COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 456/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 13 DE AGOSTO DE 2020. ONCE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día trece de agosto de dos mil veinte.
VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 456/2018, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** y el recurso de queja **********, respectivamente; y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Denuncia. Mediante escrito recibido el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Francisco Eduardo Flores Sánchez, en su carácter de presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, remitió la denuncia de la existencia de la posible contradicción, suscrita por los integrantes de dicho órgano jurisdiccional, suscitada entre la resolución del amparo en revisión ********** de su índice y la resolución emitida en el recurso de queja ********** del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
2. SEGUNDO.—Trámite de la denuncia. Por auto de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la presente contradicción de tesis bajo el número 456/2018 y ordenó turnar los autos al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
3. Mediante auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el presidente de este Alto Tribunal decretó que el presente asunto se encontraba correctamente integrado con los criterios que motivaron la posible contradicción de tesis. Asimismo, informó que los criterios continuaban vigentes.
4. En ese mismo acuerdo ordenó returnar los autos para la elaboración del proyecto de resolución respectivo al Ministro Luis María Aguilar Morales, en lugar del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con motivo de la designación de éste como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CONSIDERANDO:
5. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de diferente circuito con diversa especialidad, sobre un tema de materia común.
6. SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Cuarto Circuito.
7. TERCERO.—Criterios contendientes. Para poder resolver el presente asunto primero debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en ella.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito resolvió el amparo en revisión ********** en sesión de doce de septiembre de dos mil dieciocho, cuyos antecedentes destacados son los siguientes:
A. El cuatro de julio de dos mil dieciséis se promovió un juicio de amparo indirecto contra el Juez Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, entre otras autoridades, reclamando la orden de remate y de lanzamiento respecto de un determinado lote de terreno; el lanzamiento o desalojo de esa finca, realizada el trece de junio de ese año; la orden de inscripción, marginación y registro en escritura pública de la hipoteca respecto al propio inmueble, el acuerdo o acuerdos que tienen por ejecutado el lanzamiento y el cumplimiento total de la sentencia.
B. El Juez de Distrito que conoció del asunto desestimó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que hizo valer el tercero interesado. Al respecto estableció que el motivo de improcedencia era infundado, particularmente por lo que hacía al acto reclamado consistente en el remate del lote del terreno, ello porque si bien en un juicio de amparo anterior también se reclamaron conductas emanadas del mismo expediente judicial, relativo a un juicio ejecutivo civil (promovido por el tercero interesado en contra de una persona moral), las conductas reclamadas eran diversas, porque a la fecha de presentación de la demanda del juicio de amparo previo, cuatro de marzo de dos mil catorce, la audiencia de remate no existía, la cual se llevó a cabo el siete de ese mes, aunado a que tampoco existían los actos posteriores que también se reclamaron en la instancia constitucional a examen, de ahí que consideró que no había identidad con los actos reclamados en el juicio de amparo anterior.
C. El juzgador concedió el amparo contra actos del Juez Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, al estimar que el quejoso era extraño al juicio ejecutivo civil, en cuyo procedimiento, en audiencia de remate en pública subasta y segunda almoneda, se declaró fincado y adjudicado a favor del actor (tercero interesado en el juicio de amparo) el lote de terreno que el quejoso, para efectos del amparo, justificó haber adquirido en propiedad desde el ocho de octubre de dos mil nueve, es decir, en fecha anterior a que se fincara y adjudicara en favor del tercero interesado, por lo que estimó que se violó en su perjuicio el derecho de audiencia.
D. El amparo se concedió para el efecto de que la autoridad responsable reintegrara al quejoso su derecho de propiedad frente al bien inmueble rematado y adjudicado en el procedimiento de origen, para lo cual debía dejar insubsistente la audiencia de remate y las actuaciones tendentes a su ejecución, sin que ello implicara que se nulificara todo lo actuado en el juicio de origen, para que fuera llamado, sino únicamente restituirle su derecho de propiedad afectado, ya que precisamente al no ser parte en ese procedimiento, no tenía interés en comparecer en éste, puesto que no podía verse favorecido ni perjudicado por los actos que se hubieran llevado a cabo, sino que sólo se extraían los derechos afectados en esa contienda.
