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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE LA LEGITIMACIÓN PROCESAL AL DE LA PROCEDIBILIDAD CONSISTENTE EN LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 162/2005. · Registro digital (IUS): 19045
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DELEGADO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE DURANGO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, , Pág. 1356.

REVISIÓN FISCAL 162/2005. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE DURANGO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Previamente al examen de las cuestiones planteadas, cabe decir que resulta innecesaria la transcripción y el análisis de la sentencia recurrida, así como el de los agravios hechos valer en su contra, toda vez que este tribunal advierte que en el caso se presenta una cuestión de estudio preferente, ya que la autoridad recurrente carece de legitimación procesal para interponer el presente recurso de revisión, lo cual es un presupuesto procesal de estudio oficioso.

En principio cabe destacar que el presente recurso de revisión lo interpuso la autoridad demandada, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Durango y, por consiguiente, cabe anotar que el primer párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación prevé lo siguiente:

"Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:"

Del transcrito ordinal, se obtiene que el recurso de revisión previsto en el Código Fiscal Federal para impugnar ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación las resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se instituyó como un mecanismo de defensa excepcional en favor de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad que obtuvieron un fallo adverso, cuya procedencia, desde siempre, se ha condicionado a la satisfacción de ciertos requisitos formales, como lo es el relativo a la legitimación y a otras exigencias, como lo son la cuantía, la importancia y trascendencia del asunto.

En efecto, por cuanto se refiere a la legitimación para hacer valer el citado medio de defensa legal, se advierte que en un principio se otorgó al titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado a que el asunto correspondiera, y no a la propia autoridad que dictó la resolución impugnada en el juicio de nulidad, pues al respecto, el artículo 250 del código tributario federal vigente hasta el catorce de enero de mil novecientos ochenta y ocho, expresamente señalaba que el escrito respectivo debía "ser firmado por el titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado, y en caso de ausencia, por quien legalmente deba sustituirlo".

Posteriormente, con motivo de las reformas constitucionales acaecidas en el año de mil novecientos ochenta y siete, cuyo objeto primordial fue el de establecer las bases para la creación de mecanismos que permitieran una impartición de justicia pronta, completa y expedita, en el ámbito fiscal, se redujeron y regionalizaron las instancias procesales y, en tal virtud, con el objeto de que el recurso de revisión ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación se formule con la formalidad y exhaustividad que requieren los asuntos respectivos y, con el fin de asegurar la adecuada defensa de las autoridades que obtuvieron un fallo adverso del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el legislador ordinario estimó conveniente que fuera la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica la que promoviera el citado medio de defensa legal, por ser ésta la que cuenta con el personal y los elementos necesarios para tal efecto, salvo que la resolución reclamada en el juicio de nulidad haya sido emitida por entidades federativas coordinadas en ingresos federales, pues en estos casos, el recurso de revisión necesariamente deberá promoverse por el secretario de Hacienda y Crédito Público, o por quien deba suplirlo en los casos de ausencia.

Así entonces, del escrito visible de fojas 3 a 18 de este expediente, se advierte que el recurso de revisión fiscal que nos ocupa, fue promovido por el licenciado Paulino Córdova Quiñones, en su carácter de delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Durango, fundamentándose para ello en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación.

Por tanto, al ser el Código Fiscal de la Federación una ley de estricto derecho, los lineamientos ahí señalados deben aplicarse con apego a su letra, de lo que se sigue que al señalarse expresamente en su artículo 248 que las sentencias definitivas de las Salas Regionales del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa "podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica", se obtiene que sólo dicha unidad administrativa puede interponer el recurso de revisión en representación de la autoridad demandada.

Así pues, del ocurso del delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Durango, se advierte que no reúne el requisito de procedibilidad necesario, pues con el carácter con que se ostenta, de acuerdo al multicitado artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, no puede interponer el recurso de revisión que intenta, ya que a quien legitimó el legislador para ello, fue a la referida unidad administrativa encargada de su defensa jurídica; la cual, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de enero de dos mil tres, vigente al día siguiente de dicha publicación, lo es la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio, en atención a lo dispuesto en los siguientes preceptos de dicho ordenamiento legal, que a continuación se transcriben:

"Artículo 119. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente contará con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes:

"...

