PARTICULAR SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. DESDE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DEBE DETERMINARSE SI LE ASISTE ESE CARÁCTER.
QUEJA 55/2015. 6 DE AGOSTO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. PONENTE: ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-En un agravio la disconforme expresa que el acuerdo recurrido contraviene en su perjuicio los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, porque indebidamente se le atribuyó el carácter de autoridad responsable.
Aduce que la quejosa pretende reclamarle dos actos: por una parte, la desincorporación, venta, enajenación y cesión de activos afectos a su concesión y, por otra, la desincorporación, venta, enajenación y cesión de activos adquiridos con terceros, entre los cuales la propia amparista afirma ubicarse.
Señala que, atinente al primero de dichos actos reclamados, **********, no es titular de concesión alguna, por lo que no existe activo alguno afecto a ésta que se hubiere desincorporado, vendido, enajenado o cedido, lo que, a su decir, revela que no es autoridad responsable.
Agrega que respecto del segundo, no es un acto de autoridad contra el cual resulte procedente el juicio de amparo, ya que se trata de conductas entre particulares, de naturaleza civil o mercantil, en un plano de coordinación, las cuales no están previstas en normas generales ni son susceptibles de afectar la esfera jurídica de la quejosa de forma unilateral y obligatoria.
También expresa que para que se actualice el supuesto previsto en el artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a efecto de considerar a un particular como autoridad responsable, es menester que su función o facultad implique al menos un cierto grado de discrecionalidad que asemeje su acto al de una autoridad, resultando insuficiente que dicha función o facultad esté prevista por una norma general, ya que en este último supuesto, la modificación unilateral a la esfera jurídica de otro gobernado la provocará la ley por ministerio, no así el particular.
Los argumentos reseñados son esencialmente fundados.
En relación con lo anterior conviene apuntar, en principio, que el estudio pretendido, tendiente a que se dilucide desde la admisión del ocurso inicial si la recurrente, siendo un particular, tiene o no el carácter de autoridad responsable, sí es factible; a propósito, no pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página novecientos veintinueve, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.-En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos."
Mediante el criterio jurisprudencial citado, se determinó que, tratándose el acto reclamado del Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, no era factible examinar en el acuerdo inicial de trámite si dicho acto reclamado era de autoridad para efectos del juicio de amparo, habida cuenta de que en ese momento procesal no se contaba con los elementos suficientes al efecto.
Sin embargo, tal jurisprudencia no es aplicable al caso concreto, en tanto que fue emitida a la luz de la Ley de Amparo abrogada a partir del tres de abril de dos mil trece, no de la vigente, además de que tampoco es útil, ni siquiera por analogía, habida cuenta de que el imperativo que se debe examinar, regulado por el artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable, no estaba previsto en el anterior marco legal.
Al respecto, la disposición legal indicada introduce novedosamente la siguiente posibilidad:
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"...II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
"Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."
De la norma transcrita se advierte que los particulares serán autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, a partir de funciones determinadas por una norma general.
Empero, dicho mandato se introduce a manera de excepción, únicamente cuando la ley dé al particular alguna facultad de imperio susceptible de afectar derechos de otros particulares, siendo que, por regla general, el juicio de amparo procede más bien contra autoridades, por la emisión de actos que se estimen violatorios de derechos humanos. Así deriva del artículo 103 constitucional, que a continuación se transcribe:
"Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite
"I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
"II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y
"III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal."
Sobre todo porque ordinariamente los gobernados sólo se involucran entre sí en relaciones de coordinación, no de supra a subordinación.
En atención a las anteriores reflexiones es que se estima viable examinar si un particular tiene el carácter de autoridad responsable desde el momento de la admisión de la demanda de amparo, porque dada la excepcionalidad de ese tratamiento legal, es conveniente que no se someta al gobernado al juicio de amparo innecesariamente -con las cargas procesales en su contra que conlleva hacerlo-, si desde el referido momento procesal es posible determinar que no es autoridad responsable.
Determinación que, evidentemente, es factible sólo si obran en el sumario elementos suficientes para llegar a la decisión respectiva; lo anterior deriva del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente:
"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."
Esto es, condiciona el desechamiento de la demanda de amparo a que el motivo de improcedencia respectivo se actualice manifiesta e indudablemente; estos últimos conceptos han sido definidos por el Máximo Tribunal del País, en el sentido de que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.
Es aplicable al respecto la tesis aislada 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.-El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."
Imperativo que, adminiculado con los artículos 5o., fracción II, párrafo segundo y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, conduce a concluir que la cuestión relativa a si un particular es autoridad responsable, sí es dilucidable al admitirse la demanda de amparo, pero únicamente cuando haya elementos suficientes al efecto y, así, pueda determinarse notoria y manifiestamente, en su caso, que no lo es.
