CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN INICIADO A PETICIÓN DE PARTE, REGULADO POR LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ABROGADA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 241/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE ENERO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por tratarse de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Primer Circuito comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 2961/2000 y 2101/2000; y los amparos directos 178/2023, 179/2023, 199/2023 y 257/2023, en sesiones de uno de febrero y treinta de abril de dos mil uno, once de mayo de dos mil veintitrés –por lo que ve a los expedientes 178/2023 y 179/2023–, veinticinco de mayo y veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, por su orden, los primeros cinco por unanimidad de votos y, el último, por mayoría de votos.
4. Criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo 472/2022 en sesión de diez de marzo de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, con voto concurrente de uno de los magistrados.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(4)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los amparos directos 178/2023, 179/2023, 199/2023 y 257/2023 y el emitido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar el amparo directo 472/2022.
7. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 178/2023 analizó, en una parte de la ejecutoria, un asunto con las siguientes características:
Ver características
8. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 179/2023, analizó, en una parte de la ejecutoria, un asunto con las siguientes características:
Ver análisis
9. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 199/2023, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver síntesis
10. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 257/2023, analizó, en una parte de la ejecutoria, un asunto con las siguientes características:
Ver asunto
11. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 472/2023, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver amparo
12. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:
Ver información
13. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se satisface porque los tribunales decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre si en el procedimiento de declaración administrativa de infracción que prevé la Ley de Propiedad Industrial iniciado a petición de parte es aplicable la regla de caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
14. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, porque analizaron la cuestión planteada a partir de la interpretación de diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
15. Sin embargo, entre ellos existe un diferendo pues uno, consideró que no procede la caducidad, al no satisfacerse los requisitos para que opere la supletoriedad de esa figura jurídica, en virtud de que no fue intención del legislador establecerla, por lo que aplicarla equivaldría a la creación de una consecuencia jurídica no prevista en el ordenamiento legal a suplir, mientras que el otro, estimó que opera la caducidad en este tipo de procedimientos por aplicación supletoria del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y si bien no analizó los requisitos de actualización de esa figura, lo cierto es que implícitamente los estimó satisfechos al considerar que el procedimiento respectivo caducó.
16. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: ¿El procedimiento de declaración administrativa de infracción iniciado a petición de parte previsto en la Ley de la Propiedad Industrial abrogada es susceptible de caducar en aplicación supletoria del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo? (6)
17. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los amparos directos 178/2023, 179/2023, 199/2023 y 257/2023, y el emitido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar el amparo directo 472/2023.
18. No es óbice a la existencia de esta contradicción que la Ley de la Propiedad Industrial invocada por los tribunales colegiados a la fecha haya sido abrogada,(7) porque es posible que pese a tal circunstancia, aun estén pendientes de resolución asuntos en los que la litis planteada sea idéntica o similar a la dilucidada en los casos que aquí contienden y para cuya resolución sea necesario acudir a esa ley por ser la vigente en el momento en que se cometieron las conductas por las que se originaron los procedimientos de declaración administrativa, de ahí que se imponga resolver la contradicción y establecer el criterio que debe prevalecer.
19. Apoya esta consideración la tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2003(8) de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción."
20. No sobra señalar que de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que se trae a la vista como hecho notorio,(9) no se advierte que en contra de los fallos dictados en los juicios de amparo directo mencionados en este apartado, se haya interpuesto medio de defensa alguno, por lo que se encuentran firmes
V. Inexistencia de la contradicción
21. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 2961/2000, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver resolución
22. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 2101/2000, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver criterio
23. Los criterios en cita no reúnen todos los requisitos para tener por existente una contradicción, como a continuación se explica.
24. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se cumple porque el tribunal colegiado decidió, a partir de una exposición argumentativa, sobre si en los procedimientos de declaración administrativa que prevé la Ley de Propiedad Industrial iniciados a petición de parte es aplicable la regla de caducidad prevista en el artículo 373, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles.
25. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Si bien existe un punto de toque con el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los fallos dictados en los juicios de amparo directo 178/2023, 179/2023, 199/2023 y 257/2023 que también se ocupó de la caducidad prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cierto es que no existe un diferendo entre los fallos porque todos se orientan en el mismo sentido. Tampoco hay un diferendo con el criterio sostenido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, porque no se ocupó del tema.
26. En efecto, como se advierte de las ejecutorias reseñadas y de la tesis aislada que derivó de ellas, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 2961/2000 y 2101/2000, estableció que la caducidad prevista en el numeral 373, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles no era aplicable a los procedimientos del título sexto de la Ley de la Propiedad Industrial.
