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Modo: Corpus Pro

QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO. LA EXIGENCIA DE REMITIR AL TRIBUNAL COLEGIADO "LAS CONSTANCIAS PERTINENTES" A QUE ALUDE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 99 DE LA PROPIA LEY, NO SE COLMA CON EL ENVÍO DEL DUPLICADO DEL CUADERNO INCIDENTAL.

Tipo de asunto: QUEJA 108/2004. · Registro digital (IUS): 21855
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, , Pág. 858.

QUEJA 108/2004. **********.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son infundados los agravios expresados por el recurrente, mismos que por su estrecha vinculación, serán analizados en forma conjunta.

Según se advierte del duplicado del incidente suspensional remitido por el Juez de Distrito, el quejoso, en la demanda constitucional, precisó como acto reclamado lo que sigue:

"IV. Acto reclamado. Lo es el acuerdo que se haya dictado teniendo al suscrito o a mi causahabiente por no contestada la demanda dentro del expediente ********** sección colectivos, que se llevan ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como todos los acuerdos posteriores que hayan tenido como base lo anterior, incluyendo la orden de sacar a remate un inmueble de mi propiedad, orden dictada el 23 de septiembre de 2004 dentro del expediente ********** sección colectivos que se llevan ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad; a pesar de no haber sido debidamente citado a juicio ni haber sido citado al remate conforme a las formalidades esenciales del procedimiento."

Como se observa, en el juicio de garantías, constituyen actos reclamados las actuaciones derivadas del procedimiento jurisdiccional del trabajo, expediente ********** sección colectivos, del índice de la Junta señalada como responsable, particularmente, el auto mediante el cual se haya tenido al quejoso o a su "causahabiente" por no contestada la demanda, así como los actos procesales derivados del mismo, incluyendo la orden de sacar a remate un inmueble que el quejoso, ahora recurrente, afirma es de su propiedad.

Ahora bien, el impetrante de garantías solicita la suspensión provisional "para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran", por lo cual procede descartar del ámbito comprensivo de la medida suspensional solicitada, los actos procesales antes precisados, pues en sí mismos constituyen actos consumados y, por ende, concederla equivaldría a dar a la precautoria suspensional efectos restitutorios, los cuales son propios y privativos de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo.

Es de invocarse, por exacta aplicación, la jurisprudencia número 12 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, jurisprudencia SCJN, página 13, cuyo sumario a la letra dice:

"ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie."

En otras palabras, la suspensión que el recurrente solicita es improcedente respecto de las resoluciones a que hace referencia en la demanda de garantías, porque tales actos quedaron consumados en el tiempo al haber sido ya emitidos o dictados, y no es posible retrotraer las cosas a un momento anterior, porque ello implicaría concederle a la medida precautoria solicitada efectos restitutorios, los cuales, como quedó precisado puntualmente, corresponden a la sentencia que se dicte en el fondo del juicio constitucional; todo esto, según se advierte de una interpretación efectuada a los artículos 122, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo.

Cobra aplicación, en lo conducente, la tesis I.3o.C.35 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que este Tribunal Colegiado comparte, visible en el Tomo XVI, julio de 2002, página 1413, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto a la letra dicen:

"SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL YA DICTADA, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO, SIN PERJUICIO DE QUE LO CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE SUS EFECTOS SEA MATERIA DE DIVERSO PRONUNCIAMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos reclamados y sólo puede obrar hacia el futuro y nunca hacia el pasado, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar precisa que para la fecha en que tenga que resolverse al respecto, esos actos aun no se hayan ejecutado o se hayan ejecutado parcialmente, siendo esto lo que distingue a la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la ejecución de actos que los causarían, del otorgamiento del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso al momento en que se cometió la violación de garantías. Además, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable al quejoso. Sobre tales premisas, es patente que en ningún caso puede otorgarse la suspensión contra un acto ya ejecutado, es decir, consumado, como puede ser respecto de la emisión de una resolución jurisdiccional ya dictada, porque a través de ella ya no se conseguiría detener su emisión, según la teleología de los artículos 122, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; sin que esto impida que lo concerniente a la ejecución de los efectos de esa resolución sea materia de un examen propio en la resolución que provea sobre la suspensión y, por tanto, que se determine sobre la procedencia de la medida en cuanto a esos efectos, por supuesto, de no haberse también ya consumado."

