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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA CUOTAS COMPENSATORIAS DERIVADAS DE RESOLUCIONES PRELIMINARES ANTIDUMPING SI SE GARANTIZA EL INTERÉS FISCAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 6/2026. · Registro digital (IUS): 34405
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-11-13
Promovente: Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con resi
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Noviembre de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 6/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 19 DE MAYO DE 2026. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA Y URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. DISIDENTE Y PONENTE: MAGISTRADA PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. SECRETARIO: MARIO RAFAEL SULVARAN VIÑAS.

Sentencia del Pleno Regional en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, correspondiente a la sesión pública celebrada el diecinueve de mayo de dos mil veintiséis y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por oficio 118 presentado vía interconexión, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción en toda la República, denunció ante este Pleno la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver, el recurso de queja Q.A. 73/2026, del índice del primer tribunal colegiado en mención, así como los diversos Q.A.I.B. 74/2026 y Q.A.I.B. 75/2026, del índice del Segundo Tribunal referido.

SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional, en este Pleno Regional. Por acuerdo de presidencia de doce de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio de mérito, se radicó el presente expediente y se registró como contradicción de criterios en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones 6/2026; se admitió a trámite, se ordenó dar de alta y formar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

Asimismo, se asignó provisionalmente el asunto a la ponencia de la Magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, en términos del artículo 37 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal,(1) que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.

Además, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción continuaban vigentes, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; así como, que permitieran el acceso al expediente electrónico de los asuntos que forman parte de la presente contradicción de criterios, en términos de lo dispuesto en el numeral 39 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

Finalmente, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existía alguna contradicción de criterios radicada ante ese Máximo Tribunal Constitucional, pendiente de resolución relacionada con el tema relativo a “DETERMINAR SI LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DEL COBRO DE CUOTAS COMPENSATORIAS PROVISIONALES —DERIVADAS DE UNA RESOLUCIÓN PRELIMINAR ANTIDUMPING— CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y AFECTA EL INTERÉS SOCIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 128, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, DE MODO QUE RESULTA IMPERATIVO NEGAR LA MEDIDA CAUTELAR AUN CUANDO LA QUEJOSA OFREZCA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL CONFORME A LOS ARTÍCULOS 129, FRACCIÓN X, Y 135 DEL MISMO ORDENAMIENTO”

TERCERO. Informes sobre la vigencia de los criterios contendientes. En acuerdos de diecinueve y veintitrés de marzo de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales contendientes, en los que, el Primer tribunal colegiado especializado, señaló que el criterio sustentado al resolver el recurso de queja 73/2026, continúa vigente.

Por su parte, el Segundo tribunal colegiado especializado comunicó que el criterio sustentado al resolver los recursos de queja 74/2026 y 75/2026, también se encuentra vigente.

CUARTO. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de dieciséis de abril siguiente, se tuvo por recibido el oficio fechado el diez de ese mes y año, signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que acompañó el diverso CCST/X/187/04/2026, de la Secretaría General de Acuerdos del Máximo Tribunal, del que se advierte que de la consulta al Sistema de Seguimiento de Contradicciones de Criterios Pendientes de Resolver –visible en las direcciones electrónicas https://www.scjn.gob.mx. y https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, apartado Pleno, Sección de Amparos, Contradicciones de Criterios y demás asuntos, así como de la revisión de acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de criterios dictados por la Presidencia del Alto Tribunal–, durante los últimos tres meses, no se advertía la existencia de resolución de contradicción de criterios pendiente en el índice del Alto Tribunal, respecto del tópico sobre el que versa la presente contradicción de criterios.

QUINTO. Confirmación de turno. Mediante proveído de veintidós de abril de dos mil veintiséis, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa y se confirmó el turno del expediente virtual a la Magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 y para los efectos del diverso 44, ambos del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

SEXTO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como lo establecido en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 11, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, lo anterior en contexto con los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y en los artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece, dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés,(2) por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, cuyo conocimiento corresponde a este Pleno Regional.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO. Valoración de las constancias. Al respecto, se debe tener presente que las constancias que obran en los expedientes electrónicos constituyen hechos públicos y notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su precepto 2,(3) al poder consultarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

Ilustra lo anterior por analogía la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2017123, cuyo rubro es: “HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).”(4)

CUARTO. Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolver las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que resuelve, atendiendo el conflicto que se plantea ante su jurisdicción.

Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”(5)

QUINTO. Criterios contendientes

1. Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de queja Q.A. 73/2026

Juicio de amparo indirecto. Una persona moral, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

“[...]

La resolución preliminar del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de perfiles y barras de aluminio originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia”, emitida por la Secretaría de Economía.

