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Modo: Corpus Pro

TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON LA CALIDAD DE VÍCTIMA. TIENE ESE CARÁCTER EL DENUNCIANTE DEL DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2016. · Registro digital (IUS): 26898
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-01-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo III, Pág. 1846.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARIO ALBERTO FLORES GARCÍA, ÓSCAR VÁZQUEZ MARÍN Y JOSÉ FÉLIX DÁVALOS DÁVALOS. PONENTE: ÓSCAR VÁZQUEZ MARÍN. SECRETARIA: MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTRADA SEDANO.

Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, en sesión ordinaria correspondiente al veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.

VISTOS los autos para resolver la contradicción de tesis 2/2016, denunciada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, entre el criterio sostenido por dicho Órgano Colegiado, al resolver el amparo en revisión **********, de su índice; y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo Circuito, al fallar el recurso de queja **********, de su índice; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Antecedentes de la denuncia de contradicción de tesis.

Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante acuerdo de cuatro de abril de dos mil dieciséis, la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, denunció, al Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por dicho órgano Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** y el recurso de queja **********, respectivamente.

SEGUNDO.-Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. Mediante proveído de seis de abril de dos mil dieciséis, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis; proveyó que se le requiriera al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, para que remitiera copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja **********, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado de la materia y Circuito referidos, ya había adjuntado copia certificada de la correspondiente sentencia de amparo en el recurso de revisión ********** de su índice.

Asimismo, se les solicitó a los Magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito, antes mencionados, informaran si a la fecha subsistía su respectivo criterio. Lo que respondieron afirmativamente.

TERCERO.-Integración del asunto. Por auto de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se turnó el asunto al Magistrado Óscar Vázquez Marín, integrante del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41, Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia sobre posibles contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados del mismo Circuito, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de este Pleno de Circuito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 225 y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, quien sustentó uno de los criterios contendientes.

TERCERO.-Posturas contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver, en sesión de nueve de marzo de dos mil dieciséis, la revisión principal número ********** sustentó, en lo conducente, las consideraciones siguientes:

"SEXTO.-Determinación que se adopta. Son sustancialmente fundados los agravios expuestos por el apoderado legal de **********, en cuanto aduce que, durante la tramitación del juicio de amparo, se transgredieron las normas que lo rigen, con trascendencia al resultado del fallo, al haberse dejado en estado de indefensión a dicha persona moral, por no haber sido emplazada a juicio, no obstante de revestirle el carácter de tercero interesada; motivo por el cual, debe revocarse la sentencia recurrida y ordenarse la reposición del procedimiento, en términos de lo dispuesto por el arábigo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo.

"Para una mejor comprensión del problema jurídico que nos ocupa, cabe reseñar algunos de los antecedentes que informan el presente asunto, en específico, los que se consideran necesarios para sustentar la determinación que se adopta en esta ejecutoria, razón por la cual se procede a puntualizar lo que sigue:

"- **********, por conducto de su apoderado legal, presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en contra de **********, por hechos que estimó constitutivos de delito, los que esencialmente hizo consistir en que el denunciando había trabajado para tal empresa poco más de cinco meses después de los cuales renunció de manera voluntaria, no obstante lo cual, demandó laboralmente a la misma alegando un despido injustificado, y para efectos de cuantificar las prestaciones reclamadas, de manera falaz y dolosa, señaló un salario superior al que realmente percibía.

"- Con motivo de esa denuncia, se integró la averiguación previa ********** que fue consignada (sin detenido) ante el Juzgado Tercero de lo Criminal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el que se radicó con el número de causa penal ********** y, el nueve de marzo de dos mil quince, se libró orden de aprehensión en contra de **********, por el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto por el artículo 168, fracción I, del Código Penal del Estado de Jalisco.

"- El catorce de julio de dos mil quince, el aludido inculpado se presentó ante la potestad del Juez responsable, bajo los efectos de la suspensión provisional que le fue concedida en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito, de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco, a fin de ponerse a su disposición para que le fuera recabada su declaración preparatoria, en la que el implicado se reservó su derecho a declarar y, únicamente, solicitó la ampliación del término constitucional para que se resolviera su situación jurídica.

"- Dentro del término constitucional ampliado, el veinte de julio de dos mil quince, se decretó auto de formal prisión en contra de **********, por el mencionado delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad.

