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Modo: Corpus Pro

IMPOSIBILIDAD DE CONCRETAR LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL 78 DE LA LEY DE AMPARO, SI EL USUARIO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL, RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO SÉPTIMO, INCISOS A) Y C), DEL ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE PERSONAS MORALES QUE OPEREN Y/O ADMINISTREN APLICACIONES Y PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, A TRAVÉS DE LAS CUALES LOS PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER EN EL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 2/2023. · Registro digital (IUS): 32160
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-02-16
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, CUARTO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo III, Pág.2803.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 2/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, CUARTO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE JULIO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIA: ALBA SILVIA PÉREZ BRIBIESCA. SECRETARIA ENCARGADA DEL ENGROSE: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.

1. Sentencia del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el seis de julio de dos mil veintitrés y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

VISTOS;

y,

RESULTANDO:

2. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido el seis de agosto de dos mil veinte en el buzón judicial correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que se hizo llegar al entonces Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante oficio OCC/C/01/JDA/35/2020, los quejosos en los amparos indirectos que en revisión participan, por conducto de su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto, Décimo Segundo y Décimo Tercer, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 216/2018, 117/2018, 123/2018 y 66/2018, respectivamente, a efecto de determinar si los usuarios del servicio público denominado **********, cuentan o no con interés legítimo para impugnar la prohibición de pago en efectivo por la prestación del servicio de transporte público, previsto en el "Acuerdo por el que se crea el registro de personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito Federal."

3. Radicación, admisión y solicitud de informes. Mediante acuerdo de siete de agosto siguiente, la presidenta del extinto Pleno de Circuito tuvo por recibida la denuncia de contradicción de criterios, ordenó formar y registrar el expediente con el número 18/2020; y solicitó a las presidencias de los referidos órganos informaran el carácter con el que se ostentó la denunciante a efecto de determinar si estaba legitimada en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.

4. Los presidentes de los Tribunales Décimo Segundo y Decimotercer informaron que en los amparos en revisión 123/2018 y 66/2018 de sus respectivos índices se advertía que la denunciante tenía el carácter de autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de las quejosas, por lo que el cinco de noviembre de dos mil veinte admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de criterios; solicitó a las presidencias de los tribunales colegiados de circuito contendientes enviaran la versión electrónica de las ejecutorias emitidas en los expedientes que participan en la contradicción de criterios denunciada; así como del proveído en el que informaran si los criterios sustentados en esos asuntos se encontraban vigentes o señalaran las razones que sustenten que sus posturas fueron superadas o abandonadas.

5. Mediante oficio 98/2020 la presidencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que el criterio denunciado, ya no estaba vigente porque fue modificado al resolver en el amparo en revisión administrativo 109/2020.

6. Por su parte, mediante oficio III-926, la presidencia del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que se encontraba vigente el criterio sustentado.

7. En proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós se requirió a los Tribunales Colegiados Segundo y Decimotercer, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, a efecto de que informaran la vigencia de criterio.

8. Por otro lado, mediante oficio DGCCST/X/112/03/2021, de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del conocimiento que tal como fue informado por la Secretaría General de Acuerdos de ese Alto Tribunal, mediante oficio SGA/GVP/111/2021, de la consulta del sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, visible en las direcciones electrónicas https://www.scjn.gob.mx y/o https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, apartado Pleno, sección de amparos, contradicciones de tesis y demás asuntos, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se encuentra radicada contradicción de tesis alguna en la que el tema a dilucidar guardara relación con la presente contradicción de criterios.

9. Creación de los Plenos Regionales. Como parte de la reforma judicial publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cuestiones, se determinó la creación de los Plenos Regionales, en sustitución de los Plenos de Circuito.

10. Suspensión del término. En atención a la creación de los Plenos Regionales, las sesiones para resolver las contradicciones de criterios ante los extintos Plenos de Circuito, culminaron con la última sesión que hayan celebrado en el año dos mil veintidós, por lo que se suspendió el trámite y resolución de las contradicciones de criterios que se susciten en los Plenos de Circuito, durante el periodo del uno al quince de enero de dos mil veintitrés, hasta en tanto iniciaran funciones los Plenos Regionales y se remitieran los asuntos pendientes de resolver al Pleno Regional correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo tercero transitorio del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio.

