REVISIÓN FISCAL. EL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL CITADO RECURSO.
REVISIÓN FISCAL 132/2007. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Es innecesario transcribir tanto la sentencia recurrida como los agravios que se vierten en su contra, dado que este Tribunal Colegiado considera que el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Guerrero, carece de legitimación para instar el recurso de revisión afecto al presente asunto, tal como se demostrará a continuación.
En primer término, cabe dejarse sentado que en términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las resoluciones de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pueden ser impugnadas por las autoridades demandadas, pero únicamente a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, siendo pertinente reproducir el contenido normativo del aludido dispositivo legal, que dice:
"Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:
"I. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia.
"En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce.
"II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso.
"III. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a:
"a) Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa.
"b) La determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones.
"c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación.
"d) Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo.
"e) Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias.
"f) Las que afecten el interés fiscal de la Federación.
"IV. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
"V. Sea una resolución dictada en materia de comercio exterior.
"VI. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"VII. Sea una resolución en la cual, se declare el derecho a la indemnización, o se condene al Servicio de Administración Tributaria, en términos del artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
"VIII. Se resuelva sobre la condenación en costas o indemnización previstas en el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"IX. Sea una resolución dictada con motivo de las reclamaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
"En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso podrá ser interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria, y por las citadas entidades federativas en los juicios que intervengan como parte.
"Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes que hubiesen intervenido en el juicio contencioso administrativo, a las que se les deberá emplazar para que, dentro del término de quince días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión a defender sus derechos.
"En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha en la que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.
"Este recurso de revisión deberá tramitarse en los términos previstos en la Ley de Amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión."
En efecto, del numeral reproducido se colige que al señalar expresamente en el primer párrafo que "podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica", sólo dicha unidad administrativa puede interponer el recurso de revisión en representación de las autoridades demandadas, ya que, éstas directamente no pueden interponer el recurso de revisión fiscal de mérito; es decir que, por regla general, los titulares de la autoridad o autoridades demandadas carecen de legitimación procesal para instar el recurso de mérito.
Sobre la aludida legitimación que el dispositivo legal en cita sólo confiere a la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada en la sede contenciosa administrativa federal, cabe decirse que obedece a la idea de que tal entidad legitimada es la que cuenta con el personal y los elementos necesarios para que el citado medio de impugnación se interponga con la formalidad que requieren los asuntos respectivos a fin de asegurar la adecuada defensa de dicha autoridad enjuiciada; en ese orden, no es jurídicamente posible aceptar, en el caso, que las autoridades demandadas en los juicios ante las Salas Regionales, se encuentran legitimadas procesalmente para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que aun cuando el propio numeral en comento les otorga la facultad de impugnar las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas que sean adversas a sus intereses, sin embargo, como ya se dijo, las constriñe a realizarlo por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica.
Estimar lo contrario conllevaría a aceptar que cualquier autoridad que se encuentre facultada por la ley para defender las resoluciones que emita a través de los recursos o medios de defensa legales que resulten procedentes, se encuentra legitimada procesalmente para interponer el recurso de revisión previsto en el citado precepto legal; aseveración que resultaría contraria al verdadero espíritu del legislador, consistente en que dicho medio de impugnación con supuestos de procedencia específicamente restringidos, se emita con la formalidad y exhaustividad que requieren los asuntos respectivos, a fin de asegurar la adecuada defensa de las autoridades que obtuvieron un fallo adverso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues el referido numeral 63 de la ley aludida, expresamente dispone que las resoluciones en cuestión podrán ser impugnadas a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, lo cual evidentemente ante la claridad de dicha norma, no admite interpretación de alguna otra índole.
Teniendo en cuenta las aludidas puntualizaciones en torno a la legitimación del ente, al que le corresponde instar el medio de defensa previsto en el numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se retoma la premisa relativa a que, en la especie, contrario a lo que sustenta el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Guerrero, carece del mencionado presupuesto procesal.
Se afirma lo anterior, pues por un lado, la facultad que le es conferida a la citada autoridad demandada en el juicio de nulidad de origen, para impugnar la legalidad de la resolución definitiva emitida por la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, necesariamente debe ejercerla por conducto de la unidad administrativa que por mandato expreso de la disposición legal exactamente aplicable (artículo 132, fracciones III y V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), es la encargada de su defensa jurídica, con independencia de lo que dispone el precepto 139, fracción XXXIV, del apuntado reglamento en que, dicha demandada, pretende fundar la procedencia del recurso que indebidamente intenta, soslayando la correcta interpretación armónica que debe hacerse de las disposiciones legales aplicables que más adelante se analizan.
