DOCUMENTOS DIGITALIZADOS PRESENTADOS ELECTRÓNICAMENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DE MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SON COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO NO GENERA LA PREVENCIÓN O REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SINO QUE DEBAN VALORARSE COMO COPIA SIMPLE.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 172/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 16 DE ENERO DE 2024. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
ÍNDICE
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente a dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 172/2023, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, que originó la tesis aislada I.1o.A.48 K (10a.), y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios. El Magistrado Alberto Miguel Ruiz Matías, en su carácter de Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre el emitido por ese órgano al resolver el amparo en revisión **********, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, que dio origen a la tesis aislada I.1o.A.48 K (10a.).
2. El denunciante estimó que el tema a dilucidar consistiría en determinar "si el ofrecimiento defectuoso de una prueba documental mediante escrito presentado electrónicamente, al no haberse manifestado bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, conforme al artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, le resta eficacia probatoria o, en su caso, amerita una aclaración el ocurso de ofrecimiento o requerir al promovente por el documento fuente".
3. SEGUNDO.—Trámite de la denuncia. Por auto de quince de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Región Centro-Norte), al resolver el amparo en revisión ********** que originó la tesis aislada I.1o.A.48 K (10a.), y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito (Región Centro-Sur) al resolver el amparo en revisión **********; y ordenó formar el expediente impreso y electrónico con el número de expediente 172/2023. Al igual, consideró que por ser materia común correspondía conocer del mismo al Pleno de este Alto Tribunal por lo que ordenó turnar el asunto para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo según el turno que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos.
4. En el mismo proveído, solicitó a la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitiera el proveído en el que informara si el criterio que sustentaron se encontraba vigente o, en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, deberá remitir la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio.
5. En atención al requerimiento, el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó a este Alto Tribunal que el criterio sustentado por el mismo al resolver el amparo en revisión ********** se encontraba vigente, y remitió la versión electrónica de la sentencia.
6. TERCERO.—Integración. En auto de once de julio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el expediente se encontraba debidamente integrado y ordenó su envío al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
7. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el punto Segundo, fracción V, del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, y modificado mediante Instrumento Normativo aprobado por el Tribunal Pleno el diez de abril de dos mil veintitrés y publicado en el referido medio de difusión oficial el catorce de abril de esa anualidad; lo anterior en virtud de que se trata de criterios sustentados por Tribunales Colegiados pertenecientes a distintas Regiones, cuyo tema se encuentra vinculado con la materia común.
8. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(1) en virtud de que fue presentada por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
9. TERCERO.—Criterios contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima conveniente analizar los antecedentes y argumentaciones en que se basaron las resoluciones de los tribunales contendientes.
Ver análisis de los antecedentes y argumentaciones
10. CUARTO.—Existencia de la contradicción. De conformidad con lo sostenido por este Alto Tribunal, existen criterios contradictorios cuando los Tribunales Colegiados de Circuito emitan sentencias que sostengan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de las cuestiones fácticas de los asuntos.(2)
11. En este caso, se advierte que sí existe un punto genuino de toque en el problema jurídico planteado.
12. Esto es así pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, consideró que toda vez que la quejosa, a efecto de acreditar su interés jurídico, anexó sus documentos digitalizados –sin manifestar bajo protesta de decir verdad que eran copia íntegra e inalterada de la copia certificada u original–, no se debió sobreseer en el juicio, sino que debía darse oportunidad para que se realizara la manifestación en comento u otorgar la oportunidad de presentarlos de forma física.
13. Con base en lo anterior, revocó la sentencia, y ordenó la reposición del procedimiento para que se dejara insubsistente la audiencia constitucional, y se emitiera un acuerdo de prevención respectivo.
14. Lo anterior, dado que la Ley de Amparo, al permitir el juicio en línea, buscó favorecer el respeto y ejercicio del derecho a una justicia pronta y expedita, al simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y otorgando validez a las promociones judiciales realizadas electrónicamente, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Aunado a que el Acuerdo General 12/2020 prevé la posibilidad de solicitar de manera oficiosa o a petición de las partes, el cotejo con el documento original o su incorporación al expediente.
15. Así, a efecto de preservar el derecho de acceso a la justicia y privilegiar la tramitación del juicio de amparo en línea, era pertinente que antes de determinar el alcance de los documentos digitalizados, el juzgador adoptará las medidas necesarias para dar oportunidad a la parte oferente de cotejar o presentar las pruebas documentales físicamente, incluyendo la protesta en comento.
16. Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo que toda vez que la quejosa había anexado sus documentos digitalizados, a efecto de acreditar su interés jurídico, sin manifestar bajo protesta de decir verdad que eran copia íntegra e inalterada de los documentos de los cuales derivan, lo adecuado era estimar improcedente el juicio de amparo, al no demostrarse el interés jurídico.
17. Ello, puesto que del análisis al Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el 1/2015, advirtió que el alcance y valor probatorio de los documentos, escritos y demás comunicaciones ingresadas por vía electrónica dependerá de que éstos revistan las características y particularidades que fijen los diversos instrumentos aplicables. Como es el caso de la manifestación bajo protesta de decir verdad establecida en el Acuerdo General Conjunto 1/2013.
18. Aunado a que los requisitos de los medios probatorios respecto a la demostración del interés jurídico de la parte quejosa, constituye una carga que le corresponde satisfacer al promovente, por lo que no es procedente la prevención para perfeccionar los medios de prueba.
19. Así, podemos advertir que mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostuvo que, ante la omisión de la manifestación señalada en la presentación de documentos digitalizados tendientes a acreditar el interés jurídico, los Juzgados de Distrito deben prevenir a la parte oferente a efecto de otorgarle la oportunidad de presentarlos de forma física o prevenirla para que realice la protesta de decir verdad, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que ante esa misma situación, no procede la prevención para perfeccionar las pruebas.
20. No pasa inadvertido que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito basó su análisis en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, específicamente en el artículo 3, fracción VI; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito lo hizo respecto del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, en específico del numeral 12, inciso f); sin embargo, es posible establecer la contradicción de criterios.
21. Para demostrar lo anterior, se presenta el contenido de los numerales en comento:
Ver contenido de los numerales
22. De lo anterior, se advierte que los Tribunales Colegiados contendientes basaron su análisis en Acuerdos Generales diferentes, pero que el contenido jurídico interpretado es similar, dado que ambos estipulan la condición de manifestar bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, a efecto de que los documentos públicos conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley aplicable.
23. Por ello, las cuestiones fácticas no afectan la procedencia del análisis de la contradicción de criterios, puesto que ambos Tribunales Colegiados partieron del mismo presupuesto material.
24. En ese orden de ideas, derivado de la discrepancia en los criterios de los tribunales colegiados contendientes, surge como interrogante:
• Si en un juicio de amparo indirecto, se presenta un documento electrónicamente para acreditar el interés jurídico o legítimo del quejoso que no contiene la manifestación bajo protesta de decir verdad de que es copia íntegra e inalterada del documento impreso, conforme a la normativa que regula la integración y trámite del expediente electrónico en el juicio de amparo, se debe ordenar la prevención o reposición del procedimiento, o resolverse conforme al valor probatorio que sin el requisito contenga la constancia.
25. QUINTO.—Estudio de fondo. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en la presente sentencia.
26. La Constitución, en su artículo 107, fracción I, como la Ley de Amparo, en su artículo 5o., fracción I, exigen que el juicio de amparo se siga a instancia de parte agraviada, en donde se acredite el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa y la demostración de una afectación a dichos intereses.
27. La falta de existencia de estos tipos de interés o la carencia en la demostración de su afectación conlleva la improcedencia del juicio, de acuerdo con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.(3)
28. Por ello, se ha establecido que la demostración tanto del interés jurídico como el legítimo, no debe inferirse con base en presunciones, sino acreditarse fehacientemente de acuerdo con la naturaleza de sus propios elementos, bastando la ausencia de alguno de ellos para que la acción intentada no prospere.
29. Al respecto, se invoca la siguiente jurisprudencia de la Segunda Sala:
"INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente."(4)
30. De igual manera, este Alto Tribunal ha establecido que la carga procesal para acreditar el interés jurídico y legítimo corresponde al promovente del juicio de amparo, pues incluso habiéndose acreditado la existencia del acto combatido, necesariamente debe demostrarse un perjuicio a sus intereses relevantes. En esa tónica, la Primera Sala de este Alto Tribunal emitió el siguiente criterio:
"INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto."(5)
31. Esta premisa fundamental, fue analizada y reiterada por el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 456/2018, en torno a que la improcedencia por interés jurídico, cuando deriva de una insuficiencia probatoria, no conlleva la actualización de la cosa juzgada, si se está en presencia de un segundo juicio de amparo:
"COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente haberse decretado el sobreseimiento en un primer juicio de amparo por falta de interés jurídico, por no haberse acreditado un derecho subjetivo específico, y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y respecto al mismo acto, por constituir dicho sobreseimiento cosa juzgada; mientras que para el otro sí procede, porque las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo no provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto.