"XV. Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio;

"...

"XXI. Delegaciones de la procuraduría en las entidades federativas y la delegación en la zona metropolitana del Valle de México ..."

"Artículo 132. La Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio tendrá las siguientes atribuciones:

"...

"III. Representar legalmente al procurador y a las unidades administrativas de la procuraduría, previo acuerdo con el subprocurador jurídico, en los procedimientos judiciales y administrativos en que se requiera su intervención, ejercitando todas las acciones inherentes."

En consecuencia, si de conformidad con los preceptos reglamentarios transcritos, las delegaciones en las entidades federativas, constituyen unidades administrativas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y si precisamente en términos del artículo 132, fracción III, del reglamento citado, será la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio la que tendrá la atribución de representar al procurador y a las unidades administrativas de la procuraduría, previo acuerdo con el subprocurador jurídico, en los procedimientos judiciales y administrativos en que se requiera su intervención.

Luego entonces, es claro que la delegación en Durango de dicho órgano desconcentrado, tiene como unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, precisamente, a la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio, por lo que en tal circunstancia, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Durango, carece de legitimación en términos de lo previsto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, para interponer el recurso de revisión fiscal que nos ocupa, toda vez que, como ya se señaló, el recurso de revisión se instituyó como un mecanismo de defensa excepcional a favor de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad que obtuvieron un fallo adverso, cuya procedencia siempre se ha condicionado a la satisfacción de ciertos requisitos formales.

Advirtiéndose que con motivo de las diversas reformas referidas con anterioridad, el objeto del recurso de revisión ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es que se formule con la formalidad y exhaustividad que requieren los asuntos respectivos, con el fin de asegurar la adecuada defensa de las autoridades que obtuvieron un fallo adverso del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que el legislador estimó conveniente que fuera la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica la que promoviera la citada defensa legal, por ser ésta la que cuenta con el personal y los elementos necesarios para tal efecto, con la única salvedad de que cuando la resolución reclamada en el juicio de nulidad haya sido emitida por entidades federativas coordinadas en ingresos federales, en esos casos el recurso de revisión deberá promoverse por el secretario de Hacienda y Crédito Público.

En ese orden, es dable concluir que, aun cuando en términos de lo previsto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades demandadas en el juicio de nulidad tienen la facultad de impugnar las resoluciones definitivas dictadas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que sean adversas a sus intereses; lo cierto es que por disposición expresa de la ley, dicha facultad la deben ejercer, necesariamente, por conducto del órgano encargado de su defensa jurídica o, en su caso, por conducto del secretario de Hacienda y Crédito Público, o por quien deba suplirlo en los casos de ausencia; dado que en atención al principio de legalidad, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, según se advierte de la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 250 del Tomo XV del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del tenor siguiente:

"AUTORIDADES.-Es un principio general de derecho constitucional, universalmente admitido, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite."

Por lo que en tal circunstancia, se advierte que el ocurso del delegado en Durango de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, no reúne el requisito de procedibilidad necesario, pues en todo caso el recurso que intenta, debió interponerse por la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica en términos del supracitado artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento de la interposición del recurso que nos ocupa.

Las consideraciones que se expresan en los párrafos que anteceden, encuentran apoyo en la ejecutoria de la tesis jurisprudencial número 59/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 37/2001, visible en la página 321 del Tomo XIV, diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto dicen:

"REVISIÓN FISCAL. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).-De la interpretación causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se advierte que el recurso de revisión se estableció como un mecanismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), a favor de las autoridades que obtuvieran un fallo adverso en los juicios de nulidad. Sin embargo, con el objeto de que dicho medio de impugnación se interpusiera con la formalidad y exhaustividad que requerían los asuntos respectivos y con el fin de asegurar la adecuada defensa de las referidas autoridades, el legislador ordinario estimó necesario que fuera la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica la que promoviera el citado medio de impugnación, por ser ésta la que cuenta con el personal capacitado y con los elementos necesarios para tal efecto, salvo que la resolución reclamada en el juicio de nulidad hubiera sido emitida por entidades federativas coordinadas en ingresos federales pues, en estos casos, el recurso de revisión deberá promoverse por el secretario de Hacienda y Crédito Público, o por quien deba suplirlo en caso de ausencia. Por tanto, es inconcuso que las autoridades demandadas en el juicio de nulidad carecen de legitimación procesal para interponerlo, dado que la facultad que les fue conferida para impugnar la legalidad de las resoluciones definitivas emitidas por las Salas del citado tribunal, necesariamente deben ejercerla por conducto del órgano administrativo encargado de su defensa jurídica."