"- Contra ese auto de bien preso, así como contra la posible orden de reaprehensión girada con motivo del mismo y su ejecución, el inculpado de mérito promovió juicio de amparo indirecto del que correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en el que se radicó con el número de expediente **********; y, seguido que fue el juicio por sus etapas, mediante sentencia autorizada el trece de noviembre de dos mil quince, se decretó el sobreseimiento parcial en el juicio (respecto de la posible orden de reaprehensión y su ejecución) y se concedió la protección constitucional impetrada (por lo que ve al formal procesamiento del inculpado).

"- Inconformes con esa sentencia de amparo, el apoderado legal de **********, así como la agente del Ministerio Público, adscrita al Juzgado Tercero de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, interpusieron el recurso de revisión cuyo estudio ahora nos ocupa.

"Sentado lo precedente, por cuestión de técnica jurídica y dadas las peculiaridades del caso, se procede en primer término, a analizar los agravios expuestos por el apoderado legal de la persona moral aludida.

"En tales motivos de inconformidad, toralmente se aduce que el a quo indebidamente resolvió el juicio de amparo que interesa, sin haber emplazado a **********, misma que tiene la calidad de víctima en el proceso penal del que emanan los actos reclamados, dado que la conducta antijurídica reprochada al quejoso **********, produce una afectación en la esfera jurídica de la citada persona moral, y que por tanto, ésta debió ser llamada a juicio con el carácter de tercera interesada.

"Asimismo, se argumenta que, para el caso de que este tribunal estimara que no le reviste la calidad de víctima a la empresa aludida, la misma sigue teniendo el carácter de tercera interesada en términos del numeral 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por haber gestionado los actos reclamados y por tener interés jurídico en que los mismos subsistan, ya que fue precisamente ésta quien formuló la denuncia de hechos y llevó a cabo todas las gestiones, mediante el ofrecimiento de pruebas, testimoniales y documentales, para lograr acreditar el cuerpo del delito que interesa y la probable responsabilidad del ahora quejoso en su comisión; lo que derivó en el ejercicio de la acción penal por parte del fiscal integrador y posteriormente en el libramiento de la orden de aprehensión y en el dictado de auto de bien preso respectivos.

"En sustento de la aseveración que antecede, el recurrente invocó la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Tercer Circuito, consultable en la página 2544, Libro 16, Tomo III, marzo de 2015, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de marzo de 2015 a las 9:00 horas» que dice:

"‘TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. TIENE ESE CARÁCTER EL DENUNCIANTE EN EL DELITO DE FALSEDAD DE DECLARACIONES E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD, AUN CUANDO NO SE ENCUENTRE EN LA HIPÓTESIS DE VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EN LA CAUSA PENAL DE LA QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga un interés jurídico en que subsista, puede intervenir como tercero interesado; también lo es que el denunciante en el delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto en el artículo 168, fracción I, del Código Penal para el Estado de Jalisco, aun cuando no se encuentre en la hipótesis de víctima u ofendido en la causa penal de la que deriva el acto reclamado, adquiere el carácter de tercero interesado en el amparo indirecto, por ser quien gestionó el acto o tener un interés jurídico en que éste subsista, pues de no otorgarle esta calidad, se atentaría contra el derecho humano reconocido a su favor en los artículos 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008); 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 96 del mencionado Código Penal y 115, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado, como es su derecho a impugnar aspectos que inciden en la demostración del delito y la plena responsabilidad penal del acusado, con la finalidad de proporcionar los elementos jurídicos que estime conducentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado.’

"Finalmente, se argumenta en los agravios en estudio, que al no haber sido emplazada al juicio de garantías, en su carácter de tercero interesada, **********, quedó en estado de indefensión, pues no se le permitió apersonarse al juicio y alegar lo que a su interés conviniera; por lo que solicita, se revoque la sentencia recurrida y se ordene la reposición del procedimiento de amparo, en términos de la fracción IV del artículo 93 de la ley de la materia, a efecto de que se le reconozca el carácter alegado y se le otorgue su garantía de audiencia.

"Esos motivos de inconformidad, como se anticipó al inicio de este considerando, devienen sustancialmente fundados en la medida que a continuación se precisa.

"En efecto, es verdad que la persona moral **********, tiene la calidad de víctima en el proceso penal, génesis de los actos reclamados, y en consecuencia, el a quo debió reconocerle el carácter de tercero interesada en el juicio de amparo del que deriva esta alzada constitucional, en términos del numeral 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que dispone:

"‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"‘...

"‘III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:

"‘...