Asimismo, solicitó la apertura del incidente de suspensión para los efectos siguientes:

“(...) se solicita a ese H. Tribunal que conceda la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a mi representada para a efecto de que se impidan los efectos jurídicos del acto reclamado, y por ende la aplicación de cuotas compensatorias a las importaciones de perfiles y barras de aluminio originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia, en adelante la Resolución de Inicio de las fracciones arancelarias 7604.10.02, 7604.10.99, 7604.29.01, 7604.29.02 y 7604.29.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.”

Admisión. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mismo que en acuerdo de trece de febrero de dos mil veintiséis, lo radicó con el número 107/2026, y previno a la parte quejosa

Dicha prevención se tuvo por desahogada, mediante el escrito en el que la quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

“NORMAS RECLAMADAS

La discusión, aprobación y promulgación de los artículos 31, 33, 34, 40, 41, 43, 45 y 63 de la Ley de Comercio Exterior.

AUTORIDADES RESPONSABLES

1. Congreso de la Unión, por conducto de ambas Cámaras de Diputados y de Senadores.

2. Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.”

Hecho lo anterior, por auto de veintisiete de febrero de dos mil veintiséis, se admitió a trámite la demanda de amparo y, dado que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, se ordenó la apertura del cuaderno incidental relativo donde se resolvió por una parte, negó la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias del artículo 63 de la Ley de Comercio Exterior y, por otra, la concedió por lo que hace a la resolución preliminar emitida por la Secretaría de Economía dentro del procedimiento administrativo de investigación antidumping.

Interposición del recurso de queja y resolución. Inconforme con la improcedencia referida el Titular de la Secretaria de Economía interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al referido Primer Tribunal Colegiado de Circuito, cuya presidencia por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiséis lo registró con el número de toca Q.A. 73/2026 y, lo admitió a trámite.

Asimismo, lo turnó a la ponencia de la Magistrada ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo y, en sesión de diez de marzo siguiente, se declaró fundado el recurso interpuesto, con base en las siguientes consideraciones esenciales.

Una vez relatados los antecedentes del asunto y de los agravios formulados por la recurrente, el tribunal procedió al análisis de los agravios, referente a que indebidamente se concedió la suspensión provisional, pasando por alto que dicha medida es improcedente porque contraviene disposiciones de orden púbico e interés social; mismo que estimo fundado.

Precisó el Tribunal Colegiado que no compartía la determinación del juez de origen, al respecto, sobre los conceptos de orden público y el de interés social para efectos de suspensión,(6) ya que no hay un criterio que defina, concluyentemente, su contenido, pero sí es posible establecer que el orden público e interés social son nociones vinculadas, en tanto que su transgresión se produce cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría; sin embargo, tal y como lo sostuvo la autoridad recurrente, dicho análisis no fue plasmado en la determinación del Juzgado de Distrito, cuyo pronunciamiento se limitó a realizar afirmaciones generales y dogmáticas, sin que exista algún contraste con el contenido de la Resolución preliminar del procedimiento de investigación antidumping y los posibles efectos adversos al interés social o, en su caso, la verosimilitud del derecho del quejoso.

Cabe recordar que la parte quejosa solicitó la suspensión para el efecto de que no le aplicara la cuota compensatoria a las mercancías que importa relacionadas con el procedimiento de investigación antidumping hasta en tanto se resuelve el juicio de amparo.

En el caso, la “RESOLUCIÓN preliminar del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de perfiles y barras de aluminio originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia”, en el cual se resuelve continuar con el procedimiento de investigación e imponer cuotas compensatorias provisionales de 1.55 dólares por kilogramo a las importaciones de perfiles y barras de aluminio originarias de China, independientemente del país de procedencia, incluidas las definitivas y temporales, que ingresan a través de las fracciones arancelarias 7604.10.02, 7604.10.99, 7604.29.01, 7604.29.02 y 7604.29.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado los artículos 25 y 38 constitucionales que establecen la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, mediante diversas acciones que el estado alienta a la producción y prohíbe los monopolios, esto es, todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción industrial o comercial y, en general, todo lo que constituye una ventaja exclusiva e indebida en favor de una o varias personas, con perjuicio del pueblo en general o de una clase social.

También precisó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido a partir de la interpretación del artículo 133 constitucional, que las cuotas compensatorias son prestaciones patrimoniales de carácter público, cuyo fin es contrarrestar o impedir el dumping o discriminación de precios cuando causa o amenaza causar daño a la producción nacional de la mercancía idéntica o similar de la que es importada realizando esa práctica desleal de comercio internacional.

