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Modo: Corpus Pro

PRUEBA DOCUMENTAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POSEA ALGÚN DOCUMENTO OFRECIDO Y ADMITIDO COMO TAL NO PUEDE REHUSARSE A UN REQUERIMIENTO JUDICIAL, SOBRE LA BASE DE QUE DEBE ESTARSE A LO RESUELTO EN UN PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2017. · Registro digital (IUS): 28158
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Pág. 168.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 17 DE ABRIL DE 2018. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: RODRIGO DE LA PEZA LÓPEZ FIGUEROA Y ETIENNE MAXIMILIEN ALEXANDRE LUQUET FARÍAS.

Ciudad de México. Resolución del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecisiete de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Denuncia. Mediante oficio 168/2016, firmado por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito remitido a través del MINTERSCJN, registrado con el número de folio 1223-MINTER en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el referido órgano jurisdiccional al resolver el recurso de queja (administrativo) 63/2016 y el emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al fallar el recurso de queja (administrativo) 82/2015.

2. SEGUNDO.—Trámite. Por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil diecisiete,(2) el presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, ordenó formar y registrar el expediente con el número 10/2017; requirió a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, para que informara si el criterio sustentado se encontraba vigente o, en su caso, si debía tenerse por superado o abandonado; y turnó los autos para su conocimiento y estudio al Ministro Eduardo Medina Mora I, en el entendido de que, si creía innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, se radicaría en la Sala de su adscripción.

3. Por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete,(3) el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que, en cumplimiento a su requerimiento, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, vía MINTERSCJN, con folio electrónico 5085/2017, remitió la versión digitalizada del proveído de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, por el que informó que el criterio sustentado en el recurso de queja (administrativo) 82/2015 de su índice continúa vigente; y se concluyó la integración del asunto. Finalmente, se remitieron los autos al Ministro ponente para para la elaboración del proyecto de resolución; y

CONSIDERANDO:

4. PRIMERO.—Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de tesis, toda vez que se suscita entre criterios de Tribunales Colegiados de distinta especialización y versa sobre el tema relativo a si una vez que el órgano jurisdiccional requiera los documentos ofrecidos como prueba en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, el servidor público que los posea los debe exhibir en el juicio, o si puede rehusarse sobre la base de que esa información se puede encontrar reservada en términos de la legislación de acceso a la información pública; cuestión que corresponde a la materia común y que por su interés amerita la intervención de este Tribunal Pleno.(4)

5. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito,(5) correspondiente a uno de los órganos jurisdiccionales contendientes legitimados para ello en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

6. TERCERO.—Criterios contendientes. A continuación se describen las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que obran en autos y que dieron origen a la denuncia de contradicción. Por razón de método, únicamente se narran las circunstancias y argumentos relacionados con el posible tema de la presente contradicción de tesis, que versa sobre el deber de la autoridad responsable para remitir las constancias solicitadas por la parte quejosa para ofrecerlas como prueba en el juicio de amparo.

7. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (denunciante), al resolver el recurso de queja 63/2016,(6) conoció de un asunto derivado de un juicio de amparo indirecto(7) promovido en contra de la resolución emitida dentro de un procedimiento administrativo, en el cual se determinó separar al servidor público quejoso de su cargo de policía investigador adscrito a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, por no haber aprobado la totalidad de los exámenes en control de confianza.

8. El quejoso argumentó que no se le emplazó al procedimiento administrativo de separación, establecido en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, alegando violación a su derecho de audiencia y al principio de presunción de inocencia. Para demostrarlo, dijo haber solicitado a la Fiscalía General (autoridad responsable) y a la Secretaría General de Gobierno, ambos del Estado de Jalisco, diversas constancias relativas a los exámenes de control de confianza y la constancia de notificación, a través del sistema Infomex, esto es, la plataforma de acceso a la información pública.

9. La Juez del conocimiento, a solicitud del quejoso, requirió a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría General de Gobierno, ambos del Estado de Jalisco, para que remitieran las constancias ahí solicitadas, con el fin de que pudieran desahogarse como pruebas ofrecidas por la parte quejosa.

10. Sin embargo, el director general jurídico de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, en representación del titular de esa Secretaría, manifestó la imposibilidad para cumplir con dicho requerimiento, porque la información en cuestión fue solicitada a través de la unidad de transparencia respectiva, que una vez sustentado el procedimiento respectivo, resolvió que era improcedente la solicitud, por considerar que la información solicitada era reservada.

