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Modo: Corpus Pro

DOCUMENTOS PRIVADOS ORIGINALES Y COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. SU VALOR PROBATORIO EN LOS JUICIOS MERCANTILES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 459/2011. · Registro digital (IUS): 24233
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERI
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Pág. 593.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 459/2011. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE OCTUBRE DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: CONSTANZA TORT SAN ROMÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema de amparo. Lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, numeral que establece que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito, sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales, los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer, y es el caso que en el presente asunto la denuncia fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, de forma que se cumple con la legitimación debida.

TERCERO. Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo (expediente auxiliar 185/2011, relativo al amparo directo civil 375/2010).

Antecedentes:

1. **********, en su carácter de endosatario en procuración de **********, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de **********, reclamando el pago de la cantidad de $********** como suerte principal, más los intereses normales y moratorios, costas y gastos que se generen.

En su contestación la demandada manifestó que la cantidad reclamada había sido cubierta en parcialidades por diversa persona, ofreciendo como prueba copia fotostática simple del documento firmado por el actor, con el que pretendió acreditar que éste se tuvo por pagado del adeudo, sin que la parte actora objetara dicha probanza.

2. El Juez Tercero del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Francisco Campeche, Campeche, tramitó el juicio en la vía ordinaria con el número 495/08-2009/J3oC-1 (ya que consideró que la acción había prescrito respecto a la fecha de vencimiento de la letra de cambio para reclamarla en la vía ejecutiva mercantil), y dictó sentencia en la que determinó que la acción intentada por el actor era improcedente, absolviendo a la demandada de las prestaciones reclamadas por el actor.

3. En contra de dicha resolución, **********, por conducto de su endosatario en procuración **********, promovió juicio de amparo directo, el cual fue resuelto, el veintinueve de abril de dos mil doce, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en el expediente auxiliar 185/2011, relativo al amparo directo civil 375/2010, en el sentido de conceder la protección constitucional.

En la parte que interesa, el tribunal federal sostuvo lo siguiente:

"Precisado lo anterior, ahora conviene decir que la prueba documental se encuentra regulada en los artículos 1241 y 1242 (que se encuentran en el capítulo XIV, denominado ‘De los instrumentos y documentos’), así como en los diversos 1296 y 1297 (localizables en el capítulo XX nombrado ‘Del valor de las pruebas’), todos del Código de Comercio, los cuales disponen lo siguiente: (los transcribe). En lo conducente, cabe decir que de acuerdo con los artículos 1241 y 1296 reproducidos, puede exigirse el reconocimiento expreso de documentos privados si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales a quien deba reconocerlos y se le dejará ver todo el documento, no sólo la firma; empero, esta disposición no debe interpretarse en el sentido de que los documentos privados deban ser reconocidos por sus firmantes para que tengan valor probatorio, sino que debe atenderse a lo establecido de manera categórica en la primera parte de ambos numerales que en el mismo sentido prevén: ‘Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente.’. Por su parte, el artículo 1242 del Código de Comercio ordena que deben exhibirse en original los documentos privados, debiendo entenderse que al señalar el artículo 1205 del mismo ordenamiento como prueba a los documentos privados, se refiere a los originales a los que también alude el artículo 1296 citado. Por otro lado, el artículo 1297 menciona el valor de los documentos simples, carácter que tienen las copias al carbón, o las simples, entre otras, es decir, documentos distintos a los originales. De esa manera, el documento privado y una fotocopia simple del mismo son elementos de convicción distintos, lo cual impide valorar esta última al tenor de las reglas establecidas para la apreciación de los documentos privados. Robustece lo anterior, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 44, Cuarta Parte, página 18, que dispone: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS ORIGINALES Y SIMPLES NO OBJETADOS. VALOR PROBATORIO.’ (se transcribe). Lo anterior obedece en razón de que jurídicamente la naturaleza de los documentos que obran en copia simple o fotostática es que sólo constituyen una reproducción o imitación de otros documentos, y que en ese proceso son susceptibles de ser alterados o modificados, de modo que no sean una fiel imitación del documento del que se obtuvieron. En ese orden de ideas, el valor que merece el documento original difiere del valor que logra la copia fotostática simple. En efecto, si el documento privado atribuido a una de las partes es presentado en original y no se objeta, las consecuencias jurídicas son que ese documento se tiene por reconocido; caso contrario sería cuando ese elemento de prueba es objetado, pues así se deben analizar los medios de perfeccionamiento que se ofrecieron para robustecer el alcance probatorio del documento exhibido en original. Por otra parte, en lo que interesa, el documento privado atribuido a una de las partes presentado en fotocopia simple sólo alcanza el valor de indicio si no es objetado, caso contrario sería cuando se objeta la fotocopia pues en esa hipótesis carece de valor probatorio. ... Así las cosas, si el Código de Comercio prevé como medios de prueba tanto la presuncional como la documental, y establece distintas reglas de valoración para cada una de ellas, especificando que los documentos privados atribuidos a una de las partes (refiriéndose a los originales) harán prueba plena y las copias simples no alcanzan ese valor sino tan sólo merecen el valor de indicio; se llega a la conclusión de que indebidamente la Juez responsable valoró como presuncional humana la prueba documental privada que exhibió la parte demandada en copia fotostática simple, ya que no se le puede otorgar el valor de presuncional porque constituye un medio de prueba documental reconocido por el artículo 1297 del Código de Comercio, cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio."