"‘c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; ...’ (lo destacado no es de origen).

"A fin de sustentar tal aseveración, resulta pertinente acotar que tradicionalmente por víctima, se ha entendido al sujeto que resiente el daño directo en su persona, sus bienes, propiedades o posesiones jurídicamente tutelados, en virtud de la comisión de un delito; por ofendido, al titular del bien jurídicamente protegido, el cual ha sufrido o sufre el daño o el perjuicio por causa ajena; y, por denunciante, a la persona que hace del conocimiento de la autoridad ministerial, la comisión de hechos posiblemente constitutivos del delito perseguible de oficio, por no requerirse querella.

"De donde deriva, para lo que aquí interesa, que en sentido estricto, únicamente puede considerarse como víctima a aquel sujeto de derecho que resintió directamente (ya sea en su persona, bienes o posesiones) el menoscabo ocasionado con la comisión de determinado delito.

"Sin embargo, de una interpretación extensiva de ese concepto, se obtiene que al denunciante de un delito que afecta a la sociedad en general (como el que nos ocupa), del mismo modo puede considerársele como víctima, tomando en consideración las circunstancias que motivaron la presentación de esa denuncia, si el ilícito provoca una afectación, aunque no se directa, a sus derechos fundamentales.

"En efecto, debe distinguirse entre aquella denuncia que realiza persona determinada, únicamente en cumplimiento a su deber ciudadano de dar la notitia criminis a la autoridad persecutora del delito, de la que se efectúa con motivo de que el hecho denunciado, de manera indirecta, le prive o afecte un derecho fundamental, como pudiera ser el de acceso a la justicia; pues en este último caso, indudablemente al denunciante también le reviste la calidad de víctima.

"Cierto, en el último de los supuestos vistos, se entiende que, con la denuncia formulada, se busca que la autoridad ministerial investigue y consigne los hechos denunciados y, que por su parte, la autoridad jurisdiccional emita una declaratoria de responsabilidad en contra del inculpado; todo ello, con la finalidad de que el denunciante, con base en lo resuelto en el proceso penal, ejerza un diverso derecho o le prospere una acción intentada en distinta vía, siempre que estén íntimamente relacionados, ese derecho o acción, con los hechos materia de la denuncia; obteniendo así el denunciante, que se le procure y administre justicia, enmendándose la violación al derecho fundamental que como víctima le fue transgredido indirectamente.

"Al respecto, es de invocarse en lo conducente y por las razones que la informan, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 58/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 115, Tomo XXIV, octubre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"‘LEGITIMACIÓN AD PROCESUM DEL DENUNCIANTE FACULTADO PARA EXIGIR LA REPARACIÓN DEL DAÑO O LA RESPONSABILIDAD CIVIL, COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES U OMISIONES QUE SANCIONA LA LEY PENAL. CUENTA CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRME EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O SU DESISTIMIENTO, EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.-De conformidad con la tesis del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 128/2000, de rubro: «ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA.», y de una interpretación extensiva a los artículos 21, cuarto párrafo constitucional, 4o., 10 fracción III y 114 fracción VII, de la Ley de Amparo, tienen legitimación activa para interponer amparo por el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta, todas aquellas personas que hayan sufrido un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como delitos, entre las que se encuentra el denunciante cuando coincida en él cualquiera de las calidades antes indicadas, ya que en tal hipótesis, debe presumirse una intención legislativa en el sentido de ampliar el derecho de acudir al amparo a cualquiera que sufra un menoscabo en su esfera jurídica, aun cuando no se trate de la víctima o del ofendido.’

"Así es, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia, antes transcrita, la Primera Sala del Supremo Tribunal del País explicó, en lo que aquí interesa, que la reforma de junio de dos mil, al artículo 10, fracción III, de la Ley de Amparo (abrogada), tuvo por objeto ampliar el concepto de víctima u ofendido, en tanto que antes de esa reforma sólo se consideraba como tal, a quien tuviera derecho a la reparación del daño, y a partir de esa modificación legal, se estableció que sería toda persona que con motivo del no ejercicio de la acción penal sufriera un daño susceptible de ser reparado.