11. La Juez de Distrito requirió de nueva cuenta a las autoridades en mención para que le remitieran copias certificadas, completas y legibles de las constancias solicitadas; y fue en contra de dicho acuerdo, que secretario general de Gobierno interpuso el recurso de queja materia de la ejecutoria contendiente que aquí se analiza.

12. En sus agravios, la autoridad sostuvo que el quejoso solicitó esa misma documentación a través del procedimiento de transparencia establecido para el efecto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y que dicha solicitud fue declarada improcedente mediante la resolución respectiva, que fue consentida por el solicitante, al no haber interpuesto el recurso de revisión establecido en la ley. Con base en ello, a su juicio, la Juez del conocimiento debió considerar que era imposible que ahora la autoridad entregara las constancias que contienen la misma información, pues se trata de información confidencial y reservada.

13. En la ejecutoria en la que se resolvió el recurso de queja descrito, el Tribunal Colegiado denunciante declaró infundado el agravio planteado por la autoridad recurrente, por considerar que, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, todo servidor público está obligado a expedir con oportunidad las copias y documentos que se le soliciten, y de no hacerlo, el tribunal de amparo debe requerirlo para ello incluso a través de los medios de apremio necesarios. El colegiado señaló, además, que es intrascendente que la documentación de que se trate, se hubiere solicitado a través del procedimiento contemplado en la ley de transparencia aplicable, o que en dicho procedimiento se haya declarado improcedente la solicitud, mediante una resolución consentida tácitamente por el propio quejoso; pues el artículo 121 de la Ley de Amparo no establece la forma en que el particular deba hacer la solicitud respectiva, por lo que basta con demostrar que dicha solicitud se realizó para que se actualice el supuesto normativo y con ello el deber de la autoridad de entregar la documentación requerida. Asimismo señaló que no corresponde a la autoridad determinar si los documentos solicitados deben clasificarse o no como información confidencial o reservada, pues esa es facultad de la propia Juez de Distrito, que en todo caso, previo el análisis de la información previamente clasificada como reservada o confidencial y bajo su más estricta responsabilidad, puede permitir el acceso de las partes a la misma, tomando las medidas de seguridad necesarias, a efecto de evitar que se dé un uso incorrecto a la información, así como en su caso, ponderar los derechos implicados, y en su caso tomar las medidas necesarias para su resguardo. El colegiado se basó en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA."(8)

14. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver el recurso de queja 82/2015,(9) conoció de un asunto derivado de un juicio de amparo indirecto.(10) El origen del asunto se remonta a un juicio contencioso administrativo promovido por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (en adelante Telmex) y Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. (en lo sucesivo Telnor), en contra de diversos actos emitidos por la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones, principalmente la resolución administrativa, mediante la cual impuso a las empresas mencionadas la obligación de suscribir un convenio de interconexión de sus respectivas redes públicas de telecomunicaciones con Operbes, S.A. de C.V. (Operbes).

15. Conoció del juicio de origen la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del (entonces) Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que emitió un auto admisorio en el que dio trámite a la demanda, únicamente respecto de la resolución administrativa que obliga a las actoras a celebrar un convenio de interconexión; así como también respecto del acuerdo denominado "Resolución por la que el Pleno de la Cofetel modifica el Plan Técnico Fundamental de Señalización". En cambio, desechó la demanda de nulidad por cuanto se refiere a artículos del plan y de la resolución de lineamientos, sobre la base de que existían otros juicios de nulidad seguidos ante dicho tribunal, donde Telmex y Telnor impugnaron los mismos artículos con relación a otras resoluciones de la Cofetel, donde determinó condiciones de interconexión con otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.

16. En contra de dicho auto, las actoras promovieron recurso de reclamación, y la Sala del conocimiento lo declaró infundado, mediante la sentencia interlocutoria que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, promovido por Telmex y Telnor, y del que conoció la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. En sus conceptos de violación, las quejosas hicieron valer, en esencia, que el hecho de que hubieran impugnado los preceptos en mención en juicios de nulidad previos, no era razón para desechar la demanda respecto de los mismos, pues dichos juicios previos aún no habían sido resueltos mediante una sentencia provista de la autoridad de cosa juzgada.

