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REVISIÓN FISCAL. LOS DELEGADOS DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONER ESE RECURSO, INCLUSO, ANTE LA EXISTENCIA DE UN ACUERDO ADMINISTRATIVO DELEGATORIO DE FACULTADES.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 18/2005. · Registro digital (IUS): 18755
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DELEGADO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 1037.

REVISIÓN FISCAL 18/2005. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Por razón de método procede analizar la legitimación del recurrente, toda vez que en caso de carecer de ella, sería innecesario efectuar cualquier consideración ulterior relacionada con la procedencia del recurso o con el fondo del asunto.

De acuerdo con el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, sólo podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, en la sede de la Sala Regional respectiva.

En la especie, el recurrente, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de esta entidad, no se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal, en términos del artículo 248, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, relacionado con los numerales 119, fracción XXI, 138 y 139, fracciones V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XXIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de enero de dos mil tres, que dicen:

"Artículo 248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos."

"Artículo 119. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente contará con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes: ... XXI. Delegaciones de la procuraduría en las entidades federativas y la delegación en la Zona Metropolitana del Valle de México, que tendrá competencia en el Distrito Federal y los Municipios conurbados siguientes: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, La Paz, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad. La delegación de la procuraduría en el Estado de México tendrá representación y competencia en los restantes Municipios del Estado de México."

"Artículo 138. Al frente de cada una de las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente habrá un delegado, quien será auxiliado por los subdelegados, subdirectores, jefes de departamento, inspectores y demás personal necesario para el desempeño de sus atribuciones que autorice el presupuesto respectivo. Los delegados tendrán la representación para desempeñar las actividades derivadas de la competencia de la procuraduría en su respectiva circunscripción territorial, la cual será determinada mediante acuerdo del procurador que se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Corresponde a los delegados, en el ámbito de las atribuciones de la procuraduría, ejercer las facultades establecidas en el artículo 19 de este reglamento."