27. Por su parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, como se anticipó, no se pronunció sobre ese tema, sino que se ocupó de la caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
28. En ese sentido, no obstante que ambos órganos colegiados se pronunciaron respecto de la aplicación supletoria de la figura de la caducidad, lo cierto es que lo hicieron con fundamento en distintos ordenamientos legales, uno en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, otro en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
29. Al no existir punto de toque entre ambas ejecutorias, tampoco puede producirse un disenso que sea la materia de la contradicción.
30. Por tanto, no se satisface el segundo requisito para tener por existente la contradicción de criterios, pues no existe un punto de toque y disenso entre los tribunales colegiados en mención.
31. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Tampoco se colma este requisito pues, al no advertir un punto de toque sobre el tema materia de esta contradicción, en el que exista un diferendo de criterios interpretativos, menos puede surgir una interrogante dado que no hay necesidad de unificar criterios.
32. Así, se concluye que la contradicción de criterios respecto de los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Primero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver, el primero, los amparos en revisión 2961/2000 y 2101/2000 y, el segundo, el juicio de amparo directo 472/2022, es inexistente.
33. Sirve de apoyo a esta conclusión, en su contenido sustancial, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 163/2011(11) que a continuación se cita:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO. Para que exista contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, es necesario que: 1) Los Tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; y, 2) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto en común, es decir, que exista al menos un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, como el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general. En ese tenor, si la disparidad de criterios proviene de temas, elementos jurídicos y razonamientos diferentes, que no convergen en el mismo punto de derecho, la contradicción de tesis debe declararse inexistente."
34. Finalmente, no sobra señalar que no existe punto de toque entre los criterios sostenidos por los tribunales respecto de los demás temas examinados, a saber, los relativos a los requisitos que debe contener la visita domiciliaria, su notificación, firma autógrafa así como congruencia, pues, como se advierte de la relatoría de sus consideraciones, no hay coincidencia en los temas abordados en las respectivas ejecutorias.
VI. Estudio
35. Los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Carta Magna,(12) consignan el principio de seguridad jurídica y el derecho al debido proceso.
36. En el amparo en revisión 346/2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, sobre el principio en comento, que se traduce en que el gobernado conozca de antemano los elementos mínimos de su derecho, de tal manera que no quede en incertidumbre jurídica:
"82. Atendiendo a lo establecido en los preceptos constitucionales referidos, es dable señalar que la seguridad jurídica, brinda a los gobernados la certeza de no encontrarse jamás en una incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión.
"83. Esto es así, pues la seguridad jurídica se sustenta en la premisa de dar certeza a los gobernados, acerca de saber a qué atenerse respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad.
"84. Se afirma lo anterior, porque en atención a ese principio, las autoridades están constreñidas a sujetar su actuar a lo establecido en las leyes, fundando y motivando sus determinaciones, a efecto de que los gobernados tengan certeza acerca de la legalidad de esa actuación.
"85. En efecto, en función de ese derecho, las autoridades están obligadas a sujetar su actuar a los requisitos y condiciones que para cada acto de autoridad establezca la ley aplicable al caso, y para que los gobernados tengan certeza respecto a lo que deben esperar en el actuar de dichas autoridades.
"86. Este derecho ya ha sido abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha señalado que el principio de seguridad jurídica busca, entre otras cosas, la estabilidad en las situaciones jurídicas, y es parte fundamental de la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad democrática, misma que es uno de los pilares esenciales sobre los cuales descansa un Estado de Derecho, siempre que se funde en una real y efectiva certeza de los derechos y libertades fundamentales (8 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de febrero de 2018. Párrafo 122)
"87. Por su parte, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha fijado los alcances de la garantía de seguridad jurídica, al señalar que debe permitir que el gobernado conozca los elementos mínimos para hacer valer su derecho y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.
"88. Lo anterior, se ve reflejado en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 144/2006, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de 2006, página 351, del tenor siguiente:
"‘GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.’"
37. Tanto en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos citado por el Máximo Tribunal en esta ejecutoria, como en otros del propio tribunal regional,(13) en interpretación del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(14) se ha dejado sentado que la seguridad jurídica implica que el Estado establezca los elementos indispensables para la definición y defensa de los derechos de las personas, grupos y comunidades, de tal manera que éstos conozcan en todo momento su situación frente a la ley. 38. Así, la seguridad jurídica alude a la necesidad de que las personas tengan certeza sobre su situación jurídica en cualquier circunstancia y sobre las posibilidades con que cuentan para salvaguardar sus derechos.
39. Por otra parte, el Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.)(15) al referirse al contenido del derecho al debido proceso, determinó que además del núcleo duro consistente en el cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente –(i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad–; también se encuentran aquéllas garantías mínimas que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto, dicho criterio es de contenido siguiente:
"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un ‘núcleo duro’, que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al ‘núcleo duro’, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la ‘garantía de audiencia’, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: ‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza."
