COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS PRIVADOS PRESENTADOS EN SUSTITUCIÓN DE LOS ORIGINALES. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DERIVABLES DEL ARTÍCULO 92-A DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 531/2012. SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 5 DE JUNIO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIENES RESERVARON SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.
CONSIDERANDO:
15. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226 de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
16. No pasa inadvertido, que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización y no así, respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
17. En esa distribución de competencias, esta Primera Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución del actual tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.
18. Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras no finalice el plazo previsto en el artículo décimo primero transitorio de la Ley de Amparo para la emisión de los acuerdos generales que integren los Plenos de Circuito y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los mismos, este Tribunal Constitucional debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma, se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de casos como el que ahora se analiza.
19. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por un Magistrado integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que se encuentra facultado para ello de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece.
20. TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos, lo que se realiza de la siguiente manera:
21. El Tercer Tribunal Colegido en Materia Civil del Tercer Circuito, refiere que sustentó el mismo criterio al resolver los amparos directos: 574/2005, 495/2007, 96/2009, 273/2009, 612/2009, 624/2009, 337/2010, 133/2012 y 617/2012, sin embargo, esta Primera Sala estima que sólo será necesario hacer referencia al criterio contenido en el amparo directo civil 133/2012.
22. Lo anterior en razón de lo siguiente:
23. De la lectura de la ejecutoria pronunciada en el amparo directo 617/2012, no se advierte un pronunciamiento de fondo relacionado con el tema que motiva la presente contradicción, en razón de que en él se decidió sobreseer, en virtud de que a criterio del tribunal mencionado, se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado se emitió en cumplimiento de lo ordenado en el diverso juicio de amparo 133/2012, que es al que se hará referencia.
24. Del mismo modo, tampoco se estima necesario hacer un análisis de los diversos juicios de amparo que menciona el Tribunal contendiente, pues de la lectura de la sentencia emitida en el juicio de amparo directo 133/2012, se advierte con claridad cuál es el criterio que sostiene dicho tribunal; y por ende, de él se puede determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, razón por la que por economía procesal se hace innecesario hacer referencia al origen de los diversos juicios que refiere, así como al criterio que en ellos se sostiene, pues con independencia de tratarse de asuntos anteriores al aquí analizado, el propio tribunal señala que en éste se reitera el criterio sostenido en ellos.
25. Origen del amparo directo 133/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y criterio que en él se sostiene.
26. Origen. **********, demandó en la vía civil ordinaria a *********, la declaratoria judicial de que operó en su favor la prescripción positiva de dos bienes inmuebles ubicados en la población de Puerto Vallarta, Jalisco.
27. De dicha demanda, conoció el Juez Cuarto de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco y el veinticinco de septiembre de dos mil diez pronunció sentencia definitiva en la que se declaró improcedente la acción de usucapión y procedente la reivindicatoria, respectivamente, ejercidas en vía principal y reconvencional.
28. Inconforme con tal determinación, la parte actora en el juicio principal se alzó en apelación, recurso al que se adhirió su contraria, de los cuales conoció la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien el dieciocho de marzo de dos mil once, emitió resolución en la cual estimó que uno de los agravios expuestos era fundado y suficiente, y por tanto, revocó el fallo de primer grado.
29. Veredicto que fue controvertido por la titular de la legitimación pasiva, vía amparo directo, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien por ejecutoria de treinta de junio de dos mil once, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y en la nueva que pronunciara, con plenitud de jurisdicción, realizara un estudio oficioso de los presupuestos procesales y de los elementos constitutivos de la acción.
30. En cumplimiento de la referida ejecutoria, el tribunal de alzada responsable emitió una nueva sentencia el once de julio de dos mil once, en la que, en lo que interesa, reiteró el estudio del cuarto agravio expuesto por la parte actora contra el veredicto de primer grado, mismo que revocó.
31. En desacuerdo con dicha determinación, de nueva cuenta la titular de la legitimación pasiva promovió demanda de amparo directo, de la que conoció el mismo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien por ejecutoria de ocho de diciembre de dos mil once, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y en la nueva que pronunciara, con plenitud de jurisdicción, se ocupara de la objeción formulada por dicha parte acerca de que la exhibición del documento allegado como fundatorio de la acción en el juicio principal, no cumplió con lo dispuesto por el artículo 92-A del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
32. En acatamiento de la mencionada ejecutoria, el ad quem responsable dictó una nueva sentencia el cuatro de enero de dos mil doce, en la que, de nueva cuenta, reiteró el estudio del cuarto agravio expuesto por la parte actora contra la sentencia de primer grado, misma que revocó.
