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Modo: Corpus Pro

QUEJA. PROCEDE EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO CONTRA EL AUTO EN EL QUE SE RESUELVE NO LLAMAR A JUICIO A QUIEN LA QUEJOSA ATRIBUYE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 506/2011. · Registro digital (IUS): 24822
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo I, Pág. 96.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 506/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 28 DE MAYO DE 2013. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintiocho de mayo de dos mil trece.

VISTOS, para resolver los autos del expediente de contradicción de tesis 506/2011; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio de fecha catorce de diciembre de dos mil once, recibido en la misma fecha en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 107/2011 y el que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 309/2010.

SEGUNDO. Por acuerdo de tres de enero de dos mil doce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la formación y registro del expediente relativo a la presente denuncia de contradicción de tesis, bajo el número 506/2011; asimismo, ordenó se diera vista al procurador general de la República, para que en el plazo de treinta días expusiera su parecer sobre el particular.

TERCERO. A través de diverso auto de dieciocho de enero de dos mil doce, el presidente de este Alto Tribunal ordenó se turnara el asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a fin de que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

CUARTO. Mediante oficio DGC/DCC/111/2012, de fecha nueve de febrero de dos mil doce, el procurador general de la República, a través del agente del Ministerio de la Público de la Federación designado, emitió opinión en el sentido de que sí existe la contradicción de tesis denunciada y el criterio que tiene que prevalecer, es el que sostiene, que procede el recurso de queja en contra del auto que omite llamar a juicio a quien la quejosa atribuye el carácter de tercero perjudicado, en términos de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, ya que tiene naturaleza trascendental y grave, y puede causar daño o perjuicio a la parte quejosa, no reparable en la sentencia definitiva.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción I, de la Ley de Amparo; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se trata de una contradicción de tesis sustentada entre dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 227, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

TERCERO. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las ejecutorias respectivas.

A) Al resolver por unanimidad de cinco votos la contradicción de tesis 107/2011, la Primera Sala determinó lo siguiente:

"En ese tenor, corresponde a esta Primera Sala dilucidar si el proveído emitido en un juicio de amparo indirecto, en el que se resuelve no llamar a juicio a quien la parte quejosa atribuyó el carácter de tercero perjudicado, es de naturaleza trascendental y grave, de manera que pueda causarle daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, y si por tanto, cumple con el requisito de procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo. Para resolver el presente asunto, conviene tener presente el carácter que la Ley de Amparo atribuye al tercero perjudicado. Para dichos efectos, a continuación se transcriben, en lo que interesan, los artículos 5, 30 y 147 de la Ley de Amparo: (se transcriben). Los artículos que fueron transcritos revelan claramente que la Ley de Amparo otorga al tercero perjudicado el carácter de parte en el juicio de amparo, y por tanto, el tercero perjudicado es uno de los sujetos que integran la relación procesal. Por lo anterior, la Ley de Amparo establece, la necesidad de que se le emplace personalmente, con la finalidad de garantizarle ser oído en el procedimiento en su sentido más amplio. Es decir, el tercero perjudicado tiene todos los derechos y obligaciones procesales que corresponden a una parte, por lo que puede formular alegatos, rendir pruebas, objetar, contradecir y desvirtuar las pruebas de la parte quejosa, así como, interponer recursos. Sirve de apoyo la tesis siguiente:. ‘TERCERO PERJUDICADO, CARÁCTER DEL.’ (se transcribe). El tercero perjudicado se caracteriza por oponerse a las pretensiones del quejoso y tener un interés común con la autoridad responsable en la subsistencia del acto reclamado. Si bien es cierto que el artículo 5o. de la Ley de Amparo hace una enumeración de las personas a quienes debe atribuirse el carácter de tercero perjudicado en el juicio de amparo, este Alto Tribunal ha sostenido que dicha enumeración es enunciativa y no limitativa. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 5/1996, en la sesión del trece de junio de mil novecientos noventa y seis, el Tribunal Pleno sostuvo que el carácter de parte que en el procedimiento de amparo tiene el tercero perjudicado, puede estar constituido no solamente por las personas a que hace referencia la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, sino también cualquiera otra que sea titular de un derecho reconocido por la ley, que pudiera verse afectado por la insubsistencia del acto como consecuencia de la concesión del amparo y cuyo señalamiento legal, por tanto, no puede depender del criterio del quejoso o de la autoridad responsable, sino de un estado de derecho que debe ser reconocido por el órgano constitucional. Asimismo, en dicho asunto el Tribunal Pleno agregó lo siguiente:. ‘Por su parte, la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio jurisprudencial que este Tribunal Pleno comparte, en lo conducente, publicado en la tesis número 780, página 1287, Segunda Parte, del Apéndice de Compilación de 1917 a 1988, que a la letra dice:. «EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia.». Ahora bien, sentado el criterio que sostiene la capital importancia procesal que reviste el emplazamiento de las partes en cualquier juicio en general y en el procedimiento constitucional en particular, dado que mediante el juicio de garantías son reparables, entre otros actos, aquellos que violen las garantías de audiencia, cabe desprender el carácter de parte que en el procedimiento de amparo tiene el tercero perjudicado, deducido específicamente del invocado artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, el cual puede estar constituido no solamente por las personas a que en concreto hacen referencia los citados incisos a), b) y c) de la fracción y artículo a comento, sino cualquiera otra que sea titular de un derecho reconocido por la ley, que pudiera verse afectado por la insubsistencia del acto como consecuencia de la concesión del amparo y cuyo señalamiento legal, por tanto, no puede depender del criterio del quejoso o de la autoridad responsable, sino de un estado de derecho que debe ser reconocido por el órgano constitucional. Asimismo, el referido carácter de parte que ostenta el tercero perjudicado, se reconoce en lo dispuesto en los también citados artículos 30, 147 y 167 de la propia Ley de Amparo, por los que se impone el emplazamiento mediante notificación personal, en todo caso a dicha parte, misma a la que obligadamente se le hará saber de la demanda de amparo, corriéndosele traslado con copia del escrito correspondiente. Corroborando la importancia procesal, que significa el debido emplazamiento a las partes en el juicio de amparo, la fracción IV del artículo 91 de la ley de la materia, dispone que el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o los Tribunales Colegiados, según corresponda su competencia, al conocer de los amparos en revisión, podrán ordenar la reposición del procedimiento, entre otros casos, «... cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley.». Entonces, ha de considerarse que el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo y que su emplazamiento al mismo constituye una formalidad esencial del procedimiento correspondiente, cuya omisión da lugar a que tratándose de amparos en revisión, el superior del Juez -Tribunal Pleno, Salas de esta Suprema Corte, o Tribunales Colegiados-, sea el competente para revocar el fallo recurrido, precisamente por dicha omisión y ordene reponer el procedimiento respectivo. El Juez de Distrito o la autoridad responsable, en su caso, carecen de atribuciones para declarar intrascendente o innecesario el emplazamiento a una de las partes en el juicio de amparo, y tampoco puede válidamente hacerlo el tribunal que conoce del amparo directo o en revisión, apoyándose en alguna circunstancia particular o modalidad del fallo protector por dictarse o confirmarse, según sea el caso, pues la violación procesal que implica la omisión de su formal llamamiento a juicio, no se convalida con el sentido de la resolución en cuanto al fondo, máxime que pueden existir múltiples factores y condiciones desconocidas por el tribunal que sólo podría aportar la parte no llamada al juicio, factores y condiciones que cambiarían o modificarían el resultado de conceder el amparo ... . En efecto, como ya se estableció, la omisión del emplazamiento o su práctica irregular, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave ... . De lo anterior se deduce también la importancia que la lógica jurídica impone a todo procedimiento, cuya secuencia congruente resulta de obligada observancia a fin de culminar el mismo de la manera natural y legal que conviene a la recta y pronta administración de la justicia, consistiendo dicha secuencia procedimental en el análisis de las cuestiones legales en las que descansa la esencia misma del procedimiento y la razón de ser del pronunciamiento final, como son la certeza de la legitimidad de las partes y su adecuada intervención dentro de un equilibrio procesal, la debida representación, el interés jurídico que les asiste, la posibilidad del ejercicio de los derechos procesales y jurídicos que les competan, la procedencia del juicio sea ordinario o constitucional, el desahogo, en su caso, de las cuestiones de previo y especial pronunciamiento así como de las incidentales que pudieran resultar, para que agotado este procedimiento de orden público, finalmente se pronuncie conforme a derecho la sentencia que proceda. Esta sentencia, tratándose de juicios de amparo, una vez ejecutoriada, produce efectos que corroboran la especial importancia que reviste el debido emplazamiento al tercero perjudicado y a cualquiera otra parte en el procedimiento, sin perjuicio de la ya hecha notar en relación con otros aspectos antes apuntados, que consisten en su indefectible ejecución, pese a la afectación que pudiera tener en los derechos de la parte no llamada a juicio e inclusive sobre terceras personas; ejecución cuya fuerza y cumplimiento obligado no puede acotarse o dificultarse siquiera por tales eventualidades. De ahí, la importancia del emplazamiento a las partes en los términos que se indican ...’. Dicho asunto dio origen a la tesis de jurisprudencia que se reproduce a continuación: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO.’ (se transcribe). De lo anterior se desprende que este Alto Tribunal ha considerado que el emplazamiento al tercero perjudicado es una formalidad esencial del juicio de amparo, que tiene la finalidad de garantizarle su participación en el juicio, dado que pueden existir múltiples factores y condiciones desconocidas para el tribunal que sólo podría aportar la parte no llamada a juicio, las cuales pueden incidir en el sentido de la sentencia. De manera que su omisión constituye una violación procesal de la mayor magnitud y del carácter más grave, que tiene como consecuencia la revocación del fallo emitido y la reposición del procedimiento. Dicho criterio ha sido reiterado por e