Pues bien, en el caso concreto la quejosa se ostenta en el juicio de amparo como distribuidora de **********, y para demostrar tal afirmación, exhibe dos contratos de comisión mercantil celebrados con dicha empresa, visibles a fojas setenta y siguientes del legajo de copias certificadas, en los cuales se precisa como objeto el siguiente:
"Cláusulas
"Primera. Objeto.
"El presente contrato tiene por objeto que ********** adquiera la calidad de ‘distribuidor autorizado **********’ dentro de la **********, para que con sus recursos busque y capte personas dispuestas a contratar los servicios que ofrece **********, llevando a cabo la instalación, mantenimiento, localización de sitios y demás servicios que le sean encomendados por **********, así como la distribución y venta de ********** y **********, de conformidad con las prácticas y políticas comerciales..."
"Cláusulas
"Primera. Objeto.
"El presente contrato tiene por objeto que ********** adquiera la calidad de ‘distribuidor autorizado **********’ dentro de la **********, para que con sus recursos busque y capte personas dispuestas a contratar los servicios que ofrece **********, llevando a cabo la instalación, mantenimiento, localización de sitios y demás servicios que le sean encomendados por **********, así como la distribución y venta de ********** y **********, de conformidad con las prácticas y políticas comerciales..."
Además, tal como se advierte del capítulo de actos reclamados de la demanda de amparo y de su escrito aclaratorio, transcritos en los resultandos primero y tercero del presente fallo, se señalaron como actos reclamados los siguientes:
a) Los artículos 3, fracción XLVI, 110, 111, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 y 277 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
b) La autorización otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones a ********** y/o **********, para ceder parcialmente derechos y obligaciones contratados con empresas como la propia peticionaria, derivados de la concesión en telecomunicaciones otorgada a **********.
c) La opinión técnica emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dirigida al Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre la cesión autorizada a ********** y/o **********, para ceder parcialmente derechos y obligaciones contratados con empresas como la quejosa, derivados de la concesión en telecomunicaciones otorgada a **********.
d) La cesión de derechos que lleven a cabo ********** y/o **********, en ejecución de la autorización referida anteriormente, traducida en la desincorporación, venta, enajenación y cesión de activos de **********.
De lo anterior deriva que es inexacto lo afirmado por la recurrente, en cuanto a que uno de los actos reclamados está constituido por la cesión de los derechos derivados de alguna concesión a su favor en materia de telecomunicaciones, ya que la impetrante se refiere, más bien, a los derechos derivados de la concesión a nombre de **********.
Al respecto, si bien es cierto que en una parte de sus manifestaciones la amparista indicó que se designaban como autoridades responsables a ********** y ********** "...en cuanto a la cesión parcial de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones para uso comercial que obtuvieron las precitadas empresas...", más adelante precisó que aludía a ********** dada "...su calidad de empresa controladora de ********** ‘**********’, concesionaria del Estado..."; esto es, que quien era titular de la concesión era ********** y que ********** era su controladora; lo que revela la verdadera intención de la peticionaria, de que se llame a la recurrente, no como concesionaria, sino como controladora de la concesionaria.
Hecha la precisión anterior, es menester referirse al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo anteriormente transcrito, el cual establece que es autoridad responsable "...la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria..." y, tratándose de particulares a quienes corresponda el mismo carácter, lo serán "...cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."
Como se ve, tienen calidad de responsables las autoridades que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, mientras que los particulares a quienes también corresponde dicha calidad, son aquellos que realizan ese mismo tipo de actos y cuyas funciones están determinadas por la norma general.
Sobre el mismo tema, resulta pertinente tomar en cuenta las notas distintivas sobre la autoridad responsable, establecidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en la página mil ochenta y nueve, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.-Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."
Al tenor del criterio jurisprudencial transcrito, para que una autoridad responsable sea considerada como tal para efectos del juicio de amparo, es menester que entre ella y el quejoso exista una relación de supra a subordinación nacida de la ley, y que con motivo de dicha relación emita irrenunciablemente actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, sin que al efecto requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.
De lo anterior se pueden desprender los siguientes elementos, para que un particular sea llamado como autoridad responsable al juicio de amparo:
1. Que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas.
2. Tal afectación sea unilateral, es decir, sin que al efecto se requiera acudir a los órganos judiciales ni se precise del consenso de la voluntad del afectado.
3. El acto derive de funciones determinadas por una norma general, por lo que resulta de ejercicio irrenunciable y obligatorio.