"Por tanto, se precisó en tal ejecutoria, que debía realizarse una interpretación extensiva de las acepciones de víctima y ofendido -en la norma constitucional y en la Ley de Amparo- para comprender a todas aquellas personas que son afectadas por la comisión de un delito, dentro de los que cabe el denunciante; de modo que, el interés jurídico le asiste a toda persona que con motivo del delito, resiente una afectación en su esfera de derechos; y se destacó que dicha legitimación para la acción de amparo se tenía con independencia del bien jurídico que tutelan los diversos tipos penales, por lo que el denunciante no estaba desprotegido de la norma constitucional, sino comprendido como una especie de los que expresamente se hace referencia, como lo es la víctima u ofendido; en tanto que las definiciones tradicionales de víctima, ofendido y denunciante, se quedaban cortas en el contexto de la norma constitucional citada (artículo 20, apartado b), -en su texto anterior a las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho-).

"Y que entonces, para establecer que hay interés jurídico para efectos de la promoción del amparo -que a su vez se traduce en el reconocimiento del carácter de víctima u ofendido del denunciante que da lugar al procedimiento penal o investigación-, basta con que se despliegue un delito que afecte su ámbito de derechos, y será víctima u ofendido toda persona que ha sufrido consecuencias negativas procedentes del delito, en el goce de bienes propios o en los que participa como integrante de la comunidad.

"De igual modo, concluyó que debe considerarse víctima a toda aquel que haya sufrido un daño físico, una pérdida financiera o menoscabo sustancial en sus derechos fundamentales, de manera que, queden comprendidas todas las personas que resultan afectadas ‘directa o indirectamente’ por la comisión de un delito; ya que si bien hay ilícitos en los que la afectación al bien jurídico es en perjuicio de la sociedad en general, también puede haber repercusión en una persona individual, y en este caso, también queda comprendida en la protección constitucional.

"A manera de ejemplo, citó la referida Primera Sala, el delito de falsedad en declaraciones (como el que aquí nos ocupa), y literalmente estableció que, en dicho ilícito ‘el bien jurídico protegido es la verdad, en donde la víctima titular del bien es la sociedad, no obstante ello el particular puede revestir la calidad de víctima, cuando en virtud de una falsa declaración se le excluya, prive o se le cause alguna molestia en un derecho que detenta legítimamente.’

"Aterrizado al caso el andamiaje argumentativo, previamente expuesto, tenemos que en la especie, la causa penal de la que derivan los actos reclamados, como se vio, se sigue en contra de **********, por el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto por el artículo 168, fracción I, del Código Penal del Estado de Jalisco.

"Ilícito en el que el bien jurídico tutelado es la verdad (que se traduce en una adecuada administración e impartición de justicia), y propiamente el titular de ese derecho protegido es la sociedad en general; sin embargo, como bien lo estableció la Primera Sala en las consideraciones de la ejecutoria, previamente analizada, también a determinada persona en lo particular le puede revestir la calidad de víctima cuando en virtud de una falsa declaración se le excluya, prive o se le cause alguna molestia en un derecho que detenta legítimamente.

"Bajo ese orden de ideas, no existe impedimento alguno para considerar que a la persona moral **********, además de la calidad de denunciante reúne la calidad de víctima en el proceso penal del que emanan los actos reclamados, pues ésta (a través de su apoderado legal) no se limitó simplemente a dar la notitia criminis a la autoridad ministerial como un deber cívico, sino que la denuncia formulada tuvo su razón de ser por estimarse que los hechos denunciados tenían injerencia en su esfera de derechos.

"Así es, no debe perderse de vista que tal persona moral, en su denuncia de hechos manifestó ser parte demandada en el juicio laboral entablado en su contra por el inculpado ********** (tal como se desprende de las constancias allegadas al sumario), el que según el dicho la denunciante le atribuye un despido injustificado, y para efectos de cuantificar las prestaciones reclamadas, en su demanda laboral, de manera falaz y dolosa, señaló un salario superior al que realmente percibía.

"De igual forma, debe destacarse que la mencionada **********, tuvo una participación activa durante la integración de la averiguación previa, aportando medios de convicción tendentes a acreditar el delito que interesa y la responsabilidad presunta del indiciado en su comisión.

"Lo que revela con claridad, que **********, tiene un interés específico en que el inculpado sea declarado penalmente responsable de la comisión del ilícito de falsedad en declaraciones e informes dados ante una autoridad, que se le atribuye, pues ello puede repercutir indirectamente en el resultado del proceso laboral entablado en su contra por el inculpado aquí quejoso.