E. Inconforme, el tercero interesado interpuso recurso de revisión.
El Tribunal Colegiado, al resolver ese recurso de revisión, determinó revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con los siguientes argumentos:
- En el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con su fracción X, causa que se vincula con la figura de la cosa juzgada, en el sentido de que el juicio de amparo será improcedente cuando lo ahí reclamado sea o hubiera sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas.
- En el caso se dan todos los elementos para la actualización de la figura de la cosa juzgada como causal de improcedencia, en el contexto del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puesto que existe una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo; se promovió uno nuevo, en el que existe identidad de quejosos (en el primero eran dos quejosos y en el segundo sólo uno de ellos promovió la demanda), identidad de autoridad responsable (se señaló a la misma autoridad ordenadora, el Juez Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado) e identidad de acto reclamado (remate judicial del mismo inmueble).
- Sin que sea obstáculo que en el juicio de amparo indirecto de origen el quejoso haya señalado también como actos reclamados la orden de lanzamiento y desalojo del inmueble de su propiedad, inscripción, marginación y registro en escritura pública, el acuerdo que tiene por ejecutado el lanzamiento y el cumplimiento total de la sentencia, en tanto que esos actos sólo son una consecuencia natural y procesal de los reclamados originalmente, es decir, no implican un pronunciamiento independiente, en virtud de que, conforme a la ley que rige el acto, una vez fincado el remate, el Juez ordenará el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes, y de ser el caso, apremiará al deudor para que los ponga a disposición del comprador, de ahí que la orden de lanzamiento sea únicamente una consecuencia del procedimiento de remate reclamado en el primer juicio de amparo indirecto.
- Esto es, aun cuando en el juicio de amparo de origen se reclame un acto posterior a los impugnados en el juicio de amparo indirecto previo, consistente en la audiencia de remate de siete de marzo de dos mil catorce, éste es una mera consecuencia del propio remate judicial reclamado inicialmente, de manera que se surte en forma directa la figura de cosa juzgada al actualizarse la identidad tripartita necesaria para tal efecto.
- En el juicio de amparo anterior el Juez de Distrito sobreseyó por falta de interés jurídico de los quejosos, por no haber demostrado que el inmueble respecto del cual se siguió el juicio de origen y se ordenó el remate judicial, fuera de su propiedad. Mientras que en el segundo juicio de amparo, el juzgador concedió el amparo al haberse acreditado que es tercero extraño al juicio natural y que es dueño del bien raíz rematado.
- Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de amparo en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción, que se actualizan cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, como sucede precisamente en el caso donde se determina que el quejoso carece de interés jurídico.
- Determinación respecto de la cual ya se pronunció (ese Tribunal Colegiado de Circuit), al resolver el amparo en revisión relativo, en donde confirmó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el primer juicio de amparo.
- En dicha ejecutoria, se estimó que fue legal determinar el sobreseimiento con base en la falta de interés jurídico del propio quejoso, pues se ostentó como tercero extraño al procedimiento de origen y no demostró que el inmueble que defendía era aquel respecto del cual se siguió el juicio de origen y a la postre se ordenó el remate judicial en el expediente relativo al juicio ejecutivo civil promovido por el tercero interesado en contra de una persona moral, juicio del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado.
- De manera que se actualiza la excepción referida porque en el anterior juicio de amparo indirecto, el quejoso fue omiso en exhibir las pruebas conducentes para acreditar su interés jurídico, y esa determinación causó firmeza al haber sido confirmada por ese órgano jurisdiccional, lo que no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo indirecto.
II. El ocho de noviembre del dos mil diecisiete, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito resolvió el recurso de queja **********, cuyos antecedentes destacados se resumen a continuación:
A. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, una persona promovió amparo indirecto contra el presidente auxiliar de la Décimo Séptima Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, de quien reclamó la omisión de proveer el escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete en un juicio laboral.