ta Primera Sala en diversas resoluciones que han dado origen a las tesis siguientes: ‘QUEJA. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO.’ (se transcribe). ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO. SI EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA REVISIÓN ADVIERTE LA EXISTENCIA DE ALGUNO AL QUE NO SE LE HA OÍDO EN EL JUICIO POR NO HABÉRSELE RECONOCIDO ESE CARÁCTER, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). Ahora bien, una vez establecido el carácter del tercero perjudicado en el juicio de amparo, así como, los criterios que ha emitido este Alto Tribunal en cuanto a la importancia de que se le emplace a juicio, corresponde a esta Primera Sala determinar si en contra del proveído emitido en un juicio de amparo indirecto, en el que se resuelve no llamar a juicio a quien la parte quejosa atribuyó el carácter de tercero perjudicado, procede el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo. El artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: ‘Artículo 95. El recurso de queja es procedente: ... VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley.’. Del artículo transcrito se desprende que el recurso de queja regulado por la fracción VI del artículo 95 citado, sólo procede en contra de las resoluciones que cumplan con los requisitos siguientes: 1)Que se dicten en la tramitación de un juicio de amparo indirecto o su incidente de suspensión; 2) Que no admitan recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Amparo; y 3) Que por su naturaleza trascendental y grave puedan ocasionar daño o perjuicio a algunas de las partes no reparable en la sentencia definitiva. Ahora bien, los dos Tribunales Colegiados contendientes coincidieron en que el proveído emitido en un juicio de amparo indirecto, en el que se resuelve no llamar a juicio a quien la parte quejosa atribuyó el carácter de tercero perjudicado, cumple con los primeros requisitos de procedencia del recurso de queja. Esto es, en ambos casos el auto correspondiente fue dictado por un Juez de Distrito durante la tramitación de un juicio de amparo indirecto, antes de que tuviera lugar la audiencia constitucional. Asimismo, no hay duda de que dicho auto no es recurrible mediante el recurso de revisión, según se desprende del artículo 83 de la Ley de Amparo, que se reproduce a continuación: ‘Artículo 83.’ (se transcribe). Sin embargo, el punto de contradicción se dio en relación al último requisito de procedencia, esto es, en cuanto a la naturaleza de la afectación que dicho proveído puede ocasionar a las partes, ya que mientras uno de los tribunales contendientes consideró que la resolución de que se trata sí tiene una naturaleza trascendental y grave que puede causar daño o perjuicio a la parte quejosa, no reparable en la sentencia definitiva, el otro tribunal consideró que no. Esta Primera Sala estima que la resolución dictada durante el trámite de un juicio de amparo indirecto, en la que se resuelve no llamar a juicio a quien la parte quejosa atribuyó el carácter de tercero perjudicado, sí tiene una naturaleza trascendental y grave que puede causar daño o perjuicio a la parte quejosa, no reparable en la sentencia definitiva. En efecto, las resoluciones no reparables en sentencia definitiva son aquellas que han sido dictadas dentro del procedimiento y que comprenden aspectos del proceso que no son susceptibles de nuevo análisis al dictarse la sentencia definitiva, las cuales pueden colocar a alguna de las partes en una situación que pueda repercutir en su esfera personal y jurídica de forma grave o trascendente. De conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, debe considerarse que una resolución tiene una naturaleza ‘trascendental y grave’ cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia, si obtuviere resolución favorable en la queja, o si lo que se resuelva en la queja debe influir en la sentencia. En el caso que nos ocupa, la resolución que deja de llamar al tercero perjudicado al juicio tiene una naturaleza trascendental y grave, puesto que si la resolución de la queja fuese favorable a la parte quejosa, ello tendría un efecto importante en la sentencia del juicio de amparo, ya que tendría que reponerse el procedimiento, para dar oportunidad al tercero perjudicado de defenderse en el juicio, lo cual no queda duda que ocasiona daños y perjuicios a la parte quejosa, que no son susceptibles de repararse en la sentencia definitiva. Es criterio reiterado de este Alto Tribunal, el cual se deriva expresamente del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo,(1) que cuando no haya sido oída alguna de las partes que tiene derecho a intervenir en el juicio conforme a ley, debe anularse todo el procedimiento a partir de la violación procesal cometida, y ordenarse su reposición, no cabe duda que lo anterior vulnera el derecho público subjetivo que tiene todo gobernado a una justicia pronta y completa. En efecto, de la tesis jurisprudencial de rubro: ‘ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.’,(2) emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, que esta Primera Sala comparte, se desprende que la garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados, entre otros, el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; y el principio de justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Esta Primera Sala estima que si se sigue el procedimiento sin llamar a juicio a una de las partes que tiene derecho a intervenir en él, se pueden ver vulnerados el derecho de acceso a la justicia pronta y completa de las partes, puesto que se seguirá todo el juicio sin tener plenamente integrada la litis, lo que puede dar lugar a que se emita una sentencia que no resuelva el problema jurídico planteado en forma integral, o que no atienda a