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Modo: Corpus Pro

TERCERO INTERESADO. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DEL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE APROBACIÓN DE CONVENIO CONCURSAL, POR QUIEN NO TIENE EL CARÁCTER DE ACREEDOR RECONOCIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2017. · Registro digital (IUS): 27574
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-01-19
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, Pág. 1598.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 24 DE OCTUBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ, MARÍA JESÚS SALCEDO, GUSTAVO GALLEGOS MORALES, DAVID GUERRERO ESPRIÚ, ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO Y JOSÉ ENCARNACIÓN AGUILAR MOYA. PONENTE: ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ. SECRETARIO: JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, con sede en esta ciudad, lugar donde este Pleno ejerce jurisdicción.

SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California.

TERCERO.-Criterios contendientes. Con el propósito de establecer si, en el caso, existe o no la contradicción de tesis denunciada, es pertinente que, en primer lugar, se transcriban las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver, por unanimidad de votos, el recurso de queja civil 180/2016 de su índice, en sesión celebrada el nueve de marzo de dos mil diecisiete, sostuvo lo siguiente:

"CUARTO. Previo al análisis de los motivos de disenso, es conveniente destacar los siguientes antecedentes:

"1. El tres de diciembre de dos mil catorce, la comerciante **********, solicitó se le declarara en concurso mercantil con plan de reestructura previo (fojas 106 a 121).

"2. De la citada solicitud correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; cuyo titular por auto de veintiuno de enero de dos mil quince, admitió y declaró fundada dicha petición y ordenó iniciar el procedimiento de reconocimiento de créditos del comerciante (fojas 121 a 161).

"3. El siete de septiembre de dos mil quince, se pronunció sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos (foja 182 a 252).

"4. El cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se pronunció sentencia de aprobación de convenio, la cual fue engrosada el quince de febrero de dos mil dieciséis (fojas 254 a 295).

"5. Inconformes con dicha sentencia, **********, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de ********** de once de octubre de dos mil trece, entre otros, interpuso recurso de apelación (fojas 297 a 312).

"6. Los recursos de apelación se tuvieron por interpuestos ante el Juez de Distrito y se remitieron al Tribunal Unitario en Turno; correspondió conocer al Décimo Tribunal Unitario de este Circuito, por auto de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, hizo del conocimiento del Juez de Distrito que se encontraba mal admitida la apelación (fojas 313, 314, 344 y 348 a 350).

"7. El seis de mayo de dos mil dieciséis, el Juez de Distrito determinó desechar de plano el recurso de apelación presentado por la mencionada institución bancaria, quien impugnó dicho auto mediante recurso de revocación, el cual se declaró infundado mediante resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciséis (fojas 351 a 353, 358 a 369 y 381 a 388).

"8. En esta última determinación, se resolvió que al no tener la calidad de acreedor reconocido el **********, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de ********** de once de octubre de dos mil trece, carecía de legitimación para interponer el recurso de apelación.

"9. Inconforme con la decisión adoptada en el recurso de revocación, la institución bancaria en comento, promovió juicio de amparo; del cual correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; cuyo titular en acuerdo de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, requirió y apercibió al quejoso para que dentro del término de cinco días bajo protesta de decir verdad manifestara lo indicado en tal proveído (fojas 11 a 63 y 88 a 90).

"10. En acuerdo de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, el citado Juez de Distrito tuvo por cumplida la prevención, admitió parcialmente la demanda de amparo y tuvo como tercero interesada a ********** (fojas 95 a 97).

"11. Mediante escrito de treinta de agosto de dos mil dieciséis, **********, solicitó se emplazara como terceros interesados a los acreedores reconocidos que suscribieron el convenio concursal, por estimar que tienen un interés contrario a la institución bancaria quejosa, ya que tienen interés jurídico en que subsista el acto que aprobó dicho convenio (fojas 417 a 425).

"12. En auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Juez de Distrito determinó que no era procedente acordar de conformidad lo solicitado por la comerciante; el cual constituye la determinación impugnada en este recurso (fojas 435 a 437); la cual se sustentó esencialmente en las siguientes consideraciones:

"a) En el juicio de amparo se reclamó la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, pronunciada en el concurso mercantil **********, que resolvió infundado el recurso de revocación interpuesto por la institución bancaria quejosa, contra el auto de seis de mayo de dos mil dieciséis, en que se desechó su recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de aprobación del convenio concursal; y

"b) En su caso, la protección constitucional solicitada se concedería para el efecto de que se admita el recurso de apelación interpuesto por la quejosa; por tanto, no afectaría los derechos de los acreedores reconocidos, habida cuenta que esa determinación no resuelve sobre el reconocimiento de algún derecho en la sentencia concursal, sino que eso es propio de la resolución que resuelva el recurso de apelación.