11. Acta de inicio de funciones e integración de este Pleno Regional. El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se levantó el acta de inicio de funciones de este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el cual quedó integrado por las Magistradas Adriana Leticia Campuzano Gallegos (presidenta) y Rosa Elena González Tirado, así como el Magistrado Gaspar Paulín Carmona, en términos de lo dispuesto en el artículo 4o. del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio.

12. Recepción de acta entrega de la presidencia del Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito. Con motivo de la conclusión de labores del extinto Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, se remitieron a este Pleno Regional las contradicciones de tesis (ahora contradicciones de criterios) pendientes de resolución, entre las que se encuentra el asunto de que se trata, identificado con el número PC01.I.A.18/2020.C.

13. Así, el uno de febrero de dos mil veintitrés, se recibió vía electrónica del extinto Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el acta de entrega donde se relacionan los expedientes turnados a este órgano de control constitucional.

14. Radicación, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de uno de febrero de la presente anualidad, se radicó el presente expediente en el índice de este órgano colegiado registrándose como contradicción de criterios 2/2023; se ordenó formar el expediente electrónico; asimismo, tomando en consideración el tiempo transcurrido entre la integración del expediente de origen en el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito y el acuerdo de radicación ante el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, y en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

15. A su vez, se requirió al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis la actualización del informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema a dilucidar, consistente en determinar si los usuarios del servicio público denominado **********, cuentan o no con interés legítimo para impugnar la prohibición de pago en efectivo por la prestación del servicio de transporte público, previsto en el "Acuerdo por el que se crea el registro de personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito Federal".

16. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó provisionalmente el asunto al Magistrado Gaspar Paulín Carmona para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.

17. Actualización de Informes. Los Magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, rindieron los informes solicitados en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes, con excepción del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que en su oficio reiteró que había sido abandonado el criterio sostenido en el amparo en revisión 117/2018, al resolver el diverso recurso 109/2020; asimismo, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del conocimiento que no se encontraba pendiente de resolución, contradicción de criterio alguna ante el Máximo Tribunal cuyo tema tuviera relación con el de la presente contradicción.

18. Confirmación de turno. Mediante acuerdo de presidencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa, en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al Magistrado nombrado, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

19. Aplazamiento. El asunto fue listado el dos de mayo de dos mil veintitrés para ser visto en la sesión que fue celebrada el veinticinco de mayo siguiente, en la que fue aplazado.

20. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

CONSIDERANDO:

Competencia

21. PRIMERO.—Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6 fracción I, 7 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción I, punto 2, 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, en virtud de que la contradicción se suscitó entre los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto, Décimo Segundo y Decimotercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, pertenecientes a la Región Centro-Norte.

Legitimación

22. SEGUNDO.—De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 227, fracción III,(2) de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, porque se trata de la persona autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo en los juicios de amparo de los que derivaron los criterios contendientes.

Criterios contendientes

23. TERCERO.—Para establecer si existe contradicción de criterios es indispensable tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes que sustentan las ejecutorias de los cuerpos colegiados que se denunciaron como contradictorias.

24. Se hace constar que en el punto 11 de la denuncia se mencionan a los Tribunales Décimo Cuarto, Octavo, Primero, Quinto, Décimo Segundo y Décimo Séptimo, todos en materia administrativa del Primer Circuito, como si fueran los tribunales contendientes; sin embargo en el detalle de los asuntos materia de la presente contradicción de criterios del escrito de denuncia se especifican los Tribunales Colegiados de Circuito y los números de expedientes de sus índices que en realidad participan como contendientes, lo cuales coinciden con los señalados en el acuerdo de admisión del otrora Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, y sobre los cuales se rindieron las vigencias de criterios.

25. Atento a lo anterior, se precisa que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto, Décimo Segundo y Décimo Tercer, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 216/2018, 117/2018, 123/2018 y 66/2018, respectivamente, son los únicos que se tendrán en consideración para la resolución del asunto que nos ocupa.

26. Transcripción de las ejecutorias contendientes. No se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación; ya que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, efectuando un análisis exhaustivo y emitiendo una respuesta a cada uno de ellos.

27. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(3)

28. Ahora, para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustanciales de los criterios discrepantes, los cuales constituyen hechos notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2o.

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 216/2018, en sesión de quince de marzo de dos mil diecinueve.

