CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICACIÓN. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE SU INICIO FUE IMPEDIDO POR EL PARTICULAR VISITADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE DIECINUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, GASPAR PAULÍN CARMONA, DAVID DELGADILLO GUERRERO, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ Y PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA. DISIDENTE: GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES. PONENTE: MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA. SECRETARIA: MARIANA DENISSE LUNA RANGEL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en materia administrativa que integran el Primer Circuito.
Cabe señalar que no se desconoce que el citado artículo 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(1) dispone que la competencia de los Plenos de Circuito se circunscribe a resolver las contradicciones de "tesis de jurisprudencia" sostenidas entre los Tribunales Colegiados del circuito correspondiente; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que el vocablo "tesis" se refiere al criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, sin que para ello deban necesariamente constituir tesis de jurisprudencia, por lo que se estima que este Pleno es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada.
Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia P./J. 27/2001,(2) de rubro siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."
Además, en esos términos, el artículo 2, fracción XIX,(3) del Acuerdo 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, establece qué debe entenderse por tesis.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-A fin de resolver la denuncia de contradicción, es conveniente informar las consideraciones sustanciales que sirvieron de base a los órganos contendientes para asumir su postura:
1. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
"QUINTO. Con el propósito de dar solución a los conceptos de violación planteados por la quejosa, es conveniente informar respecto de los antecedentes relevantes del asunto, así como de las consideraciones en que se sustenta el fallo combatido.-En el juicio contencioso administrativo, **********, demandó la nulidad de la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil trece, dictada en el expediente **********, mediante la cual el director jurídico de la Delegación Federal del Trabajo del Distrito Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, le impuso una multa en cantidad de **********, por infracción a los artículos 132, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal del Trabajo, y 18 y 22 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral.-Dicha sanción se sustentó en que, a juicio de la autoridad, la actora impidió el adecuado desarrollo de la visita de inspección extraordinaria practicada con la finalidad de corroborar el debido cumplimiento a las condiciones generales de trabajo por parte de la empresa actora. ... En otro orden de ideas, en el considerando cuarto de la sentencia reclamada, la Sala analizó el sexto concepto de anulación propuesto por la promovente, en que alegó que la resolución combatida es ilegal, porque en el procedimiento sancionatorio que dio origen a la multa combatida operó la caducidad conforme a lo establecido por los artículos 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 37, último párrafo, del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, y lo declaró infundado.-Para resolver en esos términos, precisó que el procedimiento administrativo del que derivó el acto impugnado se inició oficiosamente; de ahí que el análisis de la actualización de la referida institución jurídica se efectuaría a la luz de las reglas que establecen los artículos 30, 31, 33, 35, 36 y 37 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral.-Definido lo anterior, la Sala explicó que de las constancias del juicio de nulidad se desprende que el once de octubre de dos mil trece la enjuiciada dictó el auto de emplazamiento al procedimiento relativo, concediendo al particular un plazo de quince días hábiles para que expusiera lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas para refutar la irregularidad que fue advertida en la visita de verificación, lo que se hizo del conocimiento del interesado el dieciséis siguiente; posteriormente, que la autoridad emitió el auto de cierre del procedimiento sin comparecencia de la interesada y, finalmente, que el veintinueve de noviembre del propio año la demandada emitió la resolución administrativa impugnada, la que se notificó a la empresa actora el nueve de diciembre de dos mil trece.-Agregó, que el plazo de tres días para que la autoridad emitiera y notificara la determinación respectiva, adicionado con el diverso de treinta días hábiles previsto en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para que se actualice la referida institución jurídica, feneció el veintiséis de diciembre de dos mil trece.-Sobre esa base, la juzgadora concluyó que si la notificación del acto combatido tuvo lugar el nueve de diciembre de dos mil trece, es evidente que su pronunciamiento se efectuó dentro del plazo legal.-En su primer concepto de violación, la promovente afirma que, contrario a lo resuelto por la Sala responsable, operó la caducidad del procedimiento administrativo de inspección del que deriva la resolución impugnada, en términos de lo que prevé el artículo 37, último párrafo, del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, en relación con el diverso 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.-Expone que si el procedimiento sancionatorio inició el quince de abril de dos mil trece, en que se levantó el acta de inspección inicial, y finalizó con la emisión de la resolución de veintinueve de noviembre de ese año, es evidente que transcurrió en exceso el lapso de tres días y el diverso de treinta días para que la enjuiciada dictara la determinación combatida.-Lo reseñado pone en evidencia que el motivo de controversia se constriñe a resolver la forma en que debe computarse el plazo para que se actualice la caducidad tratándose del procedimiento administrativo de inspección laboral iniciado de oficio, y que se encuentra regulado por el artículo 37 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral ya que, mientras la demandante estima que comenzó el quince de abril de dos mil trece, la Sala consideró que ocurrió después de que la demandada concedió a la empresa actora el lapso de quince días hábiles para que expusiera lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas para refutar las irregularidades detectadas, es decir, a partir del ocho de noviembre de dos mil trece.