IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES. ATRIBUIR A LAS AUTORIDADES EXACTORAS LA APLICACIÓN Y COBRO DE UN IMPUESTO O DERECHO REALIZADO A TRAVÉS DE AUTOLIQUIDACIÓN, NO ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 1/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 10 DE ABRIL DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO (PRESIDENTA) Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: ROSALBA JANETH RODRÍGUEZ SANABRIA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de diez de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 1/2024, suscitada entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
2. La problemática jurídica a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, consiste en determinar si es factible la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.", sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para desechar parcialmente la demanda de amparo al tener por actualizada de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia respecto a las autoridades señaladas como recaudadoras cuando se les atribuya como acto reclamado la aplicación y cobro de un impuesto o derecho realizado mediante autoliquidación por parte del quejoso; o en cambio, si ello sólo puede determinarse hasta el dictado de la sentencia.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido vía interconexión en el extinto Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, el diez de octubre de dos mil veintitrés, suscrito electrónicamente por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en cumplimiento a lo resuelto en sesión plenaria de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja 266/2023, se denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y el órgano colegiado oficiante al resolver el recurso de queja 124/2022 (sic).(1)
4. Remisión de la denuncia a este Pleno Regional. Mediante oficio 4/2024 signado por el secretario de acuerdos del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, y en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro- Norte y Centro-Sur y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, remitió a este Pleno Regional, entre otras, la contradicción de criterios 86/2023 de su estadística.
5. Amicus curiae. Cabe señalar que mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil veintitrés, el Administrador de Amparo e Instancias Judiciales 5 del Servicio de Administración Tributaria, realizó diversas manifestaciones mediante la figura de amicus curiae, en las que esencialmente manifestó, en principio, que no existía la contradicción de criterios derivado de que en los recursos de queja denunciados se resolvieron temas distintos, no obstante dijo, que el criterio del recurso de queja 105/2022 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, coincidía con el de la contradicción de criterios denunciada y que es el que debía prevalecer; escrito acordado por el extinto Pleno Regional mencionado, mediante auto de quince del mes y año en cita.
6. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de presidencia de veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio referido se admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, se ordenó su registro con el expediente 1/2024, y su turno a la ponencia que correspondiera.
7. En el mismo auto se solicitó a los Tribunales contendientes, que informaran si los criterios sustentados continuaban vigentes y pusieran a disposición de este órgano los expedientes electrónicos de los asuntos involucrados.
8. Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, que informara si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe alguna contradicción de criterios radicada sobre el tema.
9. Por oficio 1327/2024, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, hizo del conocimiento la puesta a disposición del expediente electrónico del asunto relacionado con la presente contradicción, e informó que el criterio sostenido en el recurso de queja 124/2022, se encontraba vigente.
10. Por acuerdo de veintisiete de febrero del año en curso, el secretario de acuerdos de este Pleno Regional regularizó el procedimiento al advertir de constancias una discrepancia en el número de expediente de uno de los criterios denunciados, por lo que requirió al Tribunal Colegiado correspondiente, aclarara cual era el criterio a denunciar.
11. Por oficio 3450/2024, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, hizo del conocimiento el criterio correcto a denunciar, el cual corresponde al recurso de queja 105/2022, en consecuencia, puso a disposición de este órgano jurisdiccional el expediente electrónico del asunto e informó que el criterio sostenido en el mismo, se encontraba vigente.
12. Por oficio DGCCST/X/136/02/2024, de doce de febrero de dos mil veinticuatro, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, informó a este Pleno, que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se encuentra contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.
13. Mediante auto de veintidós de marzo de la anualidad que transcurre, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
14. Este Pleno Regional en Materias Civil y Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 1, fracción II, número 2, y 2, del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés]; en virtud de que la contradicción se suscitó entre los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito; de ahí que se comprenden en las materias y territorio asignados a este Pleno.
III. LEGITIMACIÓN
15. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
16. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
17. Primer criterio contendiente. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, conoció del recurso de queja 105/2022.