17. Durante dicho juicio de amparo, la tercero interesada Operbes presentó una solicitud de acceso a la información ante la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal,(11) así como diversos juicios de amparo y las sentencias respectivas, con el objeto de probar que los juicios de nulidad en los que las quejosas impugnaron los artículos respecto de los cuales se desechó la demanda en el juicio de nulidad de origen, ya habían concluido.

18. Asimismo, Operbes solicitó a la Jueza del conocimiento,(12) que requiriera a la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal para que exhibiera las sentencias, en las que diversos Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito conocieron de juicios de amparo promovidos por Telmex y/o Telnor, contra resoluciones de la Cofetel, consistentes una en el plan técnico fundamental de interconexión e interoperabilidad, otra en los lineamientos para desarrollar los modelos de costos que se aplicarán para resolver desacuerdos en materia de tarifas aplicables a la prestación de servicios de interconexión entre concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.

19. Sin embargo, la Juez de amparo consideró que dicha solicitud no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 121 de la Ley de Amparo, pues no se trataba de una petición de copias o documentos que obraren en poder de la autoridad responsable, sino de una solicitud de acceso a la información en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

20. En contra de dicho acuerdo, la tercero interesada interpuso la queja, materia de la ejecutoria que se analiza, argumentando, esencialmente, que de conformidad con el derecho fundamental de acceso a la justicia y en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, todo servidor público tiene el deber de emitir con toda oportunidad las copias o documentos que las partes en el juicio de amparo les soliciten y, en caso de ser omisos en la petición, el interesado puede solicitar al órgano jurisdiccional que requiera a los servidores públicos para que remitan los documentos señalados, por lo que la Juez debió requerir a los órganos o miembros del Consejo de la Judicatura Federal, en su calidad de servidores públicos, la exhibición de la documentación requerida.

21. Por otro lado, señaló que, en su concepto, era incorrecto que la solicitud así planteada ante la Jueza del conocimiento, fuera improcedente por tratarse de una solicitud de acceso a la información en términos de la ley de transparencia, pues el artículo 121 de la Ley de Amparo no establece limitación alguna para la solicitud de copias o documentos necesarios para rendirse como prueba en el juicio de amparo, por lo que basta que la petición de copias o documentos obre en poder de cualquier autoridad para que ésta deba exhibirlas.

22. En la ejecutoria en la que se resolvió el recurso de queja descrito, el Tribunal Colegiado declaró infundado el agravio planteado por la tercero interesada, pues aunque de la interpretación literal del artículo 121 de la Ley de Amparo, pudiera derivarse que corre a cargo de los todos los servidores públicos el deber de expedir oportunamente todos y cualesquier documentos y copias que les sean solicitados, en tanto dicho precepto no hace distinción alguna, dicha interpretación literal llevaría a posturas inadmisibles tanto desde el punto de vista lógico, como desde el punto de vista del sistema normativo del que forma parte; por lo que el operador jurídico debía tener presentes otras disposiciones como las relativas al principio de máxima apertura en la recepción de pruebas, establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, pero también las relativas a la admisibilidad de las copias o documentos solicitados. En consecuencia, si la solicitud se formula a una autoridad que no está en posibilidad de disponer de los documentos solicitados, como sucede cuando se solicita a la Unidad de Enlace del Sistema de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de sentencias que obran en los tribunales que las dictaron, porque dicho órgano no puede disponer de los documentos solicitados sin tramitar el procedimiento establecido en la ley de la materia y su reglamento, de manera que el Juez de amparo no puede requerirle la exhibición de los mismos sin contravenir el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional.

23. A partir de dicha ejecutoria, el colegiado contendiente emitió la siguiente tesis:(13)

"PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE REQUERIR LAS COPIAS O DOCUMENTOS OFRECIDOS Y SOLICITADOS EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A UNA UNIDAD DE ENLACE O UNIDAD DE TRANSPARENCIA, AUN CUANDO EN LA PETICIÓN SE HAYA INVOCADO EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO. El citado precepto prevé que si alguna de las partes en el juicio de amparo indirecto ofrece como prueba una copia o documento en poder de alguna autoridad, y que habiéndolo solicitado, no le ha sido expedido, puede instar al Juez de Distrito para que lo requiera. No obstante, cuando la petición se formula en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública a una unidad de enlace o unidad de transparencia, aquélla constituye el inicio de un procedimiento cuya sustanciación comprende fases que implican una dilación que no permite válidamente la suspensión del juicio de amparo; de ahí que, en esos casos, no existe obligación del juzgador de requerir las copias o documentos solicitados, aun cuando en la petición se haya invocado el precepto inicialmente citado."

24. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Sentada la exposición de las tesis materia de análisis, debe determinarse a continuación si existe o no la contradicción de tesis denunciada, para lo cual debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos, que son materia de la denuncia, examinaron hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegaron a conclusiones discrepantes respecto a la solución que ha de darse a dichas cuestiones; pues en ello consiste la esencia de la contradicción de tesis. Es este el criterio adoptado por el Pleno de este Alto Tribunal, mediante la jurisprudencia de rubro:(14) "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

25. Pues bien, en la especie existen cuestiones fácticas que rodean a los asuntos de los que se derivan las ejecutorias contendientes, que son diversas hasta cierto punto; pero ello no impide la configuración de una contradicción de tesis susceptible de ser resuelta, de acuerdo con el criterio apuntado.

26. La primera de estas diferencias radica en que, en una de las ejecutorias analizadas, se aborda una cuestión derivada de un procedimiento administrativo en el que se remueve a un policía investigador adscrito de su cargo en la Fiscalía General Estatal; mientras que en la otra, el asunto proviene de un juicio contencioso administrativo en el que se impugna la resolución de la entonces Cofetel,(15) en la que impuso a dos empresas de telecomunicaciones, la obligación de suscribir un convenio de interconexión de sus respectivas redes públicas, con una tercera empresa. Sin embargo, esta diferencia fáctica no es impedimento para que este Alto Tribunal identifique una contradicción de criterios, respecto de una cuestión que se ubica dentro de la materia común a todos los juicios de amparo, en cuanto versa sobre la facultad del juzgador de amparo, de requerir documentos ofrecidos como prueba por la parte quejosa a una autoridad que los posee. En este sentido, la diferente naturaleza de los procedimientos que dieron origen a los juicios de amparo de que se trata, no afecta la cuestión sobre la que existe discrepancia de criterios.

27. Otro elemento fáctico que distingue ambos asuntos es que, en uno de ellos, el procedimiento de transparencia derivado de la solicitud de documentos por parte del quejoso, ya había culminado con una resolución negativa; mientras que en el otro, el quejoso promovió la solicitud de acceso a la información ante el órgano respectivo, y casi al mismo tiempo, solicitó al juzgador de amparo que requiriera, a ese mismo órgano, los documentos ofrecidos como prueba por el quejoso; de manera que el procedimiento de transparencia respectivo, no había concluido. Esta distinción es de mayor peso porque uno de los principales argumentos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que resolvió el segundo caso en mención, fue que si el Juez de amparo tuviera que solicitar los documentos al órgano respectivo, ello implicaría un retardo considerable en la tramitación y resolución del juicio de amparo, pues tendría que esperar a que concluyera el procedimiento de acceso a la información.

28. Sin embargo, este elemento fáctico tampoco es obstáculo para tener por existente la contradicción de tesis, pues aunque es cierto que no puede determinarse con certeza qué hubiera resuelto el colegiado en mención, en caso de que el procedimiento de acceso a la información ya hubiera concluido, debe tomarse en cuenta que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de manera expresa, señaló que la autoridad requerida debía hacerle llegar los documentos ofrecidos como prueba en el juicio de amparo; y que "no e[ra] obstáculo para que se recabe tal información el hecho de que se encuentr[e] en trámite o ya resuelto el procedimiento de solicitud de información acorde a la citada legislación",(16) de manera que a juicio de este Tribunal Pleno, puede afirmarse que el colegiado en mención, habría resuelto como lo hizo, incluso en el caso de que el procedimiento derivado de la solicitud de acceso a la información iniciado por el quejoso se encontrara aún en trámite.

29. En estas condiciones, este Alto Tribunal considera que sí existe la contradicción de tesis, pues ambos órganos colegiados contendientes analizaron un recurso de queja en el que la materia de litis versó sobre la misma cuestión, consistente en determinar si el Juez de Distrito que conocía del juicio de amparo, debía o no requerir la exhibición de la documentación ofrecida como prueba por la parte quejosa, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, y si el servidor público en cuya posesión se encontraba dicha documentación debía exhibirla en juicio, siendo que, en ambos casos, la quejosa había solicitado dicha información directamente a la autoridad en cuestión, mediante un procedimiento de acceso a la información; y respecto de dicha cuestión jurídica, los colegiados llegaron a conclusiones distintas.

30. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, consideró que la existencia de un procedimiento de acceso a la información constituía un obstáculo jurídico para que la autoridad en cuestión remitiera la información solicitada, pues para ello debía concluir dicho procedimiento y estar a las resultas del mismo.

31. En cambio, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consideró que la existencia de un procedimiento de acceso a la información, respecto de los documentos ofrecidos como prueba en el juicio de amparo, no era obstáculo para que la autoridad remitiera dichos documentos, incluso si dicho procedimiento ya hubiere concluido con una resolución negativa.

32. Por consiguiente, el punto de contradicción de tesis radica en determinar si una vez que el órgano jurisdiccional requiera los documentos ofrecidos como prueba en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, el servidor público que los posea los debe exhibir en el juicio o si puede rehusarse sobre la base de que esa información se puede encontrar reservada en términos de la legislación de acceso a la información pública.

33. QUINTO.—Estudio de la cuestión a dilucidar. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se sustenta en las siguientes consideraciones.

34. En el artículo 121 de la Ley de Amparo se regula un aspecto del derecho, que tienen las partes en un juicio de amparo, para ofrecer y desahogar pruebas, así como de la potestad jurisdiccional en materia probatoria dentro del juicio de amparo; y se dispone que las partes pueden solicitar la exhibición de documentos o copias que se encuentren en poder de cualquier servidor público, que a su vez tiene el deber de expedir los documentos o copias que les sean solicitadas para tal efecto, y que si no lo hace, el órgano jurisdiccional de amparo le requerirá su exhibición. A continuación se transcribe dicho precepto:

"Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días.

"Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación.

"Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes."

35. A juicio de este Tribunal Pleno, dentro de lo dispuesto en el precepto transcrito deben distinguirse tres relaciones jurídicas: (A) una relación jurídico procesal, entre el oferente de la prueba (que puede ser el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado o el Ministerio Público) y el órgano jurisdiccional de amparo; (B) una relación entre el oferente de la prueba y el servidor público que la tiene en su poder; y (C) una relación entre el órgano jurisdiccional de amparo y el servidor público que tiene en su poder la prueba ofrecida.

36. Parece útil para la resolución del punto de contradicción materia de este asunto, distinguir entre estas tres relaciones jurídicas con base en su naturaleza.

37. A. Relación entre el oferente de la prueba y el órgano jurisdiccional de amparo. Dentro de la primera relación, el sujeto activo es el oferente de la prueba, y el sujeto obligado es el órgano jurisdiccional, cuyo deber consiste en admitir las pruebas ofrecidas conforme a derecho. En caso de que la prueba sea un documento o copia del mismo que obre en posesión de una autoridad diversa y si ésta no la exhibe, es deber adicional del órgano jurisdiccional, en favor del oferente, y dentro de esta misma relación jurídico procesal, el de emplear los medios legales a su alcance para lograr dicha exhibición.

38. El derecho de las partes para ofrecer pruebas y que las mismas se desahoguen y valoren en el juicio, regulado en este aspecto por el artículo 121 de la Ley de Amparo, tiene sustento en el artículo 14 constitucional, donde se establece el derecho fundamental de audiencia; y, por otro lado, el deber por parte del órgano jurisdiccional, de admitir, desahogar y valorar las pruebas ofrecidas conforme a derecho, tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional, específicamente en el derecho fundamental de tutela jurisdiccional, que implica impartir justicia de manera completa.

39. En efecto, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, que a continuación se transcribe, la garantía de audiencia consiste en que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; y, entre dichas formalidades, se encuentra el derecho de las partes a que se les permitan iguales oportunidades para ofrecer y desahogar las pruebas necesarias para justificar su pretensión. Así lo ha establecido este Tribunal Pleno mediante la jurisprudencia que también se transcribe:

"Artículo 14. ...

(Reformado, D.O.F. 9 de diciembre de 2005)

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. ..."

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.—La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de maner

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28158-cb70f689/prueba-documental-en-el-juicio-de-amparo-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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