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SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS PUBLICACIONES DE MENSAJES Y VIDEOS EN REDES SOCIALES, NO CORRESPONDEN NI SON EQUIPARABLES A LAS PENAS INFAMANTES PROHIBIDAS EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 193/2023. · Registro digital (IUS): 32166
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-02-16
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo IV, Pág.3829.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 193/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN VOTÓ CON SALVEDADES Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIO: GUSTAVO RUIZ CABAÑAS MARTÍNEZ.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el cinco de octubre dos mil veintitrés y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Mediante oficio presentado electrónicamente el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, dirigido a este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito con sede en Monterrey, Nuevo León, al resolver respectivamente los recursos de queja: QA. 339/2023 y QA. 274/2023, respectivamente.

2. SEGUNDO.—Radicación, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de diecinueve de junio de la presente anualidad, se tuvo por recibido el escrito de mérito.

3. En ese orden, se radicó el presente expediente en el índice de este órgano colegiado, registrándose como contradicción de criterios 193/2023, se ordenó dar de alta y formar el expediente electrónico en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE).

4. Asimismo, se asignó provisionalmente el asunto a la ponencia del Magistrado Gaspar Paulín Carmona, en términos del artículo 37(1) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y la debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.

5. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito.

6. Además, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción continuaban vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; así como, que permitieran el acceso al expediente electrónico de los asuntos que forman parte de la presente contradicción de criterios, en términos de lo dispuesto en el numeral 39(2) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

7. Finalmente, se solicitó al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existe alguna contradicción de criterios radicada ante ese Máximo Tribunal Constitucional, pendiente de resolución relacionada con el tema relativo a "DETERMINAR SI PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO EN CONTRA DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN ATAQUES A LA DIGNIDAD HUMANA Y AL HONOR, A TRAVÉS DE PUBLICACIONES DE MENSAJES Y VIDEOS EN PLATAFORMAS DIGITALES", materia de la presente contradicción de criterios.

8. TERCERO.—Informes sobre la vigencia de los criterios contendientes. En atención a los requerimientos formulados, los Magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, remitieron las respectivas ejecutorias y rindieron los informes solicitados, los cuales se tuvieron por recibidos mediante acuerdos de veintitrés de junio y seis julio del presente año; sin soslayar, que el Primer Tribunal Colegiado del mencionado circuito, en diverso informe recibido en proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, adicionalmente hizo llegar copia de la diversa sentencia dictada en la QA. 376/2023 de su índice (la cual no es materia de la presente contradicción de criterios), en sesión de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en la que resolvió en el mismo sentido.

9. CUARTO.—Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis Suprema Corte de Justicia de la Nación y confirmación de turno. A través de auto de trece de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio de doce del mismo mes y año, signado por el titular de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que comunicó que de la consulta al Sistema de Seguimiento de Contradicciones de Tesis Pendientes de Resolver –visible en las direcciones electrónicas https://www.scjn.gob.mx. y https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, apartado Pleno, Sección Amparos, Contradicciones de tesis y demás asuntos, así como de la revisión de acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de criterios dictados por la Presidencia del alto tribunal–, durante los últimos seis meses, no se advertía la existencia de resolución de contradicción de criterios pendiente alguna en el índice del Alto Tribunal respecto del tópico sobre el que versa la presente contradicción de criterios.

10. En el mismo acuerdo, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, confirmó el turno del expediente virtual al Magistrado Gaspar Paulín Carmona, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41(3) y para los efectos del diverso 44,(4) ambos del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, esto es, para la formulación del proyecto de resolución a partir del catorce de julio de dos mil veintitrés, conforme a la publicación en la lista oficial de notificaciones, del mencionado proveído.