Sin embargo, en los casos como el que nos ocupa, no es menester efectuar un pronunciamiento específico, pues al efecto debe entenderse que lo que el quejoso pretende que sea suspendido son los efectos y consecuencias de los actos reclamados.

Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, en la tesis aislada visible en la página 2050 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXV, con el rubro y texto:

"ACTOS CONSUMADOS. No porque se haya dado una orden, debe considerarse el acto contenido en la misma, como si se hubiera consumado, porque entonces ninguna suspensión procedería, y la jurisprudencia ha entendido que cuando se reclama un acuerdo o resolución, se entiende que se reclaman las consecuencias y efectos de los mismos."

Una vez expuesto lo anterior, procede pronunciarse respecto a lo resuelto por el Juez de Distrito instructor, en cuanto a la suspensión provisional solicitada por el quejoso, en relación con las consecuencias de los actos reclamados precisados en líneas precedentes, destacándose bajo este supuesto en la demanda de garantías, los actos derivados de la orden de remate de un inmueble cuya propiedad se atribuye el recurrente; no sin antes destacar que, del escrito inicial de referencia, particularmente del tercer punto del capítulo de antecedentes, se desprende que aquél admite que fue citado al juicio obrero en su carácter de acreedor registral, lo cual se corrobora con el pronunciamiento efectuado por el Juez de Distrito en el auto impugnado, en el cual se le reconoce este carácter; de ahí que, en tal virtud, hasta esta etapa procesal, tenga interés jurídico para hacer valer sus derechos solamente bajo este supuesto, y no como parte procesal en el juicio de origen.

En ese sentido, es verdad, como lo aduce el recurrente, que el solo carácter de acreedor registral, reconocido hasta esta fase procesal, le confiere interés jurídico para solicitar la suspensión provisional respecto de los actos relacionados con dicha figura; sin embargo, tomando en consideración que el acto reclamado derivado de este supuesto, lo constituye el auto que mandó sacar a remate el inmueble en cuestión, debe concluirse que, al existir en la demanda de garantías, particularmente en el tercer antecedente relativo al acto reclamado, el reconocimiento expreso por parte del quejoso, en el sentido de que el auto de referencia le fue entregado y que en el mismo se le citaba como acreedor registral en el juicio natural, tal circunstancia le otorga a este último la legitimación necesaria y la oportunidad suficiente para apersonarse en el referido procedimiento y hacer valer lo que a sus intereses convenga y a lo que en derecho proceda; de ahí que el daño respectivo solamente pueda acontecer cuando se apruebe en definitiva el remate, por lo que, ante esta circunstancia, resulta improcedente la suspensión provisional solicitada al no actualizarse el requisito establecido en la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo a que los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado, sean de difícil reparación.

Cabe invocar, por las razones que se informan, la tesis sostenida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo L, página 538, que dice:

"REMATES, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. Si conforme a la legislación respectiva, no puede rematarse un bien raíz, sin que previamente se haya pedido al Registro Público, el certificado de gravámenes que reporte y sin que se haya citado a los acreedores que aparecen de dicho certificado, el cual comprenderá los últimos veinte años, y si los acreedores tienen derecho para intervenir en el acto del remate, para apelar del auto de aprobación del mismo, y un acreedor que asegura tener registrado su embargo, pide amparo contra el auto que manda sacar a remate la finca embargada, resolución dictada en juicio distinto, indudablemente que debió haber sido citado para intervenir en la licitación y teniendo el derecho de apelar del auto que lo apruebe, debe concluirse que el perjuicio que se le puede causar, si existe, no es, en realidad, difícilmente reparable, en atención a que puede emplear todos los medios que la ley le concede para evitar que se realice, y en todo caso, el daño sólo puede acontecer cuando se apruebe en definitiva el remate y, por tanto, la suspensión debe negarse."

En otra línea de pensamiento, y partiendo de la forma en que compareció a juicio el hoy recurrente demandando el amparo y solicitando la suspensión contra la orden de sacar a remate un inmueble que afirmó era de su propiedad y posesión, dentro de un juicio laboral en el que tiene reconocido el carácter de acreedor registral (que es lo que a su criterio lo legitima en el juicio de garantías), el Juez de Distrito negó la suspensión al aducir que las pruebas ofrecidas por el incidentista no eran aptas para acreditar el carácter con el que se ostentó, por lo que no se justificaba, ni siquiera de manera presuntiva, su interés jurídico como propietario o poseedor del inmueble cuyo remate pretendía se suspendiera.

