INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LA PRESENTACIÓN DE LOS DESACUERDOS FORMULADOS POR LOS CONCESIONARIOS QUE PREVIAMENTE TENGAN INTERCONECTADAS SUS REDES DEBE HACERSE, POR REGLA GENERAL, DENTRO DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 28 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ, PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ, JEAN CLAUDE TRON PETIT Y ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON. AUSENTE: HOMERO FERNANDO REED ORNELAS. PONENTE: PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ. SECRETARIO: CARLOS LUIS GUILLÉN NÚÑEZ.
Ciudad de México, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, correspondiente a la sesión de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis número 3/2017; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante oficio presentado el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, ante el secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, la Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver, el primero, el amparo en revisión RA. 165/2016 y, el segundo, el diverso amparo en revisión RA. 142/2016.
La denuncia se sustenta en lo siguiente:
"El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia y especialización, al resolver el recurso de revisión registrado con el toca RA. 142/2016, determinó que es factible que las solicitudes de intervención del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para resolver desacuerdos de condiciones y tarifas de interconexión, se puedan presentar extemporáneamente, en cuyo caso, la consecuencia por haber presentado la solicitud de manera posterior a la fecha indicada en la ley, sería la imposición de una sanción en términos del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
"Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia y especialización, en el toca RA. 165/2016, resolvió que en caso de que las solicitudes de mérito se presenten extemporáneamente, procede su desechamiento, lo que conllevaría a que las condiciones y tarifas de interconexión que rigieran a los concesionarios previamente a la presentación de la solicitud de desacuerdo, seguirían vigentes.
"Esto es, los Tribunales Colegiados sostuvieron criterios discrepantes entre sí, en relación con el tema de la presentación extemporánea de solicitudes de intervención del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para resolver desacuerdos de condiciones y tarifas de interconexión, por lo que se denuncia la posible contradicción de criterios."
SEGUNDO.-Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, el presidente de este Pleno registró el asunto con el número de expediente CT. 3/2017 y la admitió a trámite; asimismo, solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes copia certificada de las resoluciones respectivas y que informaran si los criterios contenidos en sus fallos se encontraban vigentes o, en su defecto, la causa que habían tenido para superarlos o abandonarlos.
TERCERO.-Por oficios números 431/2017 del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y 2338/2017 del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, presentados el veintiuno y veintidós de junio de dos mil diecisiete, respectivamente, sus presidentes remitieron las copias certificadas de las ejecutorias de amparo en las que se dictaron los criterios en contienda, e informaron que continúan vigentes.
CUARTO.-Mediante acuerdo de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos los oficios mencionados en el párrafo anterior, se turnó el asunto al Magistrado Patricio González-Loyola Pérez, titular de la ponencia C del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones tiene competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto décimo tercero del Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 6 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.
SEGUNDO.-Legitimación. La parte denunciante de la contradicción de tesis tiene legitimación al efecto, conforme a los artículos 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que se trata de la Jueza de Distrito a la que le tocó dictar las sentencias de las que derivan los amparos en revisión en los cuales se plasmaron los criterios contendientes, a saber:
a) El recurso de revisión RA. 142/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones (derivado del juicio de amparo 15/2016 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones); y,
b) El recurso de revisión RA. 165/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, derivado del juicio de amparo 99/2016 del índice del Juzgado de Distrito mencionado.
TERCERO.-Requisitos de procedencia. Como cuestión previa se procede a determinar si se cumplen o no los requisitos para considerar existente la contradicción de tesis.
Al respecto, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)
De acuerdo con el criterio invocado, para tener por configurada la contradicción de tesis es innecesario que los elementos fácticos analizados por los órganos contendientes sean idénticos, pues lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por aquéllos en un tema similar sea discordante esencialmente.
Tal regla no es absoluta, pues cabe la posibilidad de que previsiblemente cuando la cuestión fáctica analizada sea relevante e incida en el criterio al cual arribaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, sin ser rigorista, válidamente se declare la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada.