11. QUINTO.—Aplazamiento y nueva lista. El veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se listó el presente asunto para ser visto en sesión de siete de septiembre siguiente. En sesión celebrada el siete de septiembre del año en curso, se determinó aplazarlo y se listó nuevamente para su resolución; y,

12. SEXTO.—Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna ante este Pleno Regional, a través de la figura del amicus curiae, hasta el momento en que se incluyó la presente contradicción de criterios en la lista de asuntos con los que se dará cuenta en sesión; y,

CONSIDERANDO:

13. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; considerandos tercero y cuarto del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas, a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en su denominación y texto vigentes a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de catorce de abril de dos mil veintitrés; en relación con los diversos numerales 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2 y 2o. del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente.

14. Lo anterior resulta así, en razón de que el presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, dado que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de manera que las determinaciones en controversia fueron dictadas dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción para unificar criterios.

15. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII,(5) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(6) de la Ley de Amparo.

16. TERCERO.—Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto, no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación; ya que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, efectuando un análisis exhaustivo y emitiendo una respuesta a cada uno de ellos.

17. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(7)

18. CUARTO.—Criterios contendientes. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.

19. En ese sentido, es oportuno mencionar que las consideraciones que sustentan los criterios denunciados, versan sobre idéntico criterio emitido por el mismo juzgado que conoció de los juicios de amparo indirectos 288/2023 y 289/2023, en los cuales las respectivas partes quejosas, solicitaron la suspensión de oficio y de plano respecto de idénticos actos atribuidos a las mismas autoridades conforme a lo siguiente:

20. Autoridades responsables:

21. A) Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con domicilio en su recinto oficial.

22. B) Décimo Tercer Regidora del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con domicilio en su respectivo recinto oficial.

23. C) Diputados integrantes del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León:

24. D) Partido Político Movimiento Ciudadano Nuevo León, a través de su Presidente, Secretario General, Mesa Directiva y sus representantes.

25. Actos reclamados:

26. Ataques a la dignidad humana y al honor, a través del escarnio y desprestigio público que realizan las autoridades responsables de manera sistemática a través de publicaciones de mensajes y videos en plataformas digitales tales como Facebook e Instagram, incumpliendo así el deber de respeto a la dignidad, al honor y a la imagen pública, toda vez que se les describió como cínicos y sinvergüenzas, ya que no corresponde el patrimonio que poseen como matrimonio, al no coincidir los ingresos que percibió uno de los quejosos al ser alcalde de un Municipio, por lo que probablemente dicho matrimonio se haya enriquecido ilícitamente; cometiendo con ello, actos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de un ciudadano.(8)

27. Al respecto, la Juez Federal señaló lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XCVII/2008, de título: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA AMONESTACIÓN PÚBLICA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO CONSTITUYE UNA PENA INFAMANTE DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." en el sentido de que la infamia prohibida en el artículo 22 Constitucional, es la sanción cuya consecuencia es el deshonor o desprestigio público y que derivado de ello, afecta la vida jurídica y social del sancionado.

28. Luego, respecto a los casos en concreto estableció que del contexto integral de las demandas de amparo, se advertía que los quejosos acudieron a juicio de amparo con motivo de diversas publicaciones realizadas en algunas redes sociales, las cuales estimaron que afectan o menoscaban su dignidad, reputación o prestigio.

29. Sin embargo, no existía dato alguno de que dichos actos hubiesen sido realizados con motivo de alguna sanción impuesta, con la que se actualizara la acepción de infamia prohibida en el artículo 22 de la Constitución Federal, ya que se trataba de publicaciones en algunas redes sociales, sin que de ellas se infiriera en contra de la parte quejosa transgresiones que implicaran peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el citado artículo, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y, por tanto, tampoco en alguno de los supuestos previstos en el numeral 126 de la Ley de Amparo

30. Adicionalmente, expuso, que no existía manifestación de los promoventes en el sentido de que se encontraran privados de su libertad o a disposición de las responsables.

31. Finalmente invocó la tesis aislada VI.1o.A.19 K, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO."

32. En contra de esas determinaciones, en ambos casos, los quejosos interpusieron recursos de queja, que dieron origen a los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a saber:

33. Recurso de queja 339/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.(9)

34. Una vez que narró los antecedentes de la demanda de amparo y de sintetizar los agravios formulados por la parte recurrente, el Tribunal Colegiado de Circuito precisó que la determinación impugnada tenía por objeto el que se decretara la suspensión de plano para el cese inmediato de actos que desacrediten, deshonren, afecten la reputación y se le infame a la parte quejosa frente a la sociedad, mediante publicaciones en redes sociales y en declaraciones a los medios, lo anterior, al considerar que dichos actos se ubican dentro de los supuestos del artículo 22 constitucional.