CUARTO. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

El amparo directo DC. 303/2009, el dieciocho de junio de dos mil nueve, tuvo los antecedentes que a continuación se narran:

1. **********, por su propio derecho, demandó en la vía ordinaria mercantil de **********, el pago de la cantidad de $**********, por concepto de saldo existente por la conclusión de los trabajos de carpintería contratados, así como el pago de la cantidad de $********** por día, derivada de la mora en que se incurriese, y los gastos y costas.

En el capítulo de hechos de su demanda refirió que el arquitecto **********, responsable de la obra de la empresa demandada, le entregó una carta responsiva emitida el diecinueve de diciembre de dos mil siete (cuya fotocopia ofreció como prueba en el juicio), en la que se hizo constar la notificación al ingeniero ********** (persona de quien también recibía órdenes el actor), el cumplimiento dado por parte del demandante al contrato de mérito.

2. Al contestar la demanda, la citada constructora objetó tal prueba documental con base en el argumento de que en ninguna parte de la carta se dijo que el actor hubiera concluido la totalidad de los trabajos que le fueron encomendados sino que, por el contrario, en ella se dijo que quedaba pendiente el saldo hasta la recepción total de los trabajos, transcribiendo, para demostrar su dicho, el texto de dicha documental.

3. El Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal registró la demanda con el número 822/2008, y dictó sentencia el treinta de enero de dos mil nueve, en la que declaró fundada la vía ordinaria mercantil y procedente la acción ejercida y condenó a la parte demandada a pagar al actor la cantidad correspondiente a la suerte principal, absolviéndola del cumplimiento de la prestación consistente en el pago de la cantidad demandada para el caso de mora, sin hacer condena en costas.

4. En contra de esa sentencia, **********, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el tres de abril de dos mil nueve, en el sentido de confirmarla, condenando a la apelante al pago de costas en ambas instancias.

5. Inconforme con esa resolución, la parte demandada promovió juicio de garantías y, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al que fue turnado el asunto, lo registró con el número 303/2009, y en sesión de dieciocho de junio de dos mil nueve, dicho órgano jurisdiccional resolvió negar el amparo solicitado, con base en las consideraciones que a continuación se transcriben:

"Lo alegado es infundado, toda vez que fue correcto el proceder de la Sala responsable, ya que si bien la carta de diecinueve de diciembre de dos mil siete, se allegó en copia simple, tal documento generó un sólido indicio que se robusteció con diversas manifestaciones de la demandada, que obran en autos. Como cuestión previa conviene destacar las prestaciones reclamadas por el actor, las que son del tenor siguiente: (se transcriben). Lo anterior lo apoyó en los siguientes hechos: (se transcriben) (foja 2 del cuaderno de primera instancia). Por su parte, la demandada contestó los hechos en los siguientes términos: (se transcriben) De lo anterior, se aprecia que la parte actora pretende el cumplimiento del contrato de prestación de servicios de carpintería a efecto de que se le pague el saldo existente por la conclusión de los trabajos, conforme a las cláusulas cuarta y octava del aludido contrato base de la acción. Tal contrato basal, es del tenor siguiente: (se inserta). En este sentido, el enjuiciante debió acreditar los siguientes elementos: 1. La relación existente entre las partes. 2. El precio de los servicios. 3. El cumplimiento de las obligaciones que estaban a su cargo, lo que involucra la entrega de los trabajos en la fecha acordada, que es lo que le da el derecho a reclamar el pago del saldo del precio. De acuerdo a lo anterior, los puntos 1 y 2 se encuentran acreditados con el contrato de prestación de servicios de carpintería de veintinueve de octubre de dos mil siete, pues de él se aprecia la relación que existe entre las partes y el precio de los servicios, lo que además fue reconocido por las partes y, por ende, quedó fuera de la litis. Ahora bien, por lo que toca al tercer elemento, el actor exhibió, como se dijo, la copia simple para acreditar que el actor cumplió con la entrega de los trabajos en los términos pactados en el contrato base de la acción y en los términos pactados, al no haber prueba alguna que lo contradiga. Al respecto, es dable precisar que lo relativo a la impugnación que ahora pretende hacer la peticionaria del amparo, en el sentido de que la carta de diecinueve de diciembre de dos mil siete, la que es del tenor siguiente: (se inserta). En relación con tal documento, cabe señalar que el mismo genera un sólido indicio de lo que el mismo contiene, pues existen en autos datos que lo robustecen y que la antes citada, es una copia simple que carece de valor, no fue hecho valer en el momento procesal oportuno; es decir, al momento de contestar la demanda y en su caso al formular la objeción correspondiente; motivo por el cual tal alegación no fue materia de la litis natural; máxime que ello se introdujo al plantear el recurso de apelación, sin que ello sea permisible, toda vez que se altera la litis natural; hechos que permiten inferir que lo decidido por la ad quem fue acertado. Esto es así, porque de la carta en comento, se aprecia que se encuentra con el membrete de la demandada, dirigida a una de los apoderados generales de ella y la misma fue signada por el arquitecto responsable de la obra, en la que se debía hacer la entrega de los trabajos encomendados, lo que permite decir que el documento proviene de una de las partes en el juicio. Al respecto, es dable precisar que el documento -en términos procesales- es el escrito que enseña la voluntad de quien lo suscribe por estar redactado con caracteres inteligibles y que puede ser público o privado en atención a quién lo expida o suscriba. En un documento se debe distinguir el contenido y el continente, es decir, la declaración expresada en el documento y el documento mismo, ya que puede resultar falso lo uno y verdadero lo otro o viceversa, pues la finalidad del documento es probar la existencia de la declaración, no su eficacia. Por tanto, la objeción de falsedad de un documento puede estar referida bien a lo manifestado en él, o bien; a su autenticidad; en cuanto al cumplimiento de los requisitos de forma que el mismo debe contener, entre otros, se encuentra la firma del suscriptor. Por otra parte, debe señalarse que la actividad probatoria, en tanto integrada por actos jurídicos procesales de las partes, tiene especial trascendencia en el desenvolvimiento de la relación procesal, pues es a través de dicha actividad que las partes contendientes aportan al juzgador los elementos tendentes a lograr su convicción sobre los hechos alegados por las mismas. Así, la actividad probatoria es una carga procesal que las partes deberán cumplir en los momentos procesales oportunos, siempre en interés propio, pues a cada una de ellas es a quien interesa que el Juez llegue a la convicción de que los hechos alegados a favor de sus intereses o en contra del opuesto, han quedado acreditados por medio de las pruebas