Con el objeto de determinar si en el presente asunto existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el criterio que habrá de prevalecer como jurisprudencia, es necesario referir los antecedentes de los asuntos que dieron lugar a las ejecutorias en probable conflicto e identificar las consideraciones formuladas por los Tribunales Colegiados de Circuito discrepantes.
I. Decisión del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República.
A. Al resolver el veintisiete de febrero de dos mil catorce, el recurso de revisión RA. 142/2016, tomó en cuenta lo siguiente:
• En primera instancia, la litis constitucional tuvo por objeto el estudio del acto consistente en el Acuerdo P/IFT/161215/597 que contiene la "Resolución mediante la cual del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina las condiciones de interconexión no convenidas entre las empresas Axtel, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable y Avantel, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con las empresas Pegaso PCS, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas, Sociedad Anónima de Capital Variable, aplicables del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis" aprobada el dieciséis de diciembre de dos mil quince.
• En el fallo recurrido, la Jueza de Distrito negó el amparo contra las impugnaciones en las que la parte quejosa señaló que tanto la presentación de la solicitud de resolución de desacuerdo de interconexión formulada por la empresa concesionaria interesada, así como la resolución de desacuerdo fue planteada y resuelta de manera extemporánea por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante IFT).
• Inconformes con esa determinación, la parte quejosa y recurrente interpuso recurso de revisión.
El Tribunal Colegiado especializado en comento confirmó el fallo recurrido con base en las consideraciones siguientes:
"Tema: Extemporaneidad en la presentación de la solicitud de resolución de desacuerdo de interconexión.
"Sobre el particular, la Juez estimó lo siguiente:
"-La circunstancia de que las solicitudes de intervención del regulador se hayan presentado hasta el veinticinco de septiembre de dos mil quince, es decir, en fecha posterior a la que prevé el penúltimo párrafo del artículo 129 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de ninguna manera se traduce en la ilegalidad del acto administrativo, en virtud de que el plazo legal sobre el cual se centra el planteamiento de la parte justiciable, no es un requisito o presupuesto para que los prestadores de servicios estén en posibilidad de acudir ante el instituto a efecto de que ejerza la facultad que posee para resolver las condiciones de interconexión que no logran pactar con otros operadores.
"-El precepto jurídico de mérito señala con precisión que tratándose de redes que ya se encuentren interconectadas, pero que con motivo de la terminación de la vigencia de sus convenios, las partes no hayan podido acordar sobre las nuevas condiciones de interconexión, y una vez efectuada la primera fase de negociación, los concesionarios deberán presentar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones su solicitud de resolución sobre el desacuerdo de interconexión antes del quince de julio de cada año, a efecto de que el instituto lo resuelva antes del treinta y uno de diciembre siguiente, para que las condiciones o términos determinados sean aplicables a partir del uno de enero del año próximo.
"-El contenido de la disposición normativa habla claramente de dos supuestos jurídicos diferentes, uno que contempla la procedencia del procedimiento para la resolución de desacuerdos de interconexión ‘en general’ (párrafos primero y segundo, fracción I); y otro que regula los casos específicos en los que los concesionarios han interconectado sus redes y con motivo de la terminación de la vigencia de sus convenios pueden negociar nuevas condiciones (penúltimo párrafo).
"-El primer supuesto, como se adelantó, es inherente a la procedencia del procedimiento de resolución de desacuerdo de interconexión, pues su objeto es imponer una serie de requisitos que deberán ser observados antes de que se acuda a solicitar la intervención del regulador, sin los cuales, no será posible incoar la facultad regulatoria del instituto; siendo preciso destacar que sus alcances trascienden tanto en operadores que no tienen interconectadas sus redes como en aquellos que sí las tienen y que con anterioridad han celebrado convenios para la prestación de aquel servicio de telecomunicaciones.