"En el caso, el recurrente alega que aun cuando la finalidad del quejoso es que se admita a trámite la apelación que interpuso contra la sentencia de aprobación de convenio recaída en el concurso mercantil **********, el hecho de que se admita un medio de impugnación que se considera interpuesto por una persona que carece de ese derecho por no tener el carácter de acreedor reconocido, causaría agravio a quienes firmaron el convenio concursal, porque éstos son parte en el procedimiento natural y por virtud del acto reclamado se le concedería al quejoso, un derecho que la Ley de Concursos Mercantiles le prohíbe precisamente por no tener reconocida calidad alguna dentro del procedimiento de concurso, que ellos sí tienen por haber intervenido en la firma del convenio concursal, lo que violaría los derechos de los acreedores reconocidos dentro del concurso mercantil.

"Al respecto, es necesario destacar que el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, establece:

"‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"‘...

"‘III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:

"‘a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista;

"‘b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;

"‘c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad;

"‘d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público.’

"De lo anterior, se obtiene que para que asista el carácter de tercero interesado, de conformidad con el inciso b), debe actualizarse alguna de las siguientes condiciones:

"1. La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo.

"2. Quien tenga interés contrario al quejoso, cuando éste sea persona extraña al procedimiento.

"En ese orden, en el caso que nos ocupa **********, comerciante concursada, aduce que en el juicio de amparo indirecto 427/206 (sic), del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, tiene el carácter de tercero interesada, expresa que el Juez de Distrito incorrectamente desestimó la petición de tener con el mismo carácter a las partes que intervinieron en la firma del convenio concursal con plan de reestructura previo, ya que, el juicio de amparo desde la admisión a trámite ha violado el principio de seguridad jurídica al ser promovido por el **********, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de ********** de fecha once de octubre de dos mil trece, a quien en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de crédito, no se le reconoció el carácter de acreedor, que incluso, no funge dentro del procedimiento; por tanto, argumenta que con la sentencia que se llegara a dictar en el amparo indirecto de trato, se podrían vulnerar los derechos de los acreedores reconocidos, de ahí que la determinación del Juez de Distrito de no llamarlos a juicio, la refiera como incorrecta.

"A efecto de dilucidar la cuestión planteada, es menester determinar el grado de impacto que ocasionaría, para efectos del amparo, el hecho de que se admita a trámite una apelación interpuesta por un ente al que no le asiste el carácter de acreedor reconocido en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, por lo que no configura dentro de la sentencia que aprueba el convenio concursal; además que no participó en la suscripción del convenio y aduce ser titular de los derechos de suscripción de los participantes en dicho acto.

"En ese sentido, para tener certeza si con dicho medio de impugnación se afectarían los intereses de los acreedores que firmaron el convenio concursal, es conveniente destacar las siguientes disposiciones legales de la Ley de Concursos Mercantiles:

"‘Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

"‘I. Acreedores reconocidos, a aquellos que adquieran tal carácter por virtud de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos;

"‘...

"‘V. Masa, a la porción del patrimonio del comerciante declarado en concurso mercantil integrada por sus bienes y derechos, con excepción de los expresamente excluidos en términos de esta ley, sobre la cual los acreedores reconocidos y los demás que tengan derecho, pueden hacer efectivos sus créditos.’

"‘Artículo 266. La sentencia de terminación del concurso mercantil será apelable por el comerciante, cualquier acreedor reconocido, y el Ministerio Público así como por el visitador, el conciliador o el síndico en los mismos términos que la sentencia de concurso mercantil.’

"‘Artículo 49. Contra la sentencia que niegue el concurso mercantil, procede el recurso de apelación en ambos efectos, contra la que lo declare, procede únicamente en el efecto devolutivo.

"‘Podrán interponer el recurso de apelación el comerciante, el visitador, los acreedores demandantes y el Ministerio Público demandante.’

"‘Artículo 50. La apelación deberá interponerse por escrito, dentro de los nueve días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la sentencia y en el mismo escrito el recurrente deberá expresar los agravios que ésta le cause, ofrecer pruebas y, en su caso, señalar constancias para integrar el testimonio de apelación.