18. Los antecedentes que interesan de la ejecutoria pronunciada son:
19. Demanda de amparo. Una persona física promovió demanda de amparo indirecto contra la fracción I, inciso h), del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno y su acto de ejecución, en la que reclamó expresamente de las autoridades ejecutoras, lo siguiente:
"... e). Del C. ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********, con residencia en dicha localidad, la inconstitucionalidad y violación de mis Derechos Humanos por virtud de la aplicación en perjuicio de mi persona de la fracción I, inciso h) del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal del año 2021 dos mil veintiuno, contenida en el decreto número 26280/LXII/20 de fecha 10 diez de diciembre del año 2020 dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 28 veintiocho del mes y año en cita, aplicación verificada mediante el cobro y pago realizado por mi parte de los derechos referidos por tal disposición legal conforme a las cantidades y recibos de pago que se identifican en el capítulo de antecedentes de esta súplica (textual) de garantías;
"f). Del C. ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********; con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la inconstitucionalidad y violación de mis derechos humanos por virtud de la aplicación en perjuicio de mi persona de la fracción I inciso h) del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal del año 2021 dos mil veintiuno, contenida en el decreto número 26280/LXII/20 de fecha 10 diez de diciembre del año 2020 dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 28 veintiocho del mes y año en cita, aplicación verificada mediante el cobro y pago realizado por mi parte de los derechos referidos por tal disposición legal conforme a las cantidades y recibos de pago que se identifican en el capítulo de antecedentes de esta suplica (textual) de garantías;
"g). Del C. ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la inconstitucionalidad y violación de mis derechos humanos por virtud de la aplicación en perjuicio de mi persona de la fracción I inciso h) del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal del año 2021 dos mil veintiuno, contenida en el decreto número 26280/LXII/20 de fecha 10 diez de diciembre del año 2020 dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 28 veintiocho del mes y año en cita, aplicación verificada mediante el cobro y pago realizado por mi parte de los derechos referidos por tal disposición legal conforme a las cantidades y recibos de pago que se identifican en el capítulo de antecedentes de esta súplica (textual) de garantías ..."
20. Desechamiento parcial. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, la registró con el expediente 124/2022; no obstante, la desechó parcialmente al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1o., fracción l y 5o., fracción ll, todos de la Ley de Amparo, al considerar que las autoridades responsables ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** y ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** (ejecutoras), no tienen calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que si bien la recepción de los pagos del derecho de registro de actos y registro de testimonios, fue por parte de las autoridades exactoras, estimó que éstas no intervinieron en la aplicación de la norma combatida, pues en todo caso, fue la propia parte quejosa quien se autoaplicó la norma al pagar el derecho correspondiente; finalmente, admitió la demanda por lo que hizo al resto de las autoridades señaladas como responsables.
21. Recurso de queja. El amparista interpuso recurso de queja en el que sostuvo como agravios, que el juez federal soslayó que las autoridades responsables ejecutoras participan de manera activa en la verificación de los actos reclamados, porque no se trata de autoliquidaciones, sino de pagos que efectuó para que se pueda incorporar una escritura pública al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, los cuales fueron recibidos en la oficina recaudadora, que en consecuencia, expidió los recibos correspondientes; que los actos que reclama no constituyen autoliquidaciones, pues provienen de órdenes de pago expedidas por el ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********, con base en las cuales la Oficina Recaudadora de esa localidad recibió los pagos y expidió los recibos oficiales correspondientes, por ende, los pagos no se verificaron de forma espontánea, sino que se realizaron para cumplir con un requisito necesario para que se pudiera incorporar su escritura en el mencionado registro público; y que el juez de Distrito no acató lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, al no aplicar las jurisprudencias 2a./J. 54/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA."; y la tesis de jurisprudencia III.5o.A. J/6 (10a.), de título "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE.", del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Cuestiones jurídicas
22. Por unanimidad de votos el Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso de queja por lo siguiente:
23. En principio, declaró infundado lo relativo a que el Juez de Distrito no atendió la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), pues explicó que ese criterio es aplicable a los asuntos en los que el acto reclamado constituye el acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, por lo que no era dable aplicarla de forma general, dado que aborda un caso particular, donde el acto reclamado es distinto al que analizó, a saber, el pago de una contribución, que constituye una autoliquidación.
24. Además, destacó que sobre el acto específico reclamado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./ 153/2007, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.", y la tesis aislada de título: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS."; las cuales consideró el Tribunal Colegiado, develaban la improcedencia del juicio constitucional contra la autoliquidación, por considerar que no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
25. Asimismo, precisó que el juzgador de amparo no inobservó la jurisprudencia III.5o.A. J/6 (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que conforme al numeral 217 de la Ley de Amparo le resultaba obligatoria, pues advirtió que de ese criterio se desprende que por regla general, el auto inicial no es la actuación ideal para determinar si el acto reclamado proviene o no de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, salvo que se tuviera plena certeza de que aun admitiendo la demanda, al final se llegaría a la misma conclusión; por lo que, si de acuerdo a la jurisprudencia y tesis aislada del Máximo Tribunal que invocó previamente, existe certeza jurídica de que la autoliquidación no es un acto de autoridad que debiera ser controvertido en juicio de amparo, entonces, dijo, desde el auto inicial es dable advertir esa situación y desechar la demanda contra las autoridades a las que se les atribuyó ese acto.