B. El Juez de Distrito, al que tocó conocer de la demanda, la desechó al tener por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por existir cosa juzgada, porque la parte quejosa promovió con anterioridad juicio de amparo indirecto contra la misma autoridad y acto reclamado, resuelto el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, declarada ejecutoriada el dieciocho de julio de ese año, en el sentido de sobreseer en el juicio.
C. Inconforme con dicho auto, la promovente interpuso recurso de queja.
El Tribunal Colegiado decidió revocar el auto recurrido para que el Juez proveyera lo conducente acerca de la demanda de amparo, sin considerar actualizada la causa de improcedencia que invocó (fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo), declarando así fundado ese recurso de queja, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
- Por regla general esa causa de improcedencia no se actualiza en casos de desechamiento de la demanda o sobreseimiento en el juicio, ya que en éstos no se decide sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, y por eso no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general.
- Sin embargo, debido a que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, existen excepciones y opera siempre que la determinación de desechamiento o sobreseimiento se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto o de manera insuperable, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional.
- De manera que la condición para que opere la cosa juzgada en relación con ese tipo de determinaciones (desechamiento/sobreseimiento) consiste en que en el juicio previo se haya determinado la inatacabilidad del acto reclamado.
- Para determinar la actualización de la cosa juzgada como causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto será necesario analizar:
- a) Si existe identidad de los quejosos, autoridades responsables y actos reclamados (como así se indicó en el auto recurrido); y,
- b) Si las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto, esto es, la inatacabilidad del acto reclamado a través de un juicio constitucional posterior (cuestión que no fue analizada en el auto recurrido).
- Únicamente cuando concurren ambas circunstancias la improcedencia decretada en el juicio de amparo indirecto previo, provocará imposibilidad para reclamar el acto en nuevo juicio constitucional, porque con aquella decisión insuperable se impide analizar el fondo del asunto.
- Como en el caso concreto el Juez de Distrito omitió analizar las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio anterior, se debe efectuar el estudio correspondiente a fin de determinar si provocan o no la inatacabilidad del acto reclamado a través de un nuevo juicio constitucional.
- Como señaló el Juez de Distrito, existe identidad del quejoso, autoridad responsable y acto reclamado, porque tanto el primer juicio de amparo indirecto, como el segundo, del que derivó el recurso de queja, fueron promovidos por la misma quejosa, en contra del presidente auxiliar de la Decimoséptima Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proveer el escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete en el mismo juicio laboral.
- Sin embargo, no se actualiza la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, porque las consideraciones que sustentaron la decisión de sobreseimiento en el juicio previo no provocan la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto ni la inatacabilidad del acto reclamado a través de un juicio de amparo posterior.
- Acorde con lo previsto en los artículos 107, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Federal, y 5o. fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, el interés jurídico constituye un presupuesto de la acción de amparo en contra de actos, resoluciones u omisiones que derivan de la actuación de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo.
- En ese contexto, la improcedencia del juicio de amparo por falta de interés jurídico puede obedecer a dos situaciones:
- A) Ausencia de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley, o bien, inexistencia de agravio personal y directo porque el acto reclamado no incide en la esfera jurídica de la parte quejosa. En esos dos casos la decisión de improcedencia genera imposibilidad de combatir ese mismo acto de autoridad en un juicio de amparo posterior, porque ya quedó dilucidado que no ocasiona agravio al quejoso, provocando la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto al haber quedado resuelta insuperablemente la falta de interés jurídico, sin posibilidad de modificación. Por ejemplo, cuando se determina que los familiares de un militar carecen de interés jurídico para reclamar la declaratoria de procedencia definitiva de retiro porque solamente aquél es titular de los derechos de seguridad social que se pudieran afectar (ausencia de titularidad del derecho subjetivo); o bien, cuando se resuelve que el patrón carece de interés jurídico para reclamar la declaración de beneficiarios del trabajador fallecido porque esa decisión no afecta la condena que en su caso se hubiere impuesto ya que únicamente cambiará la persona ante quien deba cumplirla (ausencia de agravio personal y directo).