El recurrente, no obstante que admite que no puede exhibir un título de propiedad ni una sentencia judicial que le reconozca el carácter de propietario del inmueble, simple y sencillamente porque no los tiene, aduce en sus agravios, por una parte, que la ley no establece que el quejoso esté obligado a demostrar el carácter de propietario o poseedor de un bien para ser acreedor a la suspensión provisional del acto reclamado y, por la otra, que con las copias que exhibió sí demostró presuntivamente la existencia de un interés que pudiera ser agraviado con la ejecución del acto, por lo que, al considerar lo contrario el Juez de Distrito y negarle la suspensión provisional, violó lo dispuesto por el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo, por inexacta aplicación en su perjuicio, por lo que el auto impugnado deberá ser revocado para el efecto de que le sea concedida la suspensión provisional y no se lleve a cabo el remate del inmueble en su perjuicio.

Resulta infundado el argumento contenido en el escrito de queja mediante el cual aduce que, con el fin de acreditar su interés jurídico, exhibió copias fotostáticas del juicio número ********** tramitado en el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Puerto Peñasco, Sonora, del que se acreditan sus derechos de propiedad y posesión (originaria) sobre el bien inmueble materia del juicio constitucional; sin embargo, tal documental no obra en el duplicado incidental remitido por el juzgador, así como tampoco se advierte que la misma hubiese sido exhibida por el quejoso, según se desprende del primer punto del capítulo de antecedentes de la demanda de garantías, en el cual se precisó lo siguiente:

"Mi causahabiente adquirió la propiedad y posesión de este inmueble mediante compraventa privada de fecha ********** sin embargo, el vendedor no le otorgó la escritura correspondiente, por lo que mi causahabiente tuvo que presentar demanda ordinaria mercantil ante el Juzgado Primero de lo Civil en el Distrito Judicial de Puerto Peñasco, Sonora, dentro del expediente **********.

"En ese juicio, mi causahabiente ********** demandó de ********** la formalización de esa transmisión de derechos fideicomisarios, así como demandó de ********** la ejecución de esa transmisión y formalización. Igualmente solicitó se registrara anotación preventiva en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Puerto Peñasco, Sonora, sujetando a litigio ese inmueble.

"Anexo el original del acuse de recibido mediante el cual el suscrito solicitó la copia certificada de ese expediente para ser exhibida dentro de este juicio de amparo." (el subrayado no es de origen).

Como se observa en la demanda de garantías, el quejoso solamente hace referencia a la exhibición del documento original relativo al acuse de recibo mediante el cual solicitó copias certificadas del expediente que nos ocupa, y no que las mismas hayan sido exhibidas en el juicio constitucional; además, en el escrito de ampliación adujo que, a fin de demostrar concluyentemente su interés jurídico, en complementación a la copia de la promoción de fecha dieciséis de julio del presente año exhibida en el juicio civil ********** anexaba al escrito de ampliación de demanda copia fotostática simple del acuerdo de fecha tres de agosto del año actual, recaído a la promoción antes aludida en el expediente mencionado, pero de ninguna de las comparecencias por escrito del quejoso se desprende categóricamente que allegara al expediente, de manera que pudieran ser consideradas al proveerse sobre la suspensión provisional, copias certificadas o diversos elementos de convicción que corroboraran las copias simples exhibidas, lo cual tampoco se desprende del expediente remitido por el Juez de Distrito, sin que subsane tal circunstancia la declaración efectuada en el segundo punto de antecedentes del acto reclamado y en el primero del escrito de ampliación de demanda, en los que se hace referencia a un convenio de reconocimiento de adeudo y cesión de crédito litigioso de fecha ********** (del cual no se aduce que se haya exhibido el original o copia certificada), mediante el cual, según se aduce, el impetrante adquirió los derechos litigiosos de propiedad y de posesión del inmueble en cuestión, así como tampoco la declaración efectuada, bajo protesta de decir verdad, de que habita y posee desde hace más de siete años este último.