"Artículo 139. Corresponde a las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ejercer las siguientes atribuciones en el ámbito de su circunscripción territorial, sin perjuicio de su ejercicio directo por parte de las unidades administrativas centrales del propio órgano desconcentrado: I. Elaborar diagnósticos relativos a la problemática local en las materias competencia de la procuraduría; II. Proporcionar a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal que lo soliciten, asesoría y apoyo técnico en las materias competencia de la procuraduría; III. Asesorar y apoyar a personas físicas y morales y grupos sociales a efecto de promover su participación en la ejecución de los programas que desarrolle la procuraduría en el Estado respectivo y en el Distrito Federal; IV. Recibir, atender, investigar y, en su caso, canalizar ante las autoridades competentes, las quejas y denuncias de la ciudadanía y de los representantes de los sectores público, social y privado, en las materias competencia de la procuraduría; V. Solicitar ante las autoridades competentes, la revocación, modificación, suspensión o cancelación de autorizaciones, permisos, licencias o concesiones, cuando las actividades autorizadas se conviertan en un riesgo para el equilibrio ecológico, lo perturben significativamente o contravengan las disposiciones jurídicas aplicables; VI. Actuar como conciliador en los casos de conflicto de intereses entre particulares y entre éstos con las autoridades, en asuntos de la competencia de la procuraduría; VII. Coordinar y realizar, en su caso, por sí misma o a través de terceros, las auditorías o peritajes necesarios para prevenir emergencias y contingencias derivadas de las actividades que constituyan un riesgo al ambiente, así como dar seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas resultantes de la auditoría ambiental; VIII. Programar, ordenar y realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las normas jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental; a la restauración de los recursos naturales, y a la preservación y protección de los bosques, la vida silvestre, los quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, el uso y aprovechamiento de la zona federal, marítimo terrestre, playas marítimas, terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, áreas naturales protegidas, así como el impacto ambiental y el ordenamiento ecológico de competencia federal, y establecer mecanismos, instancias y procedimientos administrativos que procuren el logro de tales fines; IX. Sustanciar y resolver el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia, proveyendo conforme a derecho; X. Determinar las infracciones a la legislación en las materias competencia de la procuraduría; XI. Emitir los acuerdos y resoluciones correspondientes al procedimiento administrativo de inspección y vigilancia, imponiendo las sanciones y medidas técnicas que procedan; XII. Ordenar las medidas de seguridad que procedan, cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o la salud pública, así como las medidas de urgente aplicación, señalando los plazos para su cumplimiento; XIII. Efectuar las inspecciones procedentes para verificar los hechos materia de las denuncias relacionadas con los asuntos competencia de la procuraduría; XIV. Formular, de conformidad con los lineamientos emitidos por la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio, informando previamente a ésta, las denuncias o querellas ante el Ministerio Público por hechos u omisiones delictuosas en los que la procuraduría resulte afectada o aquellos que afecten al medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre, los recursos genéticos, las cuencas, los ecosistemas o la gestión ambiental, así como solicitar la coadyuvancia al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional en el procedimiento penal, y otorgar el perdón previa la autorización a que se refiere la fracción X del artículo 132 de este reglamento, en caso de los delitos perseguibles por querella; XV. Coadyuvar en el procedimiento penal, proporcionando todos los datos o elementos de prueba con que cuente, que conduzcan a acreditar los elementos del cuerpo del delito y a establecer la probable o plena responsabilidad del inculpado, según el caso, y la procedencia y monto de la reparación del daño; XVI. Ejercitar, de conformidad con los lineamientos emitidos por la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio, informando previamente a ésta, las acciones necesarias ante los órganos judiciales correspondientes a efecto de obtener la reparación de los daños o deterioro ambientales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; XVII. Proponer a la subprocuraduría competente, para aprobación del procurador, el destino de los bienes decomisados, conforme a la normatividad aplicable; XVIII. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en el control de la aplicación de la legislación ambiental, en los términos de los acuerdos de coordinación que al efecto se celebren; XIX. Promover ante las autoridades competentes e imponer a las personas físicas o morales, la adopción de medidas preventivas o correctivas que resulten procedentes para preservar el ambiente, con base en los resultados de las inspecciones que se realicen, pudiendo ser impuestas por el titular de la procuraduría, en virtud de la naturaleza y trascendencia del asunto; XX. Suscribir convenios y contratos en materia de prestación de servicios, prestación de servicios profesionales, capacitación y arrendamiento, de conformidad con el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, y aquellos que no impliquen la utilización, erogación o recepción de recursos financieros o materiales, de acuerdo con la legislación aplicable y los lineamientos que al respecto determinen la Subprocuraduría Jurídica y la Dirección General de Administración; XXI. Acordar, cuando sea procedente, la admisión de los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos que emita, así como otorgar o denegar la suspensión del acto recurrido, proveyendo sobre la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos conforme a la ley aplicable, turnándolo, en su caso, a la Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta, para la formulación de la resolución que corresponde emitir al superior jerárquico; XXII. Solicitar, en su caso, ante las autoridades competentes, la revocación o suspensión de autorizaciones, permisos, asignaciones, licencias o concesiones conforme a la legislación aplicable en la materia; XXIII. Suscribir los convenios que den por terminados los procedimientos administrativos que tengan por objeto satisfacer el interés público, siempre y cuando no sean contrarios a las leyes aplicables ni versen sobre materias que no sean susceptibles de transacción, dando aviso de manera inmediata a la Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta; XXIV. Resolver las solicitudes de certificación de la legal procedencia para el traslado de mamíferos y quelonios marinos y de las especies en riesgo, dando aviso a las Direcciones Generales de Inspección de Vida Silvestre y de Inspección de los Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros, según corresponda; XXV. Verificar el cumplimiento de las restricciones no arancelarias en las materias competencia de la secretaría, en los puntos de entrada y salida del territorio nacional, y emitir el registro de verificación para comprobar el cumplimiento de las mismas; XXVI. Administrar la operación de los laboratorios fijos y móviles y el equipo de análisis y de campo de la procuraduría, cuando existan en la entidad federativa de su jurisdicción; XXVII. Sustanciar, dentro del ámbito de su competencia, los procedimientos administrativos derivados de infracciones relacionadas con el cumplimiento de compromisos internacionales de los que México es parte; XXVIII. Recibir, investigar y atender, en forma coordinada con las autoridades competentes, los casos relacionados con las posibles infracciones derivadas de los informes de los observadores a que se refiere el anexo II del Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines. Sustanciar el procedimiento de inspección y vigilancia correspondiente; XXIX. Expedir credenciales de identificación de inspectores, así como del personal adscrito a la delegación; XXX. Registrar, inventariar e implementar los mecanismos de control establecidos por la Dirección General de Administración, respecto de la totalidad de los bienes asegurados o decomisados, y mantener informada a dicha unidad administrativa de la actualización, custodia y, en su caso, destino final de los mismos, y; XXXI. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, así como las encomendadas por el procurador para el cumplimiento de sus fines."