A fin de sustentar la premisa que ha quedado expuesta, conviene tener presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 37/2001, entre otras cuestiones, determinó que si bien es cierto que las autoridades demandadas en un juicio de nulidad pueden interponer el recurso de revisión fiscal, también lo es que no han de hacerlo por sí, sino por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, según puede apreciarse de la correspondiente ejecutoria que tiene aplicación al caso, porque el contenido normativo del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es idéntico a la redacción del anterior numeral 248 del Código Fiscal de la Federación que fue objeto de interpretación en la citada ejecutoria, cuya literalidad es la siguiente:
"... De lo antes expuesto, claramente se advierte que hasta el catorce de enero de mil novecientos ochenta y ocho, las resoluciones de las Salas Regionales del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, eran recurribles por ‘las autoridades’ ante la Sala Superior de dicho organismo, cuando el asunto respectivo fuera de importancia y trascendencia a juicio del titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado a que el asunto correspondiera, a través del recurso de revisión, y que el escrito respectivo debía estar firmado, precisamente, por el titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado, según correspondiera y en su ausencia, por quienes estaban facultados para sustituirlo. A su vez, las resoluciones dictadas por la Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, podían ser impugnadas por ‘las autoridades’ a través del recurso de revisión fiscal, el cual debía interponerse mediante escrito dirigido al presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, firmado por el titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado que correspondiera, o por quien legalmente debía sustituirlo, en los casos de ausencia. Sin embargo, acorde con las reformas al artículo 104 de la Constitución General de la República, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, y con el objeto de dar efectividad a ‘los postulados constitucionales de impartición de justicia pronta, completa y oportuna, mediante un sistema sencillo pero respetuoso de las formalidades esenciales del procedimiento’, por decreto publicado en el citado medio informativo el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se fusionaron las instancias procesales antes precisadas en un solo recurso denominado de revisión, a través del cual, las autoridades que dictaron la resolución reclamada en el juicio de nulidad, pueden impugnar, ante el Tribunal Colegiado del Circuito que corresponda, las resoluciones definitivas correspondientes, dictadas por las Salas Regionales o la Sala Superior del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, se estableció que el citado recurso de revisión, por regla general, deberá interponerse por la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, pues de esa manera se evita el obstáculo procesal ‘de que sea el secretario de Estado, jefe del departamento administrativo o director del organismo descentralizado el que interponga el recurso’, y además, se asegura que el ejercicio de dicha facultad ‘tan importante para la defensa de las autoridades’ se realice con ‘la seriedad y profundidad que exijan los casos que así lo ameriten’. Además, se precisó que en los casos en que la resolución reclamada en el juicio de nulidad haya sido emitida por las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso de revisión sólo podrá interponerse por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De lo anterior deriva que el recurso de revisión previsto en el Código Fiscal Federal para impugnar ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, las resoluciones definitivas dictadas por el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se instituyó como un mecanismo de defensa excepcional en favor de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad que obtuvieron un fallo adverso, cuya procedencia, desde siempre, se ha condicionado a la satisfacción de ciertos requisitos formales como lo es el relativo a la legitimación y a determinados requisitos de fondo como lo son, entre otros, la cuantía e importancia y trascendencia del asunto. En efecto, por cuanto se refiere a la legitimación para hacer valer el citado medio de defensa legal, que es el punto de contradicción a dilucidar, se advierte que en un principio ésta se otorgó al titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado a que el asunto correspondiera, y no a la propia autoridad que dictó la resolución impugnada en el juicio de nulidad, pues al respecto el artículo 250 del código tributario federal vigente hasta el catorce de enero de mil novecientos ochenta y ocho, expresamente señalaba que el escrito respectivo debía ‘ser firmado por el titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado, y en caso de ausencia, por quien legalmente deba sustituirlo’. Posteriormente, con motivo de las reformas constitucionales acaecidas en el año de mil novecientos ochenta y siete, cuyo objeto primordial fue el de establecer las bases para la creación de mecanismos que permitieran una impartición de justicia pronta, completa y expedita, en el ámbito fiscal se redujeron y regionalizaron las instancias procesales y, en tal virtud, con el objeto de que el recurso de revisión ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación se formule con la formalidad y exhaustividad que requieren los asuntos respectivos, y con el fin de asegurar la adecuada defensa de las autoridades que obtuvieron un fallo adverso del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el legislador ordinario estimó conveniente que fuera la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica la que promoviera el citado medio de defensa legal, por ser ésta la que cuenta con el personal y los elementos necesarios para tal efecto, salvo que la resolución reclamada en el juicio de nulidad haya sido emitida por entidades federativas coordinadas en ingresos federales, pues en estos casos, el recurso de revisión necesariamente deberá promoverse por el secretario de Hacienda y Crédito Público, o por quien deba suplirlo en los casos de ausencia. En ese orden, es dable concluir que aun cuando en términos de lo previsto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades demandadas en el juicio de nulidad tienen la facultad de impugnar las resoluciones definitivas dictadas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que sean adversas a sus intereses; lo cierto es que por disposición expresa de la ley, dicha facultad la deben ejercer, necesariamente, por conducto del órgano encargado de su defensa jurídica, o en su caso, por conducto del secretario de Hacienda y Crédito Público o por quien deba suplirlo en los casos de ausencia, dado que en atención al principio de legalidad, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite ..."