35. En seguimiento a lo anterior, detalló que la suspensión de plano deriva directamente de la obligación normativa y no de las razones que al efecto aduzca el quejoso, ni de las probanzas que la acompañen, dada la prohibición constitucional y por la gravedad y trascendencia que implicaría tolerar que se siga ejecutando un acto de autoridad intrínsecamente inconstitucional, como lo son los actos de infamia.

36. En apoyo a lo anterior, citó el criterio contenido en la tesis VI.1o.A.19 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito criterio que señaló compartía, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO."

37. Luego, explicó que la suspensión es una institución de orden público que tiene como propósito fundamental preservar el estado de derecho, pero sobre todo paralizar los actos de cualquier autoridad que se aparten de la ley, según lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en torno a que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.

38. Al respecto, refirió que el artículo 22 constitucional prevé actos cuya urgencia amerita que sean susceptibles de ser suspendidos de plano o de oficio, cuando alguno de ellos encuadren en diversos supuestos como son la prohibición de la pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; además, de los previstos en la propia legislación, entre los que se encuentran los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

39. Reiteró que este tipo de suspensión se decreta de plano, por tratarse de actos que conllevan una urgencia y gravedad que permite al juzgador actuar de manera inmediata.

40. En ese contexto, expuso que para analizar si la suspensión de plano pretendida por la parte quejosa respecto de los actos consistentes en ataques al honor, penas difamantes (sic), infamia, deshonra, ataques a la salud por daño psicológico y alteración de la salud con motivo de su exposición en redes sociales, se encontraba o no ajustada a derecho, era procedente analizar el artículo 22 constitucional, del que destacó que la infamia está comprendida dentro de las prohibiciones que establece dicho precepto normativo; asimismo, indicó que la deshonra, la dignidad, el escarnio y el desprestigio público constituyen actos también vedados por la constitución, aun cuando el quejoso no lo reclamó así, porque no existía duda que estos conducen irremediablemente a la infamia.

41. En esas condiciones, explicó que al interpretar el alcance del vocablo infamia, que es lo único que literalmente prohíbe la Carta Magna realizar a cualquier autoridad para no incurrir en violación de derechos humanos, se podía establecer que la deshonra, la dignidad (sic), el escarnio y el desprestigio público sí forman parte de la infamia, ya que la Real Academia Española indica que por dicho concepto debe entenderse: "Descrédito, deshonra" y, en la cultura de la Antigua Roma era la degradación del honor civil, consistente en la pérdida, ante la sociedad o incluso legal, de reputación o descrédito en la que caía el ciudadano romano una vez efectuado el censo por parte del Magistrado competente. 42. En ese sentido, señaló que de esa interpretación analógica y gramatical, se estableció que todas las conductas reclamadas, de patentizarse, irremediablemente conducen a la infamia o, incluso, son la sustancia de ésta; por ello, también son prohibidas constitucionalmente y debe hacer lo necesario para evitarlas a fin de dar vida a la norma y proteger al quejoso.

43. Por otra parte, indicó que ha sostenido el criterio de que la dignidad es un Derecho Humano de primer nivel contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal y, aunque es un concepto subjetivo, todas las autoridades están obligadas a respetarlo y protegerlo, por lo que cuando del examen preliminar se advierte afectación a la dignidad, al ser un derecho humano inherente a la persona, debe ser objeto de mayor protección y garantía por parte del Estado; por tanto, procede conceder la suspensión contra todo acto que la vulnere.

44. Agregó que también ha sustentado que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la dignidad, merece la más amplia protección; de ahí, que el juzgador no debe desconocer o poner en duda sin prueba en contrario, las manifestaciones que una persona hace en una demanda; y debe tenerlas por válidas, salvo prueba en contrario, ya que se emiten en ejercicio de la libertad de expresión y su reconocimiento constituye el respeto a la dignidad.