"‘El Juez, en el auto que admita la interposición del recurso, dará vista a la parte contraria para que en el término de nueve días conteste los agravios, ofrezca pruebas y, en su caso, señale constancias para adicionar al testimonio.

"‘El Juez ordenará que se asiente constancia en autos de la interposición del recurso y de la remisión del cuaderno de apelación correspondiente al tribunal de alzada dentro de un plazo de tres días, si fueren autos originales y de cinco si se tratare de testimonio.

"‘En los escritos de expresión de agravios y contestación, el Comerciante podrá ofrecer las pruebas que esta ley autoriza especificando los puntos sobre los que éstas deban versar.’ Énfasis añadido.

"Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos citados, se obtiene lo siguiente:

"a) La sentencia de terminación de concurso mercantil puede ser apelada en los mismos términos que la sentencia de concurso mercantil.

"b) Las partes que están legitimadas para interponer dicho medio de defensa.

"c) Los efectos de la apelación y las formalidades que deben cumplir.

"d) Con el auto que admita la interposición del recurso, el Juez dará vista a la contraria para que en el término nueve días conteste los agravios, ofrezca pruebas y, en su caso, señale constancias para adicionar al testimonio.

"En ese orden de ideas, se destacan los presupuestos y requisitos para interponer la apelación y su trámite, así como las obligaciones de las partes y sus consecuencias.

"En esa tesitura, la legislación en materia de concursos mercantiles prevé como contrapartes a quienes participan en el procedimiento del convenio concursal, así como a los acreedores que en su caso se les reconoce tal carácter o no, de ahí que quien apela tiene la obligación de exhibir un tanto de sus agravios para efecto de que quienes participan en el procedimiento tengan oportunidad de realizar las objeciones que estimen pertinentes de conformidad con las reglas del procedimiento.

"Lo anterior, porque la finalidad de denunciar el concurso mercantil es la partición de la masa de los bienes y derechos de la comerciante declarada en concurso, con excepción de los expresamente excluidos en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, ya que los acreedores buscan el reconocimiento de su crédito y graduación, en su caso, su prelación.

"Sin que sea óbice, que si bien los acreedores tienen como interés común que se declare en concurso a la comerciante, lo cierto es que compiten para obtener un mejor derecho de pago de sus créditos, por lo que una vez dentro del procedimiento de concurso mercantil, sus intereses se vuelven contrarios, a fin de obtener el mayor beneficio respecto de su situación frente a los homólogos y la comerciante.

"Por tanto, si un acreedor reconocido o un acreedor no reconocido en la sentencia respectiva, interpone recurso de apelación, tal medio de impugnación pone en riesgo los intereses de los demás acreedores, de ahí que se insista que la propia legislación aplicable previene las consecuencias jurídicas de no exhibir la copia del escrito de agravios correspondiente para correr traslado a su contraparte.

"En el caso, **********, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de ********** de fecha once de octubre de dos mil trece, aduce ser titular de los derechos de suscripción de los acreedores reconocidos votantes, aun cuando no es acreedor reconocido de la comerciante declarada en concurso mercantil, y en el cual ya se dictó sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de crédito, así como la sentencia que aprueba el convenio concursal; por lo que, con el juicio de amparo, intenta que se le conceda la protección federal y se dé trámite al recurso de apelación interpuesto, para tener oportunidad de ejercer los derechos de suscripción de los acreedores reconocidos subordinados votantes, de los que aduce ser titular.

"Por tanto, la resolución reclamada interesa a las partes que intervinieron en el procedimiento, en específico, a los acreedores reconocidos que suscribieron el convenio, en virtud de que ya se declaró la partición de los bienes y derechos de la concursada, determinaciones que podrían verse afectadas con las pretensiones de la quejosa; por ende, la admisión de la demanda de amparo y resolución que en su momento se emita, son de interés para quienes tienen reconocido el carácter de acreedores y suscribieron el convenio concursal, a fin de que estén en aptitud de hacer valer las cuestiones de orden público que estimen necesarias ante el Juez de amparo.

"Bajo esa tesitura, en el asunto nos encontramos con que un extraño al procedimiento aduce ser titular de los derechos de suscripción de los acreedores reconocidos que participaron en el concurso mercantil denunciado contra la comerciante **********; y en virtud de que pretende que se le conceda el amparo a efecto de que se admita la apelación que interpuso contra la resolución que aprobó el convenio concursal; es inconcuso que la insubsistencia de dicha resolución perjudicaría a quienes suscribieron tal convenio.

