RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY DE AMPARO. EL TERCERO INTERESADO RECONOCIDO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA DICHO CARÁCTER A DETERMINADA PERSONA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS, DE LOS MAGISTRADOS GRACIELA M. LANDA DURÁN, GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO, ISAÍAS CORONA CORONADO, ALEJANDRO GRACIA GÓMEZ Y MARÍA ELIZABETH ACEVEDO GAXIOLA. DISIDENTES: RAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO Y ROSA EUGENIA GÓMEZ TELLO FOSADO. PONENTE: ALEJANDRO GRACIA GÓMEZ. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materias Civil y de Trabajo de este Décimo Quinto Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por Eusebio Becerra Flores, quien tiene el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo 516/2018, del que derivó uno de los criterios que se consideran contradictorios, emitido en el recurso de queja 22/2019 (en el que fungió como recurrente), del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes. A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios, se precisa que el tema de la contradicción expresado en la denuncia no vincula a este Pleno de Circuito a constreñirse a los términos en que se plantea ni al punto jurídico específico, puesto que por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, al resolverla se puede acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de sus integrantes.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. V/2016 (10a.),(1) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."
Bajo tal marco de referencia, es necesario reseñar brevemente las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, con sede en la ciudad de Tijuana, al resolver el recurso de queja 7/2019 (fojas 12 a 20), en lo conducente (fojas 16 a 19):
• Precisó que no estudiaría el acuerdo recurrido, ni los agravios hechos valer por el tercero interesado, porque el recurso era improcedente, en atención a lo previsto en el artículo 97, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, el cual señala que será procedente el recurso de queja en amparo indirecto, contra las resoluciones que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado, sin limitación de la parte procesal que podrá impugnarlo, pero, no se debía inobservar que un recurso constituye un medio o procedimiento contemplado en una norma legal a favor de la persona que se cree perjudicada o agraviada con una resolución de un juzgador y cuyo propósito es revocar esa decisión.
• Agregó que para analizar la procedencia del recurso resultaba necesario estudiar a las personas afectadas con el auto recurrido, por ende, legitimadas para la interposición del mismo, puesto que con independencia que sean parte en la controversia constitucional, pueden no estar legitimadas para interponer el medio de defensa de que se trata, ya que no se debía inobservar el principio general de la interposición de los recursos, consistente en que exista una afectación directa al recurrente, que no obedece únicamente a que sea parte en el juicio.
• También aludió a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 23/2018 (10a.), en la cual analizó la procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, cuando es interpuesto por las autoridades señaladas como responsables, en donde señaló que si bien es cierto, en el citado precepto se establece que el recurso de queja es procedente contra las resoluciones que "reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado", también es cierto, que para determinar la procedibilidad de tal medio de defensa, no es dable atender a ese texto legal de manera aislada, pues aunado a que se actualice la hipótesis normativa plasmada en dicha porción, resulta indispensable que se verifique que quien interponga tal recurso se vea afectado por la determinación recurrida.
• Arguyó que es así, debido a que el recurso de queja, como medio de defensa dentro del juicio constitucional, debe entenderse como un medio consagrado en la ley de la materia, precisamente en favor de la persona que efectivamente resulte perjudicada o agraviada con determinadas resoluciones emitidas por los Jueces y tribunales de amparo, y que se contengan en alguna de las hipótesis del precepto 97 de la citada ley.
• De manera que si en el caso particular, en el auto recurrido el Juez de Distrito negó reconocer el carácter de terceros interesados a dos personas, no era susceptible de analizarse mediante el recurso interpuesto por la parte que tenía la calidad de tercero interesado en el juicio constitucional de origen, aun cuando era parte en el procedimiento, al no tener legitimación para impugnar lo pretendido, porque no le causaba perjuicio.
• Expresó que era así debido a que el tercero interesado es toda persona –física o moral–, que interviene en el juicio para deducir un derecho propio, para coadyuvar con algunas de las demás partes o bien cuando tenga conocimiento que cualquiera que sea la resolución que se dicte, pueda causarle algún perjuicio irreparable, por lo que el que se le niegue el carácter de tercero interesado a las personas que señalaba el recurrente, no trastocaba su esfera jurídica, ya que no coartaba su derecho a defender la constitucionalidad del acto reclamado, plantear causales de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni implicaba variación alguna de la litis constitucional.
