Corpus
Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN. CUANDO EL TERCERO INTERESADO NO EMPLAZADO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPONE ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN CON EL OBJETO DE EVIDENCIAR QUE DEBIÓ SER PARTE DE LA CONTROVERSIA DE ORIGEN, PERO SUS AGRAVIOS RESULTAN INEFICACES PARA EVIDENCIARLO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL EMITIR LA SENTENCIA, DEBERÁ ESTIMARLO INFUNDADO Y DEJAR INTOCADO EL FALLO RECURRIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 87/2021. · Registro digital (IUS): 30300
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-01-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo II, Pág. 1314.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 87/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: JAVIER EDUARDO ESTREVER RAMOS.

II. COMPETENCIA

7. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año y vigente a partir del veintidós siguiente en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distintos circuitos y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

8. Lo anterior, bajo el contexto del contenido del artículo quinto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones legales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno.(1)

III. LEGITIMACIÓN

9. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima porque fue formulada por los integrantes de uno de los Tribunales Colegiados contendientes. Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación prescrito en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) así como 226, fracción II,(3) y 227, fracción II,(4) de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

10. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de idéntico punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.(5)

11. La existencia de la contradicción no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos se opongan, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

12. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

13. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar los requisitos para la existencia de una contradicción de criterios,(6) a saber:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a idéntico tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

14. En el caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que se cumple con los requisitos de existencia de la contradicción de tesis. A continuación, se explicitan las razones de esa conclusión.

15. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. En efecto, los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los órganos colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación.

16. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de treinta de marzo de dos mil veintiuno, emitió resolución en el amparo en revisión 23/2020 con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

• El presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal del ejido "Valle de Banderas", Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, solicitaron el amparo y protección de la justicia contra diversos actos vinculados con la privación parcial y definitiva de diversas tierras de ese núcleo agrario que se localizan en la delegación de "Las Juntas" y en las que se edificó la unidad deportiva municipal "Las Juntas"; y, respecto de distintas autoridades del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco.

• Previo requerimiento el Juez de Distrito admitió la demanda, la que se amplió y seguido el procedimiento se celebró la audiencia constitucional y se emitió la sentencia respectiva que sobreseyó en parte y concedió el amparo solicitado.

• Inconformes con tal decisión los ejidos "Las Juntas" e "Ixtapa", ambos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco a través de sus respectivos presidentes, secretarios y tesoreros, quienes se ostentaron como terceros extraños al juicio, interpusieron recurso de revisión.

• Por razón de turno, correspondió conocer al Tribunal Colegiado denunciante quien lo admitió y registró con el consecutivo 23/2020.

• En desacuerdo con la admisión, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de reclamación que se declaró infundado.

• Ahora bien, en lo que interesa, el Tribunal Colegiado en comento, al resolver el recurso de revisión, arribó al convencimiento de que los agravios expuestos son infundados e inoperantes.

• Para sostener esa decisión destacó los antecedentes del caso e hizo especial referencia al capítulo de antecedentes que narró la parte quejosa, el contenido del informe justificado que rindió el jefe del patrimonio municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y la ampliación de la demanda de amparo.

• Puntualizado lo anterior indicó que el Juez determinó sobreseer en el juicio dado que el quejoso no acreditó que existiera identidad de la superficie que reclamó con la que fue objeto del contrato de cesión de derechos reclamado y, por ende, no demostró el interés jurídico para acudir a esa instancia.

• Por otra parte, en suplencia de la queja, otorgó el amparo al advertir violación a los artículos 14 y 16 constitucionales pues no fue oído y vencido en juicio y sin cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento se le privó de una porción de su extensión territorial mediante la construcción de una unidad deportiva municipal sin que le haya sido notificado algún procedimiento de indemnización de su terreno afectado.

• Los efectos de la concesión fueron que las autoridades responsables debían restituir al ejido quejoso, en la posesión de sus tierras, donde se encuentra construida la unidad deportiva municipal "Las Juntas", ubicada en el poblado Las Juntas.

• Los ejidos recurrentes argumentaron contar con interés jurídico al ser titulares de un derecho subjetivo por lo que tienen el carácter de terceros interesados en términos del artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; lo que, a su parecer, se demostró con la copia certificada del convenio de veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, suscrito por los núcleos agrarios, entre ellos, el ejido quejoso "Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit", "Las Juntas", "Ixtapa" y "Grupo de campesinos del Guayabo", así como diversas autoridades de gobierno.