"-Conforme a la hipótesis en cuestión, la exigencia hacia los concesionarios para que puedan invocar la actividad estatal a efecto de que se resuelvan las condiciones de interconexión no pactadas, es que cumplan con tres requisitos esenciales: 1) la presentación de una solicitud para iniciar el proceso de negociación para la suscripción de un convenio de interconexión; 2) el transcurso del plazo de sesenta días una vez iniciadas las negociaciones, sin haber sido posible la suscripción del respectivo acuerdo de voluntades; y, 3) la presentación de la solicitud de solución de las condiciones no pactadas dentro del término de cuarenta y cinco días, contados a partir del día hábil siguiente al en que hubiere concluido el multicitado plazo de sesenta días.
"-El segundo supuesto sólo opera en relación con ciertos concesionarios que reúnen condiciones específicas, a saber, que tengan interconectadas sus redes y que los convenios de interconexión que celebraron con motivo de esa situación hayan perdido su vigencia y, por ende, estén en aptitud de negociar nuevas condiciones. Así pues, en virtud de esta hipótesis normativa, los concesionarios quedan obligados a presentar la solicitud de resolución sobre el desacuerdo de interconexión a más tardar el quince de julio de cada año, a fin de que el instituto lo resuelva antes del quince de diciembre siguiente para que las nuevas condiciones de interconexión inicien su vigencia el uno de enero del año posterior.
"-Esta obligación que tiene la finalidad, no de condicionar la procedencia del procedimiento de interconexión a la satisfacción de ciertos requisitos o presupuestos, sino más bien de evitar dilaciones en la determinación de las condiciones, términos o parámetros que han de observarse al prestarse los servicios de interconexión y, con ello, sea posible que su aplicación se haga hacia el futuro, tal como se advierte del dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicación y Transporte, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
"-De la exposición de motivos que originó la disposición en consulta, el legislador contempló que el establecimiento de una fecha específica para que los concesionarios de redes presenten la solicitud de resolución del desacuerdo de interconexión, permite que exista un tiempo suficiente para que se desahogue el procedimiento correlativo y el organismo autónomo pueda resolverlo a más tardar el quince de diciembre para que las nuevas condiciones de interconexión inicien su vigencia el uno de enero del año siguiente, propiciando al efecto ciertos beneficios tales como que los concesionarios inicien las negociaciones previamente al vencimiento de sus convenios, que se reduzca la dilación que padecía el sector para la resolución de los asuntos y se evite que los concesionarios tengan que realizar liquidaciones por periodos anteriores a la fecha del dictado de la resolución por parte del instituto en cumplimiento a las cláusulas de aplicación continua pactadas en sus respectivos convenios de interconexión, al tener como objetivo que se tengan hacia futuro las tarifas y condiciones de interconexión determinadas.
"-La exigencia del penúltimo párrafo de su artículo 129 demuestra que no se trata de un requisito para la procedencia de la solicitud de resolución de los parámetros no pactados, a diferencia de las diversas previstas en sus párrafos primero y segundo, fracción I, sino de un ideal del autor de la obra legislativa, cuyo fin se reitera, sólo es la emisión temprana del acto regulatorio de la autoridad, a efecto de que las condiciones de interconexión pueden comenzar a regir en el momento exacto en que inicie el año calendario, pero no prescribir presupuestos para activar el procedimiento.
"-Esta conclusión se robustece con el hecho de que ni el artículo 129 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni algún otro precepto legal, prevén una consecuencia jurídica que repercuta en el procedimiento, para el caso de que los prestadores de servicios presenten una solicitud de intervención fuera del plazo a que alude su penúltimo párrafo, lo cual resulta lógico a todas luces si se toma en cuenta que la interconexión es de orden público y, por tanto, es prioritario que el Estado determine perfectamente las condiciones que no se lograron convenir, según se advierte del contenido del artículo 125, párrafo segundo, de la propia ley.
