QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA EL AUTO EN EL QUE SE OMITE LLAMAR A JUICIO A QUIEN LA QUEJOSA ATRIBUYE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 107/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción de tesis suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, que hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por un Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito. La queja ********** derivó de los antecedentes siguientes:
La quejosa promovió juicio de amparo indirecto en contra de una orden de cambio de adscripción a un diverso órgano jurisdiccional. En el acuerdo de admisión de la demanda, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz admitió la demanda de amparo, pero señaló que no había lugar a tener como tercero perjudicado al "Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial" del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, debido a que dicho ente jurídico no se ubicaba en ninguna de las hipótesis que contempla el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo.
En contra de dicho acuerdo, la quejosa interpuso recurso de queja con fundamento en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, la cual se radicó bajo el número **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, quien sostuvo que el recurso de queja era procedente, con base en las consideraciones siguientes:
"Cabe precisar, desde luego, que el recurso de queja que propone la recurrente, lo fundamenta en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, precepto que en la fracción anotada señala: (se transcribe).
"Como se advierte, se encuentran establecidos los siguientes requisitos de procedencia del recurso de queja:
"1. Sólo es procedente en contra de resoluciones dictadas por Jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación de garantías.
"2. Tales resoluciones son las que se pronuncian durante el trámite del juicio de amparo o del incidente de suspensión.
"3. Éstas no deben admitir expresamente el recurso de revisión, conforme al artículo 83 de la Ley de Amparo.
"4. Que por su naturaleza trascendental y grave las resoluciones puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes.
"5. Que éstos no sean reparables en la sentencia definitiva.
"6. Igualmente, procede el recurso de queja contra las resoluciones que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, pero en este supuesto, es menester que no sean reparables por las mismas autoridades que las pronuncien o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con arreglo a la ley.
"En el caso, la quejosa propuso en su demanda de amparo que fuera llamado a juicio, en calidad de tercero perjudicado, al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, y el Juez de Distrito no acordó de conformidad tal propuesta, bajo la consideración de que no se le ubicaba en ninguna de las hipótesis que contempla el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo.
"En ese tenor, la recurrida es una resolución dictada por un Juez de Distrito durante el trámite del juicio de amparo y que no admite expresamente ser combatida a través del recurso de revisión.
"La naturaleza trascendental y grave que pueda causar daño o perjuicio a la quejosa también se surte en la especie, pues es evidente el interés (y la obligación procesal) que tiene para que se llame a quien considera que tiene interés en que el acto reclamado subsista, con el fin de no retardar la resolución del asunto por falta de emplazamiento a alguna de las partes que -a su criterio- debieron ser llamados.
"Esto es así, si se toma en cuenta que si se sigue el juicio sin la presencia de quien a juicio de la quejosa debe ser parte, podría afectarle, tanto a ésta como a ese tercero, pues siendo un requisito que debe cumplir desde que promueve su demanda (y que -en la especie- ya lo hizo), la ausencia de la parte que sí debió tener el carácter de tercero perjudicado provocaría que el Tribunal Colegiado (de haberse concedido el amparo) ordenara la reposición del procedimiento para que se le llamara a juicio, pues es un aspecto que corresponde vigilar al tribunal revisor -incluso oficiosamente- de acuerdo con las peculiaridades propias del asunto.
"Así, además de actuar en perjuicio de la pronta y expedita administración de justicia, tutelada por el artículo 17 constitucional, se tendría como consecuencia una nueva sentencia, en la que el Juez tendría libertad de jurisdicción para resolver, si bien en el mismo sentido (amparando), también para sobreseer o negar.
"En resumen, este Tribunal Colegiado considera que el auto por el que no se admite como tercero perjudicado en el amparo a una persona ya sea física o moral, que en concepto de la parte quejosa tiene ese carácter, constituye un aspecto trascendental y grave, de acuerdo con la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, que puede causar daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, puesto que si la persona no admitida como tercero tuviera realmente ese carácter, el Juez de Distrito ya no podrá estimarlo o desestimarlo así al dictar su sentencia; lo anterior provocaría que el Tribunal Colegiado revisor, aun y cuando la quejosa hubiera obtenido el amparo, lo revocaría para ordenar una reposición de procedimiento a fin de que se llamara a juicio al inaudito, lo que además de contravenir lo que establece el artículo 17 constitucional, ocasionaría también perjuicio a la quejosa, dada la libertad de jurisdicción que tendría el Juez de Distrito para resolver nuevamente ..."