33. Criterio. En lo que al tema interesa, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sostuvo lo siguiente:
"En otro orden de ideas, el motivo de queja que se estima sustancialmente fundado, es aquel en el que la institución de crédito impetrante de garantías afirma que la resolución reclamada es violatoria de la garantía consagrada en el artículo 14 constitucional, en relación con los diversos numerales 90, 92-A y 342 de la ley adjetiva civil local, dado que la Sala responsable estudió en forma incorrecta la objeción que hizo valer acerca de que el actor no adjuntó a su demanda inicial el contrato original que como título o causa generadora de la posesión apta para usucapir intentó en el juicio natural.
"En efecto, para clarificar las razones que soportan tal conclusión es menester reproducir los artículos 90, 92-A y 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dicen:
"‘Artículo 90.’ (se transcribe).
"‘Artículo 92-A.’ (se transcribe).
"‘Artículo 93.’ (se transcribe).
"El análisis armónico y sistemático de los preceptos legales acabados de transcribir, permite establecer que el legislador, como regla general, impuso al actor la carga procesal de exhibir junto con la demanda el o los documentos originales en que sustente su derecho o los hechos constitutivos de su acción.
"Empero, consciente de que en la vida real se dan situaciones en que el accionante no puede cumplir con tal obligación procesal, también estableció dos normas específicas de excepción, consistentes, la primera, en que si el demandante material o jurídicamente está impedido para allegar el original del documento fundatorio, podrá exhibir copia certificada de dicho instrumento, siempre y cuando, bajo protesta de decir verdad, realice la anterior manifestación (imposibilidad material o jurídica), precise las razones y designe si se encuentran en poder de tercero y si son propios o ajenos; en el entendido que, en este supuesto, por identidad jurídica, acorde a lo que señala el diverso numeral 92 del invocado ordenamiento legal, dentro de la etapa probatoria debe exhibirse el original del documento para que haga fe en juicio.
"Y, la segunda, relativa a la posibilidad del actor de exhibir con posterioridad a la demanda documentos fundatorios, los que sólo se admitirán si se encuentran en alguna de las siguientes hipótesis: a) Ser de fecha posterior a dichos escritos; b) Los anteriores respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevere la parte que los presente no haber tenido antes conocimiento de su existencia; y c) Los que no hayan sido posible adquirir con anterioridad por causas que no sean imputables a la parte interesada y siempre que se hubiere hecho oportunamente la designación expresada en el penúltimo párrafo del artículo 90 de este código.
"Así las cosas, si bien la codificación procesal civil del Estado, no contiene prohibición expresa para que las acciones se funden en copias fotostáticas certificadas; no menos verídico resulta que sí exige que a la demanda se acompañen en original los documentos privados en que se sustente la acción puesta en ejercicio, o en su defecto, se precise bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad material o jurídica que tenga el promovente para exhibirlo, señalando las razones y designando el lugar donde se encuentre.
"En la especie, según se advierte de las actuaciones del juicio natural, e incluso así lo reconoce la Sala responsable en la resolución reclamada, el actor exhibió con la demanda, en lo que interesa, copia fotostática certificada del contrato de reconocimiento de adeudo y dación en pago que celebró con la persona moral denominada **********, **********, el quince de enero de mil novecientos noventa y cinco.
"Así las cosas, contrario a lo resuelto por el ad quem, la circunstancia de que no se hubiera acompañado al escrito inicial de demanda, el original del documento fundatorio, el tratarse de un documento privado, es motivo suficiente para considerar que la actora incumplió con la obligación que le impone la fracción II del artículo 90, en relación con lo establecido en el diverso 92-A del Código de Procedimientos Civiles del Estado; por más que refiera que las copias certificadas por funcionarios que jurídicamente tienen fe pública, ya que en ésta se asienta que el mencionado funcionario tuvo a la vista el original y certifica que coincide en todas sus partes el contenido de la copia, por lo que esa manifestación en esos términos debe tenerse por cierta, salvo prueba en contrario; pues no obstante ese razonamiento, en el caso concreto, no resulta aplicable, toda vez que los numerales antes transcritos, exigen de manera categórica, que a la demanda se acompañen en original los documentos privados en que se funde la acción puesta en ejercicio, o en su defecto, el promovente debe manifestar, bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad material o jurídica que tenga para no exhibirlos, precisando las razones y designando el lugar donde se encuentren (lo cual no aconteció en lo tocante a la acción intentada por **********, aquí tercero perjudicado), lo que evidentemente se incumplió.