26. En cuanto al resto de los agravios el tribunal colegiado los declaró inoperantes por no controvertir los razonamientos del Juez Federal en los que se apoyó para desechar parcialmente la demanda de amparo, puesto que la parte recurrente se limitó a exponer argumentos con los cuales, desde su visión personal, las autoridades responsables sí participan activamente en la realización de los actos que reclama y por qué consideró que los pagos que efectuó no constituyen una autoliquidación; pero sin desvirtuar las consideraciones particulares del juez de Distrito en que explicó cuándo una autoridad es responsable para efectos del juicio de amparo y cuáles son las notas que distinguen a los actos susceptibles de ser reclamados en ese juicio.
27. Aunado a ello, el órgano colegiado señaló que el recurrente tampoco controvirtió las consideraciones del juez de Distrito relativas a que la mera recepción del pago de la contribución, aunque es un requisito indispensable para que se pueda realizar su trámite administrativo, es una autoliquidación, porque las autoridades responsables no ejecutaron actos administrativos para obligarlo o constreñirlo a su realización, sino que dicho quejoso, por la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos en la propia Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, acudió sin coerción alguna y de manera voluntaria hasta la oficina recaudadora a efectuar su pago, donde se le expidieron los recibos oficiales correspondientes.
28. Finalmente, consideró que el inconforme no rebatió la aplicabilidad, en específico de la jurisprudencia y tesis aislada emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocadas por el juzgador para apoyar su determinación y que fueron destacadas por el Tribunal Colegiado. 29. Por lo que, dada la calificativa de los agravios, declaró infundado el recurso de queja.
30. Segundo criterio contendiente. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció del recurso de queja 266/2023.
31. Los antecedentes que interesan de la ejecutoria pronunciada son:
32. Demanda de amparo indirecto. Una persona física promovió demanda de amparo indirecto contra diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para los ejercicios fiscales correspondientes a los años de dos mil diecisiete a dos mil veintitrés, atribuidas al ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** en la parte que interesa, destaca que de las dos últimas autoridades, el quejoso reclamó lo siguiente:
"...
"c. Del H. ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********, la determinación y cobro del impuesto predial por los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 tal como consta en el Recibo oficial y el CFDI, por el que se recaudó el impuesto predial de estos ejercicios con las tarifas establecidas en las siguientes leyes:
"i. La aplicación del artículo 46, de Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el año 2017, publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco el 17 de diciembre de 2016.
"ii. La aplicación del artículo 32, de Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el año 2018, publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco el 16 de diciembre de 2017.
"iii. La aplicación del artículo 45, de Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el año 2019, publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco el 8 de diciembre de 2018.
"iv. La aplicación del artículo 45 fracción I, de Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el año 2020, publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco el 24 de diciembre de 2019.
"v. La aplicación del artículo 45 fracción I, de Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el año 2021, publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco el 22 de diciembre de 2020.
"vi. La aplicación del artículo 45 fracción I, de Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el año 2022, publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco el 18 de diciembre de 2021.
"vii. La aplicación del artículo 45 fracción I, de Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el año 2023, publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco el 20 de diciembre de 2022."
33. Desechamiento parcial. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a la Jueza Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien en cinco de julio de dos mil veintitrés, la registró con el consecutivo 1499/2023; sin embargo, la desechó parcialmente al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en cuanto a las autoridades responsables Ayuntamiento constitucional y Tesorero Municipal, ambos de ********** **********; pues consideró que el acto que se les reclamó es solamente la ejecución de la norma tildada de inconstitucional de manera que la existencia de un acto de ejecución de una autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad.
34. Por tanto, señaló que la circunstancia de que el quejoso haya liquidado el importe que consigna el recibo oficial con motivo del pago del impuesto que prevé la disposición legal reclamada, con lo que se acredita la autoaplicación de la disposición normativa, no conduciría, ni seguido el juicio, a tener por cierto el acto que se les atribuyen a las responsables mencionadas, porque si los particulares se autoliquidan el pago de un derecho, esa conducta no puede considerarse atribuible a autoridad alguna, pues la precitada autoridad no realizó requerimiento de cobro para aplicar y ejecutar el dispositivo legal reclamado. Por ende, si la parte quejosa fue quien de manera espontánea enteró el pago por los conceptos señalados, era evidente que, a través de ese acto, sólo se demuestra el acto de aplicación, pero no que la referida autoridad haya realizado actos tendentes a su ejecución; finalmente, admitió la demanda por lo que hizo al resto de las autoridades señaladas como responsables.