"Al poder afectar tal servicio a los usuarios finales y a todo un proceso económico que al final se traduce en beneficios o perjuicios en los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, es indudable que es de interés general que las condiciones de interconexión no convenidas sean resueltas por el órgano competente, con independencia de si los concesionarios cumplieron con un plazo que no está establecido en la ley como presupuestos para incitar la facultad regulatoria, sino que tiende a una finalidad diferente, como es que el órgano rector del sector emita sus resoluciones lo más pronto posible para que los términos de la interconexión operen exactamente al inicio del año calendario; máxime que la ley no establece qué debe acontecer en el caso en que no se cumpla con el plazo de mérito.
"-El artículo vigésimo transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no dispone la actualización de una consecuencia jurídica de la magnitud que refiere la parte impetrante, porque éste simplemente se ocupó de establecer qué sucedería con motivo de la transición de la anterior Ley Federal de Telecomunicaciones, a la legislación citada en primer término, en relación con las tarifas de interconexión que pagaban los concesionarios de telecomunicaciones por la prestación del servicio de terminación de tráfico, pero no impone una consecuencia de derecho en el supuesto de que los concesionarios incumplan con los plazos legales en materia de desacuerdos de interconexión.
"-Tampoco lo determinado debe conllevar a pensar que los fines de la política pública y la seguridad jurídica que se pretenden conseguir con la disposición normativa son nugatorios, al permitirse con ello que los concesionarios negocien las condiciones en cualquier tiempo y a su vez, que la autoridad las resuelva en cualquier momento, y no antes de las fechas previstas en el artículo 129, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; pues en todo caso, debe recordarse que la legislación federal contempla una serie de medidas que puede adoptar el regulador para evitar que los concesionarios incumplan con los deberes que les fueron impuestos.
"-En el título segundo, capítulo II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se prevé un régimen de sanciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Dentro de este régimen encontramos el artículo 298, inciso D), fracción I, que prescribe que los concesionarios podrán hacerse acreedores a una multa por el equivalente del 2.01% hasta el 6% de sus ingresos, cuando incumplan con las obligaciones en materia de operación e interconexión de redes de telecomunicaciones, por lo que si se tiene que la presentación de la solicitud de intervención antes del quince de julio de cada año es un deber impuesto a los concesionarios a efecto de que no exista dilación en la determinación de los parámetros de interconexión que serán observados, lo que se traduce en una obligación en materia de operación e interconexión de redes de telecomunicaciones de las que habla el citado arábigo 298, inciso D), fracción I, entonces su incumplimiento puede ser materia de la acción punitiva del Estado cuando se advierta precisamente el incumplimiento con la intención de cometer prácticas dilatorias contrarias a los fines perseguidos por el legislador.
"-Es correcta la decisión del regulador de no declarar improcedente el procedimiento de desacuerdo de interconexión y resolver las condiciones que se sometieron a su conocimiento, en tanto a que para ese fin, como al final lo indicó en la resolución reclamada, bastó que las tercero interesadas presentaran las solicitudes de intervención observando los plazos previstos en los párrafos primero y segundo, fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuestión que no fue debatida por la quejosa.
"Para controvertir estas consideraciones, la parte quejosa aduce lo siguiente en el primero y tercer (sic) conceptos de agravio:
"Primero.
"-El instituto indebidamente admitió a trámite y resolvió el desacuerdo presentado por las tercero interesadas mediante las solicitudes de resolución que fueron presentadas el veinticinco de septiembre de dos mil quince, es decir, dos meses después del término perentorio establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sin que exista causa jurídica alguna que justifique el retraso de las tercero interesadas o que haya generado una imposibilidad para que presentaran antes o hasta el quince de julio de dos mil quince dichas solicitudes.
"-La Juez es omisa en valorar que el procedimiento alojado en el artículo 129 no sólo se trata de requisitos de procedencia, sino que se trata de los requisitos necesarios para que se actualice la facultad del instituto para resolver procedimientos de interconexión.