El contenido de los preceptos transcritos evidencia que el recurrente no está facultado, ni es el encargado de la defensa jurídica contra las sentencias y resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por ello no se encuentra legitimado para promover la instancia en que se actúa.

La unidad encargada de la defensa de los intereses de la delegación en el Estado, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lo es la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio, conforme a lo dispuesto por el artículo 132, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

"Artículo 132. La Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio tendrá las siguientes atribuciones: ... III. Representar legalmente al procurador y a las unidades administrativas de la procuraduría, previo acuerdo con el subprocurador jurídico, en los procedimientos judiciales y administrativos en que se requiera su intervención, ejercitando todas las acciones inherentes."

Por ende, correspondía al titular de dicha dirección interponer el recurso de revisión fiscal de que se trata y no a un funcionario distinto.

De ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 139 transcrito, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se obtiene que sea el delegado en la entidad federativa que corresponda, de la procuraduría de que se trata, a quien ataña la defensa ante los órganos jurisdiccionales, por lo que, como se dijo, no está legitimado para interponer el presente recurso de revisión fiscal.

En virtud de lo anterior, si el recurrente no es la autoridad u órgano encargado de la defensa jurídica de la parte demandada, conforme lo requiere el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, es incuestionable que no se encuentra legitimado para ello y, en esa medida, el presente recurso debe desecharse.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 321, Tomo XIV, diciembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto indica:

"REVISIÓN FISCAL. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). De la interpretación causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se advierte que el recurso de revisión se estableció como un mecanismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), a favor de las autoridades que obtuvieran un fallo adverso en los juicios de nulidad. Sin embargo, con el objeto de que dicho medio de impugnación se interpusiera con la formalidad y exhaustividad que requerían los asuntos respectivos y con el fin de asegurar la adecuada defensa de las referidas autoridades, el legislador ordinario estimó necesario que fuera la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica la que promoviera el citado medio de impugnación, por ser ésta la que cuenta con el personal capacitado y con los elementos necesarios para tal efecto, salvo que la resolución reclamada en el juicio de nulidad hubiera sido emitida por entidades federativas coordinadas en ingresos federales pues, en estos casos, el recurso de revisión deberá promoverse por el secretario de Hacienda y Crédito Público, o por quien deba suplirlo en caso de ausencia. Por tanto, es inconcuso que las autoridades demandadas en el juicio de nulidad carecen de legitimación procesal para interponerlo, dado que la facultad que les fue conferida para impugnar la legalidad de las resoluciones definitivas emitidas por las Salas del citado tribunal, necesariamente deben ejercerla por conducto del órgano administrativo encargado de su defensa jurídica."

Así también se aplica la tesis VI.2o.A. J/8, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1384, Tomo XIX, enero de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se comparte y dice:

"RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. EL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO. Del contenido de los artículos 1o., 2o., fracción XXXI, inciso c), 40, 41, 42, 118, 119, fracción XXI, 138, 139, fracciones VIII y IX, todos del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de enero de dos mil tres, se evidencia que el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Puebla no está legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal contra las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuenta habida que aun con la suma de facultades genéricas (no específicas) que le están asignadas por disposición del artículo 19 del citado reglamento, en su respectiva circunscripción territorial, y que son aquellas que se refieren a la vigilancia y evaluación del cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, a la prevención y control de la contaminación ambiental, restauración de recursos naturales, preservación y protección de recursos forestales, vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéricos, así como establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto, asesorar a la población en asuntos de protección y defensa del ambiente, coordinar la atención de contingencias y emergencias ambientales y demás relativas, de ninguna de esas hipótesis se advierte que sea el delegado de la citada procuraduría en la entidad federativa de que se trata a quien atañe la defensa de los intereses de la delegación mencionada ante los órganos jurisdiccionales, pues para ese efecto está facultado el director general de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132, fracción III, del citado reglamento, por lo que a éste corresponde interponer el recurso de revisión fiscal a que se contrae el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, y no a funcionario distinto."

La conclusión obtenida no se desvirtúa por el hecho de que al momento de interponer el recurso de revisión que ahora se resuelve, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Guerrero, señaló que sustentaba su legitimación para accionar la vía, en el acuerdo delegatorio de facultades, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil cuatro; ya que dicho acuerdo de observancia general resulta insuficiente para tener por reconocida la legitimación que ostentó la autoridad al interponer el citado medio de defensa, desde el momento que como acto administrativo no puede prevalecer sobre el legislativo contenido en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, que dispone que las resoluciones de las Salas Regionales, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica.