rendidas para ese efecto. En este sentido, es que la carga de la prueba de las partes, debe entenderse como un deber de realización facultativa que aquéllas han de asumir en beneficio de sus propios intereses, pues es a través de la actividad probatoria que la ley faculta a las partes para que aporten al juzgador los elementos de convicción para que sea estimada por éste la pretensión que hayan formulado al ejercer una acción o al oponer una excepción. Conviene destacar que no basta una objeción irrazonable e inmotivada para hacer nugatorio el valor probatorio de un documento privado procedente de una de las partes, aportado al juicio como fundatorio de la acción, sino que deben señalarse las causas en que se funde la objeción y demostrarse, ya que la carga de la prueba de la objeción que verse sobre la autenticidad del documento al desconocer la firma corresponde al propio objetante. En efecto, corresponde la carga de probar un hecho a la parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de acuerdo con la norma jurídica aplicable. En estas condiciones, de aplicar las reglas genéricas sobre la carga probatoria, es claro que cuando la objeción de un documento privado proveniente de los interesados se funda en la circunstancia de no haber suscrito dicho documento, corresponde la carga de la prueba al propio objetante. El hecho de que la objeción que se formule contra un medio de convicción, necesariamente implica una afirmación respecto a los vicios de forma (valor probatorio) o de fondo (alcance probatorio) de que pudiera adolecer el mismo; pretensión que impone a su sustentante la carga de demostrarla, de conformidad con lo establecido en el artículo 1194 del Código de Comercio. De tal manera que la sola mención de que se objeta un documento por cuanto a su alcance y valor probatorios, carece de eficacia jurídica alguna, si es que esa pretensión no tiene como sustento algún medio probatorio que, de manera idónea, desvirtúe su aspecto formal o de fondo. ... En consecuencia, fue correcto el proceder de la responsable, toda vez que la quejosa no impugnó, ni evidenció la falsedad de la firma que calzaba la carta de mérito, ni la autenticidad del contenido de la misma, por lo que dicha circunstancia tiene como consecuencia que la carta de mérito se tenga como proveniente de una de las partes y por tanto, que tal documento surta plenos efectos entre las partes. En efecto, es de precisar cuáles son los hechos que debe probar el actor y el demandado, o quién afirma o niega, o quién pretende o excepciona, según el efecto jurídico perseguido, sin que su posición procesal modifique la regla; por lo que corresponde probarlos siempre a quien pretende la aplicación en su favor de la norma que los contempla como supuestos necesarios o simplemente a quien favorece dicha norma; esto es, que corresponde la carga a quien tiene interés en deducir del hecho los efectos jurídicos que contempla la norma de la cual es presupuesto para su aplicación. Resulta así que al demandante le corresponde probar los hechos que alega como fundamento de su pretensión y, por tanto, los constitutivos de ésta, sólo en el sentido de que se trata o que le es favorable como supuestos de su aplicación; también es cierto que al demandado le corresponde probar los hechos que alega como fundamento de su excepción y defensa; en consecuencia, como impeditivos o extintivos de la pretensión del demandante, sólo en cuanto se trata de los que sirven de presupuesto a la norma cuya aplicación lo favorece, sea que la invoque o no. Así las cosas, las partes pueden allegar cualquier tipo de prueba a fin de acreditar la carga probatoria que les corresponde, sea para demostrar la pretensión o la excepción, según sea el caso, con excepción de las pruebas contrarias a la moral o al derecho, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1198 y 1203 del Código de Comercio. En este sentido, conviene destacar que dentro de los medios de prueba legalmente aceptados y con los que las partes pueden asumir la carga probatoria que les corresponde, se encuentran los documentos, que son los instrumentos, normalmente escritos, en cuyo texto se consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer un hecho o se deja constancia de una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos; así, los documentos son toda escritura con que reprueba o confirma alguna cosa o circunstancia; todo objeto inanimado en el que conste escrito o impreso algún punto que tenga por finalidad atestiguar la realidad de un hecho. Los documentos pueden ser públicos o privados, son públicos, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 1237 del Código de Comercio, los que las leyes comunes reputan como tales, las pólizas de contratos mercantiles celebrado