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COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 164/2016. · Registro digital (IUS): 28095
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Pág. 140.

COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 164/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE FEBRERO DE 2017. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día dos de febrero de dos mil diecisiete, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN:

Correspondiente a la contradicción de tesis 164/2016, suscitada entre los criterios emitidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. La problemática jurídica que debe resolverse en la presente ejecutoria es la siguiente:

¿La consecuencia jurídica relativa a no tener por presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión y queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva?

I. Antecedentes

1. El dieciséis de agosto de dos mil doce, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió el amparo en revisión 184/2012.(1) Dicho medio de impugnación fue interpuesto contra el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil doce, emitido por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en el que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo indirecto, porque la quejosa no presentó, previo requerimiento, la totalidad de copias de su escrito aclaratorio de la demanda, en términos del artículo 146, párrafo segundo, de la Ley de Amparo abrogada.

2. Del precedente referido derivaron las tesis aisladas I.4o.A.8 K (10a.) y I.4o.A.10 K (10a.), que a la letra establecen:

"DEMANDA DE AMPARO. SI EL JUEZ DE DISTRITO LA TIENE POR NO PRESENTADA SÓLO PORQUE EL QUEJOSO, AL DESAHOGAR LA PREVENCIÓN RESPECTIVA, OMITIÓ EXHIBIR UN JUEGO DE COPIAS DE SU ESCRITO ACLARATORIO Y APLICA LITERALMENTE EL ARTÍCULO 146, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, TRANSGREDE LA NUEVA REGULACIÓN QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO.—Cuando un Juez de Distrito tiene por no presentada una demanda de amparo sólo porque el quejoso, al desahogar la prevención respectiva, omitió exhibir un juego de copias de su escrito aclaratorio, transgrede la nueva regulación que en materia de derechos humanos rige en el Estado Mexicano, al realizar una interpretación literal del artículo 146, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues al tenerla por no presentada por esa circunstancia, se le impide a aquél el acceso al medio procesal de defensa del derecho respectivo y, eventualmente, la protección judicial requerida y la plena restitución de sus derechos violados. Lo anterior, porque si bien es cierto que el juicio de amparo se sustancia y resuelve con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en la propia ley, siendo obligatorio aplicar su artículo 146, también lo es que ello no debe hacerse literalmente, sino en forma valorativa –no sólo descriptiva ni prescriptiva– de manera que permita al quejoso hacer uso efectivo del procedimiento establecido para la protección de sus derechos, atendiendo al conjunto de principios que rigen independiente e indivisiblemente el plano procesal en el juicio de amparo: pro persona, pro actione, tutela judicial efectiva y de interpretación conforme; eligiendo de las diversas interpretaciones posibles de la norma, aquella que ofrezca una mayor protección, evitando formalismos e interpretaciones no razonables u ociosas que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo, la auténtica tutela judicial y la solución del conflicto. Consecuentemente, a fin de evitar mayores dilaciones y en atención al principio iura novit curia, el Juez, motu proprio, debe tomar en cuenta la nueva regulación y normatividad que en materia de derechos humanos existe, realizar la interpretación más eficaz del mencionado artículo, y requerir nuevamente al quejoso para que, en el término de tres días, exhiba la copia faltante."(2)

