indefensión jurídica que aún subsisten en algunas instancias de la administración pública, colocan a los administrados en una situación tan difícil que hoy en día resulta impostergable la ordenación de principios que gradualmente se institucionalicen, para contrarrestar los elementos nocivos de la función administrativa. Ciertamente que se ha avanzado, fundamentalmente a partir de la década de los 60, un cuanto a una reforma administrativa integral, pero tal avance ha sido, básicamente, en el ámbito interno de la administración, conforme a los principios de la ciencia de la administración, mas no en el establecimiento de principios legales que rijan toda la actuación de la administración pública. Es menester, en consecuencia, un ordenamiento legal que unifique lo que se encuentra disperso en algunas leyes en lo que se refiere a los principios fundamentales atinentes a definir, principios de competencia, elementos del acto administrativo, que constituye la forma como se expresa la voluntad del Estado en su función administrativa para aplicar y concretar la ley a casos particulares, efectos por la ausencia de uno o más elementos del acto administrativo y principios relativos al procedimiento administrativo. Salvo la fiscal, hoy en día existe una anarquía legislativa en el ámbito administrativo respecto a tales principios, de suerte que cada ley administrativa, con su procedimiento especial, fija sus propios principios, muchas veces contradictorios con otras leyes, dando lugar con ello a una inseguridad jurídica. Es también innegable que por la pluralidad de actividades que puede y debe desarrollar la administración pública, es a veces necesario tener procedimientos especiales. No obstante ello, también es cierto que es necesario contar con un ordenamiento legal que instituya un solo procedimiento que regule la actuación de la administración pública, mediante principios aplicables a todos los órganos que la integran, en un marco de un procedimiento general tipo, para asegurar un mínimo de unidad de principios y lograr así la justicia administrativa. Hablar de justicia administrativa es concretar, en su especie, una rama de la justicia en general. No puede significar más que una clase de justicia que queda individualizada o concretada por su relación con la actividad pública. La presente administración ha continuado y profundizado la reforma administrativa, que se ha concretado en una reestructuración de la propia administración pública; ha intensificado en múltiples áreas de la actividad de la administración un proceso de desregulación en su actuación. Empero, dicha reforma quedaría inacabada, por muchos esfuerzos que se hagan si no va acompañada de un ordenamiento legal que venga a llenar el vacío que impera hoy en día en nuestro sistema jurídico, mediante una Ley Federal de Procedimiento Administrativo que cumpla con los objetivos y metas antes señalados. Fundamento, principios y criterios que orientan la presente iniciativa. b) Denominación de la ley y su ámbito de aplicación. El título de ley fue denominado ‘Ley Federal de Procedimiento Administrativo’ y no ‘Código Federal Administrativo’, porque esta última denominación es más amplia que la primera, y si bien contiene la iniciativa principios rectores de la actuación de la administración pública, no menos lo es que no incluye y comprende toda la parte sustantiva que una ley tendría que regular para merecer tal denominación. Por ello, se optó por la denominación propuesta, sin que ello obste para que en el título segundo de la iniciativa, principalmente, se desarrollen principios rectores del acto administrativo que constituye la forma en que se expresa la voluntad de la administración pública en el ejercicio de su función administrativa. Se hace especial énfasis al procedimiento administrativo que es el conjunto de normas que regulan la serie de actos que realiza la administración pública, para la realización de los fines que las leyes atribuyen competencia. A la luz de la teoría general del proceso, de la cual no está ajena el procedimiento administrativo, como especie de otros procedimientos (legislativo y judicial), constituye el camino, condicionado jurídicamente, a través del cual una manifestación jurídica de un plano superior produce una manifestación del plano inferior. Caminos de producción jurídica los hay tantos como formas perceptivas que sirven como reglas de producción de otras manifestaciones jurídicas. El motivo político legislativo que en todo caso justifica la elaboración de un derecho procesal administrativo es el empeño de proporcionar a los hombres que obtienen su derecho en cada caso particular, a través de las autoridades administrativas, las mismas garantías de juridicidad, o lo que es lo mismo, la aplicación del derecho administrativo, material o sustantivo. La necesidad de observar ciertas formas se considera con razón una garantía al debido proceso legal, esto es, que el contenido se adapte a la forma. Un procedimiento administrativo es una manera adecuada y eficaz de instrumentar, en el ámbito administrativo, el debido proceso legal consagrado en el artículo 14 constitucional. En el párrafo anterior se dijo que esta iniciativa de ley no sólo se concreta a establecer el procedimiento administrativo para la producción del acto administrativo final, sino también, debe contener principios rectores de la actuación administrativa. La falta de una ley uniforme en materia administrativa y la carencia, como se indicó con antelación, de una unidad integral de las diversas leyes administrativas, ha dado lugar a que el Poder Judicial integre principios jurisprudenciales para suplir las deficiencias de algunos de nuestros ordenamientos legales administrativos, a fin de procurar la realización y vigencia de los principios de legalidad y del debido proceso legal. ... f) Principio de oficiosidad. En el título tercero, capítulo I, se establece que el procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a solicitud de parte interesada y, concretamente, se establece que el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites, sin necesidad del impulso de los particulares, para llegar a una decisión final, obligando a la administración pública, por el interés público en juego, a desplegar por sí misma toda la actividad que sea necesaria para dar adecuada satisfacción a ese interés, sin perjuicio de que si el obstáculo de la continuación del procedimiento es ocasionado por causas imputables al interesado, podrá ser declarado caduco el procedimiento."