Dicho asunto dio origen a la tesis siguiente:
"QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DESCONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO AL PROPUESTO POR EL QUEJOSO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS. La determinación dictada por un Juez de Distrito durante el trámite del juicio de amparo por la que desconoce como tercero perjudicado a una persona física o moral, es recurrible en queja, conforme al artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues la naturaleza trascendental y grave que exige tal precepto como requisito de procedencia se colma en la especie, ya que puede causar daños o perjuicios a la parte quejosa, dado el interés (y la obligación procesal) que tiene para que se llame a quien considera tiene interés en que el acto reclamado subsista, con el fin de no retardar la resolución del asunto por su falta de emplazamiento. Esto es así, ya que hay que tomar en cuenta que si se sigue el juicio sin la presencia de quien a juicio de la quejosa debe ser parte, podría afectarle tanto a ésta como a ese tercero, pues siendo un requisito que debe cumplir desde que promueve su demanda (y que -en la especie- ya lo hizo), provocaría que el Tribunal Colegiado revisor (de haberse concedido el amparo) ordenara la reposición del procedimiento para que se le llame a juicio, toda vez que es un aspecto que le corresponde vigilar -incluso oficiosamente-, de acuerdo con las peculiaridades propias del asunto; luego, se tendría como consecuencia una nueva sentencia, en la que, dada la libertad de jurisdicción del Juez de Distrito, si bien podría resolver en el mismo sentido (amparando), también podría sobreseer o negar; por ende, en aras de una pronta y expedita administración de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario dilucidar ese aspecto.
"Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito."(1)
II. Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. El recurso de queja ********** derivó de los antecedentes siguientes:
La quejosa promovió una demanda de amparo indirecto señalando como terceros perjudicados a diversas empresas. En el auto de radicación de veintiuno de julio de dos mil nueve, el Juez de Distrito del conocimiento tuvo como tales a las citadas empresas; sin embargo, en la diligencia de notificación, el actuario hizo constar que no fue posible notificar a una de las empresas designadas como tercero perjudicada, en virtud de que era inexistente.
El Juez de Distrito determinó enviar un oficio al Registro Público de Comercio para que informara si la empresa considerada inexistente había sido liquidada. El director del Instituto Registral en Tampico, Tamaulipas, informó que en esa dependencia se encontraban registradas diversas escrituras en las que se había modificado la cláusula primera de la escritura constitutiva de dicha sociedad para cambiar su denominación social.
En consecuencia, el Juez de Distrito regularizó el procedimiento y dejó insubsistente el auto de veintiuno de junio de dos mil nueve, únicamente en lo que se refiere al emplazamiento a juicio de la empresa que cambió su denominación social, al considerar que se trataba de un mismo sujeto de derecho que ya había sido emplazado. La parte quejosa interpuso una queja, con fundamento en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en contra de la resolución del Juez de Distrito que dejó insubsistente el auto en que ordenó el emplazamiento a la empresa citada. El recurso de queja se radicó con el número **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, quien consideró que el recurso de queja era improcedente, con base en las consideraciones siguientes:
"Resulta innecesario el análisis de las consideraciones en que se sustenta el auto recurrido, así como los agravios hechos valer por la parte recurrente, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte que el recurso de queja es improcedente.
"En efecto, el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo prevé: (se transcribe).
"La norma transcrita, en lo que interesa, establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito durante la tramitación del juicio de amparo que no admitan expresamente el recurso de revisión, conforme al artículo 83, y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva.
"... Todo ello pone de manifiesto, que no se actualizan los supuestos del numeral 95, fracción VI, de la ley en cita, ya que dicho acuerdo no es de naturaleza trascendental y grave que sea susceptible de ocasionar al quejoso perjuicio irreparable en la sentencia que ponga fin al juicio de amparo.