Se invoca la anterior ejecutoria, ya que las publicaciones de intranet, relativas a las resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, constituyen un hecho notorio como lo sustentó el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la jurisprudencia XXI.3o. J/7, que este similar comparte, consultable en la página 804, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, octubre de 2003, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos Órganos del Poder Judicial de la Federación, constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del País, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones."
Ahora bien, para justificar cómo es que se considera que la unidad encargada de la defensa jurídica que debía promover el presente recurso de revisión, lo es la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio, y no por sí mismo el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Guerrero, es conveniente transcribir lo que al respecto disponen los numerales 1, 2, fracción XXXI, inciso c), 5, fracción I, 40, 41, 42, 118, fracciones XXXVIII, XLVI, 119, fracción XXI, 132, fracciones III y V y 139, fracción XXXIV, todos del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyas últimas reformas aparecen publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil seis, bajo el tenor literal siguiente:
"Artículo 1. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo sucesivo la secretaría, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de los Estados Unidos Mexicanos."
"Artículo 2. Para el estudio, planeación y despacho de sus asuntos, la secretaría contará con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes:
"...
"XXXI. Órganos desconcentrados
"...
"c) Procuraduría Federal de Protección al Ambiente."
"Artículo 5. El secretario tendrá las facultades indelegables siguientes:
I. Establecer, dirigir y controlar las políticas ambientales de la secretaría, incluidos sus órganos desconcentrados y las entidades del sector, de conformidad con la legislación aplicable y con las políticas nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo y demás programas, objetivos y metas que determine el presidente de la República, así como emitir las disposiciones de carácter general, normas, lineamientos y políticas en ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes competan a la dependencia."
"Artículo 40. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de sus asuntos, la secretaría contará con los órganos desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados, con atribuciones específicas para resolver sobre las materias que a cada uno se determine, de conformidad con las disposiciones aplicables. El titular de la secretaría podrá revisar, confirmar, modificar, revocar o nulificar, en su caso, los actos y resoluciones dictadas por los órganos desconcentrados."
"Artículo 41. Los órganos desconcentrados estarán a cargo de un titular, cuya denominación se precisa en cada caso y los que tendrán las facultades genéricas que se señalan en los artículos 19 y 42 de este reglamento, así como las que se le confieran en otras disposiciones legales. Los titulares serán los representantes legales del desconcentrado de que se trate, con facultades para celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos que se requieran para el ejercicio de las atribuciones del órgano respectivo, así como para establecer la debida coordinación con las unidades administrativas de la secretaría y del sector, en la ejecución de sus programas y acciones. Los titulares de los órganos desconcentrados serán nombrados y removidos por el secretario, con excepción del de la Comisión Nacional del Agua, quien se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales."