40. En el marco del principio y derecho citados, cabe analizar la figura de la caducidad de los procedimientos.
41. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la caducidad se define como la extinción de una facultad o de una acción por el mero transcurso de un plazo configurado por la ley como carga para el ejercicio de aquellas(16) y de acuerdo con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, como la inactividad procesal imputable a las partes que conlleva la terminación del procedimiento.(17)
42. La figura jurídica en análisis encuentra regulación en distintas ramas del derecho; entre ellas, la prevista en los códigos procesales civiles y administrativos federales y locales.(18)
43. Sobre la naturaleza jurídica de esta institución, la doctrina procesalista se ha inclinado por considerarla, unas veces, como un caso de desistimiento tácito de la acción y otras, como una sanción a la falta de interés en la continuación de la causa:
"La caducidad o perención de la instancia es una forma anormal de terminación del proceso que sobreviene por la falta de actividad procesal de las partes dentro del procedimiento, en un lapso de tiempo determinado legalmente.
"No existe acuerdo doctrinal respecto a si la caducidad de la instancia es un desistimiento tácito de la acción; si es formalmente una sanción a la inactividad procesal de las partes o si es una presunción legal de falta de interés en la continuación de la causa. La diferencia entre la segunda y la tercera acepciones no es solo terminológica, sino que implica cuestiones diversas: si se afirma que se trata de una sanción legal, bastaría, en principio, con la declaración del órgano jurisdiccional que decrete la extinción de la instancia, o bien que opere de pleno derecho, sin la necesidad de notificar o citar a las partes antes de decretarla; asimismo, si se le otorga una naturaleza sancionatoria, su aplicación e interpretación necesariamente deberán ser restrictivas y mesuradas. En el segundo caso se trataría de una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario y por lo tanto podría ser desvirtuada por las partes, y respecto a la cual tendría que materializarse la garantía de audiencia.
"También es necesario determinar si la inactividad de las partes, que conllevaría a la caducidad de la instancia, se refiere a un simple no-hacer, es decir, no efectuar ningún acto procesal dentro del procedimiento en cuestión, o bien a que no obstante que las partes actúen o promuevan dentro del proceso, ninguna de dichas actuaciones sea propiamente de impulso procesal, es decir, que insten al órgano jurisdiccional para arribar a una sentencia que dé por terminada la instancia, como pueden ser, por ejemplo, el señalamiento de nuevo domicilio para oír o recibir notificaciones, el nombramiento de un nuevo representante legal o abogado, entre otras. Al respecto, si bien los sistemas jurídicos latinoamericanos, de manera expresa o mediante jurisprudencia, se decantan por que dicha actividad procesal sea de impulso o activación del proceso, Mariano Azuela Güitrón, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, señala que si la ley no contempla esa exigencia, cualquier promoción o acto procesal interrumpiría el término de la caducidad."(19)
44. Por su parte, el Alto Tribunal, en la tesis 1a. LXI/2014 (10a.)(20) de rubro siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. EL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2008, QUE PREVEÍA QUE EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE AQUELLA FIGURA INICIA DESPUÉS DE EMPLAZAR A LA DEMANDADA, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA.", ha caracterizado a la caducidad del proceso como una institución de interés público, acogida por nuestro derecho con el propósito de dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos; como una forma extraordinaria de terminación del proceso por la inactividad procesal de una o ambas partes, que deriva en una sanción por el abandono de la instancia, para evitar que un juicio esté pendiente indefinidamente, y cuya consecuencia principal es la extinción de la instancia, no de la acción.
45. Y ha señalado la relación existente entre la figura de la caducidad y la seguridad jurídica, como se desprende de la ejecutoria de la cual derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 104/2009(21) de rubro siguiente: "CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS TENDENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. PARA QUE OPERE DEBE ACTUALIZARSE LA INACTIVIDAD PROCESAL Y LA FALTA DE PROMOCIÓN DE PARTE INTERESAD.", en la cual estableció que la seguridad jurídica exige que el abandono en un determinado plazo de las acciones ejercitadas para la tutela de un derecho provoque la caducidad procedimental, según se observa de su contenido:
"En este sentido, debe decirse que la caducidad es la sanción impuesta por la ley al promovente por el abandono del proceso durante determinado tiempo, es decir, se impone dicha figura ante la falta de interés en hacer uso de ese derecho. Ello es así, pues la caducidad es una institución jurídica de orden público, acogida por nuestro derecho en beneficio del principio de seguridad jurídica, con el propósito de dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos.
"El principio de seguridad jurídica lleva inherente en sí mismo una nota de estabilidad, de permanencia, originada en la imprescindible necesidad de orden y certeza que las relaciones jurídicas demandan, y que el Derecho debe proporcionarle, lo que trae como beneficio que los gobernados tengan certeza respecto de la aplicación de las normas y de los actos celebrados a virtud de éstas; así, la existencia de esta
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32177-68fb69d4/caducidad-prevista-en-el-articulo-60-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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