"SEGURIDAD Y CELERIDAD EN LOS PROCESOS Y DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU PONDERACIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE INTERDEPENDENCIA E INDIVISIBILIDAD EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO.—Si bien es cierto que existe un interés público en relación con la aplicación de la Ley de Amparo, en la medida en que la sociedad está interesada en que prevalezca la seguridad y celeridad en los procesos, también lo es que haciendo una ponderación de la privación del derecho a la tutela judicial que resentiría el quejoso con la aplicación estricta del artículo 146 de la referida ley, frente a la prevalencia de la seguridad y celeridad de los procesos, resulta que es mínima la afectación al interés público, que exige tramitar los juicios con la mayor premura y el deber de satisfacer por los promoventes requisitos y condiciones de forma, mientras que es mucho más significativas y grave la afectación irremediable que resentiría el quejoso con la privación de su derecho a una tutela judicial efectiva, pues la interpretación literal del señalado numeral traería como consecuencia tener por no interpuesta su demanda, lo que lo dejaría sin posibilidad de acceso a la justicia, la cual debe privilegiarse, lo que implica realizar una interpretación más eficaz al tenor del principio pro actione. En este sentido, si el quejoso no acompañó copias suficientes de su ocurso aclaratorio de demanda, el Juez debió realizar una interpretación valorativa del señalado artículo, de tal manera que tomando en cuenta los intereses en contienda, el bien tutelado o derechos a privilegiar y la finalidad protectora y restitutoria del juicio de garantías (seguridad y celeridad de los procesos –interés público– vs derecho a la tutela judicial –privación y afectación del quejoso–) lo previniera nuevamente a fin de que subsanara la omisión en que incurrió ante el riesgo de dejarlo sin acceso a la tutela judicial, todo ello en atención a los principios de interdependencia e indivisibilidad que conlleva considerar en su conjunto los diversos: pro persona, pro actione, tutela judicial efectiva y de interpretación conforme, connaturales a los derechos humanos, pues al estar relacionados entre sí, no deben separarse ni pensarse que unos son más importantes que otros, sino interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados."(3)

3. A su vez, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, resolvió el recurso de queja 137/2014, el once de julio de dos mil catorce.(4) Dicho medio de defensa fue interpuesto en contra del acuerdo de once de abril de dos mil catorce, a través del cual el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, tuvo por no interpuesto un recurso de revisión, porque el recurrente no exhibió las copias necesarias de su escrito de impugnación, a pesar de que fue requerido para tales efectos, en términos del artículo 88 de la Ley de Amparo vigente.(5)

4. El órgano colegiado determinó, esencialmente, que no constituía una violación a los derechos de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, el hecho de que el Juez de Distrito hubiera requerido al recurrente para el cumplimiento de un requisito formal o presupuesto necesario para darle trámite al recurso de revisión, como lo es la exhibición de copias y, ante la omisión de presentarlas, lo tuviera por no interpuesto.

5. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sustentó un criterio similar al resolver el recurso de queja 79/2015, el cinco de junio de dos mil quince.(6) Dicho medio de defensa fue interpuesto en contra de la resolución de tres de marzo de dos mil quince, dictada por la Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, en la cual se hizo efectivo el apercibimiento a la recurrente de no tener por presentado un diverso recurso de queja, al no haber exhibido, previo requerimiento, las copias necesarias para darle trámite a ese medio de impugnación. Del precedente en cuestión derivaron las tesis aisladas III.2o.C.13 K (10a.) y III.2o.C.14 K (10a.), cuyos títulos, subtítulos y textos, respectivamente, son:

"RECURSO DE QUEJA. EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR DESDE EL 3 DE ABRIL DE 2013, AL ESTABLECER QUE SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTO SI EL PROMOVENTE NO EXHIBE LAS COPIAS REQUERIDAS EN EL PLAZO DE TRES DÍAS, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. Conforme al segundo y tercer párrafos del precepto citado, es obligación del promovente del recurso exhibir una copia del escrito de queja para el expediente y una para cada una de las partes, y en caso de no hacerlo, se le requerirá para que en el plazo de tres días lo haga y, si no lo hiciere, se tendrá por no interpuesto. Ahora bien, la exhibición de copias constituye un requisito procesal de observancia estricta para la parte recurrente, que tiene por objeto que el juzgador federal dé a conocer el contenido del escrito de agravios del recurso de queja a las partes en el juicio constitucional, lo cual es acorde al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, pues aun cuando los gobernados tienen derecho a un recurso disponible a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto que pretendan plantear, es permisible que la Ley de Amparo en vigor prevea requisitos formales. También es de destacar, que la exhibición de copias del escrito de agravios para el traslado a las partes, si bien es un requisito procesal de observancia obligatoria para la quejosa, no constituye un obstáculo para el derecho fundamental de tutela jurisdiccional contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el numeral 100 de la Ley de Amparo dispone que en caso de que faltaren las copias de dicho escrito, el Juez Federal debe prevenir al disconforme para que exhiba las faltantes y, en caso de no desahogar dicha prevención, se tendrá por no interpuesto el recurso de queja, pues dicho precepto no prevé que ante tal omisión, en automático se tenga por no interpuesto el mencionado recurso, sino que otorga un término para cumplir con el citado requisito, lo cual hace que el invocado artículo 100 cumpla con los estándares nacionales e internacionales, en el sentido de permitir un adecuado acceso a la justicia y otorgar un recurso judicial efectivo."(7)