Criterio jurídico: La causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda o decretado el sobreseimiento, en la inteligencia de que no basta que en el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés jurídico para llegar a la conclusión de que ello, por sí solo, implica la inatacabilidad del mismo acto a través de un diverso juicio constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que llevaron al órgano jurisdiccional a esa conclusión, ya que no todas ellas conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior.
Justificación: Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, considerando que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Si bien, respecto de los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir un pronunciamiento sobre el tema específico; ello no ocurre con los últimos dos supuestos, porque la falta de interés jurídico se genera por la insuficiencia o ausencia de pruebas, lo que no implica un pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí la importancia de atender a las razones o circunstancias que condujeron a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera sobreseer por falta de interés jurídico, para determinar si éstas son insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que llevaron a sobreseer no hacen inejercitable la acción de amparo, con independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no haya sido recurrida o habiéndolo sido se confirme, ello no impedirá promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en el primer juicio se haya omitido allegar pruebas, ni cuando las que se hayan ofrecido resulten insuficientes, esto es, eventualmente las pruebas en un segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas "nuevas", considerando, por ejemplo, que una prueba que aisladamente no haya sido suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho subjetivo puede, en cambio, ser suficiente si se le adminicula con otra novedosa, susceptible de generar la convicción necesaria; entonces, al segundo juicio (que podría examinarse, por no existir cosa juzgada) se podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida, pero agregando otras que la robustezcan o perfeccionen, para que en su conjunto brinden certeza."(6) 32. Al respecto, el Pleno reiteró que el acreditamiento del interés jurídico –sobre el que hace referencia la ejecutoria– corresponde demostrarlo al quejoso durante la secuela procesal del juicio constitucional.
33. En esta obligación probatoria, al que hace referencia la ejecutoria, se deben demostrar los supuestos que integran el interés, en este caso el jurídico, cuyos elementos consisten en la titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad. Así, este Alto Tribunal sostiene que pueden darse distintas configuraciones, destacando para efectos de esta decisión: la (III.) falta de idoneidad de pruebas concretas; y la (IV.) omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés.
34. En estos casos, la falta de interés jurídico se generaba por la insuficiencia o ausencia de pruebas, por lo que no existía predominancia de la determinación de sobreseimiento por cosa juzgada en un amparo posterior en el que se presentaran pruebas idóneas, en el entendido, que ello no impedía la actualización de una causa de improcedencia diversa.
35. Por ello, podemos afirmar que en el juicio de amparo existe la carga procesal para el quejoso de demostrar el interés jurídico o legítimo que aduce, entendida como la obligación de acreditar al juez sus afirmaciones y llevarlo al convencimiento de la certeza de lo aducido, y de no acreditarlo, entonces, se actualizará la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.(7)
36. No pasa inadvertido que el artículo 75 de la Ley de Amparo exige que el acto reclamado se aprecie tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin que puedan considerarse pruebas no rendidas ante ella; no obstante lo anterior, permite recabar oficiosamente pruebas en los siguientes casos:
"Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.
El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior.
Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados."
37. Dejando a un lado la materia agraria por no estar relacionada con esta contradicción de criterios, en los juicios de amparo es factible recabar oficiosamente pruebas que, no encontrándose en el expediente de amparo, hubiesen sido rendidas ante la responsable y las actuaciones que se estimen necesarias para la resolución del asunto.
38. Esta facultad se refiere a aquellas probanzas relacionadas con los actos reclamados, pues su objeto es que se pueda contar con los elementos necesarios para dictar la sentencia, sin que ello se extienda a los presupuestos procesales del juicio de amparo.
39. De ser así, se estaría desatendiendo la exigencia de cumplir con la procedencia y criterios de admisibilidad que deben existir en todo procedimiento o proceso, por razones de seguridad jurídica, así como para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, como lo ha sostenido el Alto Tribunal:
"DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados inte
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32781-9194fc88/documentos-digitalizados-presentados-electronicamente-para-acreditar-el-interes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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