El establecimiento de las cuotas compensatorias para el producto de perfiles y barras de aluminio se sustentó, entre otras razones, en que durante el periodo en que se investigó la actividad de importación de ese producto, se advirtió que su producción se realizó con márgenes de discriminación de precios, lo cual ocasionó una reducción del precio de venta del producto en el mercado interno. Dicha circunstancia conllevó volúmenes crecientes de los productos investigados y una mayor participación de las importaciones en el mercado nacional, desplazando la producción nacional y las ventas al mercado interno de la rama de producción, lo cual causó un daño a la industria nacional del ramo.

Estimó que conceder la medida cautelar conllevaría como efecto directo y adverso a la industria nacional del ramo, en tanto que se permitiría importar los productos sujetos a investigación e incorporarlos en el mercado interno con la correlativa subvaloración del precio nacional y afectando la industria nacional del ramo.

De ahí que, no procede otorgarse la suspensión definitiva solicitada, ni siquiera realizando un juicio simultáneo de ponderación entre la apariencia del buen derecho de la quejosa y el perjuicio al interés social o al orden público, ya que por amplias que fuesen las posibilidades de obtener una sentencia favorable a los intereses de la quejosa, lo cierto es que, se reitera, el perjuicio que se pudiera ocasionar al interés social con el otorgamiento de la medida cautelar es notoriamente superior, pues resulta evidente que los objetivos de las cuotas compensatorias son de orden público e interés general.

2. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver los recursos de queja Q.A. 74/2026 y Q.A. 75/2026

Juicio de amparo indirecto. Dos personas morales demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

“[...]

C. AUTORIDADES RESPONSABLES:

ORDENADORA:

1. COMO NORMA AUTOAPLICATIVA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA. La emisión de la resolución preliminar del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de perfiles huecos de aluminio originarias de los Estados Unidos de América y la República Popular China, independientemente del país de procedencia, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025.

(...)

D. ACTO RECLAMADO:

1. La Resolución preliminar del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de perfiles huecos de aluminio originarias de los Estados Unidos de América y la República Popular China, independientemente del país de procedencia, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025. Norma que se reclama en su carácter de autoaplicativa.

[...]”

Respecto del apartado de suspensión, la solicitaron para los efectos siguientes:

“(...)

Por medio del presente, se solicita a ese H. Tribunal que conceda la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a mi representada para a efecto de que se impidan los efectos jurídicos del acto reclamado, y por ende la aplicación de cuotas compensatorias a las importaciones de perfiles huecos de aluminio originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia", en adelante la Resolución de Inicio de la fracción arancelaria 7604.21.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

(...)”

Admisión. Por razón de turno, correspondió conocer de ambas demandas al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mismo que en acuerdos de tres de febrero de dos mil veintiséis, los radicó con los números 99/2026 y 100/2026, respectivamente, y previno a la parte quejosa a efecto de que precisara los actos reclamados.

Por escritos presentados respectivamente el veinticinco de febrero de dos mil veintiséis, los quejosos precisaron los actos en los términos siguientes:

“NORMAS RECLAMADAS:

La discusión, aprobación y promulgación de los artículos 31, 33, 34, 40, 41, 43, 45 y 63 de la Ley de Comercio Exterior.

AUTORIDADES RESPONSABLES:

1. Congreso de la Unión, por conducto de ambas Cámaras de Diputados y de Senadores.

2. Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

(...).”

En autos de veintiséis de febrero siguiente, respectivamente el juez federal tuvo por desahogadas las prevenciones referidas, admitiendo a trámite las demandas de amparo y ordenó abrir por separado los incidentes de suspensión finalmente, en proveídos de la misma fecha dictado en el cuaderno incidental, se resolvió, por una parte, negó la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias del artículo 63 de la Ley de Comercio Exterior y, por otra, la concedió por lo que hace a la resolución preliminar emitida por la Secretaría de Economía dentro del procedimiento administrativo de investigación antidumping.

Interposición de los recursos de queja y resolución. Inconforme con la concesión de la suspensión provisional, el Titular de la Secretaría de Economía interpuso recurso de queja, de los que correspondió conocer al referido Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, cuya presidencia, mediante proveído de seis de marzo de dos mil veintiséis los registró con los números de toca Q.A.I.B. 74/2026 y Q.A.I.B. 75/2026; asimismo, ordenó el turno de los asuntos a los magistrados ponentes para elaborar el proyecto de resolución correspondiente y, el nueve de marzo siguiente, los resolvió de plano declarando los recursos de queja como infundados, con base en las siguientes consideraciones esenciales.

Una vez relatados los antecedentes de los asuntos y de los agravios formulados por las recurrentes, el tribunal procedió al análisis conjunto de los agravios, mismos que estimó infundados.