De lo antes transcrito, se advierte la clara intención del legislador de someter a este ordenamiento, la eficacia y validez de los actos administrativos, a fin de crear un sistema uniforme que dé certeza y seguridad jurídica a las relaciones de la administración pública federal con los particulares.

Asimismo y tomando en cuenta el inciso f) de la exposición de motivos, se advierte que el objetivo del legislador fue el que, dentro de los procedimientos administrativos, los mismos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de parte interesada; en específico, que el procedimiento se impulsará y concluirá de oficio en todos sus trámites, sin necesidad del impulso que le den los particulares, y buscando obligar a la administración pública (sin establecer restricción alguna por el hecho de que en las leyes especiales se prevea o no tal obligación), a desplegar por sí misma, la actividad necesaria para dar adecuada satisfacción a ese interés y que en el caso de no hacerlo, podrá ser declarado caduco el procedimiento.

Es decir, del principio de oficiosidad antes analizado, se advierte que efectivamente, el legislador buscó, con la figura de la caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sancionar la inactividad que las autoridades a las que les es aplicable dicha ley, observen dentro de los procedimientos que tramiten, como en su caso lo es la autoridad emisora de la resolución confirmada a través de la resolución negativa ficta impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En este sentido, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece que sus disposiciones serán aplicables a los actos de la administración pública federal centralizada, a la cual pertenece la autoridad que emitió la resolución impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien en el caso concreto, lo fue el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán.

Lo anterior, ya que dicha procuraduría, de conformidad con lo previsto por el artículo 1o. del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (vigente a la fecha de emisión del procedimiento administrativo tramitado) hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se trata de un órgano administrativo desconcentrado de dicha dependencia, de ahí que resulte innegable que a los actos, procedimientos y resoluciones de la autoridad en comento, le resulte aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo ya analizado, la intención del legislador fue crear un ordenamiento común y de aplicación directa a todo aquello que no estuviera regulado en el cúmulo de leyes administrativas que rigen a la administración pública.

En este sentido, ha sido sostenido por nuestro más Alto Tribunal, que la supletoriedad procede no sólo cuando en la ley de la materia no se reglamenta o se reglamenta de forma insuficiente una institución que se encuentra contemplada en otro ordenamiento, sino también cuando no encontrándose comprendida la institución relativa, su aplicación sea congruente con los principios que rigen el procedimiento del cual deriva la resolución.

Por tanto, la figura de la caducidad prevista en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sí resulta aplicable de forma supletoria al procedimiento tramitado en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; máxime si el primer ordenamiento regula las procedimientos y resoluciones que emite la administración pública centralizada, dentro de la cual se ubica la autoridad emisora de la resolución impugnada, es decir, la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. LXXII/95, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de mil novecientos noventa y cinco, página doscientos setenta y nueve, que es del tenor siguiente:

"AMPARO. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. La aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles que en materia de amparo establece el numeral 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales procede no sólo respecto de instituciones comprendidas en la Ley de Amparo que no tengan reglamentación o que, conteniéndola, sea insuficiente, sino también en relación a instituciones que no estén previstas en ella cuando las mismas sean indispensables al juzgador para solucionar el conflicto que se le plantee y siempre que no esté en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas deban llenar, sino que sea congruente con los principios del pr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19070-356a8ffd/caducidad-la-prevista-en-la-ley-federal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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