4. Por lo anterior se genere una relación de supra a subordinación con el gobernado afectado.
Así pues, a efecto de atribuir a un particular el carácter de autoridad responsable, es menester que con motivo de una función, esto es, una capacidad irrenunciable que le otorga la ley, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria en perjuicio de otros gobernados, colocándose de esa manera, frente a éstos, en una relación de supra a subordinación.
En la especie, como se ha visto, se atribuye a la disconforme la cesión que lleve a cabo como controladora, en ejecución de la autorización otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de derechos y obligaciones contratados con empresas como la quejosa, derivados de la concesión en telecomunicaciones otorgada a **********; cesión de derechos que, agrega la impetrante, la recurrente pretende llevar a cabo "...con el fin directo e inmediato de reducir su participación por debajo del cincuenta por ciento del sector de telecomunicaciones para dejar de ser considerada como agente económico preponderante y, con ello, poder acceder a la convergencia y que no se le apliquen medidas asimétricas."; esto es, a efecto de reducir su participación nacional por debajo del cincuenta por ciento en el servicio de telecomunicaciones, para dejar de ser considerada, de tal manera, como agente económico preponderante y evitar la aplicación de las medidas asimétricas correspondientes.
Sobre la cesión de derechos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su artículo 110, establece lo siguiente:
"Artículo 110. Sólo las concesiones para uso comercial o privado, esta última con propósitos de comunicación privada, podrán cederse previa autorización del instituto en los términos previstos en esta ley.
"El instituto podrá autorizar dentro de un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la presentación de la solicitud, la cesión parcial o total de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones, siempre que el cesionario se comprometa a cumplir con las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca el instituto.
"La autorización previa de la cesión a que se refiere este artículo podrá solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un plazo de tres años contados a partir del otorgamiento de la concesión.
"No se requerirá autorización por parte del instituto en los casos de cesión de la concesión por fusión de empresas, escisiones o reestructuras corporativas, siempre que dichos actos sean dentro del mismo grupo de control o agente económico.
"A tal efecto, se deberá notificar la operación al instituto dentro de los treinta días naturales siguientes a su realización.
"En los casos en que la cesión tenga por objeto transferir los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones a otro concesionario que preste servicios similares en la misma zona geográfica, el instituto podrá autorizar la cesión, previo análisis que realice sobre los efectos que dicho acto tenga o pueda tener para la libre competencia y concurrencia en el mercado correspondiente.
"Si la cesión actualizara la obligación de notificar una concentración conforme a lo previsto en la Ley Federal de Competencia Económica, el instituto resolverá dentro del plazo previsto para dicho procedimiento, adicionando las consideraciones señaladas en este capítulo.
"Las autoridades jurisdiccionales, previamente a adjudicar a cualquier persona la transmisión de los derechos concesionados, deberán solicitar opinión al instituto respecto del cumplimiento de los requisitos que establece la presente ley.
"Las concesiones de uso público o comercial cuyos titulares sean los Poderes de la Unión, de los Estados, los órganos de Gobierno del Distrito Federal, los Municipios y los órganos constitucionales autónomos se podrán ceder a entes de carácter público incluso bajo esquemas de asociación público-privado, previa autorización del instituto."
La disposición legal reproducida, en su parte medular, señala que los concesionarios pueden ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones establecidos en sus concesiones, previa autorización que gestionen y les otorgue al efecto el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y compromiso que hagan para cumplir las obligaciones pendientes, bajo las condiciones que imponga el propio instituto.
Por su parte, el artículo 2029 del Código Civil Federal establece: "Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor."
Como se ve, la cesión de derechos es el acto ubicado dentro del derecho civil, mediante el cual una persona transfiere a un tercero los derechos y obligaciones que tenga en relación con alguien más; siendo que, en materia de telecomunicaciones, para que se concrete dicha figura jurídica en relación con derechos y obligaciones derivados de concesiones, es menester que el concesionario solicite y se le otorgue autorización al efecto por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Al trasladar las premisas precedentes al caso concreto, deriva que lo que se atribuyó a la recurrente como la cesión de derechos llevada a cabo en ejecución de la autorización emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no se constituye, en realidad, como un acto autoritario de ejecución para efectos del juicio de amparo; es decir, no se trata de la materialización de una decisión del instituto en comento sino, más bien, de la realización por iniciativa propia de la disconforme -a decir de la quejosa, a fin de dejar de ser considerada como agente económico preponderante-, de un acto del derecho civil, consistente en una cesión de derechos, previa autorización gestionada y obtenida ante la autoridad responsable, como requisito legal al efecto.