"RECURSO DE QUEJA. EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR DESDE EL 3 DE ABRIL DE 2013, AL ESTABLECER CASOS DE EXCEPCIÓN EN LOS QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EXPEDIRÁ LAS COPIAS QUE FALTAREN, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD JURÍDICA, ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y NO DISCRIMINACIÓN. Conforme al segundo y tercer párrafos del precepto citado, es obligación del promovente del recurso exhibir una copia del escrito de queja para el expediente y una para cada una de las partes, estableciendo casos de excepción en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias que faltaren. Ahora bien, estos casos de excepción no trastocan el principio de igualdad jurídica, ya que obedecen a la obligación que tiene el Estado de adoptar una medida positiva encaminada a obtener una igualdad de hecho entre los diferentes grupos sociales que la Carta Magna estima como vulnerables con el resto de la población y en el aludido artículo se enuncia a los menores, incapaces, trabajadores, derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal, ejidatarios o comuneros en lo individual o personas en condiciones de pobreza o marginación; ello para lograr, dentro de la igualdad sustantiva o de hecho, una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas; lo cual conlleva que en algunos casos sea necesario remover o disminuir algún requisito, como sería en el caso la exhibición de copias, ya que el propio legislador consideró que tal exigencia impediría a los integrantes de ciertos grupos sociales sujetos a vulnerabilidad gozar y ejercer plenamente su derecho al acceso efectivo a la justicia; razones por las cuales, la condición para que prospere la demanda en la que se aduzca un trato no igualitario o discriminatorio, será que la persona en cuestión pertenezca a un grupo social que sufra o haya sufrido una discriminación estructural y sistemática, y que la autoridad se encuentre efectivamente obligada a tomar determinadas acciones a favor del grupo; situación que deberá ser argumentada y probada por las partes o el Juez podrá justificarlo o identificarlo a partir de medidas para mejor proveer."(8)

6. ********** denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios arriba mencionados, en su carácter de parte recurrente del recurso de queja 137/2014, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.(9)

II. Trámite

7. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, y ordenó su registro con el número de expediente 164/2016, mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.(10)

8. En dicho acuerdo, se requirió a las presidencias del Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito y del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que remitieran copias certificadas de las ejecutorias en las que sostuvieron los criterios contendientes, así como su envío a la cuenta de correo electrónico prevista en la Circular 3/2011-P, a fin de integrar el expediente. De igual forma, se les instruyó para que informaran si mantenían vigentes los criterios denunciados o, de ser el caso, indicaran la causa para tenerlos por superados o abandonados. Además, se turnó el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz, según el turno virtual correspondiente.

9. El presidente de este Alto Tribunal tuvo a los tribunales contendientes cumpliendo el requerimiento arriba descrito e informando que los criterios contendientes continuaban vigentes, por acuerdo de diez de octubre de dos mil dieciséis. En este último, además, se declaró integrado el expediente de la contradicción de tesis y se ordenó su envió al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto de resolución.(11)

III. Competencia

10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en relación con los criterios que sustentaron el Segundo y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, respecto del que sustentó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos respecto de un tema que corresponde a la materia común.

IV. Legitimación

11. La denuncia de la presente contradicción de tesis proviene de parte legitimada, porque fue presentada por **********, parte recurrente en el recurso de queja 137/2014, del cual derivó uno de los criterios contendientes. Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.

V. Existencia de la contradicción

12. En principio, es menester destacar que este Tribunal Pleno ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales. El rubro del criterio al que nos referimos es el siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(12)

13. Del citado criterio se evidencia que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

14. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

15. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

16. Relatado lo anterior, se estima que el presente asunto sí cumple con todos los requisitos para la existencia de la contradicción de tesis referida, tal como enseguida se demostrará.

17. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada. 18. En efecto, tal como se mencionó en el apartado de antecedentes, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió el amparo en revisión 184/2012, el dieciséis de agosto de dos mil doce, mismo que se interpuso en contra del acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil doce, emitido por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en el que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo indirecto, al estimar que la quejosa no presentó, previo requerimiento, las copias necesarias de su escrito aclaratorio.

19. En este asunto, el órgano colegiado consideró que la actuación del Juez Federal, al tener por no presentada la demanda de amparo, sólo porque faltó una de las cinco copias solicitadas, cuando cumplió con el resto de requerimientos efectuados, transgredió la regulación y normativa que en materia de derechos humanos existe actualmente en el Estado Mexicano, al impedir a la quejosa el acceso al medio procesal de defensa del derecho respectivo y, en su caso, a la protección judicial y la plena restitución de sus derechos violados.

20. Lo anterior, al estimar que, si bien era cierto que el juicio de amparo se sustancia y resuelve con arreglo a las formas y procedimientos que determina la Ley de Amparo (en el caso, con la vigente hasta el dos de abril de dos mil trece), por lo que era obligación del juzgador federal aplicar el artículo 146 de la Ley de Amparo; no menos cierto resultaba que, acorde al derecho fundamental de acceso y tutela judicial efectiva, la aplicación e interpretación del artículo referido no debía realizarse en forma literal, sino de tal manera que permitiera hacer uso efectivo del procedimiento establecido para la protección a sus derechos.

21. En esas condiciones, el Tribunal Colegiado sostuvo que si la quejosa atendió las prevenciones realizadas por el Juez Federal y sólo le faltó una de las cinco copias requeridas, la determinación del mencionado juzgador de tener por no presentada la demanda era limitada, porque atendiendo al conjunto de principios que operan en el aspecto procesal en el juicio de amparo, como el pro persona, pro actione, y tutela judicial efectiva, así como de las diversas interpretaciones posibles de una norma jurídica, el Juez debía preferir aquella que ofreciera una mayor protección al titular de un derecho humano. Asimismo, se dijo que los conflictos planteados por las partes debían resolverse evitando formalismos, interpretaciones no razonables y ociosas, que impidieran o dificultaran el enjuiciamiento de fondo, la auténtica tutela judicial y la solución del conflicto.

22. Bajo ese contexto, se sostuvo que era evidente que para evitar mayores dilaciones, en observancia al principio iura novit curia, el Juez, motu proprio debió tomar en cuenta la nueva regulación y normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, y realizar la interpretación más eficaz del artículo 146 de la Ley de Amparo, en el caso y circunstancias concretas, por lo que debió requerir nuevamente a la quejosa para que en el término de tres días exhibiera la copia que le faltó, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva al gobernado.

23. El órgano jurisdiccional agregó que si bien existía un interés público en relación con la aplicación del artículo 146 de la Ley de Amparo, en la medida en que la sociedad está interesada en que prevalezca la seguridad y celeridad en los procesos, lo que se traduce en la aplicación de la Ley de Amparo; lo cierto era que, de una ponderación de la privación del derecho a la tutela judicial que resentiría el quejoso con la aplicación estricta del artículo referido, frente a la prevalencia de la seguridad y celeridad de los procesos, resultaba que era mínima la afectación al interés público, mientras que era mucho más significativa y grave la afectación irremediable que resentiría el quejoso con la privación de su derecho a una tutela judicial efectiva, pues la interpretación literal de tal numeral, traía como consecuencia tener por no interpuesta la demanda de garantías, lo que dejaba a la parte quejosa sin posibilidad de acceso a la justicia. Además, se sostuvo que el retraso derivado del nuevo requerimiento, sólo afectaría sustancialmente al quejoso, pero en una proporción mucho menor a la que resentiría por la pérdida del derecho a la tutela judicial efectiva.