Esto es así en virtud de que, según se advierte del escrito de demanda, así como de su ampliación y escrito aclaratorio, el convenio de referencia no fue formalmente exhibido en original o copia fehaciente, lo cual se corrobora con la ausencia del mismo en las constancias del duplicado incidental respectivo; debiéndose precisar además, que no pasa inadvertido por parte de este Tribunal Colegiado que en la ampliación de demanda que obra a fojas quince y dieciséis del duplicado del cuaderno incidental, se advierte una afirmación efectuada por el quejoso en el sentido de que anexó el aludido convenio a la demanda de amparo; sin embargo, la misma no se corrobora con las constancias con que se cuenta, en virtud de que, como ya se destacó, no existe ofrecimiento alguno en tal sentido ni obra dicho documento agregado al sumario remitido.

En estas condiciones, estuvo en lo correcto el Juez de Distrito al señalar, en el auto recurrido, que el quejoso no acredita su interés jurídico para efectos de la suspensión provisional, pretendiendo paralizar los efectos de la orden de sacar a remate un inmueble de su propiedad, al no existir medio probatorio alguno del cual se desprenda que es propietario o que posee el bien inmueble materia del juicio constitucional.

Cabe precisar también, que no le asiste la razón al recurrente cuando aduce que el Juez de Distrito actuó incorrectamente en el auto impugnado al exigir, para efectos de decretar la suspensión provisional, que el quejoso demostrara su carácter de propietario o poseedor del bien inmueble materia del juicio constitucional, pues tal exigencia no se desprende de ninguna parte del artículo 124 de la Ley de Amparo.

Contrariamente a lo que aduce el recurrente y partiendo de los derechos de propiedad y posesión que dijo tener sobre el inmueble objeto de remate, la demostración de los carácteres con que se ostentó o la aportación de pruebas eficaces que condujeran al menos presuntivamente a la afirmación de tales derechos en su favor, era necesario para acreditar el interés jurídico presuntivo y aspirar a la medida suspensional, ya que este requisito deriva precisamente de las fracciones I y III del artículo 124 de la Ley de Amparo, que exige el acreditamiento, por lo menos indiciario, como ya se precisó en líneas precedentes, de que el acto reclamado le causa agravio al quejoso circunstancia que, en la especie, se tendría por actualizada si se pusiera de manifiesto la calidad de poseedor o propietario del bien antes referido, que en la demanda de garantías afirma tener, lo cual, se insiste, no acontece en el presente caso, pues al efecto no puede bastar la exhibición de copias fotostáticas simples.

Con relación a este último aserto, por identidad jurídica, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 71/2002 sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, que aparece publicada en la página 33 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, con el rubro y texto siguientes:

"COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste."

Así, acorde con el artículo 124 de la Ley de Amparo, los requisitos en cita son los siguientes:

a) Que la suspensión sea solicitada por el agraviado;

b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y

c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

En esa tesitura es necesario acreditar que se es agraviado y que, de no concederse la suspensión solicitada, se causarán daños y perjuicios de difícil reparación, siendo que en el caso de la suspensión es necesario únicamente acreditar de manera indiciaria que se es titular del derecho que se invoca.

De manera indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y fehaciente por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar es titular de un derecho objetivo tutelado por la ley, respecto del cual recae el acto reclamado en el amparo, de manera tal que, de ejecutarse el mismo, resultará agraviado (que es en esencia lo que legitima al incidentista para solicitar la medida suspensional), además de que se pueda inferir de autos que, efectivamente, la ejecución de los actos reclamados le causará daños y perjuicios de difícil reparación.

Es aplicable en lo conducente la tesis XX.2. A sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, página 407, que dice:

"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL QUEJOSO DEBE ACREDITAR SER TITULAR DE UN DERECHO OBJETIVO TUTELADO POR LA LEY PARA PODER OBTENER LA.-Es de explorado derecho que para obtener el otorgamiento de la medida cautelar definitiva, se requiere que los quejosos demuestren que son titulares de un derecho (propiedad, posesión, concesión, etc.); por tanto, si los recurrentes al formular la demanda de garantías que dio origen al incidente, se ostentaron como propietarios de algunos inmuebles, así como poseedores calificados de los terrenos que se dijeron afectados a través de la resolución agraria reclamada, manifestando que exhibían diversas documentales en vía de prueba, sin que de las constancias que integran el original del cuaderno incidental se advierta la existencia de éstas, de ahí que al no haber demostrado los quejosos la titularidad de un derecho objetivo tutelado por la ley, es lógico determinar que no acreditaron el interés jurídico que les asiste para obtener la suspensión definitiva del acto que reclaman."