35. Y citó como aplicable la jurisprudencia 2a./J. 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ya citada con antelación).
36. Recurso de queja. Inconforme con la citada determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, al sostener que el desechamiento parcial de la demanda resultó ilegal.
37. Cuestiones jurídicas.
38. Por unanimidad de votos el Tribunal Colegiado declaró fundado el recurso por lo siguiente:
39. Estimó que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo no era notoria y manifiesta, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 128/2002, de rubro y texto:
"AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra normas heteroaplicativas, el gobernado debe impugnar su primer acto concreto de aplicación, el cual, de acuerdo con diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede tener origen, por regla general, en tres formas: Por la actuación de la autoridad que por disposición de la ley es la encargada de su aplicación; por la actuación del propio agraviado que por exigencia de la ley se coloca por sí mismo en los supuestos previstos en la norma; y, por parte de un particular en su carácter de tercero que actúa por mandato de la ley. Luego, si bien es cierto que cuando el quejoso se autoaplica una disposición que a la postre reclamará por inconstitucional o cuando es un tercero auxiliar de la administración pública el que realiza la aplicación de una norma en perjuicio del gobernado que la considera inconstitucional, no hay actos de las autoridades encargadas inconstitucional, no hay actos de las autoridades encargadas de la ejecución de ésta que hayan requerido su cumplimiento, esa circunstancia no implica que exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar la demanda de amparo interpuesta en contra de los actos de ejecución que se imputen a dichas autoridades, toda vez que la posibilidad de reclamar los actos de ejecución de una ley no se finca en el hecho de que haya sido la autoridad la que hubiere aplicado la disposición de que se trate en perjuicio del quejoso, sino en la intervención que hubiere tenido o pudiera tener para hacer cumplir la disposición que se estima inconstitucional, lo cual puede advertirse de las pruebas y de los informes que al efecto se rindan en el procedimiento respectivo. Estimar lo contrario implicaría dejar al promovente en estado de indefensión, en tanto que a priori se le priva de la oportunidad de allegar los elementos de convicción que justifiquen la ejecución que lleva a cabo la autoridad ejecutora de la ley impugnada, por el solo hecho de no haber sido la que realizó el acto de aplicación del precepto reclamado."(2)
40. El tribunal colegiado consideró que la circunstancia de que las autoridades responsables ejecutoras Ayuntamiento y Tesorero del Municipio de ********** **********, no hubieren aplicado la norma combatida, no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar la demanda de amparo promovida contra los actos de ejecución que se les imputa, toda vez que la posibilidad de reclamar los actos de ejecución de una ley no se finca en el hecho de que haya sido la autoridad la que hubiere aplicado la disposición de que se trate en perjuicio del quejoso, sino en la intervención que hubiere tenido o pudiera tener para hacer cumplir la disposición que se estima inconstitucional, lo cual dijo, puede advertirse de las pruebas y de los informes que al efecto se rindan en el procedimiento respectivo.
41. Por lo que el órgano colegiado consideró que la jurisprudencia 2a./J. 153/2007 invocada por el A quo, no era aplicable en la etapa de admisión de la demanda, porque será hasta la audiencia constitucional en la que en su caso, el juzgador podrá decidir con todos los elementos de prueba si es aplicable o no ese criterio; además, destacó que la contradicción de tesis de dicha jurisprudencia derivó de amparos en revisión, esto es, se trató de pronunciamientos realizados en la sentencia, una vez que se agotó la secuela procesal y se dio oportunidad a la parte quejosa de acreditar durante el juicio, los actos que atribuyó a autoridades ejecutoras, lo cual dijo, supone un estado procesal específico y propio para estimar, derivado de los elementos del juicio, si debía o no determinarse la certeza del acto reclamado a dicha ejecutora, es decir, si debían o no tenerse por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras.
42. Enseguida, indicó que era importante destacar que la aludida jurisprudencia 2a./J. 153/2007, no examinó la actualización de una causal de improcedencia, institución a la que alude expresamente el artículo 113 de la Ley de Amparo, sino en todo caso, sobre la existencia (o inexistencia) del acto reclamado, que puede constituir un motivo de sob
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32469-0c3056ae/improcedencia-del-juicio-de-amparo-contra-leyes-atribuir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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