24. Por esas razones, el órgano de amparo determinó que si el quejoso no acompañó las copias suficientes del escrito aclaratorio, el juzgador federal debió realizar una interpretación valorativa del artículo 146 de la Ley de Amparo, de tal manera que, tomando en cuenta los intereses en contienda, el bien tutelado o derechos a privilegiar y la finalidad restitutoria del juicio de amparo (seguridad y celeridad de los procesos –interés público– vs. derecho a la tutela judicial –privación y afectación del quejoso–), previniera nuevamente al promovente, a fin de subsanar la omisión en que incurrió, ante el riesgo de dejarlo sin acceso a la tutela judicial.

25. Lo anterior, al considerar que la interpretación literal del numeral en mención generaba un resultado insatisfactorio tan sólo por acatar una exigencia formal, implicando una medida innecesaria y desproporcionada al circunstancial incumplimiento, que podía ser resuelta con un enfoque analógico a lo que, en otro caso, la propia ley establece, dado que el propio artículo 146 de la Ley de Amparo prevé una situación similar cuando el quejoso no acompaña las copias suficientes de su escrito de demanda, caso en el cual, el dispositivo en cita prescribía que se le debía prevenir para que presentara las copias dentro del término de tres días, símil que debió aplicarse al caso concreto, aun cuando la copia que se solicitó fuera de un escrito aclaratorio, resultado de una prevención, circunstancia a partir de la cual el juzgador federal estaba en aptitud de formular un nuevo requerimiento.

26. A su vez, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, resolvió el recurso de queja 137/2014, el once de julio de dos mil catorce. En dicho asunto se impugnó el acuerdo de once de abril de dos mil catorce, emitido por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, que tuvo por no interpuesto el recurso de revisión, dentro del juicio de amparo indirecto 1120/2013-III.

27. El órgano colegiado sostuvo que, en términos del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho fundamental a un recurso sencillo y efectivo implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. Al respecto, se agregó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que para que exista un recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se incurrió en una violación a los derechos humanos y proveer, en su caso, lo necesario para remediarla.

28. En este contexto, el órgano de amparo consideró que el requerimiento del cumplimiento de la exhibición de las copias del recurso de revisión, necesario para dar curso a ese medio de defensa, no constituye, en sí mismo, una violación al derecho fundamental a un recurso efectivo y sencillo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales y de seguridad jurídica, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas, como lo son los presupuestos y criterios de admisibilidad. Por tanto, si bien el recurso de revisión en el amparo indirecto debe estar disponible para la parte interesada, a fin de que se revise el fallo dictado y, en su caso, se provea sobre la reparación adecuada, ello no implica que ante el incumplimiento de una formalidad en su interposición, deba admitirse.

29. De esta forma, el Tribunal Colegiado estimó que el hecho de que el Juez de Distrito haya requerido al recurrente para el cumplimiento de un requisito formal o presupuesto necesario para darle curso a la revisión que interponía, en términos del orden jurídico interno, y ante la omisión de cumplirlo, lo tuviera por no interpuesto; no constituía, en sí mismo, una violación al aludido derecho fundamental. Se reforzó lo anterior con la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL."

30. En este mismo sentido, el Tribunal Colegiado agregó que el derecho fundamental a un recurso sencillo y efectivo tampoco implica que el Juez de control constitucional y de convencionalidad deba corregir la omisión en que incurrió el disidente, aun si la misma derivó de un descuido de sus autorizados, pues para ejercer el derecho de acceso a la justicia se debe cumplir con los requisitos procesales de admisibilidad y de procedencia de los recursos, lo que brinda certeza jurídica a los gobernados. De ahí que las reglas de su interposición no puedan alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos, pues ello, atentaría contra los principios de equidad procesal y seguridad jurídica, que deben observarse en materia civil. Reforzó lo anterior, al precisar que, en el caso, el recurrente no se encontraba en ninguna de las hipótesis de excepción a la obligación de exhibición de las copias del recurso de revisión.

31. Por esta razón, el órgano colegiado concluyó que el Juez de Distrito no estaba capacitado legalmente para expedir de manera oficiosa las copias faltantes del escrito del recurso de revisión, ni aun aduciendo como razón, que con ello restringía la posibilidad de quien en ese entonces recurría la sentencia dictada en el juicio de amparo, pues el juzgador le otorgó la oportunidad de que subsanara l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28095-464cf728/copias-de-traslado-la-consecuencia-juridica-de-tener · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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