Asimismo, es aplicable la tesis I.2o.A.37 A sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este Tribunal Colegiado comparte, visible en la página 225, Tomo VIII, julio de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son:

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA.-Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario, debe concluirse que no se surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de que quien solicita la suspensión sea ‘agraviado’; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación."

También cabe señalar que la sola manifestación efectuada bajo protesta de decir verdad en la demanda de garantías, en el sentido de que el quejoso es poseedor del referido inmueble, por sí sola, resulta insuficiente para decretar la suspensión provisional de los actos reclamados, en virtud de que, para el efecto de decretar dicha medida, las manifestaciones bajo protesta de decir verdad solamente son suficientes para que el Juez de Distrito parta del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos, pero ello no exime del análisis de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo; esto es, son dos situaciones distintas, una, la existencia de los actos y la otra, acreditar los extremos contemplados en la ley para la procedencia de la precautoria suspensional.

En ese tenor, no basta la simple afirmación bajo protesta de decir verdad, para acreditar de manera indiciaria, que se es titular del derecho que se invoca, pues aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece, pues la protesta de decir verdad no deja de ser solamente una manifestación de una de las partes en el juicio.

Es de exacta aplicación, la jurisprudencia 528 por contradicción de tesis de la Segunda Sala, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 347, cuyos rubro y texto son:

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.-Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo."

Asimismo se comparte el criterio III.1o.P.13 K sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis aislada visible en la página 377 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, diciembre de 1992, con el rubro y texto siguientes:

"SUSPENSIÓN. INTERÉS JURÍDICO PARA OBTENER LA, CUANDO SE RECLAMA DESPOSESIÓN.-No basta que los quejosos afirmen en su demanda de garantías, bajo protesta de decir verdad, que todavía tienen la posesión del inmueble en cuestión, para que el juzgador de amparo deba considerarlo así, pues lo cierto es que deben demostrar, así sea presuntivamente, el interés jurídico que pueda resultar lesionado con daños y perjuicios de difícil reparación, como lo exige la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo, para que proceda la concesión de la suspensión de los actos reclamados."

Una vez expuesto lo anterior y ante lo infundado de los agravios expresados por el recurrente procede, lo cual así se determina, declarar infundado el recurso de queja interpuesto en contra del auto en que se negó la suspensión provisional solicitada en la demanda de garantías.

Por último, este órgano colegiado estima pertinente destacar que el juzgador constitucional omitió dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 99 de la Ley de Amparo, en virtud de no haber anexado copia certificada de los documentos exhibidos por el quejoso junto con sus escritos de demanda, aclaración y ampliación a la misma, los cuales tomó en consideración para la emisión del auto impugnado; sin embargo, tal omisión no repercute de manera determinante en la presente resolución, en virtud de que los mismos resultaron innecesarios para la emisión de la misma en términos de lo expuesto en líneas precedentes.

Cabe destacar que el envío del duplicado del cuaderno incidental por parte del Juez de Distrito o del superior del tribunal responsable que conozca el juicio, merced a la competencia concurrente, no satisface la obligación contenida en el párrafo final del artículo 99 de la Ley de Amparo, en cuanto dispone el inmediato envío de los escritos en que se formula el recurso de queja previsto en la fracción XI del artículo 95 de la ley precitada, al tribunal que deba conocer de ella "con las constancias pertinentes", toda vez que, dadas las particularidades del recurso de queja de que se trata, que debe ser resuelto de plano dentro del término de cuarenta y ocho horas, el Tribunal Colegiado se encuentra obligado al análisis de todas las piezas de los autos relacionadas con esa medida, a fin de estar en condiciones de confirmar, modificar o revocar el auto suspensional controvertido y de reparar cualquier omisión o incongruencia de que el mismo pudiera adolecer, pero, contrario a los restantes supuestos de queja, en el caso que nos ocupa, no existe posibilidad jurídica de recabar las constancias pertinentes que no hayan sido oportunamente allegadas por el instructor.

Se dice que el envío del expediente duplicado relativo al incidente de suspensión no colma la exigencia legal apuntada, cuenta habida que, al momento en que el Juez o tribunal se pronuncia en torno a la suspensión provisional, conforme a lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21855-d751d472/queja-prevista-en-el-articulo-95-fraccion-xi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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