"En efecto, el mencionado **********, al formular su demanda de prescripción positiva en contra de la institución de crédito ahora quejosa, no manifestó, bajo protesta de decir verdad, si tenía alguna imposibilidad jurídica o material para presentar el original del documento consistente en el contrato de reconocimiento de adeudo y dación de pago celebrado el quince de enero de mil novecientos noventa y cinco, respecto de los locales comerciales descritos en el escrito inicial, invocado como fundatorio de su acción, ni precisó dónde se encontraba éste; de tal forma, que debe tomarse en cuenta que el legislador jalisciense, al fijar esos requisitos en el aludido precepto 92-A, buscó proteger la equidad procesal, habida cuenta que cuando existe impedimento para presentar en original algún documento privado, se requiere que el oferente indique las razones por las cuales no lo puede exhibir, lo que significa que el juzgador se verá obligado a apreciar los argumentos expuestos y cuidar que no se deje en estado de indefensión a la contraria, tomando las determinaciones conducentes, e incluso pudiendo desestimar los razonamientos expresados si los estimara carentes de fundamento.
"Por tanto, al no proceder de esa manera, con su omisión no satisfizo el imperativo previsto en el artículo 92-A en relación con el 90, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, debiendo por tanto, soportar las consecuencias de su accionar, como es enfrentar la ineficacia del documento acompañado en copia fotostática certificada, con independencia que tal cotejo lo hubiese realizado el secretario de acuerdos de determinado juzgado, en su carácter de fedatario público, ya que, se repite, lo importante estriba en que no se acompañó en original, ni se expresó el motivo por el que no se estaba en condiciones de hacerlo.
"No es obstáculo para arribar a tal decisión, las tesis de jurisprudencia que invocó la sala responsable, de rubros: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS ANTE EL JUZGADOR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.’ y ‘COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS POR NOTARIO PÚBLICO. A LAS EXHIBIDAS EN EL JUICIO LABORAL DEBE DÁRSELES EL MISMO TRATAMIENTO Y VALOR PROBATORIO EN CUANTO A SU CONTENIDO QUE A LOS ORIGINALES.’, pues las mismas no son aplicables en la especie, ya que por una parte, interpretan una legislación diferente y, en segundo término, porque como ya quedó explicado en líneas precedentes, la codificación procesal civil del Estado de Jalisco, expresamente establece los requisitos que debe satisfacer la parte actora al presentar su demanda; por tanto, al no haber cumplido con dichos extremos, debe soportar las consecuencias de su accionar.
"Además, admitir el criterio de la Sala responsable, implicaría hacer nugatoria la sanción que prevé el citado artículo 93 de la ley adjetiva civil local, en el sentido de que después de la demanda no se admitirán al actor documentos en que sustente su derecho, salvo las excepciones que en ese mismo precepto se contienen y que, como se vio no se surte en la especie.
"Al respecto, resultan suficientemente ilustrativas las tesis aisladas que enseguida se reproducen, las cuales son compartidas por este órgano de control constitucional:
"‘DOCUMENTO FUNDATORIO DE UN DERECHO. SE DEBE EXHIBIR EN EL MOMENTO DE PRESENTAR LA DEMANDA O LA CONTESTACIÓN.’ (se transcribe)
"‘LEGITIMACIÓN. TÍTULO FUNDATORIO DE LA ACCIÓN, EXHIBICIÓN DEL, PARA ACREDITAR LA.’ (se transcribe)
"‘ACCIÓN, TÍTULO FUNDATORIO DE LA. DEBE EXHIBIRSE, COMO REGLA GENERAL, EN LA DEMANDA Y NO DURANTE EL PERIODO PROBATORIO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe)
"‘DOCUMENTO FUNDATORIO DE LA ACCIÓN PRESENTADO EN COPIA SIMPLE, CARECE DE EFICACIA SI DURANTE EL TÉRMINO PROBATORIO O EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA NO SE PRESENTA COPIA CERTIFICADA DEL MISMO.’ (se transcribe)
"‘DOCUMENTO FUNDATORIO. MOMENTO EN QUE DEBE PRESENTARSE (LEGISLACIÓN CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO).’ (se transcribe)
"‘DOCUMENTOS FUNDATORIOS DEL DERECHO. SANCIÓN POR NO ACOMPAÑARLOS A LOS ESCRITOS DE DEMANDA O CONTESTACIÓN.’ (se transcribe)
"En ese orden de ideas, la resolución reclamada, como con acierto lo refiere la quejosa, deviene violatoria, por inexacta aplicación, de los artículos 90, fracción II y 92-A del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en relación con las garantías individuales previstas en los numerales 14 y 16 constitucionales.