-Con el propósito de dar solución a la problemática reseñada, resulta conveniente tener presente el contenido del artículo 37, último párrafo, del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, que establece: ‘Artículo 37.’ (se transcribe).-De la norma transcrita se desprende que, una vez que el presunto infractor aporte en el procedimiento sancionador los medios de convicción que estime convenientes para desvirtuar la conducta reprochada, la autoridad deberá dictar la resolución correspondiente dentro de los tres días hábiles siguientes.-No obstante, a efecto de realizar el correcto cómputo de la caducidad del procedimiento, resulta conveniente tener presente el criterio que informa la tesis jurisprudencial 2a./J. 73/2011, en que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la luz del procedimiento de inspección, vigilancia y sancionador que prevé la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.-Dicho criterio aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 524, que establece: ‘EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE SUPLETORIAMENTE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SANCIONADOR QUE AQUELLA LEY GENERAL ESTABLECE.’ (se transcribe).-Del criterio transcrito se desprende, en lo que al caso cobra relevancia, lo siguiente: a) Conforme al artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los procedimientos que culminan con el dictado de una resolución en la que se imponga una sanción, al iniciarse de oficio, caducan dentro de los treinta días contados a partir del vencimiento del plazo con que cuenta la autoridad administrativa para emitir resolución.-b) El cómputo para que opere la caducidad no puede contabilizarse antes de ese vencimiento, aun si la dependencia no dicta ni notifica las resoluciones previas, pues las normas que regulan esas diligencias son de las llamadas ‘imperfectas’, es decir, que carecen de sanción en caso de incumplimiento.-De lo anterior se concluye que el plazo para que se actualice la caducidad del procedimiento del que derivó la resolución administrativa impugnada debe computarse a partir de que feneció el plazo originario con que contó la autoridad administrativa para pronunciar dicha determinación.-En la especie, como se adelantó, resulta aplicable el artículo 37, último párrafo, del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, que dispone que, tratándose del procedimiento sancionatorio, una vez desahogadas las pruebas aportadas por el patrón, la autoridad contará con un plazo de tres días para emitir resolución.-Es decir, ese plazo ordinario debe computarse a partir de que el expediente se encuentra en estado de resolución, lo que ocurrió el siete de noviembre de dos mil trece, puesto que un día antes venció el periodo para que la actora compareciera ante la autoridad administrativa y ofreciera los medios de convicción en relación con los hechos asentados en el acta de inspección extraordinaria, y feneció el doce siguiente, descontando el sábado nueve y domingo diez del propio mes, por ser inhábiles.-En consecuencia, el plazo de treinta días comenzó el trece de noviembre de dos mil trece y concluyó el veintiséis de diciembre de ese año, tal como lo expuso la Sala responsable; de ahí que si la resolución definitiva fue dictada el veintinueve de noviembre y notificada a la promovente el nueve de diciembre siguiente, como se corrobora de las constancias que obran en el juicio de origen, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.-Por las razones apuntadas, la quejosa parte de una premisa errónea al afirmar que el cómputo relativo a la caducidad de las facultades de la autoridad para emitir resolución en el procedimiento sancionatorio comenzó el día en que se levantó el acta de verificación extraordinaria, es decir, a partir del quince de abril de dos mil trece.-Así se resuelve toda vez que, como se estableció, ese plazo se contabiliza a partir de que el asunto se encuentra en estado de resolución y no antes; de ahí que resulte infundado el argumento que expone la demandante.-No pasa inadvertido para este órgano judicial, la circunstancia de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido tesis de jurisprudencia en el sentido de que, por regla general, las visitas de verificación deben finalizar con la emisión de una resolución expresa de la autoridad a efecto de definir la situación jurídica del particular y, por consiguiente, el procedimiento relativo es susceptible de caducar en términos del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en caso de que no exista pronunciamiento en un plazo que no podrá exceder de tres meses, salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea uno distinto.-Tales consideraciones quedaron reflejadas en la tesis jurisprudencial 2a./J. 190/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 360, que establece: ‘VISITA DE VERIFICACIÓN. EL PROCEDIMIENTO REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 78 A 80 DE LA LEY DE AEROPUERTOS, REALIZADO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ES SUSCEPTIBLE DE CADUCAR, CONFORME AL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY PROCEDIMENTAL REFERIDA, DE NO CULMINAR CON EL DICTADO DE UNA RESOLUCIÓN.’ (se transcribe).-El criterio reproducido, sin embargo, es inaplicable en la especie, en la medida en que, de las constancias de autos, se advierte que la autoridad administrativa no pudo cumplimentar la orden de inspección extraordinaria en materia de condiciones generales de trabajo, de cinco de abril de dos mil trece, pues en el acta de quince siguiente el verificador hizo constar la negativa de la empresa para poder llevar a cabo la diligencia correspondiente.-De esa forma, no puede exigirse a la autoridad que dicte una resolución en el procedimiento de verificación en tanto que no existe materia para realizar algún pronunciamiento; de ahí que en casos como el analizado no tiene aplicación la institución de la caducidad establecida en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ni la última tesis de jurisprudencia reproducida.-Con base en las consideraciones que anteceden, se declara infundado el concepto de violación analizado toda vez que, contrario a lo sostenido por la quejosa, no operó la caducidad del procedimiento administrativo del que deriva la multa combatida."