Además, tampoco es viable considerar que bajo tales circunstancias, la disconforme tenga el carácter de autoridad responsable porque, se insiste, la multirreferida cesión de derechos es un acto de índole civil, el cual, por tanto, tiene lugar dentro de una relación de coordinación, no de supra a subordinación.
Sin que sea óbice que dicha cesión de derechos pueda afectar situaciones jurídicas generadas con empresas como la quejosa -que se ostenta como su distribuidora-, ya que tal afectación jurídica, en caso de que se actualice, no deriva de alguna conducta desplegada por la recurrente en ejercicio de una función prevista legalmente, sino del derecho que le otorga la ley para ceder sus derechos.
En efecto, según se ha visto, para que un gobernado pueda ser considerado como autoridad responsable, es menester que el acto de afectación jurídica que despliegue derive de alguna función que le atribuya la ley, esto es, de una capacidad irrenunciable que deba desplegar por imperativo normativo; lo que en el caso concreto no ocurre, ya que la cesión de derechos es, más bien, un derecho que la recurrente tiene a su favor en el ámbito del derecho privado, que puede o no ejercer a partir del acuerdo de voluntades nacido entre ella y el o los terceros con quienes pretende celebrar el acto jurídico respectivo, y de la satisfacción de los requisitos legales al efecto, entre ellos, la obtención de la autorización solicitada al efecto al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Así pues, en virtud de que la conducta desplegada por la recurrente no deriva de una función que la ley le atribuya, sino de un derecho que en la esfera del derecho civil tiene a su favor -normado por los ya examinados artículos 2029 del Código Civil Federal y 110 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión-, no se coloca frente a la quejosa en una situación de supra a subordinación que le dé el carácter de autoridad responsable; por el contrario, se trata de relaciones de coordinación derivadas del poder jurídico que la ley le otorga para ceder sus derechos a voluntad.
De ahí que asiste razón a la disconforme en cuanto afirma que no es autoridad responsable; sobre todo, que no debe confundirse alguna intervención que, en su caso, deba dársele, al tenor del artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por haber gestionado la autorización de la cesión de derechos, con el carácter que indebidamente se le dio mediante el acuerdo recurrido.
Así las cosas, dado que la recurrente no es autoridad responsable, en relación con ella se actualiza la causal de improcedencia derivada de los artículos 5o., fracción II, párrafo segundo y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, la cual se advierte notoria y manifiestamente en términos del artículo 113 de la propia ley de la materia, porque los elementos agregados al sumario y valorados en la presente resolución, revelan de manera indubitable que el acto que se le atribuye no es de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que corresponde, más bien, al ámbito del derecho privado.
Por todo lo anterior, en virtud de la causa de improcedencia que se actualiza notoria y manifiestamente en relación con la disconforme, se impone declarar fundado el presente recurso de queja, con fundamento en los artículos 103 y 113 de la Ley de Amparo; revocar el acuerdo recurrido en la parte en la cual se admitió el ocurso inicial en relación con **********, designada como autoridad responsable y, en cambio, desecharlo únicamente en ese aspecto.
Sin que sean óbice a lo anterior las ejecutorias relativas a los recursos de queja Q.A. 119/2014 y Q.A. 13/2015, emitidas el veintinueve de enero y el dieciséis de abril de dos mil quince, por éste y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, y aludidas en los resultandos quinto y séptimo de la presente resolución, ya que en ninguna de ellas se ventiló lo relativo a la calidad de autoridad responsable de la disconforme, sino únicamente a la indebida determinación de la a quo de tener por no presentada la demanda de amparo por imprecisión de los actos reclamados y falta de señalamiento de datos relativos a la fecha de su emisión; lo que se corrobora mediante la siguiente transcripción de las ejecutorias de que se trata.
Q.A. 119/2014:
"...Con base en lo hasta aquí expuesto, este órgano jurisdiccional considera que el agravio que nos ocupa resulta fundado, toda vez que la Juez de Distrito debió tener por desahogados los primeros dos requerimientos formulados en el auto de prevención de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce.
"En efecto, como se vio de los antecedentes relatados, en los puntos identificados como ‘1’ y ‘2’ del citado acuerdo de prevención, la juzgadora federal requirió a la parte quejosa para que precisara los actos que reclamaba en concreto del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente, al considerar que el señalamiento que al efecto se formuló en la demanda constitucional era vago e impreciso.
"Con tal requerimiento, la a quo también constriñó a la solicitante del amparo a que identificara los documentos que contenían los actos imputados a las referidas autoridades; ante lo cual, la parte quejosa, en su escrito de desahogo, señaló que:
"a) El acto que concretamente reclama al Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autorización que, con fundamento en los artículos 15, fra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25904-0a3876e0/particular-senalado-como-autoridad-responsable-en-el-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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