Corpus
Modo: Corpus Pro

AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A UNA CONCESIONARIA DE TELECOMUNICACIONES POR LA EJECUCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 9/2026. · Registro digital (IUS): 34396
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-11-13
Promovente: Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con resi
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Noviembre de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 9/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 2 DE JUNIO DE 2026. DISIDENTE Y PONENTE: MAGISTRADA PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. SECRETARIO: MARIO RAFAEL SULVARAN VIÑAS.

Sentencia del Pleno Regional en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, correspondiente a la sesión pública celebrada el dos de junio de dos mil veintiséis y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por oficio 45/2026 presentado vía interconexión, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción en toda la República, denunció ante este Pleno la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver, el recurso de queja Q.A. 22/2026, del índice del primer tribunal colegiado en mención, así como el diverso Q.A. 48/2026, del índice del Segundo Tribunal referido.

SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional, en este Pleno Regional. Por acuerdo de presidencia de catorce de abril de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio de mérito, se radicó el presente expediente y se registró como contradicción de criterios en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones 9/2026; se admitió a trámite, se ordenó dar de alta y formar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

Asimismo, se asignó provisionalmente el asunto a la ponencia de la Magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, en términos del artículo 37 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal,(1) que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.

Además, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción continuaban vigentes, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; así como, que permitieran el acceso al expediente electrónico de los asuntos que forman parte de la presente contradicción de criterios, en términos de lo dispuesto en el numeral 39 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

Finalmente, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existía alguna contradicción de criterios radicada ante ese Máximo Tribunal Constitucional, pendiente de resolución relacionada con el tema relativo a “DETERMINAR SI, EN EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO, DEBE PRECISARSE EL CARÁCTER CON EL QUE COMPARECE LA PRESTADORA DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, CUANDO EN EL JUICIO SE LE RECLAMA LA EJECUCIÓN Y/O APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES, PUBLICADOS EL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.”

TERCERO. Informes sobre la vigencia de los criterios contendientes. En acuerdos del diecisiete y veintiuno de abril de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales contendientes, en los que, el Primer tribunal colegiado especializado, señaló que el criterio sustentado al resolver el recurso de queja 22/2026, continúa vigente.

Por su parte, el Segundo tribunal colegiado especializado comunicó que el criterio sustentado al resolver el recurso de queja 48/2026, también se encuentra vigente.

CUARTO. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de doce de mayo siguiente, se tuvo por recibido el oficio fechado el siete de ese mes y año, signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que acompañó el diverso SGA/GVP/212/2026, de la Secretaría General de Acuerdos del Máximo Tribunal, del que se advierte que de la consulta al Sistema de Seguimiento de Contradicciones de Criterios Pendientes de Resolver –visible en las direcciones electrónicas https://www.scjn.gob.mx. y https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, apartado Pleno, Sección de Amparos, Contradicciones de Criterios y demás asuntos, así como de la revisión de acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de criterios dictados por la Presidencia del Alto Tribunal–, durante los últimos tres meses, no se advertía la existencia de resolución de contradicción de criterios pendiente en el índice del Alto Tribunal, respecto del tópico sobre el que versa la presente contradicción de criterios.

QUINTO. Confirmación de turno. Mediante proveído de trece de mayo de dos mil veintiséis, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa y se confirmó el turno del expediente virtual a la Magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 y para los efectos del diverso 44, ambos del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

SEXTO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como lo establecido en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 11, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, lo anterior en contexto con los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y en los artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece, dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés,(2) por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, cuyo conocimiento corresponde a este Pleno Regional.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO. Valoración de las constancias. Al respecto, se debe tener presente que las constancias que obran en los expedientes electrónicos constituyen hechos públicos y notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su precepto 2,(3) al poder consultarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

Ilustra lo anterior por analogía la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2017123, cuyo rubro es: “HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).”(4)

CUARTO. Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolver las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que resuelve, atendiendo el conflicto que se plantea ante su jurisdicción.

Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.(5)

QUINTO. Criterios contendientes.

1. Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de queja Q.A. 22/2026.

Juicio de amparo indirecto. Una persona física, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

“[...]

Autoridades responsables:

- Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

- ********** *****, sociedad anónima de capital variable.

Actos reclamados:

- La aprobación, emisión y ejecución de la totalidad de los “Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles”, publicados el nueve de diciembre de dos mil veinticinco en el Diario Oficial de la Federación.