"Por lo anterior, asiste razón al recurrente, al aducir que los suscriptores del convenio concursal son quienes deben contar con el carácter de terceros interesados, en esas condiciones, sólo serán llamados a juicio los acreedores reconocidos que suscribieron dicho convenio; sin que pase inadvertido que el recurrente aduce como fundamento para llamar a los terceros interesados el artículo 5o., fracción III, inciso a); sin embargo, por ser una cuestión de orden público y encontrarse ajustada su petición a derecho, se determina que les asiste tal carácter a los que suscribieron el convenio concursal y cuentan con el carácter de acreedores reconocidos en la sentencia relativa, de conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la ley de la materia.

"En ese contexto, por la especial transcendencia existe la obligación de que el juicio de amparo se integre de conformidad a las leyes que rigen el procedimiento.

"Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 44/96, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, materia común, página 85, registro «digital» 200086:

"‘TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO.-Tomando en consideración que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las partes, en un juicio, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, es inconcuso, que en términos de los artículos 30, 147 y 167 de la propia ley, debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento para que se subsane la referida violación procesal. Ello obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuya observancia ha de exigirse con mayor rigor a los tribunales que constituyen órganos de control constitucional, que también han de respetar la secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento y, además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como parte en el juicio de garantías, esté en posibilidad de ejercer sus derechos procesales. Esto, no solamente como una eficaz defensa de los respectivos intereses de las partes, tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión, en su caso, sino también como una oportunidad para proponer las cuestiones de orden público que pudieran advertirse durante la tramitación correspondiente, cuya legal acreditación determinaría obligadamente el sentido del fallo definitivo que al efecto se pronuncie; para interponer asimismo, los medios de impugnación que contra éste u otras resoluciones procedieran y, de una manera fundamental, para preservar los derechos de quienes puedan verse afectados por el cumplimiento de una sentencia ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo, cuya ejecución es indefectible. Por tanto, la determinación del tribunal de considerar innecesario o intrascendente, llamar a juicio al tercero perjudicado cuyo emplazamiento oportuno fue omitido, porque en la sentencia que resuelve el fondo del asunto, se concede el amparo, bien sea por falta de fundamentación y motivación o por cualquiera otra circunstancia, siempre que el fallo sea protector, viola los principios fundamentales del juicio de amparo.’

"En el entendido que no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que en el caso existe un número considerable de terceros interesados y su emplazamiento al juicio de amparo puede resultar gravoso, desde el punto de vista económico y procesal, ya que la parte quejosa deberá exhibir una gran cantidad de copias de la demanda de amparo y el llamamiento a juicio podrá retrasar la tramitación del asunto y, por ende, el dictado de la sentencia correspondiente; sin embargo, esas situaciones de facto no constituyen una razón suficiente para dejar de cumplir con las normas que rigen el procedimiento y desconocer el derecho de los terceros interesados a ser llamados al juicio de amparo a deducir los derechos que tuvieran que hacer valer.

"Lo anterior es así, porque las razones prácticas o de facto que se aduzcan en relación con el emplazamiento de los terceros interesados, no justifican que válidamente se puedan desconocer y dejar de observar las disposiciones legales aplicables, conforme a las cuales les resulta el carácter de terceros interesados a los acreedores que suscribieron el convenio concursal, lo cual guarda relación con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de toda persona a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, por tribunales expeditos, que emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial de manera gratuita.

"Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de jurisprudencia 1a./J. 66/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, octubre de 2010, materia común, página 43, registro digital: 163651, de rubro y texto:

"‘DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA.-De los artículos 120 y 167 de la Ley de Amparo se advierte la obligación del promovente del amparo, ya sea en la vía directa o indirecta, de exhibir con su demanda copias suficientes de ésta para el traslado a cada una de las partes, dentro de las cuales se encuentra el agente del Ministerio Público Federal, en términos del artículo 5o., fracción IV, de dicha ley. El incumplimiento de ese requisito lleva al juzgador a prevenir al quejoso para que lo cumpla, y en caso de omisión, debe tenerse por no interpuesta la demanda, salvo los amparos en materia penal en los que la ley hace una excepción sobre el particular. Por tanto, el requisito formal referido no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta, no corresponden a la actuación caprichosa del Constituyente de dotar al legislador ordinario con un poder arbitrario. Por el contrario, responde a la intención de aquél de facultar a éste para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el juicio, a fin de garantizar el respeto a las garantías de seguridad jurídica y dentro de éstas, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos. Además, los órganos jurisdiccionales no son los únicos con el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, en virtud de que los gobernados deben acatarlos al pretender ejercer aquel derecho, pues cuando quieren hacer uso del derecho de acceso a la justicia, deben someterse a las formas previstas por el legislador.’