"En efecto, se afirma lo anterior, porque la decisión del Juez de Distrito de dejar insubsistente el auto en el que se ordenó emplazar a juicio a la ********** (**********), por las razones expuestas en el auto recurrido, no se limita la oportunidad y el derecho del quejoso para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ni tampoco origina la variación de la litis constitucional, en la medida de que esta última se integra con lo expuesto en la demanda de amparo, con los actos reclamados a las autoridades responsables y con los informes rendidos por las mismas, por ende, no se reúne el segundo de los requisitos exigidos por el artículo 95, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"Asimismo, si la persona moral ********** (**********), a la cual inicialmente se había ordenado emplazar, y que por vía de regularización del procedimiento se dejó sin efectos esa determinación, tuviera el carácter de tercero perjudicado, el mismo Juez de Distrito puede así considerarlo al dictar sentencia definitiva, o bien, el tribunal revisor podrá hacerlo al revisar la sentencia constitucional en su caso.
"A todo lo anterior, debe agregarse que jurisprudencialmente el Alto Tribunal ha establecido que todo lo concerniente al llamado a juicio de los terceros perjudicados, no es impugnable por medio del recurso de queja, resultando aplicable al respecto la tesis aislada que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, en la tesis publicada en la página 947, Tomo LXXXI, Materia Común, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, número de registro 323240, de rubro y texto siguientes: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO, NO DEBE RECURRIRSE EN QUEJA EL AUTO QUE ADMITE A ALGUIEN CON ESE CARÁCTER.’ (se transcribe).
"... En ese contexto, es improcedente la queja promovida contra el auto del Juez de Distrito por el que regularizó el procedimiento de amparo y dejó insubsistente el proveído de veintiuno de julio de dos mil nueve, únicamente en lo que se refiere a que se ordenó a juicio a la ********** (**********), ya que dicho auto no puede causar al quejoso, ahora recurrente, ningún daño o perjuicio y menos irreparable, al dictarse la sentencia constitucional, toda vez que no limita el derecho del promovente del juicio de amparo para demostrar la constitucionalidad de los actos reclamados, ni origina la variación de la litis en el juicio de amparo.
"De manera que, al surtirse sólo el primero de los requisitos del artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, esto es, que el auto combatido no admite expresamente el recurso de revisión, pero no el segundo, en virtud de que ningún daño o perjuicio irreparable en la sentencia definitiva se ocasiona a la quejosa, deviene inconcuso que la queja examinada debe declararse improcedente.
"Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 168/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 212, registro 173699, de rubro y texto siguientes: ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO Y ORDENA SU EMPLAZAMIENTO.’."
Dicha ejecutoria dio origen a la tesis siguiente:
"QUEJA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE LA PROMOVIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL JUEZ DE DISTRITO QUE, PARA REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO, DEJA DE CONSIDERAR COMO TERCERO PERJUDICADO A QUIEN INICIALMENTE SE LE RECONOCIÓ DICHO CARÁCTER. El artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito durante la tramitación del juicio de amparo que no admitan expresamente revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. En consecuencia, resulta improcedente la promovida contra la resolución dictada por el Juez de Distrito para regularizar el procedimiento en el juicio de amparo, específicamente con el objeto de dejar de considerar como parte tercera perjudicada a la persona a quien inicialmente se le reconoció dicho carácter, al advertir, por ejemplo, que sería innecesario su llamamiento o por llegar a tal conclusión al percatarse que la persona señalada con dicha calidad, en realidad no la tiene, máxime que una resolución de tales características no limita las oportunidades o los derechos del quejoso para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ni tampoco varía la litis constitucional en la medida de que, esta última se integra con lo expuesto en la demanda de amparo, con los actos reclamados a las autoridades responsables y con los informes rendidos por éstas; por ende, no se reúne el referido requisito, consistente en la naturaleza trascendental y grave no reparable en sentencia definitiva; además, porque si la persona excluida efectivamente llegara a tener el carácter de tercera perjudicada, el mismo Juez de Distrito podría considerarlo así al continuar con el trámite del juicio e incluso volver a la determinación de llamarla o hacer tal reconocimiento al dictar sentencia definitiva, o bien, podría hacerlo el tribunal revisor al analizar la sentencia constitucional. A todo lo anterior se agrega que la Segunda Sala del Alto Tribunal en la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXI, página 947, de rubro: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO, NO DEBE RECURRIRSE EN QUEJA EL AUTO QUE ADMITE A ALGUIEN CON ESE CARÁCTER.’ y en la jurisprudencia 2a./J. 168/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 212, de rubro: ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO Y ORDENA SU EMPLAZAMIENTO.’, respectivamente, estableció sustancialmente el criterio implícito consistente en que todo lo que concierna al llamado a juicio de los terceros perjudicados no es impugnable por medio de queja."(2)
CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. Sentada la exposición de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse a continuación si existe la contradicción de tesis denunciada:
Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, sostuvieron tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis", el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.