"Razón por la que, en reparo de ellas, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en la nueva que pronuncie, sin desatender lo resuelto en los diversos juicios de amparo directo 359/2011 y 609/2011, siguiendo los lineamientos trazados en esta ejecutoria, con plenitud de jurisdicción, resuelva la alzada conforme a derecho.
"Tal decisión debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez Cuarto de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, atento a lo que categóricamente señala la tesis de jurisprudencia 88 visible en la página 70 del Tomo VI del más reciente Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)
"Similar criterio fue sustentado por este órgano jurisdiccional al resolver los amparos directos: 574/2005, 495/2007, 96/2009, 273/2009, 612/2009, 624/2009 y 337/2010."
34. Origen del amparo directo 182/2011, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y criterio que en él se sostiene.
35. Origen. El asunto tiene su origen en un juicio ordinario civil en el que **********, demandó la terminación del contrato de usufructo gratuito celebrado con fecha treinta de junio del año dos mil, con **********, en el que el actor exhibió copia certificada del documento fundatorio de su acción.
36. Criterio. En lo que al tema interesa, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sostuvo lo siguiente:
"La quejosa manifiesta esencialmente que la Sala responsable erró al considerar que la acción es improcedente, porque al momento de presentación de la demanda no se acompañó en original el documento privado fundatorio, sino en copia certificada, sin que se especificaran las circunstancias por las que no se exhibió el original, siendo que, según la impetrante, la mencionada copia certificada por fedatario público sí tiene la misma validez que su original.
"Los numerales 90 y 92-A del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, disponen:
"‘Artículo 90.’ (se transcribe)
"‘Artículo 92-A.’ (se transcribe)
"Tiene razón la impetrante de garantías, puesto que al presentarse junto con la demanda de terminación del contrato de usufructo gratuito de un inmueble, la copia certificada del mismo como documento fundatorio de la acción, se cumplió a cabalidad con lo dispuesto en los transcritos artículos 90 y 92-A del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
"Esto es así, ya que la aludida copia, al haber sido certificada por un funcionario revestido de fe pública, quien asentó haber tenido a la vista el original y que la misma era una copia fiel de la auténtica, debe considerarse que equivale a que se hubiera presentado el original del documento, salvo prueba en contrario, con lo cual se cumplimenta la obligación prevista por el aludido arábigo 90 de la legislación adjetiva civil, que dispone que con la demanda deberá acompañarse el documento en el que la actora funde su derecho; máxime que el propio precepto en su último párrafo dispone que: ‘... Se entenderá que el interesado tiene a su disposición los documentos y deberá acompañarlos obligatoriamente a su escrito inicial, siempre que existan los originales en un protocolo o archivo público del que pueda pedir y obtener copias autorizadas de ellos’, lo que indefectiblemente revela que las copias certificadas de los documentos sí son aptas para cumplir con la mencionada obligación; sin que debiera señalar bajo protesta de decir verdad la razón por la que no se presentó el contrato privado original como lo establece el diverso ordinal 92-A, porque, como se dijo, la copia certificada tiene la misma validez que el original, a menos que se demuestre lo contrario.
"Cobra aplicación la jurisprudencia 28/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 19, que establece:
"‘DOCUMENTOS PRIVADOS. COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS ANTE EL JUZGADOR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).’ (se transcribe)
"Es importante señalar que aunque la referida jurisprudencia se refiere al artículo 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene aplicación al presente, porque su contenido es similar al del transcrito numeral 92-A de la legislación adjetiva civil del Estado.