Admisión. De la demanda tocó conocer de la demanda al Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien por auto de doce de enero de dos mil veintiséis la registro con el número de juicio 57/2026 y declino competencia, por razón de materia, en favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República en turno.

Por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mismo que en acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintiséis, lo radicó con el número 18/2026, aceptó la competencia planteada y previno a la parte quejosa

Dicha prevención se tuvo por desahogada en auto del veintitrés de enero de dos mil veintiséis admitiendo a trámite la demanda de amparo.

Interposición del recurso de queja y resolución. Inconforme con la admisión de la demanda referida ********** *****, ******** ******* ** ******* ******** ******** interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al referido Primer Tribunal Colegiado de Circuito, cuya presidencia por acuerdo de once de febrero de dos mil veintiséis lo registró con el número de toca Q.A. 22/2026 y, lo admitió a trámite.

Asimismo, lo turnó a la ponencia del Magistrado ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo y, en sesión de diecinueve de marzo siguiente, se declaró fundado el recurso interpuesto, con base en las siguientes consideraciones esenciales.

Una vez relatados los antecedentes del asunto y de los agravios formulados por la recurrente, el tribunal procedió al análisis de los agravios, referente a que si un concesionario de telecomunicaciones privado puede ser considerado autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando ejecuta obligaciones derivadas de los lineamientos de identificación de líneas telefónicas móviles.

El Tribunal Colegiado reiteró el estándar de improcedencia manifiesta e indudable del artículo 113 de la Ley de Amparo, aplicable cuando desde la lectura de la demanda resulta evidente que no podría dictarse sentencia de fondo favorable.

Analizó el concepto de autoridad responsable particular conforme al artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que exige la concurrencia de cuatro elementos consistentes en:

• Que el particular dictara, ordenara, ejecutara o tratara de ejecutar un acto que creara, modificara o extinguiera situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria;

• Que omitiera actos que, de realizarse, crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas; y

• Que esas funciones estuvieran determinadas en una norma general que le confiriera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tuviera un margen de discrecionalidad.

Aplicando este marco al caso, el Tribunal concluyó que la recurrente no actúa con discrecionalidad ni con imperio al ejecutar los procedimientos de asociación de las líneas telefónicas, ya que se trata de obligaciones irrenunciables impuestas a un concesionario que actúa como auxiliar del estado en su función regulatoria, sin relación de supra a subordinación frente a los usuarios.

El tribunal declaró fundados los agravios analizados en su conjunto pues quedó evidenciado que la recurrente no cuenta con el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.

En el entendido que el presente criterio no prejuzga sobre la procedencia del juicio de amparo, cuando se reclamen actos, por vicios propios, de las concesionarias y/o proveedores, derivados de la aplicación directa de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, como lo sería la suspensión, desvinculación y/o deshabilitación de las líneas telefónicas móviles, toda vez que la presente toda vez que la presente instancia fue instaurada con motivo de la posible afectación de dichos lineamientos, en su carácter de norma autoaplicativa.

2. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de queja Q.A. 48/2026.

Juicio de amparo indirecto. Varias personas físicas demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

“[...]

AUTORIDADES RESPONSABLES:

1. Como AUTORIDAD ORDENADORA: El PLENO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES, Órgano Colegiado de decisión dentro de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones,[...].

2. Como AUTORIDAD ORDENADORA: La COMISIONADA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES, en su carácter de representante y cabeza operativa de la Comisión. [...].

3. Como AUTORIDAD EJECUTORA: La DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES,[...].

4. Como AUTORIDAD EJECUTORA: La DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMISIÓN REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES,[...].

5. Como PARTICULAR QUE ACTÚAN COMO AUTORIDAD EJECUTORA POR DELEGACIÓN NORMATIVA: **** ************** *********, *. ** **** ** ***********., en su carácter de Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil.[...].

6. Como PARTICULAR QUE ACTÚAN COMO AUTORIDAD EJECUTORA POR DELEGACIÓN NORMATIVA: **** **************** *****, *. ** *.*. ** *. ***************., en su carácter de Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil. [...].

7. Como PARTICULAR QUE ACTÚAN COMO AUTORIDAD EJECUTORA POR DELEGACIÓN NORMATIVA: ********** ******, *.*. ** *. *****************. (**********) en su carácter de Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil. [...].