Así lo determinó el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)
Lo anterior, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
Esta Primera Sala advierte que ambos Tribunales Colegiados conocieron de asuntos en los que al promoverse una demanda de amparo indirecto, el Juez de Distrito del conocimiento resolvió no tener por tercero perjudicado a alguna de las personas a quien la parte quejosa atribuyó dicho carácter, y en ambos casos, la parte quejosa interpuso el recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, por lo cual los Tribunales Colegiados contendientes tuvieron que pronunciarse sobre la procedencia o no del recurso de queja.
Lo anterior, pone en evidencia que ambos Tribunales Colegiados conocieron del mismo problema jurídico, esto es, la procedencia del recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, interpuesto en contra de una resolución emitida por un Juez de Distrito en que resuelve no llamar a juicio a una persona designada por la quejosa en su demanda de amparo como tercero perjudicado.
No obstante lo anterior, los Tribunales Colegiados emitieron resoluciones discrepantes, puesto que mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito resolvió que el recurso de queja era procedente, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito consideró que no lo era.
En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito sostuvo que uno de los requisitos para la procedencia del recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, es la naturaleza trascendental y grave de la resolución emitida por el Juez de Distrito, de manera que pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, y consideró que dicho requisito se surtió en el caso sujeto a su análisis, pues es evidente el interés y la obligación procesal que tiene la parte quejosa de llamar a juicio a quien considera que tiene interés en que el acto reclamado subsista, con el fin de no retardar la resolución del asunto por falta de emplazamiento de alguna de las partes que a su criterio debieron ser llamados.
Agregó que lo anterior es así, pues la consecuencia de seguir el juicio con la ausencia de quien debió ser llamada, sería ordenar la reposición del procedimiento, lo que se traduce en un perjuicio para la pronta y expedita administración de justicia, tutelada por el artículo 17 constitucional.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, si bien coincidió en que uno de los requisitos para la procedencia del recurso de queja en análisis es la naturaleza trascendental y grave de la resolución emitida por el Juez de Distrito, de manera que pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva; concluyó que dicho requisito no se surtió en el caso sujeto a su revisión, pues por dejar de llamar a juicio a quien la quejosa atribuyó el carácter de tercero perjudicado no se limita la oportunidad y el derecho de la parte quejosa para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ni tampoco se varía la litis constitucional.
Agregó que si la persona a quien se dejó de llamar a juicio tuviera el carácter de tercero perjudicado, el mismo Juez de Distrito puede considerarlo así en la sentencia definitiva, o bien, el tribunal revisor podrá hacerlo al revisar la sentencia constitucional, en su caso.
Lo anterior demuestra que en el presente asunto sí existe la contradicción de tesis, pues mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito consideró que la decisión del Juez de Distrito en la que resuelve no llamar a juicio a quien la parte quejosa atribuyó el carácter de tercero perjudicado, sí es de naturaleza trascendental y grave, de manera que puede causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, y por tanto, cumple con el requisito de procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo; el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito consideró lo contrario.