• Explicaron que ese convenio se suscribió con el objeto de evitar múltiples conflictos por la posesión de tierras ubicadas en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; de igual forma, para regularizar dichos terrenos. Ese documento fue materia en el juicio constitucional.

• Esos argumentos fueron calificados como infundados por el Tribunal Colegiado.

• Para sostener esa calificativa, procedió al análisis del artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo que se refiere a que el tercero interesado es la persona que gestionó el acto reclamado o tiene un interés jurídico contrario al quejoso en que subsista el acto reclamado.

• Y en el particular, señaló, al analizar los términos de la demanda de amparo y su ampliación; así como el convenio al que aludieron las recurrentes y los acuerdos tomados, concluyó que a los ejidos "Las Juntas" e "Ixtapa", ambos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, no les asiste el carácter de terceros interesados.

• Ello, ya que el acto reclamado en el juicio de amparo fue identificado como la privación parcial y definitiva de las tierras que, dijo el ejido quejoso Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, le pertenecen, sobre una superficie aproximada de tres hectáreas, ochenta y dos centiáreas, ochenta y cinco punto quinientos ochenta y áreas, ubicada en la delegación de Las Juntas, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, sobre la que está edificada la unidad deportiva municipal "Las Juntas", así como todo acto administrativo y registral tendente a perjudicar su derecho de propiedad.

• Con base en ello, dijo el Tribunal Colegiado, los núcleos agrarios recurrentes no se ubican en la hipótesis establecida en el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, pues además de que no existe evidencia alguna de la que se advierta que gestionaron la privación de tierras combatida, tampoco tienen interés contrario al ejido quejoso, en la medida en que no tienen interés jurídico en que subsista ese acto reclamado, ya que, la superficie reclamada, sobre la que se encuentra edificada la unidad deportiva municipal "Las Juntas", no está en su posesión, sino de la autoridad responsable, Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, como ellos lo reconocieron en sus escritos de agravios.

• Aunado a ello, del convenio analizado no se acreditó su carácter de terceros interesados; esto es, no se demostró que tuvieran interés en que subsista la privación de tierras reclamada, precisamente porque se celebró con el fin de solucionar el problema en forma definitiva con motivo de las posesiones que de terrenos del poblado Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit, detentan los recurrentes, y para regularizar las posesiones correspondientes de los poblados de Las Juntas, Ixtapa y Grupo de campesinos del Guayabo, por lo que, apuntó, en todo caso les afectaría que la superficie reclamada, ubicada en la delegación de Las Juntas, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, sobre la que se encuentra edificada la unidad deportiva municipal "Las Juntas", esté en posesión de un tercero como lo es el Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

• En mérito de ello, el Tribunal Colegiado en comento concluyó que los criterios jurisprudenciales invocados por las recurrentes no eran aplicables en los términos en que lo pretendieron.

• Definido lo anterior, el cuerpo colegiado analizó el resto de los argumentos de agravio que formularon y concluyó que éstos son inoperantes.

• La razón encuentra sustento en que los inconformes no están legitimados para recurrir las violaciones que, a su consideración existieron en la sustanciación del procedimiento en el juicio de amparo y las diversas contenidas en la resolución impugnada, al no ser parte en el juicio de amparo, pues como se destacó no les reviste el carácter de terceros interesados.

• En apoyo a esas consideraciones invocó la jurisprudencia dada a conocer por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESTE RECURSO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO ADEMÁS, DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LE AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL."

• Incluso, destacó, no se les puede reconocer ese carácter con base en un interés legítimo bajo el argumento de que al ser colindantes de la unidad deportiva "Las Juntas", delegación de idéntico nombre, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, sufren una afectación al ambiente sano y a la salud, al igual que a los demás vecinos que disfrutan y acceden a una mejor calidad de vida con la preservación de la unidad deportiva. Lo anterior ya que el Pleno de este Tribunal Constitucional emitió el criterio jurisprudencial de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO PUEDE ADUCIRSE PARA IDENTIFICAR AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO."