• Precisó que el auto recurrido podría ser impugnado tanto por quien se pretendía que fuera reconocido con esa calidad, como por el quejoso, toda vez que de ser incorrecta tal determinación, en principio se coartaría al primero referido del derecho de acudir a juicio a deducir lo que corresponda en su beneficio y, en relación con el peticionario de amparo, eventualmente, el tribunal revisor puede ordenar la revocación de la sentencia y la reposición del procedimiento, lo que evidentemente le acarrea una afectación, en específico por lo que hace a su derecho humano a una justicia pronta.
• Citó como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 23/2018 (10a.)(2) y tesis aislada tesis (sic) VI.3o.A.12 K (10a.),(3) intituladas:
"RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES."
"RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO PREVIAMENTE RECONOCIDO, CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE RECONOZCA ESE CARÁCTER A DIVERSA PERSONA."
• Concluyó que el tercero interesado recurrente carecía de legitimación para interponer la queja contra la decisión del Juez de Distrito que negó el carácter de terceros interesados a dos personas, porque esa determinación no le generaba perjuicio, sino que afectaba preponderantemente a su contraparte en el juicio de amparo –quejoso–, así como a las personas a las que se le negó dicha calidad y desechó el medio de impugnación.
Por su parte, en supuesta contraposición a lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, con sede en la ciudad de Tijuana, al resolver el recurso de queja 22/2019 (fojas 42 a 45), en lo conducente:
• Implícitamente consideró que el recurrente, en su calidad de tercero interesado reconocido en el juicio de amparo indirecto de origen, estaba legitimado para interponer el recurso de queja contra el auto en el que el Juez de Distrito decidió no reconocer el carácter de terceros interesados a diversas personas.
• Ello es así, puesto que enfatizó que el tercero interesado recurrente alegó que fue incorrecto que el Juez de Distrito desconociera la calidad de terceros interesados a dos personas físicas, toda vez que lo único que debía acreditarse para tal efecto era el "interés contrario al del quejoso" y el "interés en la subsistencia del acto reclamado", lo cual poseían por ser los adquirientes de los predios objeto del juicio sucesorio de donde derivaba el acto reclamado.
• Agregó que conforme a lo previsto en el artículo 5o., fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, les reviste el carácter de terceros interesados a: 1) la persona que hay (sic) gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; y, 2) la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o, tratándose de persona extraña al procedimiento quien tenga interés contrario al del quejoso.
• Consideró que en el caso particular los actos reclamados derivaron de un juicio civil, por lo cual para determinar a quién le asistía el carácter de tercero interesado debía estarse a la regla contenida en el inciso b) del artículo 5o. de la Ley de Amparo, esto es, que se trate de la contraparte del quejoso o de quien tenga interés contrario al quejoso cuando este último se ostenta como persona extraña al procedimiento.
• Las dos personas físicas a las que se reconoció la calidad de terceros interesados no figuraban como parte en el juicio sucesorio de origen, ni se advertía que hubieran tenido intervención en el mismo, conforme al artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por lo cual declaró infundada la queja.
CUARTO.—Existencia de la contradicción. En principio, debe considerarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado qué se requiere para determinar si existe una contradicción de tesis, para lo cual deben advertirse los elementos siguientes:
a) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten, expresa o implícitamente, criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales; y,
b) Que sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.
Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)
Bajo ese contexto, existe la contradicción de tesis denunciada puesto que los Tribunales Colegiados sostuvieron criterios discrepantes sobre el mismo punto de derecho, consistente en determinar si el tercero interesado reconocido en el juicio de amparo indirecto está legitimado para interponer el recurso de queja contra el auto en el que el Juez de Distrito decide no reconocer el carácter de terceros interesados a diversas personas.
Lo anterior es así, toda vez que del análisis integral de las resoluciones contendientes, se advierte que en los dos asuntos se resolvió un recurso de queja en el que se impugnó un acuerdo dictado en un juicio de amparo indirecto en el que el Juez de Distrito decidió no reconocer la calidad de terceros interesados a diversas personas.
En ambos casos la parte recurrente fue una persona que tenía reconocida la calidad de tercero interesado y mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito concluyó que el recurrente carecía de legitimación para interponer la queja porque esa decisión no le generaba perjuicio, sino que afectaba preponderantemente a su contraparte en el juicio de amparo –quejoso–, así como a las personas a las que se negó dicha calidad y desechó el medio de impugnación; en contraposición a ese criterio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito implícitamente consideró que sí estaba legitimado, puesto que estudió el fondo del asunto.
Importa destacar que la seguridad jurídica que se pretende salvaguardar con la unificación de criterios mediante la resolución de las contradicciones de tesis, implica que se superen las discrepancias existentes no sólo entre posturas jurídicas expresas, sino también cuando alguna de ellas sea implícita, siempre que, como en el caso, pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso.
De estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que se pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora también a los Plenos de Circuito, como máximos intérpretes de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estimen pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición.
Así lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 93/2006, que se trascribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO.—De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."(5)
QUINTO.—Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno del Decimoquinto Circuito que se desarrolla a continuación.
El punto jurídico a dilucidar, como se anticipó, es el relativo a determinar si el tercero interesado reconocido en el juicio de amparo indirecto está legitimado para interponer el recurso de queja contra el auto en el que el Juez de Distrito decide no reconocer el carácter de terceros interesados a diversas personas.
Para resolver lo anterior, se parte de la premisa de que el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo establece los supuestos en que procede el recurso de queja en los amparos indirectos, a saber:
"Artículo 97. El recurso de queja procede:
"I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:
"a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación;
"b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional;
"c) Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;
"d) Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado;
"e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional;
"f) Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios;
"g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; y
"h) Las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo."
Como se estableció en supra párrafos, la materia de esta contradicción de tesis está relacionada con la hipótesis prevista en el inciso d), que prevé la procedencia del recurso de queja contra las resoluciones que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado, de tal suerte que no es objeto de discusión la procedencia de ese recurso por la naturaleza de la decisión recurrida –puesto que ya está prevista en la norma–, sino en razón de la legitimación de la parte procesal que interpone el medio de defensa.
Lo anterior, porque para determinar la procedencia del recurso de queja no es dable atender a ese enunciado normativo de manera aislada, ya que resulta indispensable que quien lo interponga se vea afectado por esa determinación.
Asimismo, la ausencia de expresión legislativa, en el sentido de que la resolución que reconozca o niegue el carácter de tercero interesado debe generar algún perjuicio a la parte que interponga el recurso de queja, no implica que la existencia de esa afectación resulte innecesaria para efectos de la procedencia de tal medio de defensa.
Ello, en atención a que el recurso es el medio o procedimiento consagrado en una norma legal a favor de la persona que se cree perjudicada o agraviada con una resolución de un juzgador y cuyo propósito es revocar o modificar tal decisión.
En ese contexto, se debe analizar lo relativo a la procedencia del recurso de queja bajo la premisa de quiénes son las personas afectadas con el auto o resolución impugnada y, por ende, legitimadas para la interposición del recurso, debido a que independientemente de que sean parte, pueden no estar legitimadas para hacer valer el medio de defensa, y bajo el principio general relativo a que la interposición de los recursos se determina por la afectación directa del acto sobre una persona determinada, y no únicamente con base en si es o no parte en el procedimiento.
Así lo interpretó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al concluir que quien hace valer el medio de impugnación "debe justificar tener alguna personalidad con relación a la queja de que se duele", al resolver la contradicción de tesis 12/2008, de la que surgió la jurisprudencia 2a./J. 98/2008,(6) que establece:
"QUEJA CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE DEMANDAS DE AMPARO NOTORIAMENTE IMPROCEDENTES. LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO.—Conforme al artículo 95, fracción I, de la Ley de Amparo, el recurso de queja procede contra los autos dictados por Jueces de Distrito que admitan demandas notoriamente improcedentes. Ahora bien, en términos del artículo 96 del mismo ordenamiento, cualquiera de las partes puede interponer este recurso y si la legitimación para hacer valer un medio de defensa es la condición de las personas que promueven la acción o se defienden de la intentada contra ellas, es evidente que en un juicio de garantías las autoridades señaladas como ejecutoras pueden estar vinculadas al procedimiento y, por ende, legitimadas para interponer ese recurso, a pesar de que en principio sus actos no se impugnen por vicios propios, pues además de que este aspecto no puede determinarse de inmediato, al existir la posibilidad de ampliar la demanda de amparo en cuanto a los conceptos de violación o los actos reclamados, el mencionado recurso lo interpone quien tiene aptitud para ello, aunado a que la admisión pudiera afectar a la responsable ejecutora en la causa, pues es ella quien ostentándose como titular del derecho que tiene de solicitar que no sea admitida una demanda que estima improcedente, está obligada por el trámite de la admisión a la rendición del informe justificado y a la exhibición de las constancias relacionadas con los actos reclamados, y cuya consecuencia en caso de incumplimiento, originará la imposición de una multa en su contra."