No obsta a lo anterior, que en los hechos que dieron lugar a la queja **********, se advierta que el Juez de Distrito dejó insubsistente la orden de emplazamiento a quien la parte quejosa atribuyó el carácter de tercero perjudicado, debido a que consideró que se trataba del mismo sujeto a quien ya se había ordenado emplazar; en virtud de que los razonamientos que emitió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito para desestimar la procedencia del recurso de queja que nos ocupa no se apoyaron en dicha cuestión; sino que por el contrario, las consideraciones de dicho Tribunal Colegiado estuvieron encaminadas a demostrar, en términos generales, que el hecho de que se deje de llamar a quien se designa como tercero perjudicado a juicio no tiene la naturaleza trascendental y grave que requiere el artículo 95, fracción VI, para la procedencia del recurso de queja, apoyándose en tesis de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, sobre un tema similar. Aunado a que conforme al nuevo criterio de este Alto Tribunal para determinar la existencia de contradicciones de tesis, debe atenderse a que los tribunales contendientes se hayan pronunciado respecto de un problema jurídico central o un mismo punto de derecho, independientemente de las cuestiones fácticas que rodean los casos, ya que sus particularidades no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes, como en el caso que nos ocupa.
En ese tenor, corresponde a esta Primera Sala dilucidar si el proveído emitido en un juicio de amparo indirecto, en el que se resuelve no llamar a juicio a quien la parte quejosa atribuyó el carácter de tercero perjudicado, es de naturaleza trascendental y grave, de manera que pueda causarle daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, y si, por tanto, cumple con el requisito de procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo.
Cabe puntualizar que no pasa desapercibido para esta Primera Sala, que el ocho de diciembre de dos mil diez, la Segunda Sala de este Alto Tribunal resolvió la contradicción de tesis **********, cuyo punto de contradicción fue determinar si procede el recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, interpuesto por la quejosa en contra del acuerdo dictado por un Juez de Distrito en el trámite de un juicio de garantías, por medio del cual se niega el reconocimiento de quienes consideró que tenían el carácter de terceros perjudicados, y que por mayoría de tres votos emitió el criterio siguiente:
"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE LA INTERPUESTA POR LA QUEJOSA CONTRA EL AUTO QUE NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE QUIENES CONSIDERA COMO TERCEROS PERJUDICADOS. En términos de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, la queja procede contra las resoluciones dictadas por los Jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de la propia ley, siempre que sean dictadas durante la tramitación del juicio de amparo, no admitan expresamente el recurso de revisión previsto en el artículo 83 del indicado ordenamiento y por su naturaleza grave y trascendental puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. De lo anterior se sigue que no procede el recurso de queja, interpuesto por la parte quejosa, contra el auto que niega el reconocimiento de quienes considera como terceros perjudicados, toda vez que aun cuando se trata de una resolución emitida por un Juez de Distrito, durante la tramitación del juicio de garantías, que no es impugnable a través del recurso de revisión, por su naturaleza no puede considerarse trascendental ni grave, pues la decisión que se tome en ella no causa un daño o perjuicio a la parte quejosa no reparable en la sentencia definitiva."
Sin embargo, dado que esta Primera Sala no comparte el criterio emitido por la Segunda Sala, a continuación se exponen los razonamientos que la han llevado a considerar un criterio distinto al emitido por la Segunda Sala de este Alto Tribunal.
QUINTO. Estudio de fondo. Para resolver el presente asunto, conviene tener presente el carácter que la Ley de Amparo atribuye al tercero perjudicado. Para dichos efectos, a continuación se transcriben, en lo que interesan, los artículos 5o., 30 y 147 de la Ley de Amparo:
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"...
"III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter:
"a) La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento;
"b) El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad;
"c) La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado ..."
"Artículo 30. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes, podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente; y, en todo caso, el emplazamiento al tercero perjudicado y la primera notificación que deba hacerse a persona distinta de las partes en el juicio, se harán personalmente. ..."
"Artículo 147. Si el Juez de Distrito no encontrare motivos de improcedencia, o se hubiesen llenado lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23323-bfd45dfe/queja-prevista-en-el-articulo-95-fraccion-vi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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