• Con base en ello, el Tribunal Colegiado decidió confirmar la sentencia impugnada, sobreseer y conceder el amparo al ejido Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

17. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en sesión de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, al resolver el amparo en revisión 68/2017, analizó un caso con las siguientes particularidades:

|

• Una persona física, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Congreso del Estado de Baja California. De dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali.

• Seguido el trámite procesal se celebró la audiencia constitucional y se emitió la sentencia respectiva que concedió el amparo al impetrante.

• Inconforme con esa determinación diversa persona física (que no fue señalada como tercero interesado en el juicio de amparo indirecto) interpuso recurso de revisión; medio de impugnación que se radicó y admitió el Tribunal Colegiado afecto.

• El tribunal del conocimiento al emitir la sentencia que ahora se analiza destacó los antecedentes procesales e hizo énfasis en el hecho de que el promovente de la revisión no tuvo participación en el juicio de amparo pero que acudió a dicha instancia bajo el argumento de que debió ser llamado a juicio.

• El promovente consideró que tiene el carácter de tercero interesado, ya que su nombramiento como Magistrado supernumerario expedido el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, por la XXI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, se dejó sin efectos como consecuencia del cumplimiento a una ejecutoria de amparo, mediante el acuerdo único emitido por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de nueve de febrero de dos mil diecisiete.

• Aunado a ello, en el juicio de amparo del que deriva el recurso, los actos reclamados fueron la convocatoria para la elección de un Magistrado supernumerario y numerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California de treinta de junio de dos mil dieciséis, así como el acuerdo para que se publicara la citada convocatoria; por tanto, los preindicados reclamos tenían la intención de que se dejara sin efectos el nombramiento expedido a favor del recurrente por ser fruto de un acto viciado.

• Además, conforme al contenido de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, el recurrente tiene el carácter de tercero interesado pues le asiste interés en que su nombramiento como Magistrado subsista, ya que en virtud del juicio de amparo indirecto de origen se le privó de derechos que estaban en su esfera jurídica, aunado a que tiene un interés contrario al del quejoso y es titular de un derecho protegido por la ley que es incompatible con el del solicitante del amparo. Es decir, a su parecer, al darle intervención en ese juicio era el medio por el que él podría hacer valer sus defensas; al no hacerlo, se le dejó inaudito y no se integró adecuadamente la relación jurídico procesal, razón por la cual, a su parecer, debía ordenarse la reposición del procedimiento.

• Al respecto, los agravios fueron calificados como inoperantes e infundados.

• La inoperancia radicó en que el Tribunal Colegiado indicó que una parte de los argumentos del recurrente partían de una falacia de falsa causa al tomar como base de su alegación un hecho falso. Lo anterior, en atención a que el Juez de Distrito no emitió pronunciamiento alguno en relación con el nombramiento del recurrente.

• En abundamiento, señaló, el juzgador de origen no vinculó a la autoridad responsable a dejar insubsistente el nombramiento del recurrente, pues los efectos de la sentencia de amparo fueron que el Congreso del Estado de Baja California debía someter nuevamente a votación el dictamen 85, vinculándolo únicamente a prescindir de las manifestaciones que no constituyan criterios objetivos, para que con absoluta libertad de jurisdicción se resolviera en relación con la reelección o no del quejoso.

• Otra parte de los argumentos de agravio se calificaron como infundados ya que al parecer del Tribunal Colegiado involucrado en la presente contradicción, el Juez de Distrito no debía llamarlo al juicio de amparo indirecto ya que al momento de la presentación de la demanda, durante la secuela procedimental y al celebrar la audiencia constitucional, los actos reclamados y la eventual sentencia no le deparaban perjuicio alguno al inconforme; es decir, no le asistía el carácter de tercero interesado.

• Para arribar a esa conclusión, analizó el contenido del artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo y las circunstancias fácticas del caso. Con lo cual estuvo en condiciones de puntualizar que fue hasta el ocho de septiembre de dos mil dieciséis que al hoy recurrente se le designó como Magistrado supernumerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, entonces, si la demanda de amparo fue presentada el uno de julio de ese año y la audiencia constitucional se celebró el treinta y uno de agosto de la referida anualidad, es claro que la relación jurídico procesal se integró sin la existencia de terceros interesados (pues hasta esa fecha el recurrente no había sido designado como Magistrado).