"Asimismo, la jurisprudencia P./J. 87/2006, de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, materia común, página 9, registro digital: 174585, que indica:

"‘TESTIMONIAL. ES ADMISIBLE EN AMPARO INDIRECTO AUNQUE DEBA DESAHOGARSE EN EL EXTRANJERO.-Del artículo 150 de la Ley de Amparo, que establece que en el juicio de garantías es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho, se advierte la admisibilidad de la prueba testimonial, independientemente de que deba desahogarse en el extranjero, pues el Legislador no estableció salvedad para esa circunstancia; por el contrario, el artículo 548 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2o., prevé la práctica de diligencias en país extranjero para surtir efectos en juicios tramitados ante tribunales nacionales. No es óbice a la anterior conclusión el hecho de que la admisión de dicha prueba retrase la resolución del juicio de amparo, ya que la oportunidad otorgada a las partes para probar los hechos que sustentan su pretensión constituye una formalidad esencial del procedimiento, pues la garantía de celeridad en la administración de justicia encuentra su límite natural en el momento en que impide que los procesos jurisdiccionales sirvan, en términos reales, como mecanismos para administrar justicia, lo que acontece cuando en aras de acortar su duración se omiten algunas de las formalidades esenciales del procedimiento. Además, la procedencia de la testimonial ofrecida para desahogarse en el extranjero debe condicionarse no sólo a que resulte idónea respecto de los hechos que se pretenden probar en los términos exigidos por el artículo 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sino además a que, a criterio del Juez, no resulte notoriamente impertinente por haberse ofrecido con el propósito fundamental de provocar la dilación del juicio.’

"Asimismo, cabe señalar que a pesar de que en el caso existe una gran cantidad de terceros interesados, el Juez de Distrito está en posibilidad de analizar las constancias relativas al concurso mercantil remitidas por el Juez responsable, o bien, solicitar a éste informe, a efecto de determinar si existe un representante legal o común de dichos terceros interesados, hipótesis en la cual podrá ordenar su emplazamiento por conducto de quien ejerza su representación.

"Finalmente, al existir una posible contradicción de criterios entre este órgano colegiado y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver los recursos de queja civil ********** y **********, mediante ejecutorias de once de noviembre y quince de diciembre de dos mil dieciséis, en la que sostuvo, por una parte, que el acto reclamado no tiene relación directa e inmediata en el reconocimiento de algún derecho otorgado en la sentencia concursal a los acreedores reconocidos, porque sólo versa sobre la admisión del recurso de apelación interpuesto por el quejoso, con lo que únicamente se involucran derechos procesales y a través del juicio de amparo la pretensión es demostrar que se le privó de un medio de defensa ordinario o recurso efectivo; por otra parte, determinó que la real afectación que pudiera ocasionarse a los acreedores reconocidos es la sentencia que, en su caso, resolviera la apelación; por lo que declaró infundado el recurso de queja.

"Por tanto, formúlese la denuncia correspondiente ante el Pleno de este Decimoquinto Circuito, de conformidad con los artículos 227, fracción III y 226, fracción III, de la Ley de Amparo.

"Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 101 y 103 de la Ley de Amparo, se

"RESUELVE:

"PRIMERO.-Es fundado el recurso de queja interpuesto por **********, contra el proveído dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en el juicio de amparo indirecto **********.

"SEGUNDO.-Se ordena denunciar la posible contradicción de tesis a que se hace referencia en este fallo."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver, por unanimidad de votos, en sesión de once de noviembre de dos mil dieciséis, el recurso de queja civil 149/2016, de su índice, emitió las consideraciones torales siguientes:

"QUINTO.-Estudio de los agravios. Los agravios hechos valer por el recurrente devienen infundados en parte e inoperantes en otra.

"Según se desprende de las constancias que integran esta queja, el tres de diciembre de dos mil catorce, al tener conocimiento previo de la solicitud de la sociedad controladora **********, tramitada ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, que dio origen al concurso mercantil **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, la comerciante ********** soli

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27574-3fcc1e3b/tercero-interesado-existe-si-el-acto-reclamado-deriva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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