- B) Imposibilidad para determinar si el acto reclamado afecta o no la esfera jurídica de la parte quejosa ocasionada por la ausencia o insuficiencia de pruebas.
- No todas las decisiones de improcedencia por falta de interés jurídico provienen del estudio en torno a la "titularidad de un derecho subjetivo" o la existencia de "afectación" o "agravio", sino que –al estar sujeto a prueba– la falta de interés jurídico también puede derivar tan sólo del incumplimiento de la carga probatoria de la parte quejosa.
- Un primer supuesto acontece cuando la parte quejosa no acredita su interés jurídico porque las pruebas aportadas no son idóneas para ello; por ejemplo: si se exhibe un documento específico que carece de fecha cierta.
- En tal supuesto, las pruebas aportadas al juicio de amparo indirecto, valoradas por el juzgador de amparo, ya habrán merecido estudio en el auto o sentencia y, por consiguiente, el sobreseimiento por falta de interés jurídico por falta de idoneidad de determinadas pruebas en concreto allegadas para acreditarlo, sí provoca la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto e impide atacar el mismo acto reclamado a través de un nuevo juicio constitucional con base en esos medios de convicción respecto de los cuales ya se resolvió que no demuestran el interés jurídico, debido a que al haber sido desestimados en una ejecutoria de amparo anterior, ésta constituirá cosa juzgada.
- Un segundo supuesto de sobreseimiento por incumplimiento de la carga probatoria de la parte quejosa que no impide promover un nuevo juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados, que acontece respecto de pruebas no aportadas en el primer juicio constitucional; verbigracia en los casos en que se reclaman violaciones procesales y el quejoso no aporta pruebas de las que se advierta que es parte en el juicio de origen del que deriva el acto de que se duele.
- En ese segundo supuesto (falta de pruebas) no sería posible considerar que la decisión de improcedencia por falta de interés jurídico contenga consideraciones que provoquen la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto y que impidan atacar el acto reclamado a través de un nuevo juicio constitucional, porque no existe un pronunciamiento en cuanto a la carencia de un "derecho subjetivo" tutelado en la ley o a la ausencia de "agravio", sino que la conclusión de la falta de interés jurídico es provocada por la falta de medios probatorios que acrediten sus elementos (titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley y existencia de agravio personal y directo).
- De esta forma, la falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley y/o la ausencia de agravio personal y directo constituyen razones que hacen inejercitable la acción de amparo de modo absoluto por falta de interés jurídico e impiden promover un nuevo juicio de amparo en contra del mismo acto de autoridad por existir cosa juzgada; sin embargo, no acontece lo mismo cuando la decisión de falta de interés jurídico obedece a ausencia de las pruebas aportadas en el juicio de amparo indirecto para acreditarlo, porque el tema no habrá quedado resuelto de modo absoluto e insuperable debido a que ese pronunciamiento deriva del incumplimiento del débito probatorio y no del estudio de los elementos del interés jurídico (titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley y existencia de agravio personal y directo).
- Por ende, en los casos en que se reclama omisión o dilación a un tribunal del trabajo, donde el interés jurídico sólo corresponde a cualquiera de las partes cuya esfera se halla vinculada con el procedimiento de origen, la improcedencia del juicio de amparo indirecto por falta de interés jurídico ante la falta de pruebas para corroborar que el quejoso actúa como parte en el juicio del que deriva el acto reclamado, no impide de modo absoluto la inatacabilidad del acto reclamado a través de un nuevo juicio constitucional, porque derivó del incumplimiento del débito probatorio y no de una determinación en la que se haya concluido que el acto reclamado no ocasiona perjuicio o que carece de un derecho subjetivo tutelado por la ley, o bien, que una prueba en concreto no demuestra ese interés jurídico.
- De ahí que el sobreseimiento por falta de interés jurídico, decretado como consecuencia de que la parte quejosa no aportó pruebas para acreditar que es parte en el juicio del que deriva la omisión o dilación reclamada, no actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo (cosa juzgada) porque las circunstancias en que se sustenta no impide promover un nuevo juicio de amparo indirecto en contra del mismo acto reclamado, al no haber generado la inejercitabilidad de la acción constitucional de modo absoluto.