45. Apoyó su afirmación en las tesis IV.1o.A.2 A (11a.), IV.1o.A.2 K (11a.) y IV.1o.A.1 K (11a.), de rubros: "DIGNIDAD. CUANDO EN UN EXAMEN PRELIMINAR SE ADVIERTE SU AFECTACIÓN, AL SER UN DERECHO HUMANO INHERENTE A LA PERSONA, DEBE SER OBJETO DE MAYOR PROTECCIÓN Y GARANTÍA POR PARTE DEL ESTADO; POR TANTO, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA TODO ACTO QUE LA VULNERE.", "DIGNIDAD. EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA ESTABLECE COMO BIEN JURÍDICO PERSONAL QUE MERECE LA MÁS AMPLIA PROTECCIÓN; POR TANTO, EL JUZGADOR NO DEBE DESCONOCER O PONER EN DUDA SIN PRUEBA EN CONTRARIO, LAS MANIFESTACIONES QUE UNA PERSONA HACE EN UNA DEMANDA." y "CREDIBILIDAD. LAS MANIFESTACIONES O AFIRMACIONES DE LA PERSONA EN UNA DEMANDA DEBEN TENERSE POR VÁLIDAS, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, YA QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SU RECONOCIMIENTO CONSTITUYE EL RESPETO A LA DIGNIDAD."

46. Con base en lo anterior, estimó que los actos reclamados afectan la dignidad del quejoso, porque al calificarlo en redes sociales como una persona "cínica, sin vergüenza, descarada, además de acusarlo de enriquecimiento ilícito" se transgrede gravemente su dignidad y se le estigmatiza como una persona no grata ante la sociedad; y, agregó que incluso, influyen en que se generen acciones de odio en su contra; por ende, debía ordenar que cesaran de inmediato.

47. Refirió que los actos reclamados consistentes en ataques a la dignidad humana y al honor, a través del escarnio y desprestigio público que realizan las autoridades responsables de manera sistemática a través de publicaciones de mensajes y videos en plataformas digitales tales como Facebook e Instagram, incumpliendo así al deber de respeto a la dignidad, al honor y a la imagen pública, irremediablemente conducen a la infamia, de la cual son la sustancia, por tanto son prohibidos conforme al artículo 22 de la Constitución Federal; por ende, de conformidad con el artículo 1o. constitucional, se debía hacer lo necesario para evitar la transgresión a la dignidad del quejoso, ya que de las pruebas remitidas al Juez de origen, se advertía que las autoridades responsables, a través de diversas redes sociales, se advertía que han estigmatizado al quejoso al decir: "cínico", "sin vergüenza", "descarado", y además por acusarlo de enriquecimiento ilícito; de ahí que todas las autoridades del país, tenían el deber prevenir y evitar cualquier acto de autoridad que trastoque la dignidad y la honra, evitando las difamaciones, los insultos; el hostigamiento social, los daños a la imagen y fama pública de los gobernados.

48. Agregó que por la gravedad del perjuicio que dichos actos representan para los particulares, el Poder Constituyente estableció su prohibición de modo terminante; y atendiendo a esa directriz constitucional, el legislador federal a través del artículo 126 de la Ley de Amparo, acogió el catálogo de actos y lo complementó con aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, para instituir que, en el juicio de amparo en que se controvierta alguno de ellos, sin necesidad de que lo solicite el agraviado, de oficio suspenderá el acto para que cesen sus efectos decretando la suspensión de plano atendiendo a la urgencia y gravedad del caso; de esta forma, reiteró su protección elevada al más alto rango de observancia jurídica en el país.