Para así ponerlo de manifiesto, se estima conveniente invocar, en la parte que interesa, el acuerdo al que hace referencia el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Guerrero, mismo que a la letra prescribe:

"Acuerdo por el que se delega a favor de los delegados en las entidades federativas y en la zona Metropolitana del Valle de México, la facultad del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para representar legalmente a las delegaciones que tienen a su cargo, en los procedimientos jurisdiccionales administrativos y judiciales en que sean parte o se requiera su intervención, ejercitando todas las acciones inherentes al caso.-Artículo Primero: Se delega a favor de los delegados de este órgano desconcentrado en las entidades federativas y en la zona Metropolitana del Valle de México, la facultad del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para representar legalmente a las Delegaciones que tienen a su cargo, en los procedimientos jurisdiccionales administrativos y judiciales en que sean parte o se requiera su intervención, ejercitando todas las acciones inherentes al caso, consistentes de manera enunciativa mas no limitativa en: 1. Contestar las demandas en los juicios contenciosos administrativos cuando se impugnen directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las resoluciones administrativas emitidas por las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en las entidades federativas y en la Zona Metropolitana del Valle de México; interponer todos y cada uno de los recursos que procedan en dicho juicio; formular alegatos; ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas y realizar cualquier otro acto en el juicio contencioso administrativo que resulte necesario para la defensa de los intereses de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en su respectiva circunscripción territorial."

Sin embargo, el acuerdo recién transcrito no puede considerarse un acto materialmente legislativo, sino eminentemente administrativo, cuyo propósito no es otro que lograr el mejor funcionamiento de la institución respectiva, en este caso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para cumplir eficazmente con los fines que le son propios.

Por ello, es incuestionable que no puede regir éste, en lo relativo a la legitimación de los delegados de las Entidades Federativas para representar al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tomando en consideración que existe una disposición que establece, de forma específica, el ente administrativo jurídicamente reconocido para tal efecto, contenida aquélla en un cuerpo de normas jurídicas de observancia general, como lo es el Código Fiscal de la Federación, ordenamiento que constituye un acto formalmente legislativo, lo que implica que es, constitucionalmente la fuente primordial de regulación respecto de las materias que tienen una especial trascendencia en la esfera jurídica de los gobernados, por lo que es oportuno sostener que la aplicabilidad y observancia de un acuerdo, como el invocado por la autoridad accionante de la vía, estarán supeditadas a la no contravención de una ley creada, de conformidad con el procedimiento legislativo previsto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este Tribunal Colegiado, en similar sentido, se ha pronunciado y es así como fueron resueltas las revisiones fiscales números 148/2004, 153/2004 y 164/2004, falladas el dos y nueve de diciembre de dos mil cuatro y veinte de enero del año que transcurre, respectivamente.

En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar el recurso de revisión fiscal que se intenta, sin que obste que mediante auto de doce de enero del año en curso, la Presidencia de este Tribunal Colegiado, haya admitido el asunto de que se trata, por tratarse de un acto procesal que no tiene la propiedad de causar estado.

Sirve de apoyo a lo antes considerado, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número VIII.2o. J/8, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que este similar comparte, publicada en la página 69 del tomo 54 del mes de junio de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice:

"AUTOS DE PRESIDENCIA NO CAUSAN ESTADO EN RELACIÓN CON EL TRIBUNAL COLEGIADO.-De conformidad con los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados se integran con tres Magistrados y sus resoluciones deben tomarse por unanimidad o mayoría de votos. Por ende, los autos de presidencia, de dichos tribunales, respecto a la admisión del asunto, sólo corresponden a un examen preliminar del negocio, pues el estudio definitivo corresponde al órgano colegiado; de ahí que los referidos autos de presidencia no causen estado en relación con el pleno del propio tribunal."

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución General de la República; 248 del Código Fiscal de la Federación; 35 y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Se desecha por improcedente el presente recurso de revisión fiscal interpuesto por el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Guerrero contra la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil cuatro, dictada por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 916/04-14-01-8.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno de este Tercer Tribunal Colegiado; con testimonio autorizado de la presente resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Xóchitl Guido Guzmán, Guillermo Esparza Alfaro y Jorge Carreón Hurtado, siendo ponente la primera de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18755-fb927f20/revision-fiscal-los-delegados-de-la-procuraduria-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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