Interpretación que reiteró la propia Segunda Sala, al resolver la diversa contradicción de tesis 310/2017, donde analizó la procedencia del recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, cuando es interpuesto por las autoridades señaladas como responsables y estableció que sí están legitimadas para interponer ese medio de defensa contra las resoluciones que "admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación", pues son tales entes estatales "quienes preponderantemente resienten los efectos jurídicos que derivan de la admisión de las demandas de amparo notoriamente improcedentes –pues su carácter de responsables las constriñe a ser llamadas a juicio, a rendir informes y probanzas, entre otras cuestiones para defender su actuación–."(7)
La propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 317/2017, además de reiterar lo anterior, también destacó que el juicio de amparo y los recursos dentro del propio juicio, como lo es la queja, se rigen por el principio de agravio personal y directo.
De manera que la circunstancia de que la procedencia de un recurso no esté acotada a determinadas partes en el juicio de amparo, conlleva que esa disposición debe interpretarse en consonancia con los principios básicos del juicio de amparo, como el que se refiere a la existencia de agravio personal y directo como condición indispensable, tanto para la procedencia del juicio como de los recursos que la ley contempla dentro del propio juicio, sin que baste, por consiguiente, la sola calidad de parte.
Con base en lo anterior, debe partirse de que si bien el precepto 97, fracción I, inciso d), simplemente prevé la procedencia del recurso de queja contra las resoluciones que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado, para determinar la procedibilidad de tal medio de defensa, es menester examinar si la parte que interpone el recurso se encuentra legitimada en la causa para hacerlo, es decir, si la resolución impugnada le genera una afectación directa.
Bajo esas premisas, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que el recurso de queja, como medio de defensa dentro del juicio de amparo, debe entenderse establecido en favor de la persona que efectivamente resulte perjudicada o agraviada con la resolución que se pretende recurrir.
La citada Sala concluyó que las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso referido contra las resoluciones de los Jueces de amparo en las que niegan el carácter de tercero interesado a determinada persona, ya que ello no les depara perjuicio, porque dicha determinación no limita su derecho a defender la constitucionalidad del acto que se les reclama, de plantear causales de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni implica variación alguna de la litis constitucional, la cual se integra con lo expuesto en la demanda de amparo y el acto que emitieron.
Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 23/2018 (10a.),(8) que se trascribe:
"RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Conforme al precepto citado, el recurso de queja procede, en amparo indirecto, contra las resoluciones que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado. Al respecto, debe señalarse que para determinar su procedencia no es dable atender a ese enunciado normativo de manera aislada, pues resulta indispensable que quien lo interponga se vea afectado por esa determinación. Así pues, el recurso de queja, como medio de defensa dentro del juicio de amparo, debe entenderse establecido en favor de la persona que, efectivamente, resulte perjudicada o agraviada con la resolución que se pretende recurrir; en ese contexto, se concluye que las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso referido contra las resoluciones de los Jueces de amparo en las que niegan el carácter de tercero interesado a determinada persona, ya que ello no les depara perjuicio, pues dicha determinación no limita su derecho a defender la constitucionalidad del acto que se les reclama, de plantear causales de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni implica variación alguna de la litis constitucional, la cual se integra con lo expuesto en la demanda de amparo y el acto que emitieron."
Importa destacar que la trascrita (sic) jurisprudencia no resuelve el punto jurídico que se pretende dilucidar; por una parte, porque nada establece respecto de la procedencia del recurso de queja en esa hipótesis cuando quien lo interpone es una persona que tiene la calidad de tercero interesado reconocido en el juicio de amparo indirecto y, por otra parte, en virtud de que la posición de las autoridades responsables y los terceros interesados es distinta.
Así lo es, no obstante que el tercero interesado se caracteriza por oponerse a las pretensiones del quejoso y tener un interés común con la autoridad responsable en la subsistencia del acto reclamado, empero, la referida afinidad de pretensiones no constituye el elemento relevante para determinar a quién perjudican efectivamente las resoluciones en las que no se le otorga el carácter de parte tercera interesada a cierta persona, sino que debe atenderse, más bien, a los efectos procesales que derivan de la falta de pronunciamiento definitivo sobre el carácter de la parte tercera interesada, como lo interpretó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la precitada contradicción de tesis 317/2017 y emitir la jurisprudencia 2a./J. 23/2018 (10a.).
En efecto, la posición de las autoridades responsables en el juicio de derechos fundamentales se distingue preponderantemente por la relación de supra a subordinación que guarda respecto de la parte quejosa, de tal suerte que si bien puede tener un interés afín al de los tercero
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29293-a5d812ce/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-97 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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