Del contenido de las consideraciones que anteceden se advierte que en el juicio contencioso administrativo se impugnó una multa impuesta, por no haber permitido el adecuado desarrollo de la visita de inspección extraordinaria practicada con la finalidad de corroborar el debido cumplimiento a las condiciones generales de trabajo por parte de la empresa, en el que se reconoció la validez de dicha sanción. La Sala del conocimiento estimó, según dice el Tribunal Colegiado, que el plazo de treinta días comenzó el trece de noviembre de dos mil trece, y concluyó el veintiséis de diciembre siguiente, por lo que no caducaron las facultades de la autoridad para emitir la resolución correspondiente.
Por otra parte, se desprende que en contra de tal determinación la accionante promovió juicio de amparo en el que pretendió demostrar, entre otros aspectos, que operó la caducidad del procedimiento sancionatorio, toda vez que el plazo de tres días para emitir la resolución con que contaba la autoridad corrió en exceso al haber iniciado el procedimiento sancionador el quince de abril de dos mil trece, en que se levantó el acta de inspección; y haberse emitido el fallo el veintinueve de noviembre de dicho año. El Tribunal Colegiado determinó que ese cómputo fue correcto.
Al respecto, el Tribunal Colegiado resolvió, primero, con apoyo en la tesis 2a./J. 73/2011, de rubro: "EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE SUPLETORIAMENTE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SANCIONADOR QUE AQUELLA LEY GENERAL ESTABLECE.", determinó que no operaba la caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el procedimiento sancionador pues, en atención al artículo 37 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, dicho plazo transcurrió a partir de que se hubieren desahogado todas las pruebas, lo cual ocurrió el siete de noviembre de dos mil trece, por lo que la autoridad administrativa tenía hasta el doce siguiente para emitir su resolución; por lo que, sostuvo, el plazo previsto para la caducidad operó del trece de noviembre al veintiséis de diciembre de dos mil trece, sin que pudiera actualizarse por haberse dictado el fallo el nueve de diciembre del referido año.
Asimismo, manifestó que no inadvertía el diverso criterio "VISITA DE VERIFICACIÓN. EL PROCEDIMIENTO REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 78 A 80 DE LA LEY DE AEROPUERTOS, REALIZADO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ES SUSCEPTIBLE DE CADUCAR, CONFORME AL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY PROCEDIMENTAL REFERIDA, DE NO CULMINAR CON EL DICTADO DE UNA RESOLUCIÓN.", del que se desprendía que, por regla general, las visitas de verificación deben finalizar con la emisión de una resolución expresa de la autoridad a efecto de definir la situación jurídica del particular; por consiguiente, el procedimiento relativo es susceptible de caducar en términos del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en caso de que no exista pronunciamiento en un plazo que no podrá exceder de tres meses.
Sin embargo, determinó que, en el caso, no era aplicable en la medida en que la autoridad administrativa no pudo cumplimentar la orden de inspección extraordinaria en materia de condiciones generales de trabajo, de cinco de abril de dos mil trece, pues en el acta de quince siguiente el verificador hizo constar la negativa de la empresa para poder llevar a cabo la diligencia correspondiente.
Por tal motivo, sostuvo que no puede exigirse a la autoridad que dicte una resolución en el procedimiento de verificación en tanto que no existe materia para realizar algún pronunciamiento; de ahí que, en casos como el analizado, no tiene aplicación la institución de la caducidad establecida en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ni la última tesis de jurisprudencia reproducida.
2. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
"QUINTO. Los conceptos de violación son fundados, conforme a lo siguiente. ... Conceptos de violación.-La quejosa hace valer, en el tercer concepto de violación, los siguientes argumentos: En el tercer concepto de violación se alegó lo siguiente: * La responsable fue omisa en examinar la caducidad de las facultades de la procuraduría al emitir el oficio impositivo y de los diversos actos que se impugnaron en su momento y, por ende, resulta ilegal la resolución impugnada en el juicio de nulidad. La Sala no consideró ni examinó de oficio los argumentos en los que señaló que el veinte de enero de dos mil once, las autoridades administrativas de la procuraduría levantaron acta de verificación, y que, una vez tramitado el procedimiento, se dictó resolución el tres de febrero de dos mil once en la que se le impuso la multa, por lo que inconforme con lo anterior interpuso recurso de revisión, resuelto el once de mayo de dos mil once y notificado el dieciséis de diciembre siguiente.-* La Sala responsable debió pronunciarse preferentemente sobre el argumento relativo a la caducidad, debiendo considerar el artículo 123 de la LFPC, que prevé el plazo para que la autoridad resuelva procedimientos iniciados y tramitados, así como el artículo 60 LFPA, que regula la caducidad.-* La autoridad cuenta con quince días para emitir la resolución después de ser oído el representante y desahogadas las pruebas, por lo que el plazo de caducidad comienza a partir de la fecha en que transcurrieron los quince días a que se refiere el artículo 123 de la LFPC.-* La Sala responsable pasó por alto lo dispuesto por el artículo 60 de la LFPA, y dejó de aplicar la causal de anulación prevista en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que el procedimiento del cual emana la resolución recurrida y que culminó con la resolución impugnada caducó, por lo que debió archivar de oficio, las actuaciones del expediente relativo al procedimiento sancionador.-* La responsable dejó de tomar en consideración los artículos 197 en relación con el 237 del Código Fiscal de la Federación, ya que debió pronunciarse sobre la ilegalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo su interés jurídico.-* Si bien es cierto la LFPA sólo era aplicable a la administración pública federal centralizada, con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de abril de dos mil, se debe aplicar el artículo 60 a los organismos descentralizados, y al tener la PROFECO esa calidad, es claro que se debe aplicar supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.-Estudio.-Es sustancialmente fundado el tercer concepto de violación antes referido, en el que se exponen argumentos relativos a la caducidad del procedimiento administrativo.-La Sala estimó infundados los conceptos de anulación relacionados con la caducidad del procedimiento, al considerar que se sancionó a la parte actora, porque no se permitió practicar la verificación ordenada, y de ahí que la multa recurrida no resolvió un procedimiento administrativo, sino sancionó el desacato a un mandato de una autoridad competente por no permitirse el ejercicio de sus facultades, de manera que, al no haber iniciado el procedimiento, no era aplicable el artículo 60 de la LFPA.-Este Tribunal Colegiado considera que el proceder de la Sala del conocimiento es incorrecto, porque es inexacto que no pueda operar la caducidad de un procedimiento si la diligencia ordenada no pudo realizarse, dada la oposición del personal que se hallaba en el establecimiento en que debía practicarse la visita, pues éste debe considerarse iniciado mediante la diligencia aludida, aun cuando no haya alcanzado su objetivo; el mandamiento de visita debe cumplirse en tanto eso sea racionalmente posible, por lo cual pesa sobre los servidores públicos encargados de su práctica el deber de atenderlo, y sobre el visitado la carga de permitirlo y de brindar las facilidades para ello.-Para determinar cuándo inicia un procedimiento de verificación en términos de la LFPC y cómo opera su caducidad es conveniente tener en cuenta las disposiciones que lo regulan.-La verificación de mercancías, productos y servicios está sujeta a la LFPC en los siguientes términos: Ley Federal de Protección al Consumidor.-‘Capítulo XII. De la vigilancia y verificación’.-‘Artículo 96.’ (se transcribe).-De la transcripción anterior se desprende que las disposiciones de la LFPA se aplicarán a los actos y procedimientos de la administración pública federal y de los organismos descentralizados de la administración pública paraestatal (artículo 1o., párrafos primero y segundo), y salvo en lo que respecta a la materia de mejora regulatoria, dicha ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas (artículo 2o.).-Igualmente, en el artículo 12 de la LFPA, se prevé que las disposiciones del título tercero ‘Del procedimiento administrativo’, son aplicables a la actuación de los particulares ante la administración pública federal, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa, la cual, en términos del artículo 13, se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, legalidad, publicidad y buena fe, y se precisa que el procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada.-El título II, ‘Del régimen jurídico de los actos administrativos’, capítulo décimo primero, ‘De las visitas de verificación’, del citado ordenamiento jurídico consigna la normativa genérica que corresponde a este procedimiento administrativo, cuyo propósito es la comprobación del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias (artículo 62), y su realización está sujeta a las exigencias y condiciones previstas en los artículos 63 a 69, que prescriben lo siguiente: Ley Federal de Procedimiento Administrativo.-‘Artículo 63.’ (se transcribe).-‘Artículo 64.’ (se transcribe).-‘Artículo 65.’ (se transcribe).-‘Artículo 66.’ (se transcribe).-‘Artículo 67.’ (se transcribe).-‘Artículo 68.’ (se transcribe).-‘Artículo 69.’ (se transcribe).-Ley Federal de Procedimiento Administrativo.-‘Artículo 57.’ (se transcribe).-‘Artículo 58.’ (se transcribe).-‘Artículo 59.’ (se transcribe).-‘Artículo 60.’ (se transcribe).-De las prescripciones legales transcritas se desprende que la orden de visita debe sujetarse a las formalidades previstas tanto para su expedición como para su diligenciación, relativas a la orden escrita que indique claramente su objeto, el lugar a inspeccionar, su alcance, su fundamentación y la suscripción autógrafa de la autoridad competente; la identificación del verificador y la entrega de la copia al responsable o encargado del establecimiento; a las facilidades que éstos deben otorgar para llevar a cabo la verificación, así como a su obligación de permitir el acceso y proporcionar la información pertinente; al levantamiento del acta circunstanciada; a los requisitos que ésta debe colmar; y al derecho de los visitados de formular observaciones en el acto de la diligencia y de ofrecer pruebas en relación a los hechos consignados en ella, ya sea en el mismo acto o dentro de los cinco días siguientes a su levantamiento.-Es de considerarse que el artículo 56 de la LFPA prevé el derecho de los interesados de formular alegatos y con ello concluye el trámite, lo que implica que el asunto queda entonces en estado de resolución, para lo cual, la autoridad, salvo que la ley de la materia disponga otra cosa, cuenta con un plazo de tres meses.-El numeral 60, párrafo tercero, establece que, en tratándose de procedimientos iniciados de oficio, opera la caducidad y se ordenará el archivo si la resolución no se emite en el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del previsto para ese efecto, y esta regla resulta aplicable a las visitas de verificación dado que sólo inician bajo esa modalidad.-Lo expuesto muestra que la LFPA se ocupa de la caducidad en una situación regular que corresponde a un procedimiento de visita de verificación, empero, no se refiere al caso en que por oposición del visitado no se lleve a cabo la diligencia ordenada, lo que hace necesario recurrir a la interpretación extensiva y funcional de ese precepto legal.-La justificación de ello se encuentra en el hecho de que se trata de un procedimiento administrativo, en el cual la autoridad está obligada a darle impulso hasta su conclusión, sin que se le permita mantenerlo inactivo y sin decisión por un lapso mayor a tres meses, de manera que si transcurre ese lapso y en los treinta días siguientes no se resuelve, opera la caducidad, a favor del visitado; por tanto, se estima que existe una situación similar a la regulada y hay razones para dar un tratamiento similar, en el cual también la caducidad es operante.-La caducidad del procedimiento de verificación se prevé y regula en el artículo 60 de la LFPA, que alude a un supuesto específico, consistente en la omisión en el dictado de la resolución conclusiva en el plazo de un mes posterior al en que debió emitirse, pero no se regulan otros supuestos.-Debe tenerse presente que el procedimiento, es un conjunto de actuaciones conducentes para alcanzar un objetivo determinado y regularmente inicia con diligencia de verificación, pero esa no es la única forma en que inicia, en tanto que si por la oposición del visitado o de personal de éste, que atiende el establecimiento no puede llevarse a cabo, debe levantarse constancia de ello para que se provea lo conducente, que puede ser el recurrir a las medidas de apremio, con lo cual también debe considerarse iniciado el conjunto de actos cuyo objetivo es comprobar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la orden relativa. Estimar lo contrario permitiría que la autoridad pudiera abstenerse de dar seguimiento a la orden emitida y que no corrieran los plazos de las actuaciones debidas.-Conforme al citado artículo 49 de la LFPA, y en congruencia con los principios de economía y celeridad que rigen en los procedimientos administrativos, pesa sobre las autoridades el deber de impulsarlos, de realizar los actos necesarios para estar en condiciones de pronunciar la resolución respectiva. Por tanto, cuando se emita una
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25916-6dab128e/caducidad-en-el-procedimiento-administrativo-de-verificacion-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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