49. Al respecto, manifestó que no era desconocido que en términos de los artículos 6o. y 7o. constitucionales; y el diverso artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los ciudadanos e incluso las autoridades, tienen derecho a manifestar y difundir sus opiniones e ideas; pero estableció, que el ejercicio de la libertad de expresión no tiene el alcance de que las autoridades señaladas como responsables estén autorizados a expresar públicamente discursos que vulneren la dignidad del quejoso, ni involucrarse en la vida privada de las personas o formular expresiones que tiendan a evidenciar un defecto personal, de actuación o un hecho ilícito, porque esto constituye un agravio de denostación, exclusión o discriminación que afecta el psique personal y, respecto de los actos o hechos ilícitos, tienen el deber de utilizar los cauces legales para denunciarlos.

50. Abundó en que la verdadera libertad de expresión radica en la tolerancia y el respeto al pensamiento que mediante la palabra expone el prójimo; por lo que desbordar esos límites, para ofender a una persona por sus defectos, diferencias o posibles hechos ilícitos, sin cumplir con el deber de denunciarlos o poner en movimiento las vías legales conducentes para sostener tales afirmaciones, lleva aparejado el incumplimiento al deber de proteger el Derecho Humano a la dignidad, que como autoridades están obligadas a respetar de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Federal; por lo que no puede para divulgar fuera de procedimiento y menos, sin fundamento o prueba, una conducta que públicamente daña a la persona contra la que se profiere o a la que va dirigida esa manifestación.

51. Luego, expuso que si los actos reclamados se consumaron instantáneamente, la medida cautelar tiene que atender al reclamo en los efectos que siguen ocasionando; por lo cual, para que sea efectiva la concesión de la suspensión, ésta debe prohibir a las autoridades responsables y, necesariamente en relación con cualquier tercero, que sigan divulgando la infamia motivo de la demanda de amparo; pensar en contrario, permitiría que esos actos reclamados se replicaran por cualquier persona; lo cual en la actualidad pudiera ser relativamente fácil dada la divulgación viral de las redes sociales.

52. Con base en lo anterior resolvió conceder la suspensión para que las autoridades responsables cesen de inmediato los ataques difamatorios referidos; asimismo, identifiquen y comuniquen a cualquier persona que haya difundido los mismos, que se concedió la suspensión de plano.

53. Señaló que similar criterio sostuvo al resolver el recurso de queja 166/2022, en sesión de nueve de junio de dos mil veintidós.

54. Finalmente, precisó como efectos de la concesión de la suspensión de plano.

55. a) Abstenerse de expresar de palabra y por escrito en cualquier lugar, reunión o medio al que asistan terceros, declaraciones que impliquen infamar, denostar, ofender, desprestigiar o hacer escarnio al quejoso.

56. b) Abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento de obra o de palabra en redes sociales, o cualquier otro medio de comunicación, mediante los cuales se ataque al honor, prestigio o dignidad del quejoso.

57. c) Abstenerse de formular cualquier expresión o declaración que induzca o condicione a la opinión pública o a un tercero a actuar en contra del quejoso.

58. d) Emprender de inmediato acciones objetivas y materiales para que se retiren o supriman todo tipo de ataques en los medios que hayan difundido las expresiones que constituyan los actos reclamados y, en su caso, en tratándose de publicaciones hechas por terceros, las responsables les deberán enviar comunicación para establecer que en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso se concedió la suspensión de plano contra esas declaraciones, precisándole al tercero la fecha, lugar y momento de la declaración.

59. Resolución dictada en el recurso de queja 274/2023 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.(10)

60. En principio, desacreditó el agravio planteado por la parte quejosa, bajo el criterio de que los actos reclamados no constituyen penas infamantes, en términos del artículo 22 de la Constitución Federal; por lo que coincidió con la Juez de Distrito, en cuanto a que en el caso no se actualizaba el supuesto de procedencia de la suspensión de plano a que se refiere la parte promovente en su demanda de amparo.

61. Para arribar a lo anterior, inicialmente explicó que el artículo 126 de la Ley de Amparo establece la procedencia de la suspensión de plano, contra actos que por su naturaleza claramente contraria a la Constitución, o bien, afectan bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, es necesario imponer la medida cautelar sin mayor trámite o ponderación; entre los que se encuentran los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32166-a19204f5/suspension-de-plano-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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