ACTOS DE APLICACIÓN RECLAMADOS:

a. De las autoridades ejecutoras, ***** ************* **********, * ** ***. ** *.*.; **** **************** ******, *. ** *.*. **.; y ********** *****, **** ** **************************************. (******), en su carácter de Proveedores del Servicio de Telefonía Móvil, se reclama: La implementación y ejecución del régimen previsto en los Lineamientos por parte de los Proveedores del Servicio de Telefonía Móvil, consistente en exigir a la(s) parte(s) quejosa(s) que realicen el procedimiento de ‘Vinculación’ de su(s) Línea(s) Telefónica(s) Móvil(es) con un Titular, como condición para habilitar o mantener habilitados los servicios contratados, conforme al modelo normativo impugnado, lo que implica sujetar el acceso y continuidad del servicio a un procedimiento obligatorio de identificación.

b. De las autoridades ordenadoras y ejecutoras, el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones; la Comisionada Presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones; la Dirección General de Supervisión del Cumplimiento de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones; la Dirección General de Verificación y Vigilancia de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones; así como **** ************** *********, *. ** ***. ** ****; **** **************** ******, *. ** **** ** ****; y ************ ******, ****** ******************************* ***** (******), se reclama: La exigencia PRESENTE E INMINENTE de someterse a mecanismos de Validación de Identidad como requisito indispensable para la Vinculación, incluyendo la exhibición de Identificación Oficial vigente y la validación/verificación de datos por parte del Proveedor mediante consulta a ‘fuentes confiables’ o autoridades competentes (incluida, en su caso, la validación d CURP), así como la obtención y tratamiento de información asociada al proceso, en los términos que fijan los lineamientos.

c. De las autoridades ejecutoras, la Dirección General de Supervisión del Cumplimiento de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones; la Dirección General de Verificación y Vigilancia de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones; así como ***** ******************* ***********, *. ** ***** ** ****; ***** ****************** *******, *. ** ***** ** *****; y ********** *******, **** ** ********************* (*******), se reclama: La operación obligatoria de las Plataformas de Gestión y Consulta a cargo de los Proveedores, mediante las cuales se recaban, transmiten, validan y resguardan datos vinculados al proceso de Vinculación (incluyendo, en su caso, mecanismo de ‘Prueba de Vida’ y la posibilidad de consulta mediante identificadores como CURP/RFC), así como el despliegue de avisos, comunicaciones y notificaciones relacionadas con dicho régimen, todo ello como actos concretos de ejecución derivados directamente de la norma general reclamada.

d. De las autoridades ejecutorias, ***** ******************* ***********, *. ** ***** ** ****; ***** ****************** *******, *. ** ***** ** *****; y ********** ***********************, **** ** ***** (*******), en su carácter de Proveedores del Servicio de Telefonía Móvil, así como la Dirección General de Verificación y Vigilancia de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, se reclama: EL ACTO FUTURO DE REALIZACIÓN CIERTA, consistente en que, una vez transcurrido el plazo normativo previsto (ciento veinte días hábiles, conforme al Régimen transitorio, el/los Proveedor(es) del Servicio de Telefonía Móvil deberán deshabilitar el servicio de la(s) Línea(s) Telefónica(s) Móvil(es) que no se encuentra(n) Vinculada(s) a un Titular, con la consecuencia material de dejar sin servicio a la(s) parte(s) quejosa(s), así como la ejecución del esquema de notificaciones previas que anticipa dicha consecuencia.

Admisión. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mismo que en acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiséis, lo radicó con los número 29/2026, respectivamente, y previno a las quejosas a efecto de que precisara los actos reclamados.

En auto de cuatro de febrero siguiente, el juez federal tuvo por desahogada la prevención referida, en la que los quejosos precisaron los actos en los términos siguientes:

Ver autoridades responsables y actos reclamados

Admitiendo a trámite la demanda de amparo, fijando fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese juzgado.

Interposición de los recursos de queja y resolución. Con la admisión de la demanda referida ************ ******, ********** ******** ** ******* ********* interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al referido Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, cuya presidencia, mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiséis lo registró con el número de toca Q.A.48/2026; admitiéndola a trámite.

Asimismo, lo turnó a la ponencia del Magistrado ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo y, en sesión de diecinueve de marzo siguiente, se declaró infundado el recurso interpuesto, con base en las siguientes consideraciones esenciales.