• Por ende, no es procedente ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se le llame a un juicio en el que no le asiste tal carácter, pues no puede imputarse al Juez de Distrito que por acción u omisión incumplió con las formalidades que rigen al procedimiento.

• Incluso, afirmó, la decisión asumida no implica dejarlo inaudito, pues de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional se obtiene que no se vinculó al Congreso del Estado de Baja California a emitir pronunciamiento específico que concluyera en la reelección del quejoso como Magistrado supernumerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California; por tanto, si esto aconteció, la decisión debe entenderse adoptada con absoluta libertad de jurisdicción y, por tanto, el hoy recurrente tuvo expeditos sus derechos.

• Así, dado que el promovente no tiene el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo del que derivó el recurso, no está legitimado para interponer el recurso de revisión y, por tanto, el medio de impugnación debe desecharse.

• Lo anterior, dijo, tiene respaldo en el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de título y subtítulo: "TERCERO PERJUDICADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA POR HABER SIDO RECURRIDA (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)."

• Y agregó, no es óbice que para arribar a esa conclusión se hayan analizado las constancias de autos y desestimado los argumentos con los que el recurrente pretendió evidenciar que le asistía tal carácter, pues dicho tribunal debía analizar las violaciones al procedimiento, aun de oficio en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por tanto, no se contravino la técnica que rige al juicio de amparo.

18. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes sí existió un punto de toque con respecto a la resolución de idéntico tipo de problema jurídico.

19. En efecto, se obtiene que cada uno de los órganos jurisdiccionales involucrados en la controversia analizaron el contenido de los agravios formulados por quienes se ostentaron como terceros interesados no emplazados al juicio de amparo indirecto; es decir, ambos tribunales reconocen que los recurrentes pueden interponer el recurso de revisión contra la sentencia de amparo indirecto que causó estado; por lo que en este aspecto no se advierte diferendo de criterios.

20. Hecho lo anterior concluyeron que resultaban ineficaces los agravios expuestos y, por tanto, no les asistía ese carácter de tercero interesado; sin embargo, uno de ellos estimó que el recurso de revisión debía confirmar la sentencia recurrida, esto es, implícitamente estimó infundado el medio de impugnación, mientras que el diverso decidió desechar el recurso de revisión.

21. En efecto, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito consideró que ante la ineficacia de los agravios propuestos lo procedente es confirmar la sentencia impugnada ya que el recurso no debe desecharse en virtud de que la legitimación de los recurrentes está íntimamente relacionada con el estudio de fondo del asunto, es decir, ésa es la materia del recurso de revisión.

22. Ahora bien, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al decidir que el recurrente no tiene el carácter de tercero interesado, apuntó, no se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión; consecuentemente, éste debe desecharse.

23. Ello, aclaró, con independencia de que se hayan estudiado los agravios formulados incluso las constancias de autos, ya que el órgano jurisdiccional debe analizar las violaciones al procedimiento, aun de oficio en términos del artículo 93 fracción IV de la Ley de Amparo.

24. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba al convencimiento de que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicciones en sus razonamientos, dan lugar a la formulación de una pregunta genuina en los siguientes términos: en el recurso de revisión, después de analizar el contenido de los agravios formulados por quien se ostentó como tercero interesado no emplazado al juicio de amparo indirecto, si el Tribunal Colegiado concluye que éstos son ineficaces, ¿debe desechar el recurso de revisión o bien, confirmar la sentencia recurrida?

25. Para dar contestación a esa interrogante, se estima oportuno recordar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene criterio definido en el sentido de que el tercero perjudicado (en los términos de la Ley de Amparo abrogada) no emplazado en el juicio de amparo indirecto, puede acudir al recurso de revisión con el objeto de controvertir la violación a su prerrogativa de audiencia, incluso cuando haya causado ejecutoria dicha determinación.(7)

26. Lo anterior, ya que constituye la única vía mediante la cual se puede anular la decisión tomada en el juicio de amparo pues la consecuencia legal, en caso de resultar fundados sus agravios, es ordenar la reposición del procedimiento para que se le emplace debidamente y tenga la posibilidad de intervenir en el juicio.