"-Ni en este caso ni en los casos anteriores existe fundamento jurídico que permita al instituto determinar tarifas de interconexión sin observar de forma puntual el contenido del artículo 129 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
"-Si no se cumplen todos y cada uno de los plazos y términos contenidos en el artículo 129 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el instituto está impedido para sustanciar y resolver un procedimiento de interconexión ya que no se actualiza su facultad reglada; máxime que el procedimiento previsto en dicha norma prevé las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo cumplimiento puntual es necesario para estimar que se respetó el derecho de audiencia de Grupo Telefónica.
"-Si según el dicho de la Juez de Distrito, los concesionarios pueden en cualquier momento negociar las condiciones de interconexión, en particular la tarifa, y en cualquier momento también presentar el desacuerdo respectivo, entonces sí se afecta la libertad de negociación con la publicación de las tarifas con base en el artículo 137 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues nada impediría que algún concesionario omita realizar las negociaciones en tiempo y presente el desacuerdo después de la fecha límite, con el único objeto de dilatar el procedimiento y obtener un beneficio indebido de la publicación ex officio de las tarifas.
"-Situación que no acontece si se respetan los plazos y términos establecidos en el artículo 129 de la ley, pues en dicho caso, la fecha límite para solicitar la resolución de un desacuerdo y negociar las tarifas es durante el primer semestre del año, tiempo en el que no se conoce la tarifa, puesto que la publicación del acuerdo general se realiza el último trimestre del año.
"-Por un lado, la a quo reconoce que la finalidad del procedimiento establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es garantizar la certeza jurídica a los concesionarios y erradicar la práctica del regulador de determinar tarifas extemporáneas y hacia el pasado; no obstante esto, concluye que dicha finalidad es un ideal y no un requisito de procedencia, no obstante afirma que los fines de política pública que llevaron al legislador a emitir la vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no se hacen nugatorios si no se observan los plazos del artículo 129, pues se puede imponer al concesionario moroso la sanción prevista en el artículo 298, fracción I, inciso d).
"-De la lectura del dictamen de las Comisiones Unidas del Senado y del artículo 129 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se advierte que el ideal del Legislador Federal no es un buen deseo ni una utopía, como pretende la Juez de Distrito, se trata de una finalidad clara y contundente que se materializa mediante el establecimiento de un procedimiento rígido, cuyo incumplimiento sí hace nugatorios los fines para los que dicho procedimiento fue establecido, pues la sanción que aduce la a quo no evita que se determinen tarifas de forma extemporánea y hacia el pasado, es decir, no es la solución al ambiente de incertidumbre que el legislador busca erradicar.
"-La solución a dicho problema fue dada por el propio legislador al establecer una facultad reglada que sólo se actualiza si se cumplen con todos los plazos y requisitos, es decir, con las formalidades esenciales del procedimiento establecido en el artículo 129 de la ley de la materia.
"-No existe sustento jurídico para afirmar que, si un concesionario no presenta en tiempo la solicitud de resolución de desacuerdo, se pueda aplicar la multa que propone la Juez de Distrito puesto que el supuesto es distinto y como cualquier sanción, para poder aplicar una se tienen que cumplir todos los elementos del tipo.
"-Resulta falaz que el plazo para que los concesionarios presenten la solicitud de desacuerdo ante el instituto no está establecido en la ley como un presupuesto para que se actualice la facultad de dicha autoridad, sino que su finalidad es que el órgano regulador emita sus resoluciones lo más pronto posible para que los términos de la interconexión operen exactamente al inicio del año calendario, pues contrario a lo aducido, no se trata de finalidades distintas.
"-El artículo 125 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no sirve como fundamento para afirmar que los concesionarios pueden presentar sus desacuerdos en todo momento y que el instituto está facultado para resolver también en todo momento, pues no existe tal autorización de forma expresa.
"-No se afecta el orden público y el interés social, toda vez que las redes de las tercero interesadas y de las quejosas se encuentran debidamente conectadas, por lo que a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27695-3886659e/instituto-federal-de-telecomunicaciones-la-presentacion-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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