Una vez relatados los antecedentes del asunto y los agravios formulados por la recurrente, el tribunal procedió al análisis de éstos, referentes a determinar si una concesionaria de telecomunicaciones privada puede ser considerada autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando ejecuta obligaciones derivadas de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles.

En su primer agravio, la recurrente sostuvo que la admisión de la demanda carece de fundamentación y motivación al tenerla como autoridad responsable sin pronunciamiento expreso, ya que no basta para que se tenga ese carácter el solo hecho de que la quejosa así lo haya señalado, dado que debe determinarse si la norma le confiere potestades para crear efectos jurídicos o simplemente le impone deberes de cumplimiento.

El tribunal declaró infundado ese agravio, al considerar que en las resoluciones jurisdiccionales la fundamentación no exige la cita expresa de preceptos, pues basta que el razonamiento conduzca a la norma aplicable; y que al no advertirse causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, procedía admitir la demanda de amparo respecto de la recurrente.

En sus agravios segundo y tercero, la recurrente sostuvo que el acuerdo recurrido es ilegal dado que no se actualiza la hipótesis de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, pues no existe conducta concreta alguna que la quejosa pretenda reclamarle, ya que los actos que se le atribuyen son posibles actos de ejecución respecto de los cuales no tiene margen de discrecionalidad, al actuar como mera ejecutora de la norma; y que, en todo caso, la relación jurídica con la quejosa deriva de un contrato de adhesión, lo que excluye la relación de supra a subordinación exigida para tener a un particular como autoridad responsable.

El tribunal declaró infundados esos agravios, con apoyo en la tesis 1a. XXI/2020 (10a.) de la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece un estándar de dos pasos para determinar si un acto de particular equivale a uno de autoridad, concluyendo que no era posible determinar de forma manifiesta e indudable que la recurrente carecía de ese carácter, pues las obligaciones relativas a la habilitación de plataformas de gestión, la validación de identidad y la deshabilitación de líneas telefónicas móviles requieren un análisis exhaustivo de la normativa aplicable que es propio de la sentencia definitiva y no del auto inicial de trámite; además, precisó que la existencia de un contrato de adhesión constituye un elemento secundario frente al análisis de la materialidad del acto reclamado.

En su cuarto agravio, la recurrente sostuvo que el acuerdo recurrido es ilegal dado que la quejosa, en su demanda de amparo, no manifestó en su causa de pedir la violación constitucional que le causarían los actos reclamados a la recurrente, ni expresó conceptos de violación tendientes a demostrar las infracciones a las garantías que estima vulneradas.

El tribunal declaró infundado ese agravio, al considerar que determinar si los conceptos de violación combaten los actos de ejecución atribuidos a la recurrente presupone un análisis profundo e integral de la demanda que no puede realizarse en el auto inicial de trámite, sino que corresponde a la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo.

SEXTO. Vigencia de los criterios contendientes. El Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante correo electrónico rindió el informe al que acompañó el oficio 1141/2026, de quince de abril de dos mil veintiséis, por el cual el citado tribunal comunicó que el criterio sustentado en el recurso de queja Q.A. 22/2026, continua vigente.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante oficio ***********, de diecisiete de abril de la anualidad referida, informó que el criterio sustentado en los recursos de queja Q.A.48/2026, continúa vigente.

Por lo que, al encontrarse vigentes los criterios materia de esta contradicción, se procede al análisis de la existencia de la contradicción.

SÉPTIMO. Existencia de la contradicción de criterios.

De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(6)

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución, o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como dicha forma, también sea legalmente posible.

Con base en las anteriores precisiones, este Pleno Regional en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, procede a verificar la actualización de los requisitos anunciados.

Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales colegiados contendientes analizaron asuntos en los que una concesionaria de telecomunicaciones, interpuso recurso de queja en contra del auto admisorio de la demanda de amparo mediante el cual el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, la tuvo como autoridad responsable por la ejecución de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados el nueve de diciembre de dos mil veinticinco en el Diario Oficial de la Federación. En ese contexto, ambos tribunales ejercieron su arbitrio judicial mediante un ejercicio interpretativo de los artículos 5°, fracción II, y 113 de la Ley de Amparo, para determinar si, en el auto admisorio de la demanda de amparo, resulta manifiesta e indudable la improcedencia del juicio cuando la acción se dirige contra una prestadora del servicio de telefonía móvil a la que se le atribuy

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34396-cb3fd7eb/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.