29. Juicio de amparo indirecto. Una persona física promovió juicio de amparo en el que reclamó del jefe de gobierno, secretario de movilidad, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todos del Gobierno de la Ciudad de México, entre otros, la omisión de proveer dentro su esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, la emisión y promulgación del Acuerdo por el que se crea el registro de personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito Federal –hoy Ciudad de México–, en particular el artículo séptimo, incisos a) y c), con motivo de lo que refirió constituía el primer acto de aplicación, lo que pretendió acreditar con el acta de fe de hechos levantada ante notario público; por lo que, bajo su consideración, la prohibición contenida en el precepto reclamado, surgió en el momento en el que se registró como usuario de la plataforma de la aplicación móvil de transporte denominada **********.

30. El Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó el registro de la demanda de amparo y requirió a la parte quejosa para que manifestara los hechos y abstenciones que constituyen los actos reclamados.

31. Desahogado el requerimiento, el Juez del conocimiento admitió la demanda, señaló fecha para la audiencia constitucional, requirió a las autoridades responsables su informe con justificación, y dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, quien no formuló pedimento.

32. Celebrada la audiencia constitucional respectiva, y mediante proveído de siete de marzo de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la Circular C.CAR 6/2018-IV, emitida por el secretario técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se remitió el asunto para su resolución al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien formó el expediente de amparo ********** y dictó sentencia el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo al considerar, de manera oficiosa, actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I del artículo 5o., ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó que el acuerdo reclamado le ocasionara perjuicio a su interés jurídico o legítimo.

33. Asimismo, estimó actualizada la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 78, ambos de la Ley de Amparo, dado que no se podrían concretar los efectos de una eventual sentencia de amparo, dado que, aunque se permitiera pagar en efectivo a la parte quejosa, subsistirían las obligaciones que el acuerdo reclamado impone a la empresa que administra la aplicación que permite la prestación del servicio, entre ellas, la relativa a abstenerse de realizar cobros en efectivo, toda vez que los efectos del amparo quedarían acotados al usuario de la aplicación.

34. Interposición del recurso de revisión. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual se turnó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. La presidencia de ese órgano jurisdiccional lo admitió a trámite y ordenó su registro como amparo en revisión 216/2018. Posteriormente, en sesión de quince de marzo de dos mil diecinueve, los Magistrados integrantes de ese tribunal resolvieron modificar, sobreseer y amparar para efectos.

35. El tribunal citado consideró suficiente la documental presentada por la quejosa, consistente en el acta de fe de hechos ante Notario Público, para acreditar su interés legítimo únicamente respecto de lo establecido en el artículo séptimo, inciso a) del acuerdo reclamado, consistente en el pago en efectivo, no así por el pago con tarjeta prepagada no bancaria o sistemas de pago en tiendas de conveniencia mediante monedero electrónico y consideró que no se surtió el supuesto de improcedencia contenido en el artículo 61, fracción XII. 36. Además, dijo que el Pleno del Alto Tribunal, en relación con el tema materia de este asunto, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 13/2017, consideró que el servicio prestado no puede disociarse de la plataforma tecnológica que lo habilita, ya que es un elemento imprescindible de la relación, puesto que sin ella no puede darse la finalidad del servicio de transporte entre privados, de este modo, la relación que se genera no puede ser entendida solamente entre el usuario y el chofer que presta el servicio de transporte, que sólo es la conclusión de una serie de pasos que involucran a la plataforma o aplicación para poder concretarse.

37. Por tanto, debía considerarse que al estar inscrito en la plataforma como usuario, ello significa la participación en la relación que se genera para la prestación del servicio, lo que se traduce en contar con el interés para impugnar la normatividad que rige el servicio de transporte, pues la quejosa al proceder a registrarse como usuario de la plataforma tecnológica, se situó en el supuesto contemplado por la norma que combate, colocándose en una situación diferenciada del resto de la población, respecto del acuerdo controvertido.

38. Lo que le legitima para impugnar dicha norma mediante el juicio de amparo, concretamente, en la parte en que establece la prohibición de recibir el pago en efectivo, pues esta prohibición influye en la relación tripartita (empresa dueña de la plataforma tecnológica, chofer y usuario) al modificar el esquema de pagos.

39. Asimismo, el Tribunal Colegiado determinó que no se actualizaba la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 78 de la Ley de Amparo, porque, dijo, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 241/2018, tratándose de intereses colectivos es posible admitir ciertas excepciones al principio de relatividad de las sentencias para maximizar los derechos de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, como el de supremacía constitucional al ser posible la reparación por la autoridad responsable.