"Para corroborar lo anterior, se reproduce el referido arábigo 136, que es del tenor literal siguiente:
"‘Artículo 136.’ (se transcribe)
"Tiene aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de dos mil cinco, página 540, que preceptúa:
"‘COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS POR NOTARIO PÚBLICO. A LAS EXHIBIDAS EN EL JUICIO LABORAL DEBE DÁRSELES EL MISMO TRATAMIENTO Y VALOR PROBATORIO EN CUANTO A SU CONTENIDO QUE A LOS ORIGINALES.’ (se transcribe)
"En consecuencia, debe concederse la protección federal impetrada para el efecto de que el tribunal de alzada, una vez que deje insubsistente la resolución reclamada, pronuncie otra en la que después que determine que la copia certificada del contrato fundatorio de la acción sí cumple con los requisitos previstos en los artículos 90 y 92-A de la legislación adjetiva civil de la entidad, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda."
37. CUARTO. Requisitos para la existencia de la contradicción. La existencia de la contradicción de tesis está condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales.
38. En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal de la República, al resolver la contradicción de tesis 36/2007, en sesión del treinta de abril de dos mil nueve, estableció, por unanimidad de diez votos, que para que se dé una contradicción de tesis, es indispensable que exista un problema jurídico que amerite ser definido para el ordenamiento jurídico, y así evitar que se sigan dando situaciones confusas y, desde luego, soluciones distintas y contradictorias a asuntos similares.
39. Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia 72/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que lleva por rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."1
40. Así, de conformidad con el criterio anterior, la existencia de una contradicción de tesis está condicionada a que:
a) Dos o más órganos contendientes se pronuncien sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y
b) Que respecto de ese punto, sostengan criterios jurídicos discrepantes.
41. QUINTO. Análisis de los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis en el caso concreto. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en el caso a estudio sí existe contradicción de tesis entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito.
42. Se estima de esa manera, porque ambos tribunales se pronunciaron sobre el mismo punto de derecho, el cual consistió en determinar si es o no necesario cumplir la obligación que se deriva del artículo 92-A del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, cuando en lugar de acompañar a la demanda el o los documentos originales en que se sustente el derecho o los hechos constitutivos de la acción, se exhibe copia certificada de ellos; tema respecto del cual llegaron a conclusiones divergentes:
43. En efecto, mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito después de analizar el contenido de los artículos 90, 92-A y 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, concluyó, que si bien dicha codificación no contiene prohibición expresa para que las acciones se funden en copias certificadas, no menos verídico resulta que sí exige que a la demanda se acompañen en original los documentos privados en que se sustente la acción puesta en ejercicio, o en su defecto, se precise bajo protesta de decir verdad la imposibilidad material o jurídica que tenga el promovente para exhibirlo, señalando las razones y designando el lugar donde se encuentre, de manera que si en el caso sometido a su consideración, el actor no acompañó en original el documento privado fundatorio de su acción, entonces incumplió con la obligación que le imponen los artículos 90, fracción III y 92-A del Código Procesal Civil.
44. Ello, pues por más que el actor haya acompañado a la demanda copia certificada del mismo, no manifestó bajo protesta de decir verdad, si tenía alguna imposibilidad jurídica o material para presentar el original del documento invocado como fundatorio de su acción, ni precisó dónde se encontraba éste, razón por la que debía soportar las consecuencias de su actuar, como es el enfrentar la ineficacia del documento acompañado en copia certificada, pues lo importante estriba en que no se acompañó en original, ni se expresó el motivo por el cual no estaba en condiciones de hacerlo, pues debe tomarse en cuenta que el legislador jalisciense al fijar los requisitos establecidos en el numeral 92-A, buscó proteger la equidad procesal, habida cuenta que cuando existe impedimento para presentar en original un documento privado, se requiere que el oferente indique las razones por las cuales no lo puede exhibir, lo que significa que el juzgador se verá obligado a apreciar los argumentos expuestos y cuidar que no se deje en estado de indefensión a la contraria, tomando las determinaciones conducentes e incluso pudiendo desestimar las razones expresadas si las considera carentes de fundamento, lo que además se justifica pues de lo contrario implicaría hacer nugatoria la sanción que prevé el artículo 93 de la propia legislación.
45. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, después de analizar el contenido de los artículos 90 y 92-A del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, concluyó que al presentarse junto con la demanda copia certificada del documento privado fundatorio de la acción, se cumplió a cabalidad con lo dispuesto en dichos preceptos, pues ello equivale a que hubiera presentado el original del documento, salvo prueba en contrario, sin que debiera señalar bajo protesta de decir verdad la razón por la que no se presentó el contrato privado ori
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24686-95882557/copia-certificada-de-documentos-privados-presentados-en-sustitucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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