algunas de las peculiaridades del asunto, cuestión que no podrá ser reparada al dictarse la sentencia definitiva que culmine con el juicio en el que no se dio intervención a una de las partes. Por lo que necesariamente se requerirá que se anule lo actuado y se reponga el procedimiento, ocasionando una prolongación del juicio, gastos adicionales, y el obligar a la parte quejosa a tener que litigar nuevamente el asunto, lo cual pone en evidencia que la resolución en la que se decide no llamar a juicio al tercero perjudicado sí tiene una naturaleza trascendental y grave, que puede ocasionar daños y perjuicios a las partes no reparables en la sentencia definitiva. Máxime que lo anterior no quiere decir que todo aquel a quien la parte quejosa decida atribuir el carácter de tercero perjudicado tendrá que comparecer a juicio como tal, puesto que si el Juez de Distrito estima que la persona a quien se atribuye dicho carácter no debe ser considerada como tal, la procedencia del recurso de queja permite que un Tribunal Colegiado revise la determinación del Juez de Distrito, y si considera que fue correcto lo decidido por dicho Juez, declarará infundada la queja. De manera que la procedencia del recurso de queja, sólo tiene como efecto permitir que se revise la determinación del Juez de Distrito en la cual resolvió no llamar a juicio a una persona a quien la parte quejosa atribuyó el carácter de tercero perjudicado. Si la participación del tercero perjudicado en el procedimiento es de tal trascendencia, que su omisión implica necesariamente la anulación y reposición del mismo, y si el órgano jurisdiccional tiene conocimiento desde el inicio del procedimiento que existe la posibilidad de que falte por integrarse algún elemento de la litis, esta Primera Sala estima que es preferible que se revise desde un inicio si debe o no llamarse a juicio a quien la parte quejosa considera debe intervenir con el carácter de tercero perjudicado, que dejar dicha revisión para después de que el juicio haya concluido, con las consecuencias que lo anterior implica. Máxime si se toma en cuenta que el recurso de queja que nos ocupa tiene un trámite muy sencillo, pues debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida, se dan tres días a la autoridad en contra de quien se interponga la queja para que rinda su informe justificado, transcurrido dicho plazo se da vista al Ministerio Público por tres días, y dentro de los diez días siguientes debe dictarse la resolución correspondiente. Lo anterior es coincidente con los criterios orientadores que ha emitido este Alto Tribunal en relación con los actos de imposible reparación. En efecto, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, en la sesión del diez de agosto de dos mil cuatro, el Tribunal Pleno consideró que son actos procesales dentro del juicio que afectan a las partes en grado predominante o superior, y por tanto se consideran de gran trascendencia, aquéllos de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, de manera que para evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, se consideró conveniente que en contra de dichos actos procesales procediera el amparo indirecto, por ser actos de imposible reparación, en los términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo.(3). Por otra parte, no pasa desapercibido que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito consideró que no debía proceder el recurso de queja en el caso que nos ocupa, basándose en tesis emitidas por la Segunda Sala de este Alto Tribunal de rubro: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO, NO DEBE RECURRIRSE EN QUEJA EL AUTO QUE ADMITE A ALGUIEN CON ESE CARÁCTER.’(4) y ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO Y ORDENA SU EMPLAZAMIENTO.’(5). De las cuales se desprende que no debe proceder el recurso de queja en contra de las resoluciones que tienen por reconocido al tercero perjudicado y ordenan su emplazamiento, puesto que si el tercero perjudicado careciere realmente de ese carácter, el mismo Juez de Distrito puede estimarlo así, o desestimar dicho carácter, al dictar su sentencia definitiva, o bien lo puede hacer el órgano jurisdiccional superior al revisar la sentencia, por lo cual, tal resolución no puede considerarse de naturaleza trascendental y grave y que cause a la quejosa un daño o perjuicio irreparable en la sentencia definitiva, aunado a que no limita el derecho de la parte quejosa a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ni implica variación alguna de la litis constitucional, la cual se integra con lo expuesto en la demanda de amparo y el acto reclamado de la autoridad responsable. Esta Primera Sala estima que dichas tesis no son aplicables al caso que nos ocupa, puesto que no puede darse el mismo tratamiento a un auto en el que se ordena dar participación en el procedimiento al tercero perjudicado, que a un auto en el que se decide lo contrario. Esto es, en el primer caso, al tercero perjudicado se le da la oportunidad de comparecer a juicio y de defenderse; en cambio, en el segundo caso, se le niega al tercero perjudicado la posibilidad de ser oído en el juicio, y por tanto, se le priva de su garantía de audiencia. En efecto, puede ser que el auto en el que se otorga el carácter de tercero perjudicado a quien no lo tiene, no sea de naturaleza trascendental y grave, puesto que no lo obliga a participar en el juicio, sólo le da la posibilidad de participar si así conviene a sus intereses. Pero no se puede decir lo mismo, respecto del auto que priva al tercero perjudicado de la oportunidad de ser oído y de defenderse en el juicio, puesto que en este caso, no queda duda que la omisión de llamar a juicio a una de las partes que debe intervenir constituye una violación procesal de la mayor magnitud. ..."

Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis de datos de localización siguientes: Décima Época, Núm. Registro IUS: 160368, Primera Sala, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, materia común, tesis 1a./J. 127/2011 (9a.), página 2561, así como de rubro y contenido:

"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA EL AUTO EN EL QUE SE OMITE LLAMAR A JUICIO A QUIEN LA QUEJOSA ATRIBUYE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO. En términos del citado precepto, el recurso de queja procede contra las resoluciones de los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación, siempre que sean dictadas durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. En ese sentido, el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede contra el auto en el que se omite llamar a juicio a quien la quejosa atribuye el carácter de tercero perjudicado, pues dicha omisión puede causar una afectación de naturaleza trascendental y grave a las partes no reparable en la sentencia definitiva, al privar al tercero perjudicado de su derecho de ser oído en el juicio, vulnerando su garantía de audiencia; lo que tiene como consecuencia la revocación del fallo emitido y la reposición del procedimiento, y a su vez atenta contra el derecho público subjetivo del quejoso a una justicia pronta y completa, ocasionando una prolongación del juicio, así como la erogación de gastos adicionales, y tener que litigar nuevamente el asunto, por lo que es preferible revisar desde el inicio del procedimiento, mediante el recurso de queja, si debe o no llamarse a juicio a quien la quejosa considera que debe intervenir con el carácter de tercero perjudicado, en lugar de dejar dicha revisión para después de concluido el juicio, con las consecuencias que ello implica."

B) Al resolver la contradicción de tesis 309/2010 por mayoría de tres votos,(6) la Segunda Sala resolvió lo siguiente:

"En estas condiciones, el punto de contradicción que debe ser resuelto consiste en determinar si procede el recurso de queja previsto en la fracción VI, del artículo 95 de la Ley de Amparo, interpuesto por la quejosa en contra del acuerdo dictado por un Juez de Distrito en el trámite de un juicio de garantías, por medio del cual se niega el reconocimiento de quienes con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24822-6c9fb3e2/queja-procede-el-recurso-previsto-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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