"En otras palabras, la demostración o no en el proceso penal del hecho ilícito atribuido al inculpado (declaración falsa ante la autoridad laboral respecto del salario percibido), evidentemente puede repercutir de manera indirecta en el resultado del juicio laboral entablado en contra de la persona moral denunciante, ya sea de manera favorable o desfavorable a sus intereses; injerencia que no únicamente puede trascender al derecho fundamental de acceso a la justicia (en el juicio laboral) de la denunciante, sino también a la esfera de sus derechos patrimoniales, atendiendo a la condena o no de que pueda ser sujeto con motivo de las prestaciones exigidas con base en el salario declarado por la parte actora (inculpado).

"En esas condiciones, al ser fehaciente, por las razones expuestas, la calidad de víctima que le reviste a la persona moral **********, en el proceso penal del que emanan los actos reclamados, se insiste, fue incorrecto que el Juez garante no le reconociera el carácter de tercero interesada, en términos del artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo.

"Asimismo, como se aduce en los agravios, también fue incorrecto que el a quo no la emplazara al juicio de garantías, no obstante la calidad de parte, que como tercera interesada, goza en el juicio constitucional; lo que se traduce en una violación a las reglas que norman el juicio de amparo indirecto, con trascendencia al resultado del fallo, que amerita su reposición, como lo solicita la inconforme, en términos de lo dispuesto por el arábigo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, que textualmente dispone:

"‘Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:

"‘...

"‘IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento.’

"En efecto, del precepto legal transcrito, deriva la obligatoriedad para el órgano revisor, con independencia de quien sea el recurrente y aun en el supuesto de que no se hubiera hecho valer agravio a ese respecto, de constatar que, durante la tramitación del juicio de amparo, se hayan respetado las formalidades que lo rigen, al ser éstas, cuestiones de orden público e interés general y, por tanto, de estudio oficioso, de manera tal que si se advierte que las mismas, en sentido trascendente fueron trastocadas, procederá a revocar la resolución recurrida y a ordenar la reposición del procedimiento.

"En ese sentido, el juicio de amparo, como cualquier proceso judicial, se integra por una serie de actos concatenados y armónicos que tienen como finalidad proporcionar al juzgador los elementos necesarios para resolver la controversia; entre esos actos destaca desde luego el emplazamiento, en tanto que constituye la actuación por la que se involucra al proceso a las partes interesadas y se logra crear la relación jurídica procesal que permite que el fallo emitido pueda influir en la esfera jurídica de quien debe participar en el procedimiento, pero sobre todo, garantiza a esa parte el derecho de ser oído y vencido en juicio.

"Por esta razón, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, ha interpretado que si en el juicio de amparo no se emplaza al tercero interesado (antes denominado tercero perjudicado), deben reponerse los actos procesales para que se realice dicho llamamiento y vuelva a construirse el procedimiento, porque ello representa una formalidad fundamental en la tramitación del juicio de garantías.

"El criterio jurisprudencial a que se alude, se identifica con el número de tesis P./J. 44/96, consultable en la página 85, del Tomo IV, julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la literalidad dispone:

"‘TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO.-Tomando en consideración que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las partes, en un juicio, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, es inconcuso, que en términos de los artículos 30, 147 y 167 de la propia ley, debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento para que se subsane la referida violación procesal. Ello obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuya observancia ha de exigirse con mayor rigor a los tribunales que constituyen órganos de control constitucional, que también han de respetar la secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento y, además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como parte en el juicio de garantías, esté en posibilidad de ejercer sus derechos procesales. Esto, no solamente como una eficaz defensa de los respectivos intereses de las partes, tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión, en su caso, sino también como una oportunidad para proponer las cuestiones de orden público que pudieran advertirse durante la tramitación correspondiente, cuya legal acreditación determinaría obligadamente el sentido del fallo definitivo que al efecto se pronuncie; para interponer asimismo, los medios de impugnación que contra éste u otras resoluciones procedieran y, de una manera fundamental, para preservar los derechos de quienes puedan verse afectados por el cumplimiento de una sentencia ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo, cuya ejecución es indefectible. Por tanto, la determinación del tribunal de considerar innecesario o intrascendente, llamar a juicio al tercero perjudicado cuyo emplazamiento oportuno fue omitido, porque en la sentencia que resuelve el fondo del asunto, se concede el amparo, bien sea por falta de fundamentación y motivación o por cualquiera otra circunstancia, siempre que el fallo sea protector, viola los principios fundamentales del juicio de amparo.’

"Del mismo modo, del criterio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26898-3f3c941b/tercero-interesado-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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