- En conclusión, las consideraciones que sustentaron el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo indirecto por falta de interés jurídico, a consecuencia de la ausencia de pruebas a través de las cuales fuera posible advertir que la quejosa fuera parte en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, no provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto, ya que esa decisión no impide juzgar en un nuevo juicio el fondo del asunto, ni tampoco analizar de nueva cuenta si es o no parte en aquel juicio de origen.
- Lo anterior, porque la resolución en el juicio de amparo indirecto previo no impide que –de estar en tiempo– controvierta el mismo acto de autoridad a través de un nuevo juicio de amparo indirecto –como así lo hizo– con la posibilidad de aportar los elementos necesarios para demostrar la calidad con que interviene en el juicio laboral de origen.
- Además, no debe soslayarse que el acto reclamado consiste en la omisión de proveer el escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete en el juicio laboral, acto que por su naturaleza se extiende a través del tiempo, de modo que rebasa cualquier argumento que pudiera plantearse respecto de la oportunidad en la promoción del nuevo juicio de amparo indirecto.
De dicho asunto surgió la tesis,(1) de rubro y texto:
"COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EN UN JUICIO PREVIO, EN EL QUE SE IMPUGNÓ UN ACTO OMISIVO, SE SOBRESEYÓ POR NO ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO, AL NO APORTARSE PRUEBAS PARA ELLO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis aisladas 1a. XCV/2016 (10a.), de título y subtítulo: ‘COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.’ y 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), de rubro: ‘COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.’, indicó que el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un amparo previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; que por regla general, esa figura se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, y excepcionalmente en casos de desechamiento de la demanda o sobreseimiento en el juicio, siempre que esa determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto o de manera insuperable (inatacabilidad del acto reclamado). Por otra parte, acorde con los artículos 107, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, el interés jurídico constituye un presupuesto de la acción de amparo contra actos/resoluciones que derivan de la actuación de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Así, en términos del artículo 61, fracción XII, de la ley citada, la improcedencia del juicio por falta de interés jurídico puede obedecer a: 1. Ausencia de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley o inexistencia de agravio personal y directo porque el acto reclamado no incide en la esfera jurídica de la quejosa; o, 2. Imposibilidad para determinar si el acto reclamado afecta la esfera jurídica de la quejosa, ya sea por: a) Insuficiencia o falta de idoneidad de las pruebas aportadas para acreditar el interés jurídico; o, b) Ausencia de pruebas al no haber allegado alguna para acreditarlo. De lo anterior, se concluye que cualquiera de los primeros tres supuestos (falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley, ausencia de agravio personal y directo, o falta de idoneidad de pruebas concretas) constituyen razones que hacen inejercitable la acción de amparo por falta de interés jurídico, e impiden promover un nuevo amparo contra el mismo acto de autoridad por existir cosa juzgada, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, aludido, debido a que ya existe un pronunciamiento jurisdiccional sobre ese tema concreto; sin embargo, esa causa de improcedencia no se actualiza en el último de los supuestos, esto es, cuando se sobresee en el juicio por no acreditar el interés jurídico, al no aportar pruebas para ello, lo que se considera así en atención a que esa determinación de sobreseimiento no contiene un pronunciamiento en cuanto a la inexistencia del derecho subjetivo tutelado en la ley, o de agravio en su esfera jurídica, o por insuficiencia probatoria de ciertas pruebas en específico; de ahí que proceda un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto reclamado y autoridades responsables, cuando no exista plazo para promover juicio de amparo por tratarse de un acto omisivo el que se impugna y el sobreseimiento obedeció a la falta de interés jurídico determinada ante la ausencia de medios probatorios que acreditaran sus elementos (titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley y existencia de agravio personal y directo)."
8. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes.
9. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.
10. De diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:
A. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2) y la tesis P. XLVII/2009, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEME
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30405-92dc40cb/cosa-juzgada-en-el-juicio-de-amparo-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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