"Artículo 42. Los titulares de los órganos desconcentrados tendrán las facultades genéricas siguientes:
"I. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del órgano desconcentrado;
"II. Expedir los manuales de organización, procedimientos y servicios del órgano desconcentrado, de conformidad con los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo que al efecto se establezcan en los manuales que expida el secretario;
"III. Formular, en coordinación con la Oficialía Mayor, los anteproyectos de programa-presupuesto del órgano desconcentrado, y una vez aprobado, verificar su correcta y oportuna ejecución;
"IV. Nombrar, previo acuerdo con el secretario, y remover a los titulares de las unidades administrativas del nivel inmediato inferior que se les adscriban, en los términos de la legislación aplicable;
"V. Intervenir en la designación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del personal a su cargo, así como en la contratación del servicio externo que fuese necesario; autorizar dentro del ámbito de su competencia, licencias de conformidad con las necesidades del servicio, y participar directamente en el caso de sanciones, remoción y cese del personal de su responsabilidad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
"VI. Proponer los anteproyectos de normas oficiales mexicanas en las materias de su competencia, así como participar y, en su caso, presidir, cuando sean designados para ello, los comités en donde se analicen y elaboren las que sean responsabilidad de la secretaría, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
"VII. Participar, en el ámbito de su competencia, en las comisiones intrasectoriales que al efecto constituya el secretario, y
"VIII. Las demás que les otorguen las disposiciones jurídicas aplicables. Los subprocuradores, directores generales, subdirectores generales, coordinadores de proyectos especiales, gerentes nacionales, gerentes regionales, gerentes estatales, directores ejecutivos, directores y jefes de unidad del nivel inmediato inferior al titular del respectivo órgano desconcentrado tendrán, respecto a la unidad administrativa a su cargo, las facultades antes señaladas y, en lo conducente, las previstas en el artículo 19 del presente reglamento."
"Artículo 118. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estará a cargo de un procurador y tendrá las facultades siguientes:
"...
"XXXVIII. Designar encargados de despacho en las delegaciones, quienes tendrán las mismas facultades que los delegados y directores generales;
"...
"XLVI. Participar en las reuniones del panel internacional de revisión que opera al amparo del Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines."
"Artículo 119. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente contará con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes:
"...
"XXI. Delegaciones de la procuraduría en las entidades federativas y la delegación en la zona metropolitana del Valle de México, que tendrá competencia en el Distrito Federal y los Municipios conurbados siguientes: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, La Paz, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad. La delegación de la procuraduría en el Estado de México tendrá representación y competencia en los restantes Municipios del Estado de México."
"Artículo 132. La Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio tendrá las siguientes atribuciones:
"...
"III. Representar legalmente al procurador y a las unidades administrativas de la procuraduría, en los procedimientos judiciales y administrativos en que se requiera su intervención y ejercitar todas las acciones inherentes, actuar como delegados autorizados por las autoridades responsables de la procuraduría para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
"...
"V. Suscribir documentos en ausencia del procurador, subprocuradores y directores generales de la procuraduría y desahogar los trámites que correspondan a los casos urgentes relativos a términos, rendición de informes previos y justificados, interposición de recursos y recepción de toda clase de notificaciones."
"Artículo 139. Al frente de cada una de las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente habrá un delegado, quien será auxiliado por los subdelegados, subdirectores, jefes de departamento, inspectores y demás personal necesario para el desempeño de sus atribuciones que autorice el presupuesto respectivo.
"Los delegados tendrán la representación para desempeñar las actividades derivadas de la competencia de la procuraduría en su respectiva circunscripción territorial, la cual será determinada mediante acuerdo del procurador que se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
"Corresponde a los delegados, en el ámbito de la competencia de la procuraduría, ejercer las siguientes atribuciones:
"...
"XXXIV. Representar legalmente a la procuraduría en el ámbito de su circunscripción territorial en los procedimientos jurisdiccionales, administrativos, laborales y judiciales en que sean parte o se requiera su intervención, ejercitando todas las acciones inherentes al caso, consistentes de manera enunciativa más no limitativa en: contestar demandas en los juicios contenciosos administrativos cuando se impugnen directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa las resoluciones administrativas emitidas por la delegación; interponer todos y cada uno de los recursos que procedan en dicho juicio; formular alegatos; ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas y realizar cualquier otro acto en el juicio contencioso administrativo que resulte necesario para la defensa de los intereses de la procuraduría en su respectiva circunscripción territorial."
Teniendo en cuenta la intelección armónica de las disposiciones legales transcritas, se pueden destacar las puntualizaciones siguientes:
a) La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2o., fracción XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, resaltando que el titular de esta última entidad, conserva facultades de dirección en las políticas que debe seguir el referido ente desconcentrado, atento a lo que establece el artículo 5o. de la referida normatividad.
b) Las delegaciones en cada entidad federativa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, constituyen unidades administrativas de la propia procuraduría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, fracción XXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de tal manera que dichas delegaciones están encuadradas en la hipótesis que prevé el numeral 132, fracción III, en cuanto a que su representación legal en los procedimientos judiciales y administrativos corresponde a la Dirección General de Del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20905-976e17e5/revision-fiscal-el-delegado-de-la-procuraduria-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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