ante y con la autorización de corredor, los que no se mencionan en el precepto aludido, se consideran privados. Los documentos privados son los que consignan alguna disposición o convenio por personas particulares, sin la intervención de algún funcionario que ejerza autoridad pública o bien con su intervención, pero sobre actos ejecutados fuera del ejercicio de sus funciones; estos documentos carecen de valor probatorio hasta en tanto no se acredite la autenticidad de su firma, sea mediante el reconocimiento expreso o tácito de la parte a quien se atribuye su elaboración; sin embargo, aun en el caso de que no sean reconocidos, merecen el valor de indicio. Por su parte, los documentos públicos son los otorgados o autorizados con las solemnidades requeridas por la ley, para acreditar algún hecho, la manifestación de una o varias voluntades y la fecha en que se producen; tales documentos tienen valor probatorio por sí mismos, sin necesidad de reconocimiento. Asimismo, los documentos pueden provenir de las partes o bien de terceros y según la procedencia de ellos, es el valor que se les debe conferir. Cabe señalar que los documentos privados no siempre deben ser reconocidos por sus firmantes para que tengan valor probatorio, sino que de acuerdo con el artículo 1296 del Código de Comercio, en donde la objeción a que se refiere es en cuanto a la autenticidad del documento, es decir, que se impugne la firma de quien lo suscribe, puesto que ese aspecto es lo único que se puede lograr disipar con su reconocimiento; por tanto, cuando un documento de esa naturaleza no es objetado en cuanto a su autenticidad pues la objeción se plantea únicamente respecto a su contenido y alcance probatorio, el mismo debe surtir sus efectos como si se hubiera reconocido expresamente, en términos del invocado artículo 1296, toda vez que lo relativo a su contenido debe desvirtuarse con otros medios de prueba. Ahora bien, si se da el caso, de que en tratándose de un documento privado proveniente de una de las partes en juicio, en donde la contraria al oferente de tal documento, objeta en su oportunidad la suscripción del mismo, tal objeción se traduce en la excepción de falsedad, que hace que la carga de la prueba de los hechos en que se funda la objeción apuntada, corresponde al propio objetante y no al oferente de la documental; es decir, el perfeccionamiento de la prueba aludida corresponde a quien plantea la objeción. Igual consideración sostuvo este órgano colegiado en el juicio de amparo directo número DC. 145/2009. Precisado lo anterior, en la especie, la carta de que se habla, si bien es copia simple, la misma se estima proviene de una de las partes y es un fuerte indicio, en donde la objeción planteada por la demandada se hizo en términos genéricos, es decir, en cuanto al alcance y valor probatorio, mas no en cuanto a la autenticidad de la misma, por lo que tal objeción no resta valor a la carta signada por el **********, no obstante que la misma obre en copia simple, pues la quejosa, demandada en el natural no la objetó porque fuera un documento en copia simple, ni por la autenticidad de la misma, motivo por el que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1296 del Código de Comercio, se tiene por reconocida, ante la insuficiencia de la objeción planteada; aunado a que la quejosa reconoció el contenido de la carta, al señalar dentro de la contestación al hecho V, que: ‘V. El que se contesta es falso y se niega en todas y cada una de sus partes toda vez que en ningún momento el hoy actor le ha informado a la constructora haber terminado los trabajos que le fueron encomendados en virtud del contrato, objetando desde este momento la documental a la que hace alusión y que exhibe, toda vez que de la misma no se desprende lo alegado por mi contraparte, sino al contrario, en esa carta de fecha 19 de diciembre de 2007 se estableció lo que a continuación se transcribe: «Se recibieron los trabajos de fabricación y montaje de trabajos de carpintería para la obra denominada **********, la constructora se reserva el derecho de hacer futuras reclamaciones por vicios ocultos o por reclamaciones futuras del cliente final, quedando el saldo pendiente hasta la recepción total de los trabajos por parte del usuario a su entera satisfacción.». Como se desprende de la simple lectura de lo antes transcrito en ninguna parte de este documento se establece que el hoy actor haya concluido la totalidad de los trabajos que le fueron encomendados y mucho menos que haya dejado instalados y concluidos todos los trabajos, sino al contrario, se establece que queda el saldo pendiente hasta la recepción total de los trabajos ...’