40. También consideró que un acto autoritario dirigido a una persona no implica que otra deje de resentir afectación a su esfera jurídica de trascendencia suficiente para legitimarlo a ejercer la acción constitucional, además de que como indicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe interpretarse de la manera más favorable para la persona, por lo que, lejos de asumirse una concepción "purista" o "absoluta" del principio de relatividad, deben admitirse ciertas excepciones a su operabilidad, a fin de maximizar tanto el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, como el diverso principio de supremacía constitucional.

41. Por lo que declaró procedente levantar el sobreseimiento decretado respecto del acto reclamado a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, consistente en el "Acuerdo por el que se crea el registro de personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito Federal", únicamente por lo que hace a lo establecido en su artículo séptimo, inciso a) y entró al análisis de los conceptos de violación vertidos por la quejosa.

42. Concluyó que, tal como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 13/2017, en la parte en que declaró la invalidez del artículo 172, numeral 2, fracción I, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, la restricción establecida en la norma impugnada a través de esa instancia, es de características similares a la declarada constitucionalmente inválida por el Pleno del Alto Tribunal.

43. Disposición que establece que tratándose de la prestación del servicio privado de transporte con chofer, proporcionado a través de aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, operadas y o administradas por personas morales, no podrán recibirse pagos en efectivo.

44. Sin embargo –razonó el Tribunal Colegiado–, que como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la limitación de referencia no puede ser establecida por una norma de carácter general emitida por un gobierno local, ya que la determinación de las condiciones de pago de obligaciones es de competencia federal sin que se justifique que el Congreso local o como en este caso, el ejecutivo, a través de la Secretaría de Movilidad, pueda legislar o normar a efecto de que se restrinja la operación del servicio para que sólo puedan liquidarse las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios utilizando un producto financiero determinado, como lo es la tarjeta de crédito.

45. Lo que consideró fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que no se aplique a la parte quejosa la restricción de realizar el pago del servicio de referencia en efectivo, tratándose de la prestación de servicios exclusivos de transporte privado, que fueron contratados mediante dispositivos móviles.

Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 117/2018, el nueve de mayo de dos mil diecinueve.

46. Juicio de amparo indirecto. La parte quejosa promovió juicio de amparo en el que reclamó del jefe de gobierno, secretario de movilidad, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todos del Gobierno de la Ciudad de México, entre otros, la omisión de proveer dentro su esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, la emisión y promulgación del Acuerdo por el que se crea el registro de personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito Federal.

47. El Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó sentencia el seis de marzo de dos mil dieciocho, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la sentencia.

48. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto el nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio.

49. El Tribunal Colegiado citado consideró suficiente el acta de fe de hechos contenida en el instrumento notarial presentado por la quejosa y determinó que el pronunciamiento que se realizaba en el fallo tomaba en consideración que en su calidad de usuaria del servicio era sujeta obligada de las disposiciones de la norma indirecta.

50. Precisado lo anterior determinó, previa vista que se dio a la parte quejosa y que la desahogó oportunamente y cuyas manifestaciones fueron estimadas insuficientes para resolver que, de manera oficiosa, se debía decretar el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 78 de la Ley de Amparo por considerar que no se podría concretar una hipotética concesión del amparo exclusivamente en la esfera de derechos de la recurrente por las relaciones jurídicas y obligaciones establecidas entre la persona moral que administra la aplicación y el Gobierno de la Ciudad de México, así como las diversas obligaciones derivadas de la relación contractual que subsiste entre la recurrente y la propia empresa que administra la aplicación tecnológica y entre esta última, los vehículos permisionarios y el resto de los usuarios.

51. Mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la presidencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que el criterio sostenido, al resolver el amparo en revisión 117/2018, ya no estaba vigente.

Criterio sostenido por el Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 123/2018, el cuatro de octubre de dos mil dieciocho.

52. La parte quejosa promovió juicio de amparo en el que reclamó del jefe de gobierno, secretario de movilidad, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todos del Gobierno de la Ciudad de México, entre otros, la omisión de proveer dentro su esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, la emisión y promulgación del Acuerdo por el que se crea el registro de personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito Federal.

53. La titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó sentencia el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho en la que resolvió sobreseer en el juicio de amparo.

54. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con dicha

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32160-edac0ec0/imposibilidad-de-concretar-los-efectos-de-la-concesion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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