27. Ahora bien, como se anunció con antelación, sobre este aspecto no se advierte punto de choque entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados confrontados en el presente asunto ya que en ambos casos se obtiene que el recurso de revisión interpuesto por quienes se ostentaron como terceros interesados, fue admitido.

28. Incluso, en el asunto que conoció el órgano jurisdiccional denunciante su determinación de admitir el recurso de revisión fue controvertida mediante el diverso de reclamación, el que se declaró infundado.

29. Esto es, no constituye materia de la litis en el presente asunto definir si el tercero interesado no emplazado al juicio de amparo indirecto puede interponer recurso de revisión pues, como se dijo, el medio de impugnación es procedente en virtud de que precisamente se busca que la superioridad analice los motivos (expuestos a título de "agravios") por lo que, al parecer del recurrente, se le debió dar plena intervención en el juicio de amparo.

30. En esta línea de razonamiento es que resolvieron los Tribunales Colegiados involucrados; en ambos casos, la materia del recurso de revisión del que conocieron fue precisamente el contenido de los agravios formulados por los recurrentes. Dichos argumentos esencialmente se expusieron con la finalidad de evidenciar las razones por las que, a decir de los promoventes, el Juez de Distrito debió emplazarlos al juicio de amparo indirecto con el objeto de que tuvieran intervención directa en defensa de sus derechos.

31. Sin embargo, con independencia de las razones y motivos, los órganos jurisdiccionales arribaron al convencimiento de que los agravios formulados son ineficaces (ya sea por ser infundados, inoperantes, inatendibles o alguna combinación de entre ellos) para tales efectos y, por tanto, no fue posible acceder a las pretensiones de los recurrentes.

32. Tal calificativa vedó la posibilidad para quienes se ostentaron como terceros interesados de ser reconocidos, respectivamente, en el juicio de amparo.

33. Ahora bien, con ese basamento es de recordarse que una de las premisas fundamentales del acceso a la justicia es que la ley establezca mecanismos mediante los cuales exista la posibilidad de modificar o revocar la determinación.

34. El Pleno de este Tribunal ha dejado patente que el acceso a los recursos es una prerrogativa de la justicia completa e imparcial, pues asegura la posibilidad de corregir los errores en que pueda incurrir el juzgador primigenio en la adopción de sus decisiones y, además, permite enmendar la aplicación indebida de la ley con el fin de evitar la arbitrariedad.

35. Se abunda, el ordenamiento constitucional reconoce el derecho de acceso a los recursos como una prerrogativa oponible al legislador en cuanto a la obligación de articular un sistema de recursos, así como a los operadores a quienes corresponde interpretar los requisitos procesales en el sentido más favorable a su efectividad, con proscripción de formalismos enervantes o rigorismos desproporcionados que conviertan los requisitos procesales en obstáculos para que la tutela judicial sea efectiva.

36. No obstante, las anteriores afirmaciones deben complementarse ya que esta Suprema Corte ha desarrollado una amplía doctrina jurisprudencial en torno al contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) en consonancia con los numerales 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(9) especialmente por lo que hace al alcance y contenido del derecho fundamental de acceso a la justicia. El resultado de ello es que se han identificado como componentes de ese derecho fundamental, los siguientes: I) la prohibición de la autotutela, II) la tutela jurisdiccional; III) la abolición de las costas judiciales y gratuidad de la justicia; IV) la independencia judicial; y, V) La prohibición de imponer prisión por deudas de carácter puramente civil.

37. Empero, no estamos frente a un derecho absoluto, considerar ello implicaría que el operador jurídico en todos los casos tendría que resolver sobre las pretensiones del promovente e incluso, de manera favorable a sus intereses; lo que resulta constitucional, convencional y legalmente imposible.

38. La tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, conlleva la obligación para los órganos jurisdiccionales de resolver los conflictos planteados sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo.

39. Sin embargo, ello no es impedimento para que se soslayen los presupuestos procesales(10) de admisibilidad y procedencia de los juicios y, por consecuencia, de sus recursos.

40. De ser así, el efecto sería nocivo pues generaría un estado de incertidumbre para los intervinientes en la relación procesal e incluso para la sociedad en general toda vez que se dejarían de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, en detrimento de la seguridad jurídica de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30300-9f0cfb7c/recurso-de-revision-cuando-el-tercero-interesado-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.