En consecuencia, lo procedente es desechar por improcedente el presente recurso de revisión fiscal que hace valer el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Durango, y dejar firme la resolución recurrida.

No obsta a lo anteriormente considerado, que el inconforme sustente la procedencia del recurso de revisión fiscal, aduciendo que se trata de un asunto importante y trascendente en términos de lo previsto en el artículo 248, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, pues no debe pasarse por inadvertido, que la legitimación del promovente del recurso constituye un requisito de procedibilidad del recurso, cuyo análisis -como ya se dijo- debe ser preferente al de la procedencia, en base a si se surten los requisitos de importancia y trascendencia, ya que esto implica tácitamente un reconocimiento a la legitimidad de interponer tal medio de impugnación, dado que la misma consiste precisamente, en que la acción sea ejercitada por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestiona, y que en el presente asunto se traduce en la facultad de quien promueve el recurso de revisión fiscal, de impugnar las resoluciones dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Así, antes de determinar si el asunto materia de la revisión fiscal, reviste el carácter de importante y trascendente, requisito de procedibilidad precisado en la fracción II del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, es obligatorio analizar en primer término, si quien promueve se encuentra legitimado para interponer dicho medio de defensa, pues a nada conduciría el examinar si el asunto cumple con el requisito de importancia y trascendencia, si quien lo presenta no tiene la facultad para impugnar la legalidad de las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Es aplicable al caso, la tesis aislada VIII.3o.32 A, sustentada por este Tribunal Colegiado, visible en la página 1430 del Tomo XVIII, septiembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"-Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 248, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, siempre que sea una resolución de importancia y trascendencia, cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción I o de cuantía indeterminada, también lo es que previo al estudio de dicho requisito de procedibilidad se debe analizar si el promovente tiene legitimación para interponer dicho medio de defensa, dado que la misma consiste en que la acción sea ejercida por quien legalmente tiene aptitud para ello, pues el estudio de si se surten los requisitos de importancia y trascendencia implica tácitamente un reconocimiento a la legitimidad de quien interpone tal medio de impugnación, por lo que, en consecuencia, antes de determinar si el asunto materia de la revisión fiscal reviste el carácter de importante y trascendente en términos del precepto legal citado, previamente debe analizarse si quien promueve el recurso de revisión se encuentra legitimado para ello."

En similares términos, este Tribunal Colegiado resolvió los diversos recursos de revisión 88/2003, 11/2004, 62/2004 y 63/2004, en sesiones de cinco de junio de dos mil tres, once de marzo, dos y veintitrés de septiembre de dos mil cuatro, respectivamente.

No es óbice a lo anterior el hecho de que por auto de presidencia de catorce de julio del año en curso, este tribunal hubiera admitido el recurso, porque no causa estado y no obliga al Pleno de este órgano de control constitucional.

Es aplicable, por analogía, el criterio que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 479, publicada en la página 318, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"REVISIÓN MAL ADMITIDA. DEBE DESECHARSE.-Si el Presidente de la Suprema Corte viola la jurisprudencia respectiva, al admitir el recurso de revisión interpuesto por quienes no tienen personalidad, como tal resolución no causa ejecutoria ni la Sala correspondiente está obligada a respetarla, cuando es contraria a la ley o a la jurisprudencia, procede desechar dicho recurso."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se desecha el presente recurso de revisión.

SEGUNDO.-Queda firme la sentencia recurrida dictada en el juicio fiscal identificado con el expediente número 5883/03-05-01-3, pronunciada por la Primera Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad de Torreón, Coahuila.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, integrado por los Magistrados Isidro Avelar Gutiérrez, Ezequiel Neri Osorio y Alfonso Soto Martínez en el que fue ponente el tercero de los mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19045-e7895084/revision-fiscal-es-preferente-el-estudio-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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