. Asimismo, la objeción formulada por la demandada, mediante escrito presentado ante el a quo el quince de octubre de dos mil ocho, únicamente se realizó en los siguientes términos: ‘En el término que me concede la ley, vengo a objetar cada uno de los documentos exhibidos por mi contraparte como lo son: la carta suscrita por ********** dirigida a **********, así como la factura número ********** de fecha **********, por un importe total de $**********, documentos que se objetan en todas y cada una de sus partes en cuanto a su alcance y valor probatorio pudiesen tener por las siguientes: Razones: 1. Se objeta la carta de fecha **********, con la que el hoy actor pretende acreditar que dio cumplimiento a las obligaciones del contrato base de la acción, toda vez que de la misma no se desprende que sea un finiquito de obra y mucho menos se desprende que la misma tenga relación con el contrato base de la acción, es más, ni siquiera se desprende que esa carta haga referencia al hoy ********** y mucho menos se desprende que mi representada esté recibiendo de él algún tipo de trabajo o extendiéndole algún finiquito por los trabajos encomendados en el contrato básico. Además esa carta es de fecha **********, fecha en que había fenecido ya el plazo pactado por las partes en el contrato base de la acción para la ejecución de los trabajos, ya que como se desprende de la cláusula segunda del contrato base de la acción, las partes señalamos como fecha límite de terminación de la ejecución total de los trabajos el día **********, reiterándole que la citada carta está fechada el ********** y, en consecuencia, ningún efecto puede producir pues a esa fecha ya había concluido el término pactado por las partes, por lo que de ningún modo puede servirle para acreditar, como lo pretende en el hecho V de su escrito inicial de demanda, en la que sostiene que acredita con esta carta haber dado cumplimiento a la cláusula séptima del contrato básico, sosteniendo que esa carta es una responsiva por la cual se le notifica a ********** el cumplimiento que supuestamente dio de sus obligaciones derivadas del contrato, resultando insuficiente para acreditar sus extremos pues, como se desprende de la simple lectura de esa carta es una correspondencia de **********, pero en ella no se especifica que se refiera a los trabajos contratados con el hoy actor y mucho menos esa carta avala que los haya realizado el señor **********, aún más esa misiva es clara al señalar que queda el saldo pendiente hasta la recepción total de los trabajos por parte del usuario a su entera satisfacción, por lo que carece del valor que pretende darle mi representada (sic), estas objeciones quedan plenamente acreditadas con el propio contenido de la citada carta. Se objeta la factura ********** de fecha **********, por ser un documento privado elaborado unilateralmente por mi contraparte sin intervención de mi representada y de este documento no se desprende ninguna obligación de pago a cargo de mi representada, así como tampoco se desprende que haya realizado los trabajos encomendados, máxime que la fecha de esta factura es del día **********, fecha que excede el término pactado por las partes para la ejecución de los trabajos, ya que como se desprende de la cláusula segunda del contrato base de la acción, el periodo total de ejecución de los trabajos era a partir del ********** y la fecha límite de terminación lo fue el **********. Además de esa factura no se desprende que el demandado haya ejecutado los trabajos y mucho menos que mi representada los hubiese aceptado, máxime que carecen de firma autógrafa de mi representada por virtud de la cual se hayan aceptado los trabajos y se haya obligado mi representada a pagarlos, por lo que ningún valor se le puede dar. También esa factura contraviene lo dispuesto por la cláusula cuarta del contrato base de la acción, en la cual se estableció que los pagos serían en el domicilio de mi representada y que en este domicilio se entregarían las facturas correspondientes, y la exhibición de esta factura acredita que mi contraparte se abstuvo de cumplir con lo señalado en esta cláusula pues no presentó en el domicilio de mi representada al citada factura.’. De lo anterior se aprecia que la quejosa no desconoció la elaboración de la carta, en la que expresamente se señala que fueron recibidos los trabajos de fabricación y montaje de carpintería para la obra **********, lo que lleva a tenerla por reconocida y en su caso al afirmar que en la carta no se especifique que se refiera a los trabajos citados, debió probar la existencia de diversas relaciones contractuales entre las parte

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24233-eb4d8062/documentos-privados-originales-y-copias-fotostaticas-simples-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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