La autoridad recurrente sostuvo, que la suspensión concedida resulta ilegal porque no se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, particularmente el relativo a que la medida cautelar no cause perjuicio al interés social ni contravenga disposiciones de orden público. A su juicio, permitir que la quejosa importe mercancías sin el pago inmediato de las cuotas compensatorias implica impedir que la Secretaría de Economía ejecute la política comercial del Estado y que se combatan eficazmente las prácticas desleales de comercio internacional, lo que a su vez ocasionaría afectaciones a la producción nacional y a la estabilidad del mercado interno.

El tribunal sostuvo que tales argumentos no desvirtúan las consideraciones que sustentan el acuerdo recurrido. En primer término, porque el propio diseño legislativo del régimen de suspensión en materia de cuotas compensatorias demuestra que el legislador no consideró que su suspensión sea, por sí misma, incompatible con el interés social o con el orden público.

Y que en el artículo 129, fracción X, de la Ley de Amparo dispone que se entenderá que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando se permita el ingreso al país de mercancías cuya introducción esté prohibida o cuando se incumplan regulaciones o restricciones no arancelarias; sin embargo, el propio precepto establece expresamente que tratándose de cuotas compensatorias la suspensión se regirá por lo previsto en el artículo 135 de la propia ley.

Indicó que, la postura de la autoridad responsable en la cual la suspensión debe negarse necesariamente por afectar la producción nacional parte de una lectura incompleta del artículo 129 citado, pues omite considerar la excepción que el propio legislador introdujo en relación con las cuotas compensatorias, porque si la ley permite expresamente suspender su aplicación condicionando la medida al otorgamiento de garantía, resulta jurídicamente improcedente sostener que la sola suspensión del cobro de dichas cuotas, en sí misma, implica una afectación al interés social que deba conducir necesariamente a negar la medida cautelar.

En ese contexto, tampoco asiste razón a la autoridad recurrente cuando afirma que la suspensión concedida impide combatir prácticas desleales de comercio internacional o que permite el ingreso irrestricto de mercancías al territorio nacional.

Ello, porque las cuotas compensatorias no constituyen un mecanismo de prohibición de importaciones, sino un instrumento económico destinado a neutralizar los efectos de la discriminación de precios o de las subvenciones en el comercio internacional.

Indicando que, dichas cuotas no impiden la importación de mercancías, sino que establecen una carga económica destinada a equilibrar las condiciones de competencia en el mercado interno. Por ello, el hecho de que la suspensión difiera temporalmente su cobro respecto de una operación concreta de comercio exterior no elimina el régimen antidumping ni neutraliza definitivamente sus efectos, pues la resolución administrativa continúa vigente y puede ejecutarse plenamente si el juicio de amparo se resuelve en sentido desfavorable para la quejosa.

Con base en lo anterior, resulta infundado el argumento de la autoridad recurrente cuando afirma que la suspensión ocasiona un daño a la producción nacional; ello, pues si bien es cierto que las cuotas compensatorias tienen como finalidad proteger a la industria nacional frente a prácticas desleales de comercio internacional, también lo es que la suspensión otorgada no elimina la aludida protección, pues su eficacia queda condicionada al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo, garantía que asegura que, en caso de que el juicio de amparo se resuelva en sentido desfavorable para la quejosa, el Estado pueda hacer efectiva la obligación económica correspondiente, con lo cual se salvaguarda el interés fiscal y, en general, el interés público involucrado.

Indicó que resultaban aplicables las jurisprudencias 2a./J. 74/2006, emitida por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, mayo de 2006, página 330, que es de la literalidad siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001).

Asimismo, tiene aplicación al caso, por el criterio que informa, la jurisprudencia 2a./J. 18/2021 (11a.), de la desaparecida Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, diciembre de 2021, Tomo II, página 1591, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE SOLICITA CONTRA ACTOS QUE INVOLUCREN CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS FISCALES, SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU CONTINUACIÓN ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS LEGALMENTE QUE LE SEÑALE EL JUEZ DE DISTRITO.

También, tiene aplicabilidad, por identidad de razón y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 195/2006 de la extinta Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 224, que señala: SUSPENSIÓN EN AMPARO CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES RECAUDADAS PERIÓDICAMENTE. NO ES OBSTÁCULO PARA CONCEDERLA QUE NO SE PUEDA DETERMINAR EL MONTO DEL DEPÓSITO A CUYA SATISFACCIÓN ESTARÁ CONDICIONADO EL SURTIMIENTO DE SUS EFECTOS.

Finalmente, tampoco puede prosperar el argumento relativo a que la suspensión afecta el orden público por tratarse de disposiciones que buscan proteger la economía nacional

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34405-48026713/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-procede-contra-cuotas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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